Por Gabriel Sued.

Pese al rechazo de toda la oposición, el oficialismo le dio ayer dictamen favorable a la nueva la ley de abastecimiento, en una reunión de comisión caliente y tumultuosa, que contó con la presencia sorpresiva del ministro de Economía, Axel Kicillof.

Parte de un paquete de tres proyectos, que incluye la creación de un observatorio de precios y de un fuero especial de defensa del consumidor, la iniciativa será tratada hoy, a partir de las 12, en una sesión que podría extenderse hasta mañana al mediodía.

"Hemos venido a honrar el artículo 42 de la Constitución Nacional, porque la legislación actual es ineficaz para defender el derecho de los consumidores", arrancó Kicillof, en una encendida defensa del paquete de proyectos, que, insistió, debían ser analizados de manera integral.

"No creemos un fantasma: acá no hay ningún Estado que venga a intervenir, a avasallar y a fijar precios. La economía anduvo bien en base a la libre empresa, pero queremos evitar los abusos", agregó el ministro, acompañado por los secretarios de Comercio, Augusto Costa, y de Justicia, Julián Álvarez.

Pese al pedido de los funcionarios, el debate se centró en la discusión de la reforma a la ley de abastecimiento. Es una norma sancionada en 1974 que habilita al Estado a intervenir en la formación de precios y en las cadenas de valor para evitar abusos de parte de empresas con posición dominante en el mercado. Los cambios impulsados por el Poder Ejecutivo acotan las facultades de intervención del Estado y eliminan las penas de prisión, previstas en la redacción actual de la ley, escasamente aplicada. Pero pusieron en pie de guerra a las grandes empresas, porque evidencian que el Gobierno planea usarla más seguido, como herramienta para fortalecer el programa Precios Cuidados y combatir la inflación.

En el inicio del debate, de más de casi siete horas, ratificaron su rechazo al proyecto las cámaras que reúnen a las empresas más grandes del país, como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Cámara Argentina del Comercio (CAC). En cambio, las entidades que agrupan a las Pymes, como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General Empresaria (CGE), se mostraron a favor de la iniciativa, al igual que la mayoría de asociaciones de consumidores. Los representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), de IDEA y de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), entre otros, quedaron excluidos de la lista de expositores.

"El campo no necesita que se sancione este proyecto para saber que va a tener efectos negativos, porque ya los estamos sufriendo con el cierre de exportaciones en el mercado de la carne, donde se perdieron 10 millones de cabezas de ganado", sostuvo Luis Etchevehere, presidente de la SRA, en una exposición que levantó polémica. Apenas empezó a criticar la política agropecuaria del Gobierno, la kirchnerista Diana Conti, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y conductora del debate de comisión, le exigió que se limitara a hablar de los proyectos bajo tratamiento. En medio del griterío de los oficialistas, Etchevehere les espetó: "Por qué no intentan ser democráticos y escuchan a los demás, si quieren aprender algo".

La cosa no quedó ahí. En medio de una discusión a los gritos con Felipe Solá, el kirchnerista Roberto Feletti retomó el contrapunto con Etchevehere. "La democracia de este Parlamento es tan grande que se expresa la Sociedad Rural", dijo. El episodio tuvo un último capítulo minutos más tarde. Mientras conversaba de manera informal con un grupo de diputados de la oposición, el empresario se sentó un momento a la mesa destinada a los legisladores. "¿El señor Etchevehere es diputado? -lo denunció con tono firme el kirchnerista Juan Carlos Junio-. Entonces que no se siente en las sillas para los diputados. Sea respetuoso de los que fueron votados por la voluntad popular." El presidente de la SRA se paró y pidió disculpas.

En línea con los referentes del Grupo de los Seis, diputados de la oposición reivindicaron la facultad de regulación del Estado, pero pusieron en duda la constitucionalidad de la ley, afirmaron que establece una intervención estatal "excesiva" y que otorga facultades discrecionales a la Secretaría de Comercio, lo que podría ahuyentar inversiones. "La diferencia entre el remedio y el veneno es la dosis. Muchos de los artículos de la ley quieren ser remedio y van a terminar siendo veneno", manifestó el radical Ricardo Buryaile.

Los diputados de Pro Pablo Tonelli y Federico Sturzenegger (Pro) apuntaron al artículo 4, que establece las conductas sancionables, entre ellas, la elevación "artificial" o "injustificada" de los precios y la obtención de "ganancias abusivas". Los dos preguntaron cómo iba el Gobierno a determinar qué era un "aumento injustificado" o una "ganancia abusiva". Costa les respondió que eso iba a figurar en la reglamentación de la ley, e insistió en que para el esquema de política económica del Gobierno es importante contar con la nueva ley.

A FAVOR Y EN CONTRA DEL PROYECTO

Axel Kicillof

Ministro de economía

"Acá no hay ningún Estado que venga a intervenir, avasallar o poner precios"

Augusto Costa

Secretario de comercio

"No se trata de una ley para las pymes, va dirigida a aquellos monopolios u oligopolios que forman precios"

Claudio Lozano

Diputado (Unidad Popular)

"Esta ley afecta a los precios y a la inversión [pero] la regulación pública debe estar por encima de las demandas de los empresarios"

Martín Lousteau

Diputado (suma)

"Es una ley vieja que no funcionó en su momento porque no resolvió problemas viejos y la queremos usar para nuevos problemas"

Por Noelia Barral.

El kirchnerismo espera convertir en ley entre hoy y mañana los proyectos de reforma de la Ley de Abastecimiento, creación de un fuero judicial del consumidor y de un observatorio de precios, que ayer obtuvieron dictamen en trámite veloz en la Cámara baja. En medio de una fuerte pulseada con los empresarios y los bloques de la oposición que rechazan las iniciativas, el Frente para la Victoria se preparaba anoche para lo que será una sesión extenuante, que según cálculos del bloque podría durar 24 horas.

Durante toda la tarde, el oficialismo estuvo atento al conteo de votos para asegurarse especialmente la sanción de la reforma de la Ley de Abastecimiento ; mientras las entidades empresarias desplegaban su lobby en contra de la iniciativa y los gobernadores de las provincias petroleras hacían jugar a sus diputados a un tira y afloje con la Casa Rosada por el proyecto de Ley de Hidrocarburos (ver página 5).

En ese contexto, el ministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario de Comercio, Augusto Costa; y el secretario de Justicia, Julián Álvarez, defendieron los proyectos ante un abultado plenario de comisiones del que participaron unos 140 diputados. Es decir, más de la mitad del cuerpo. Allí también expusieron asociaciones de consumidores, en general a favor de las iniciativas, y cámaras empresarias, que rechazaron las propuestas oficiales.

“No nos dejemos marcar la cancha por los beneficiados de siempre. Siempre hablan de que cualquier intento de defender a los consumidores es un ataque a la libre empresa”, reclamó Kicillof tras escuchar a algunos de ellos. Su llegada, con la reunión empezada, puso punto final a las exposiciones de los empresarios invitados, por lo que algunos se quedaron sin poder decir palabra, como los representantes de ABA o IDEA.

Kicillof advirtió que la propuesta del Ejecutivo no busca “un exceso de estatismo ni de sovietismo” sino saldar “una deuda pendiente”. Por eso, les recomendó a las empresas “invertir, mejorar la calidad de los productos y solucionar los reclamos”. El ministro consideró que esto “afecta la rentabilidad en principio”, pero evaluó que “a la larga es mejor” porque “genera mayor rentabilidad y va a haber más competitividad”. “No creemos un fantasma. Acá no hay ningún Estado que venga a intervenir ni avasallar”, subrayó.

Tras su partida llegaron las preguntas de los diputados opositores. Con 20 dictámenes en contra de las propuestas oficiales, los legisladores exhibieron cuestionamientos de todo tipo. Quienes se quedaron en la reunión de las comisiones de Asuntos Constituciones; Comercio; Presupuesto; y Defensa del Consumidor para responderles fueron Álvarez y Costa. Este último quien enfatizó: “Si alguien piensa que es para buscar soja en los campos, no está entendiendo nada”.

Momentos antes, el titular de la Sociedad Rural, Miguel Etchevehere, había erizado al oficialismo. El empresario aseguró que no necesitaba esperar a ver la ley en funcionamiento para saber que será negativa y despertó críticas kirchneristas. “¿Por qué no intentan ser democráticos y escuchar a los demás si quieren aprender algo?”, los chicaneó. Cuando terminó de hablar, fue a sentarse junto a los diputados opositores, pero el oficialista Juan Carlos Junio lo obligó a correrse del lugar, reservado para legisladores aunque muchas veces utilizado por asesores o periodistas. Etchevehere debió seguir la discusión parado.

Por Roberto Seifert.

"Señores, voten en contra de la nueva ley de abastecimiento", fue el pedido, casi desesperado, que les hicieron los representantes de las cadenas de valor de los principales cultivos del país a los diputados de la Nación, que hoy podrían convertir en ley el proyecto del oficialismo.

Ayer, los integrantes de las cadenas de valor, que reúnen a productores, industriales y exportadores, fueron al Congreso y repartieron a todos los diputados, sean del partido gobernante o de la oposición, un documento en el que les pidieron "que respeten la Constitución y que se abstengan de avanzar con este proyecto", según dijo después Luis Arias, presidente de la Asociación Argentina del Girasol (Asagir).

Arias habló durante una conferencia de prensa realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, acompañado por sus pares de la Asociación Argentina del Trigo (Argentrigo), Matías Ferreccio; de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), Rodolfo Rossi, y del vicepresidente de la Asociación de Maíz y Sorgo Argentinos (Maizar), Alberto Morelli.

"Solicitamos a los diputados que rechacen la pretensión del Poder Ejecutivo sobre este proyecto de ley que atenta contra la propiedad privada, la libertad de comercio y la libertad de trabajo, todos principios establecidos en nuestra Constitución, que impactará negativamente sobre la producción y el comercio, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social", dijo por su parte Rodolfo Rossi.

Las entidades reflejaron en el escrito entregado en el Congreso el análisis que realizaron del proyecto del kirchnerismo desde tres ópticas. La primera es el marco regulatorio, sobre el cual Morelli señaló que la pretensión del Gobierno "convierte en letra muerta dos principios fundamentales establecidos en la Constitución y en la de todas las democracias de Occidente: el derecho a la propiedad privada y a la libertad de comercio".

Como segundo aspecto, se consideró el impacto que tendría sobre las actividades productivas y comerciales, que verían limitadas sus capacidades, "con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social", señaló Arias.

Por último, las entidades consideraron las ideas que se intenta instalar en la sociedad "y una de las más negativas es que el comercio es una actividad que no genera valor, sino que se apropia del valor generado por otros y por ello debe ser limitado y dominado por un funcionario", señaló Ferreccio.

El presidente de Argentrigo señaló que "también es errado pensar que la fijación de precios por parte de un funcionario es más eficiente que la formación de precios en un mercado con transparencia y competencia".

Consultados acerca de la posibilidad de que las cadenas adopten alguna medida de fuerza, los dirigentes se diferenciaron de las entidades gremiales, que sí pueden disponerlas. "Pero ante un avance sobre las libertades, ya sea de producción o comercialización, cada uno de nuestros consejos directivos lo analizará", dijo Arias.

Sobre la posibilidad de presentar en la Justicia la inconstitucionalidad de la norma, el director ejecutivo de Maizar, Martín Fraguío, dijo que no querían adelantar etapas. "Primero esperaremos el resultado de la gestión legislativa", señaló.

Por último, Rossi reconoció que si bien las eventuales confiscaciones por parte del Gobierno son uno de los principales temores del sector, no cree que sean la principal consecuencia directa de la ley, como sí lo será su efecto negativo en la inversión y en puestos de trabajo.