Representantes empresariales expondrán hoy en el Congreso su visión sobre el proyecto de ley de abastecimiento que se debatirá mañana en la Cámara de Diputados y que, en su opinión, otorga poderes discrecionales a funcionarios públicos para intervenir en el normal funcionamiento de las empresas. De ser aprobado, afirman, provocará efectos nocivos sobre la inversión, el empleo y la oferta de productos.

"Con esa ley, el Gobierno va a tratar de presionar a las empresas para que asuman los aumentos de costos y trabajen a pérdida. Así quieren disimular la inflación y llegar al final de su período sin implementar cambios de fondo", planteó el presidente de IDEA, Miguel Blanco, que ayer, acompañado por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, y el presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, expuso a LA NACION sus reparos al proyecto del Poder Ejecutivo.

"Los funcionarios van a poder intervenir una empresa con un argumento tan discrecional como que ésta aumentó «injustificadamente» sus precios", dijo Blanco. Y añadió: "Además, las empresas van a poder acudir a la Justicia cuando ya han pagado la multa y no antes. Las leyes de defensa del consumidor y de la competencia de Estados Unidos y de Europa establecen multas, pero sólo después de la intervención de la Justicia".

Campos, en tanto, criticó las facultades que el proyecto otorga a funcionarios de la Secretaría de Comercio para intervenir en las empresas: "Un funcionario va a poder, por ejemplo, determinar cuánto deben producir las empresas, o cuál debe ser su nivel de stocks".

En ese sentido, Etchevehere afirmó que, de ser aprobado, el proyecto "no va a funcionar, porque es la misma política de controles y precios máximos y mínimos que el Gobierno ha venido aplicando en el campo y que ha provocado caídas en la actividad". En opinión del presidente de la Sociedad Rural, ese tipo de políticas son los causantes del cierre de 138 frigoríficos y 7000 tambos en los últimos años.

Etchevehere resaltó además que, pese a los cambios sugeridos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y aprobados en el Senado, las pequeñas y medianas empresas aún pueden verse alcanzadas por la norma, ya que el Gobierno podría acusar a una pyme de tener una posición dominante en el mercado.

"Necesitamos desesperadamente que aumenten las inversiones en el país, pero esta norma inhibe la llegada de nuevas inversiones", agregó Campos, en cuya opinión si el proyecto es aprobado va a afectar el nivel de empleo. El presidente de la AEA también destacó la "coincidencia de opiniones" que, según él, ha mostrado el sector empresarial en torno al proyecto del Poder Ejecutivo. "El campo, la industria y la banca han expresado sus críticas", expuso.

Los empresarios resaltaron que, si el proyecto de ley de abastecimiento es aprobado, acudirán a la Justicia ya que, en su opinión, la norma es inconstitucional porque viola el derecho a la propiedad y a ejercer toda industria lícita y otorga facultades judiciales a funcionarios del Poder Ejecutivo. Hoy, para evitar que sea aprobado, acudirán a la audiencia pública convocada por las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Comercio, de Justicia, de Defensa del Consumidor y de Presupuesto, donde se espera que hoy se emita un dictamen favorable. El paquete de proyectos enviado por el Poder Ejecutivo, que incluye además la creación de un observatorio de precios y de un fuero judicial para los reclamos de los consumidores, será sancionado en la sesión especial convocada para mañana.

La ley de abastecimiento, sancionada en 1974, habilita al Estado a intervenir en las cadenas de valor y en el proceso de formación de precios. La reforma que impulsa la Presidenta acota las facultades de intervención del Estado y elimina las penas de prisión, previstas en la redacción actual de la ley, que, según destacó Blanco, fue suspendida en 1991 (suspensión que fue ratificada por el Congreso dos años después).

El proyecto oficial, sin embargo, puso en pie de guerra a las empresas, porque evidencia que, a diferencia de lo sucedido hasta ahora, el Gobierno planea usarla con frecuencia en el tiempo que le queda, como herramienta para combatir la inflación.