Por Diego Cabot.

No le fue bien en su excursión regional al grupo Pescarmona. Vendió soluciones energéticas a Venezuela y construyó en Brasil. Pero, por diferentes motivos, ninguno de los dos países pagó. Semejante problema de cobranzas, al que se sumaron la coyuntura local y la baja participación de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) en la obra pública local, fue demasiado para la empresa.

Ayer, la tradicional industria mendocina confirmó que no podrá hacer frente a los vencimientos de deuda que operan mañana. De esta manera, la principal proveedora de turbinas y soluciones energéticas de la Argentina entrará en cesación de pagos.

Las soluciones que se han barajado para salir del trance tienen como protagonista al Estado. Fuentes vinculadas con la empresa y el Gobierno confirmaron que hubo reuniones entre ambos y que no se descarta que en el corto plazo la empresa sea capitalizada con dinero público a cambio de acciones.

Si bien en el mercado ya se descontaba que Impsa no podría pagar las obligaciones negociables emitidas, la confirmación formal llegó cuando la empresa envió un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el que reconoció que no podrá hacer frente a un pago de intereses previsto por $ 42 millones y US$ 23 millones.

Se trata de las obligaciones negociables clase X y XI, así como también el pago de las cuotas de capital e intereses de todas sus obligaciones negociables en circulación y de sus restantes obligaciones con acreedores financieros.

"La sociedad debe adoptar esta decisión debido a su situación financiera y como consecuencia de los atrasos sufridos en las cobranzas a algunos clientes en contratos significativos, sin perjuicios de continuar con las gestiones para revertir esta situación", se lee en el comunicado.

Desde hace meses, el grupo Pescarmona negocia con el Gobierno un salvataje. Sucede que la deuda que la empresa arrastra es de poco más de 1032 millones de dólares. Aunque ese número parece menor si se lo compara con las cobranzas atrasadas. Una fuente que tuvo acceso a los números de la empresa confió ayer a LA NACION que las acreencias por cobrar (de Venezuela y Brasil) llegan a 5500 millones de dólares.

Ayer y anteayer, ejecutivos del grupo tuvieron reuniones con el ministro de Economía, Axel Kicillof. "Se busca una solución", confirmó una fuente cercana a la negociación. Una fuente oficial dijo que hace varios meses la empresa se acercó al Gobierno y planteó los problemas financieros para el corto plazo. "Se miraron los números, pero no es tan fácil. Es una compañía que tiene un activo muy grande en ingeniería [tiene alrededor de 400 ingenieros], pero también es verdad que arrastra una deuda muy grande. No es tan sencillo capitalizarla para lograr que el aporte de capital sea el salvavidas para pagar la deuda", afirmó.

Hace poco más de 10 días, los ejecutivos de la empresa mantuvieron reuniones con Kicillof y con la ministra de Industria, Débora Giorgi. Entonces la sensación que quedó es que había más predisposición de parte de Kicillof que de Giorgi de un ingreso del Estado como socio. De hecho, hubo algún intento de que los trámites se hicieran contra reloj y que no se llegara a la situación actual de postergación de pagos. Pero la gestión no se terminó a tiempo.

Entre las dificultades más significativas se encuentran una deuda que el gobierno de Venezuela mantiene con Impsa por la central de Tocoma. El 25 de agosto pasado, la compañía mendocina había enviado otra comunicación a la CNV en la cual pidió autorización para iniciar un "procedimiento de crisis". Actualmente, alrededor de 1000 empleados de la empresa están protegidos por el subsidio de Recuperación Productiva (Repro), un plan por el que el Estado aporta $ 2000 del sueldo cada trabajador.

Por Verónica Dalto.

La falta de pago de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) de los títulos que vencen mañana y del resto de la deuda en circulación no fue una sorpresa para el mercado, tras los avisos que fue realizando al empresa en los últimos meses, pero afecta principalmente a los fondos comunes de inversión (FCI) en infraestructura, pymes y en renta fija y aseguradoras, todos inversores asociados al “inciso k”, que ahora esperan el próximo movimiento de la compañía para cobrar.

Se tratan de unos u$s 1.000 millones que la empresa no pagará entre las emisiones locales, en el exterior y demás deudas bancarias y financieras. Para los fondos locales, la exposición llega hasta el 11% en casos puntuales y desafía el criterio de valuación de activos que puso en marcha la CNV desde este mes. Las aseguradoras asocian este riesgo al 25% de la cartera en “inciso k”, en empresas expuesta al sector público o de poca calificación crediticia.

“Era un tema esperado. La compañía ya viene publicando avisos en la CNV y era conocido que estaba atravesando un momento complicado”, coincidieron en el mercado, en parte explicado por la falta de cobro de una deuda con el gobierno venezolano y la caída de sus negocios en Brasil. De hecho, la empresa tiene una obligación negociable clase XV aprobada en el menú del “inciso k” que no pudo emitir.
Ahora los inversores están esperando el plan que ofrecerá la empresa para reestructurar la deuda.

Una vez que la empresa empezó a informar que estaba atravesando dificultades, a los inversores -institucionales que compran a largo plazo- ya no les convenía vender los títulos por un monto seguramente menor al que podrían obtener en una reestructuración.

“Hace un par de meses que no te los podes sacar de encima porque no te los paga nadie. Ahora hay que aguantar y ver qué te pagan”, explicó el gerente de un fondo afectado.

De todas formas, los títulos locales casi no cotizan por la falta de operaciones. En tanto, las noticias negativas fueron impactando en el bono 2020, en el exterior: de los u$s 70,6 en enero pasado, corrigió a los u$s 62,5 el 24 de junio pasado, a los u$s 54 el 30 de julio y a los u$s 19 del lunes pasado. Ayer subió a u$s 21,62.

Si bien la empresa era considerada riesgosa por los inversores, la demanda en sus activos estaba garantizada. Pudo colocar dos bonos “inciso k”, tres bonos dollar-linked (por más de u$s 54 millones y el último en diciembre de 2013) y otros tanto a la Badlar, por lo que entró en todo el abanico de inversores.

Según fuentes que conocen el caso, se trata de unos u$s 390 millones por el bono 2020 más unos u$s 200 millones por siete emisiones locales y otros u$s 400 millones por el resto de las deudas bancarias y financieras.

Los inversores de Impsa son institucionales que compran a largo plazo.
Según datos de mercado, hay unos 46 FCI con alguna de las emisiones de Impsa. Más de la mitad tiene menos del 1% de su cartera en la empresa. Pero las tenencias superan el 6% y hasta el 11% en cuatro de ellos.

“Para algunos había una presión regulatoria, porque no hay muchos activos que tengan la cucarda para cumplir con el inciso k. Y no hay muchos nombres de este estilo para cumplir con infraestructura de manera directa”, explicó el gerente de otro fondo con estos activos. Por eso los FCI más expuestos son los que invierten en activos de infraestructura, renta fija y pymes.

Y desafía la uniformidad a la hora de valuar el activo que no paga losvencimientos en la industria porque, al no cotizar, faltan precios de mercado que muestren la nueva situación: algunos FCI previsionaron una pérdida del 50%, otros congelaron el precio y no devengaron las rentas impagas.
El resto de los afectados

Las compañías de seguros están expuestas directamente al comprar los títulos e indirectamente por la inversión en esos fondos.

Según explicó un ejecutivo del sector, el caso de Impsa advierte sobre el 25% de la cartera en “inciso k” que está expuesta a un riesgo similar. “¿Cuánto afecta la situación del sector público sobre estas compañías? El sector público pedalea los pagos y pasa una situación de estrés. Los FCI y las aseguradoras generan una demanda obligada de empresas más expuestas al sector publico”, dijo.

Pero para las aseguradoras se tratará de un impacto más simbólico que real. “Estas compañías que no tienen buenos proyectos están siendo fondeadas a tasas ridículas”, agregó. Porque, advirtió, este riesgo será tapado con el récord financiero que obtiene el sector en pesos, a pesar de tener que invertir en el “inciso k”.

Por Miguel Ángel Flores Isuani.

El día después de comunicar la cesación de pagos de cuotas de capital e intereses de Obligaciones Negociables y a todos sus acreedores financieros por atrasos en el cobro a clientes con “contratos significativos” que le deja un lastre de U$S 1.200 millones, el Gobierno nacional define la modalidad del salvataje financiero para aliviar a Impsa.

Esto incluye absorber la acreencia de la multinacional mendocina con los gobiernos de Brasil y Venezuela por casi 950 millones de dólares, mientras en el orden local la Provincia intercede ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para amortiguar la situación de pymes proveedoras del holding forzadas por montos sin cobrar que, en ciertos casos, llegan a $ 2 millones. Esperan, así, diferir y renegociar IVA y Ganancias.

La “gestión de cobranza” que asumiría el Gobierno nacional frente a los de Dilma Rousseff y Rafael Maduro es parte de un acuerdo hasta ayer fraguándose como parte de un salvataje tripartito. Sin duda, el componente sustancial para revertir el default, complementado con subsidios para sostener 1.000 puestos de trabajo en Mendoza y un programa de diferimiento impositivo hasta 2015.

Al día de hoy Brasil le debe a Impsa alrededor de U$S 300 millones en concepto de cancelación de un parque eólico de más de 200 megavatios en Santa Catarina mientras que Venezuela mantiene un saldo cercano a U$S 250 millones por la ejecución de la represa de Tocoma.

“Esto es algo que va día a día. Tenemos licitaciones que atender, no todos podemos correr detrás de la pelota”, admitió con medido optimismo Rubén Valenti, vicepresidente de Impsa, sobre el reparto de roles en las gestiones.

El cobro de un contrato eólico de Energimp de más de 200 MW, en el estado de Santa Catarina, que la empresa estatal brasileña de energía Eletrobras debió cancelar en 2011, alteró el flujo de caja de Impsa (a través de Wind Power Energy, de la sociedad Venti Luxemburgo) y también su modelo de negocio: construir parques eólicos y venderlos en marcha. Aún así, el grupo mendocino pone fichas a 2 contratos por U$S 750 millones para instalar aerogeneradores en la localidad de Furnas.

En tanto, ya puso en venta buena parte de sus activos, que en Brasil excluye por ahora a su planta de fabricación en el esado de Ceará y espera incorporar algún socio capitalista de peso. En una lista de negociaciones iniciadas está, entre otros, la japonesa Toshiba.

Extraoficialmente, y siempre que el combo inicial de medidas para revertir el default (cobranza de contratos, diferimiento impositivo, subsidio de salarios) no sea 100% efectivo, hasta ayer no se descartaba avanzar en una “estatización” parcial del pasivo de Impsa.

Oficialmente, en el Gobierno nacional, con la ministra de Industria Débora Giorgi como referente, hay una “instrucción general de atender la situación de Impsa”. Mientras, desde la compañía notificaron estar “evaluando la situación operacional y financiera, y elaborando un plan que tenga en cuenta sus posibilidades. El propósito es que resguarde el valor de la compañía, le de sustentabilidad operativa y financiera, y promueva la continuidad de puestos de trabajo”.

Gestión por pymes y empleos

Mientras tanto, al menos un grupo de 20 pymes proveedoras del grupo Pescarmona tienen pendientes de cobro facturas de un año o más que acumulan desde $ 200 mil a $ 2 millones como máximo, y que ya complican sus finanzas. Por eso, a la espera de alguna señal acerca de cómo y cuándo se cancelarán (“consideramos la situación pero no tenemos la máquina de imprimir billetes” reflexionaba una fuente de la compañía ayer), algunas ya formalizaron presentaciones ante la AFIP para refinanciar deudas de IVA y Ganancias que llegan a $ 400 mil, y un diferimiento impositivo que, incluso, se planteó en una reunión del Consejo Federal de Trabajo, el jueves 11 en San Juan.

Con preocupación, uno de los empresarios pyme afectados resumía: “No se cobran los trabajos ya realizados y tampoco podemos seguir facturando, pero hay que pagar los impuestos igual”.

A falta de efectivo, algunos lograron cerrar canjes por materiales para no descapitalizarse. “Impsa es una parte, pero está complicado para todos, teniendo en cuenta que desde hace un año no hay demanda de trabajos. Igual, los argentinos no nos podemos permitir que la madre de la metalmecánica de Argentina se pierda, con el conocimiento y la ingeniería que provee desde hace años con origen en Mendoza”, reflexionaba ayer Daniel Gentili, de Othala S.A.

No obstante, en el sector insisten en que la cuestión de fondo no es el salvataje. Para Julio Totero, de Asinmet, “cualquier cosa que llegue, sostenimiento del empleo o diferimiento impositivo, es una aspirina para la enfermedad. Lo que se necesita es mejorar flujo de ingresos y nuevos proyectos”.

Durante la mañana de hoy se sentarán a la mesa representantes de Impsa, de la UOM y la Subsecretaría de Trabajo, para definir la llegada de los Repro ($ 2 mil por trabajador) y qué herramienta del procedimiento preventivo de crisis regirá para evitar despidos.

“Habrá que ver cómo afecta la cesación de pagos, pero la premisa es despidos cero hasta fin de año. Igual, la ayuda en ciernes es mucho más amplia que los Repro”, consignó el subsecretario de Trabajo, Rubén Boris.

La Bolsa la transfiere a “rueda reducida”

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) transfirió ayer a “rueda reducida” las Obligaciones Negociables (ON) de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), un día después de que la empresa anunciara que no pagará en término los vencimientos de su deuda corporativa.

Esto es una acción estipulada de el reglamento de La Bolsa (artículo 37 al 41) en base al anuncio de la empresa en cuanto a su estado financiero.

La advertencia de la BCBA llegó luego de que Impsa reportara a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que postergó el pago, previsto para el 18 de este mes, de intereses correspondientes a sus ON clases X y XI, así como también el de las cuotas de capital e intereses de todas su deuda corporativa en circulación y de sus restantes obligaciones con acreedores financieros.

La BCBA reportó esta tarde que “ha dispuesto transferir a rueda reducida la cotización de los valores negociables de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Financiera (Impsa), por aplicación de lo establecido en los artículos 39 inciso a) y 41 inciso b) del Reglamento de Cotización”.

Impsa había explicado el lunes a la CNV que postergó los pagos “debido a su situación financiera y, como consecuencia, de los atrasos sufridos en las cobranzas a algunos clientes en contratos significativos, sin perjuicio de continuar con las gestiones para revertir esta situación”.

“Conforme ha sido informado, la Sociedad se encuentra evaluando su situación operacional, comercial y financiera, y elaborando un plan que tenga en cuenta sus posibilidades financieras y brinde sustentabilidad a su negocio”, había señalado Impsa.

Por Antonio Rossi.

Enfrentada con las autoridades del área de Planificación, sin llegada al ministro de Economía Axel Kicillof y a los funcionarios de La Cámpora que controlan el Banco Nación y con la financiación externa cerrada; IMPSA –la nave insignia del grupo Pescarmona— se convirtió en la primera empresa local que entra en cesación de pagos en medio del conflicto con los fondos buitres que ha llevado al país a una situación de “default técnico” con los bonistas que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Si bien los lobistas del hólding que conduce Enrique Pescarmona le habían advertido a la Casa Rosada la complicada situación económica y financiera que enfrentaba la empresa, la confirmación oficial de que no puede cancelar los vencimientos de las Obligaciones Negociables (ON) puso en estado de alerta a las principales figuras del Gobierno.

El traspie de IMPSA le ha generado a los funcionarios un doble problema. Por un lado, la repercusión internacional que tendrá la cesación de pagos de una empresa local histórica que tiene negocios y obras en ejecución en más de 10 países. Y por otro lado, la necesidad de buscar alguna salida transitoria que le permita a la compañía superar las actuales dificultades y mantener los 300 empleos directos y los casi 1.000 indirectos que tiene en la provincia de Mendoza.

Las mayores presiones que está recibiendo el Gobierno para que arme un “salvavidas” destinado a IMPSA provienen de la administración mendocina de Francisco “Paco” Pérez.

El mandatario oficialista no quiere sumar otro “fracaso laboral y social” como el que afrontó con la caída del megaproyecto de explotación de potasio que iba llevar adelante el grupo brasileño Vale.

Las posibles vías de auxilio que tienen los funcionarios nacionales son muy limitadas. Actualmente IMPSA tiene un solo contrato significativo de obra pública en marcha con la Nación. Se trata de la provisión de un equipamiento a medida para la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Embalse que está valuado en casi US$ 200 millones. Una opción sería adelantarle parte de los pagos del contrato que estaban previstos para 2015.

Otra opción en danza pasaría por destrabarle la asistencia financiera que la gestión camporista del Banco Nación que encabeza Juan Ignacio Forlón le frenó a IMPSA hace más de un año para la instalación de dos parques eólicos de 100 MW en la Patagonia.

Esos parques forman parte del “paquete” de cuatro proyectos de energía renovable que la empresa tiene adjudicados desde 2010 en el marco de programa GENREN, pero que hasta ahora no pudo poner en marcha por falta de financiamiento.

De acuerdo con la información remitida a la Bolsa, IMPSA no podrá hacer frente a dos pagos de intereses que vencen esta semana por 23 millones de dólares y 42 millones de pesos correspondientes a las Obligaciones Negociables que colocó en el mercado local en los últimos cuatro años.

La empresa señaló que, entre otras causas, sus problemas financieros obedecen a la falta de pago de los contratos de provisión de turbinas hidroeléctricas que arrastra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Según fuentes del sector, las deudas que acumula Venezuela por las obras de la central de Tocoma llegarían a casi US$ 500 millones.

Otro factor negativo que afecta a IMPSA es la situación recesiva que enfrenta Brasil, donde tiene su base internacional de fabricación de generadores eólicos por medio de la empresa WPE (Wind Power Energy).

En el comunicado a la Bolsa, la empresa destacó que “se encuentra evaluando su situación operacional, comercial y financiera, y elaborando un plan que tenga en cuenta sus posibilidades financieras y brinde sustentabilidad a su negocio” . Agregó que en los próximos días va a “proponer un plan de negocios que resguarde el valor de la compañía, dándole sustentabilidad operativa y financiera y promueva la continuidad de los puestos de trabajo”.

En esa línea, el grupo Pescarmona contrató al estudio de abogados Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz y a la consultora Quantum Finanzas que conduce Daniel Marx para que elaboren un plan de restructuración de pagos que sería presentado a los acreedores en un plazo de 60 días.

La deuda financiera de IMPSA treparía, en total, a unos US$ 1.000 millones y entre sus principales acreedores se encuentran el BNDES de Brasil, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y los bancos locales Hipotecario, Galicia, Nación y BICE.

En tanto, a la lista de empresas en cesación de pagos que ha abierto IMPSA podría sumarse otra compañía del grupo Roggio.

Se trata de CLISA (Compañía Latinoamericana de Infraestrucgura y Servicios) que según la calificadora de riesgo Standard & Poor’s enfrenta una “posibilidad real de incumplimiento en los próximos meses”.

“Las calificaciones en moneda extranjera de ’CCC-’ de CLISA reflejan nuestra opinión de que la entidad no logrará continuar honrando sus obligaciones en moneda extranjera bajo las potenciales restricciones para acceder a monedas extranjeras y/o las restricciones de su capacidad de transferir dinero al extranjero”, advirtió la calificadora.

“La calificación en moneda local de ’CCC-’ refleja nuestra opinión de que la empresa no logrará generar suficientes recursos en moneda local para honrar todas sus obligaciones financieras bajo nuestro escenario base, el cual tiene una fuerte influencia del incumplimiento selectivo del soberano (el default selectivo de la Argentina) y sus implicaciones en el entorno económico que la entidad afrontará en el corto y mediano plazo”, destacó la consultora.

Según puntualizaron los analistas de S&P, “el negocio de CLISA está limitado por su alta exposición a contrapartes del sector público de Argentina, ya que esto genera con frecuencia volatilidad de la rentabilidad y oscilaciones inesperadas en su capital de trabajo”.

Standard & Poor’s advirtió que la Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios (CLISA), controlada por Grupo Roggio, enfrenta una “posibilidad real de incumplimiento en los próximos seis a 12 meses” como consecuencia del default selectivo en el que entró la Argentina y un eventual endurecimiento del cepo al dólar. La calificadora e riesgo crediticio aclaró, de todos modos, que no está en riesgo el pago que la compañía debe realizar en diciembre.

“Las calificaciones en moneda extranjera de ’CCC-’ de CLISA reflejan nuestra opinión de que la entidad no logrará continuar honrando sus obligaciones en moneda extranjera bajo las potenciales restricciones para acceder a monedas extranjeras y/o las restricciones de su capacidad de transferir dinero al extranjero”, valoró S&P en un comunicado de prensa.

Precisamente, S&P afirmó días atrás su nota de ’CCC-’ de CLISA y asignó su calificación de emisión a las notas senior no garantizadas propuestas por hasta 120 millones de dólares, con vencimiento en tres años (la tendencia se mantiene negativa).

CLISA es una de las empresas del Grupo Roggio, que opera principalmente en los sectores de construcción, manejo de desechos, distribución de agua y transporte.

S&P agregó que, aunque las calificaciones de ’CCC-’ indican una posibilidad real de incumplimiento en los próximos seis a 12 meses, CLISA podrá cubrir el primer pago de sus notas por u$s 40 millones que vence en diciembre de 2014 con la generación interna de fondos y créditos de bancos locales.

“La calificación en moneda local de ’CCC-’ refleja nuestra opinión de que la empresa no logrará generar suficientes recursos en moneda local para honrar todas sus obligaciones financieras bajo nuestro escenario base, el cual tiene una fuerte influencia del incumplimiento selectivo del soberano (el default selectivo de la Argentina) y sus implicaciones en el entorno económico que la entidad afrontará en el corto y mediano plazo”, agregó S&P

Y completó que las calificaciones de CLISA siguen reflejando la evaluación “de su perfil de riesgo del negocio como ’vulnerable’ y su perfil de riesgo financiero como ’altamente apalancado’”.

“El negocio de CLISA está limitado por su alta exposición a contrapartes del sector público de Argentina, ya que esto genera con frecuencia volatilidad de la rentabilidad y oscilaciones inesperadas en su capital de trabajo”, amplió la calificadora, que sin embargo señaló que los vínculos de larga data con las contrapartes del sector público de Argentina mitigan parcialmente estos factores.

El servicio financiero de la agencia Reuters apuntó que, en un último esfuerzo por alivianar su perfil de vencimientos, la empresa pidió a los acreedores que cambiaran sus notas existentes por $s 120 millones al 2016 con tasa del 9,5% (las que comienzan a amortizarse en diciembre), por un nuevo bono a tres años que se cancele íntegramente al vencimiento en 2017 y que tendría un cupón de un 11,5%.

Fuente: AGENCIAS DyN y Reuters