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MINERÍA
Mendoza: Hierro Indio y Cerro Amarillo ingresan al Senado. El radicalismo duda. Antis vs. San jorge
17/09/2014

El radicalismo duda en avalar la exploración minera en Malargüe

Los Andes

Arrancó el capítulo legislativo de dos proyectos mineros ubicados en el departamento de Malargüe:  Hierro Indio (hierro) y Cerro Amarillo (cobre). Ayer ingresaron formalmente por el Senado los expedientes correspondientes a ambos emprendimientos mineros. Lo que deberán debatir y ratificar o rechazar es la declaración de impacto ambiental (DIA) del proceso de exploración.

Es decir, no se trata de un aval para arrancar con la extracción de los minerales sino de autorizar el proceso para determinar la cuantía de las vetas en las que se trabajará a futuro. Pero sólo este proceso inicial abre algunos dilemas en la Legislatura. Es que con la apertura del debate en comisiones, también se abre un período de luchas y presiones a favor y en contra de la actividad minera, tironeos a los que muchos legisladores se muestran particularmente sensibles.

Así, por ejemplo, los senadores del radicalismo pretenden abrir el juego a su partido y que haya una definición partidaria sobre el tema. 
Uno de los dilemas que enfrentan los legisladores quizá está definido en las palabras de Gustavo Valls (Frente Renovador): “Podemos decir que sí a la prospección, porque no hay problema con esa tarea. ¿Pero les vamos a decir que no cuando vengan con la DIA para explotar?”.

Casi en el mismo sentido van algunos de los devaneos radicales. En voz baja dicen que avalar la prospección es una señal política muy fuerte y después resulta difícil decir ‘no’ cuando venga la DIA para la explotación.

El lunes se acordó el método de debate en las comisiones de Ambiente y de Hidrocarburos, Minería y Energía. Primero, las reuniones de ambas comisiones serán conjuntas y, según Sergio Moralejo (UCR), habrá consultas con especialistas, que deberán detallar todos los aspectos de cada uno de los proyectos.

La cuestión es si la señal política que implica aprobar la prospección no implicará un adelantamiento del otro debate, el que verdaderamente cuenta: el de la explotación. Tal vez es por eso que las tribulaciones son grandes y los senadores del radicalismo buscan el resguardo de la posición partidaria.

No falta quienes imaginan un largo peregrinar de interesados en bloquear el avance y también de los que quieren concretar la apertura de dos minas en el Sur. Algunos recuerdan que el fin de semana pasado ya hubo algunas manifestaciones ambientalistas en General Alvear, uno de los departamentos más radicalizados en su posición contra la minería.

Los grandes temas a discutir tienen que ver con el uso o no de químicos prohibidos por la ley 7.722, las cantidades de agua que insumiría la exploración y el estado de la cuenca hídrica en la que se asientan las vetas que serán explotadas.

No se trata de preguntas menores y requerirán de mucha precisión técnica. Pero, además, esas preguntas también se extenderán a la futura DIA que llegaría cuando las empresas interesadas determinen dónde y cuánto mineral habrá para explotar.

A los interrogantes ambientales habrá que sumarle otros menos románticos, del terreno del pragmatismo, como regalías, impuestos, compre mendocino y también el acarreo. Cabe recordar que el senador Gustavo Cairo (Pro) viene pidiendo una modificación de la ley que crea la empresa provincial de energía Emesa, para que se incluya entre sus intereses los emprendimientos mineros.

Cairo quiere que Emesa sea socia de cualquier emprendimiento minero que logre los avales para explotar minerales en nuestra provincia. El famoso acarreo que en el sector petrolero, el CEO de YPF Miguel Galuccio, logró evitar. Cairo dice que hay que lograr que buena parte de la renta minera quede en Mendoza y para eso, la sociedad con Emesa es una buena opción.

Arrancó el capítulo legislativo de dos proyectos mineros ubicados en el departamento de Malargüe: Hierro Indio (hierro) y Cerro Amarillo (cobre). Ayer ingresaron formalmente por el Senado los expedientes correspondientes a ambos emprendimientos mineros. Lo que deberán debatir y ratificar o rechazar es la declaración de impacto ambiental (DIA) del proceso de exploración.

Es decir, no se trata de un aval para arrancar con la extracción de los minerales sino de autorizar el proceso para determinar la cuantía de las vetas en las que se trabajará a futuro. Pero sólo este proceso inicial abre algunos dilemas en la Legislatura. Es que con la apertura del debate en comisiones, también se abre un período de luchas y presiones a favor y en contra de la actividad minera, tironeos a los que muchos legisladores se muestran particularmente sensibles.

Así, por ejemplo, los senadores del radicalismo pretenden abrir el juego a su partido y que haya una definición partidaria sobre el tema. 
Uno de los dilemas que enfrentan los legisladores quizá está definido en las palabras de Gustavo Valls (Frente Renovador): “Podemos decir que sí a la prospección, porque no hay problema con esa tarea. ¿Pero les vamos a decir que no cuando vengan con la DIA para explotar?”.

Casi en el mismo sentido van algunos de los devaneos radicales. En voz baja dicen que avalar la prospección es una señal política muy fuerte y después resulta difícil decir ‘no’ cuando venga la DIA para la explotación.

El lunes se acordó el método de debate en las comisiones de Ambiente y de Hidrocarburos, Minería y Energía. Primero, las reuniones de ambas comisiones serán conjuntas y, según Sergio Moralejo (UCR), habrá consultas con especialistas, que deberán detallar todos los aspectos de cada uno de los proyectos.

La cuestión es si la señal política que implica aprobar la prospección no implicará un adelantamiento del otro debate, el que verdaderamente cuenta: el de la explotación. Tal vez es por eso que las tribulaciones son grandes y los senadores del radicalismo buscan el resguardo de la posición partidaria.

No falta quienes imaginan un largo peregrinar de interesados en bloquear el avance y también de los que quieren concretar la apertura de dos minas en el Sur. Algunos recuerdan que el fin de semana pasado ya hubo algunas manifestaciones ambientalistas en General Alvear, uno de los departamentos más radicalizados en su posición contra la minería.

Los grandes temas a discutir tienen que ver con el uso o no de químicos prohibidos por la ley 7.722, las cantidades de agua que insumiría la exploración y el estado de la cuenca hídrica en la que se asientan las vetas que serán explotadas.

No se trata de preguntas menores y requerirán de mucha precisión técnica. Pero, además, esas preguntas también se extenderán a la futura DIA que llegaría cuando las empresas interesadas determinen dónde y cuánto mineral habrá para explotar.

A los interrogantes ambientales habrá que sumarle otros menos románticos, del terreno del pragmatismo, como regalías, impuestos, compre mendocino y también el acarreo. Cabe recordar que el senador Gustavo Cairo (Pro) viene pidiendo una modificación de la ley que crea la empresa provincial de energía Emesa, para que se incluya entre sus intereses los emprendimientos mineros.

Cairo quiere que Emesa sea socia de cualquier emprendimiento minero que logre los avales para explotar minerales en nuestra provincia. El famoso acarreo que en el sector petrolero, el CEO de YPF Miguel Galuccio, logró evitar. Cairo dice que hay que lograr que buena parte de la renta minera quede en Mendoza y para eso, la sociedad con Emesa es una buena opción.

Millones y empleos

Hierro Indio es una vieja mina abandonada a principios de la década del ‘70. Para llevar adelante esta primera etapa se invertirán 500 mil dólares y se necesitarán unos 30 empleados. La estimación es que hay más de 10 millones de toneladas de hierro, un mineral que las siderurgias del país deben importar para comercializar en el país. En caso de llegar a la segunda fase, la explotación, la inversión llegaría al millón y medio de dólares y a los 80 empleos.

El domingo pasado, Los Andes informaba que la empresa interesada en Hierro Indio (de capitales argentinos) indicaba que no hay uso de químicos para la separación del mineral de la roca y que no hay un uso de agua significativo.

Cerro Amarillo es un emprendimiento de cobre en el que la empresa minera Meryllion Resources Corp está interesada. Esta compañía tiene también intereses en el yacimiento de cobre y plata en La Providencia, en Jujuy.

En la exploración se realizarán una serie de perforaciones para testear cinco zonas, en la que se invertirán 10 millones de dólares y se empleará a 70 personas.

La Legislatura se prepara para la discusión sobre minería

Diario Uno

Paola Alé

El tema minero ha estado en más de una oportunidad en la agenda pública en los últimos meses. Ya sea por los rumores de reactivar el proyecto San Jorge, en Uspallata, como por las nuevas iniciativas de exploración: Hierro Indio y Cerro Amarillo. Todos estos proyectos tienen que pasar, sí o sí, por la Legislatura de Mendoza y todos los legislador podrán emitir su opinión.

Y por más que algunos legisladores quieran esquivar la problemática social que la minería conlleva, la Legislatura pasó a ser el ámbito de discusión por excelencia de esta temática. Esto porque ayer ingresaron los proyectos para la exploración de las minas de hierro y cobre y desde el lunes tres comisiones se dedicarán de lleno a estudiarlas.

¿Y cuáles son las posturas políticas al respecto?

Los radicales se negaron a tomar posición, porque, según dijeron, falta información para hacerlo.

Mientras, desde el Frente Renovador aclararon que Hierro Indio ya tendría su visto bueno, no así el otro de los mencionados, Cerro Amarillo, por cuanto todavía no lo estudian.

Por último, el PRO quiere que antes que nada se apruebe la iniciativa para que Emesa pueda ser socio de los empresarios que explotarán las minas.

El PJ tampoco quiso sentar postura alguna, sino que se apoyó en que esa posición saldrá a la luz durante la discusión del proyecto.

Presentación en sociedad
El ministro de Tierras y Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde, concurrió la semana pasada a Legislatura para presentar Cerro Amarillo y Hierro Indio a los legisladores. En esa oportunidad quiso dejar en claro cuál es la posición del PJ al respecto. “Hay una voluntad muy firme de parte de los bloques justicialistas de Diputados y Senadores para avanzar con los dos proyectos”, dijo Elizalde y recordó que ambas iniciativas de exploración minera fueron mencionadas en el discurso de Pérez del 1 de mayo.

Se trata de dos proyectos de prospección, ubicados ambos en Malargüe. En el caso de la mina de hierro, ya fue explotada hace años, y ahora se busca reactivar la actividad.

Para esto se realizará un mapeo y se digitalizará y se enviarán las muestras a laboratorio.

Según afirmó el ministro, tanto la exploración de la mina de hierro como la de cobre tiene escasa incidencia ambiental y ambas cuentan con el dictamen técnico de la UNCuyo, del Municipio donde se va a realizar la explotación, y con el dictamen sectorial del Departamento General de Irrigación.

Técnicamente es viable realizar la exploración de estos minerales. 
Además, si se los llegara a declarar viables para la explotación, esta requeriría una nueva etapa de pedidos de permiso y de aprobación de la declaración de impacto ambiental.
“Hoy sólo es ver si son potenciales de ser explotadas”, manifestó Elizalde, y agregó que casi no se utiliza agua en esta fase.

Tres comisiones estudiarán los proyectos: Ambiente, Asuntos Territoriales y Vivienda; Hidrocarburos, Minería y Energía, y Legislación y Asuntos Constitucionales. Las comisiones de Ambiente e Hidrocarburos funcionarán juntas.

Cómo sigue

  • ¿Desde cuándo? La discusión comienza el lunes. La inquietud es si es para aprobar la explotación de las minas de hierro y cobre. Y hay que aclarar que no: es sólo para permitir la exploración.
  • Para explotarlas. Se debe iniciar de nuevo el proceso legislativo. En cuanto a la ubicación de las minas, ambos proyectos se ubican en el departamento de Malargüe.

A la espera de conocer detalles de las iniciativas
Si bien el ministro de Ambiente ya adelantó la posición del PJ, los demás partidos se mantuvieron al margen y se abstuvieron de dar su opinión. Pero al tomar estado parlamentario, el tema ya no puede ser ignorado por demasiado tiempo.

Juan Carlos Jaliff y Sergio Moralejo manifestaron que van a participar en el estudio de los proyectos en comisiones y que ya solicitaron más información. “El despacho no venía acompañado por el expediente, nosotros lo mandamos a pedir, porque nos falta contenido para emitir una opinión”, aseveró Jaliff. Una vez que se consigan esos datos, la UCR fijará una postura.

Gustavo Balls, del Frente Renovador, explicó que si bien no ha leído en profundidad el proyecto de Cerro Amarillo, sí el de Hierro Indio y está de acuerdo con permitir la exploración. Dijo que si bien utiliza 5m3 de agua por segundo, el 80% de esta cantidad se reutiliza. Y recordó que al menos en Hierro Indio no se trata de minería metalífera.

Por último se expresó Gustavo Cairo, del PRO. Para este senador es importante que primero y antes de tratar cualquier proyecto minero se apruebe un proyecto de su autoría a través del cual la Empresa de Energía de Mendoza (Emesa) pueda ser socia de las mineras que exploten los recursos mendocinos. “No es justo que sólo nos quedemos con el 3% de las regalías”, señaló el senador macrista. 

Uspallata en alerta por reactivación de San Jorge

mdzol

La reactivación del proyecto minero San Jorge que está promoviendo el Gobierno provincial ha puesto en alerta a los vecinos de la localidad de Uspallata, quienes vislumbran un posible conflicto que se desató hace dos años por la misma razón y que dejó a una comunidad dividida.

Alder Corsanigo es uno de los miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, la institución que hace dos años luchó para impedir la concreción de San Jorge. En diálogo con MDZ Online, reconoció que los integrantes de la asamblea están retomando las actividades desde que el Gobierno anunció la compra del proyecto por parte de inversionistas rusos.

"Hemos empezado a retomar el tema otra vez porque desde que se bajó el proyecto en la Legislatura hace dos años, ha pasado un tiempo largo", indicó y agregó que "desde que los capitales rusos compraron la empresa, estamos reuniendo información, escuchando y muy atentos a lo que está pasando".

En ese sentido, el comerciante uspallatino recordó que se está tratando en comisiones legislativas el proyecto del Parque Provincial Polvaredas, que abarcaría una amplia región de la Alta Montaña, incluyendo sectores donde se proyecta explotar la minera San Jorge.

Sobre la reactivación de San Jorge, Corsanigo aseguró que "no nos cayó bien la noticia" y sugirió que "es todo una mentira, porque el proyecto en la Legislatura es el calco del mismo que se presentó anteriormente", sobre el cual recayeron más de 140 objeciones.

"Es toda una estrategia para hacer entrar el tema de la minería", aseveró. Estas declaraciones vienen a cuenta dado la reinstalación del debate por la minería en Mendoza que impulsa el Gobierno, algunos sectores que buscan cambios en la Ley 7722 y la mediaticidad de algunos proyectos como Alpaca en San Carlos, a manos de la mismísima brasileña Vale.

Por otra parte, el miembro de la Asamblea de Autoconvocados señaló que en Uspallata "la empresa no se ha hecho presente, cosa contraria a lo que fue el proyecto original" cuando hubo un gran despliegue mediático en torno a San Jorge y un áspero debate entre los vecinos de la localidad cordillerana.

Justamente, el proyecto minero causó graves heridas en la sociedad uspallatina: "Nos ha costado mucho tiempo recomponer las relaciones con los que estaban a favor de San Jorge, las cuales habíamos perdido a causa de esto", reconoció.

"Estamos a la expectativa desde que se sabe que se vendió San Jorge a los capitales rusos, y creemos que algo va a pasar porque nadie compra algo para no explotarlo. Todo esto nos da mala espina. Vamos a seguir diciendo que no a este tipo de desarrollos mineros en Uspallata", finalizó Corsanigo.


Oikos ratificó que pedirá el expediente de San Jorge

Por otra parte Eduardo Sosa, titular de Oikos, señaló a MDZ Online que la organización solicitará nuevamente la entrega del expediente de informe ambiental que se encuentra en el Ministerio de Tierras y Ambiente, cuya primera solicitud fue realizada el pasado 6 de noviembre del año pasado y "nunca fue contestada".

"Queremos acceder al expediente para poder estudiarlo", señaló Sosa y recordó que "el Estado tiene la obligación de entregar la información ambiental, según la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Acceso a la Información Ambiental (nº 25.831)".

"Si así no lo hiciera, seguramente tomaremos algún tipo de acción administrativa ante Fiscal de Estado", reconoció, pero a su vez manifestó que "tenemos confianza que con este nuevo pedido, el Poder Ejecutivo nos va a facilitar el expediente". La presentación se realizará esta semana en Tierras y Ambiente.


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