Tras la aprobación del proyecto de Reforma Tributaria en el Congreso el pasado miércoles, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, recalcó la importancia de haber cumplido con el plazo para que la Ley de Presupuestos de 2015 pueda incluir como ingresos permanentes los US$ 2.300 millones que se prevén recaudar el próximo año.

En un contexto en que el propio Gobierno ha admitido que la desaceleración de la actividad económica del país ha sido más prolongada de lo que se tenía previsto en un principio, las miradas apuntan a la estimación del PIB que incorporará el Presupuesto 2015 y la preponderancia que tendrán los US$ 2.300 millones recaudados por la Reforma Tributaria en el erario del próximo año.

Economistas coinciden en que el ítem de mayor incertidumbre tiene relación con la recaudación por concepto de disminución de la evasión y elusión tributaria que espera obtener la Reforma.

El economista jefe de Banco Santander, Pablo Correa, explica que hay ciertos ítemes administrativos que se activan de forma relativamente inmediata, donde la recaudación es mucho más segura, como por ejemplo, los impuestos específicos o a la renta, pero hay otros que representan parte importante de la recaudación y que tienen que ver con lo que es control de evasión y elusión tributaria.

"Para que esa recaudación sea efectiva, se va a necesitar reformular, capacitar y expandir las atribuciones de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, la Tesorería General de la República y del Servicio de Impuestos Internos. Y eso es algo que es lento y que difícilmente lo vas a ver implementado el próximo año", sentencia.

"En forma adicional, cuando proyectas la reforma en régimen, lo haces con una economía creciendo a un ritmo más parecido al PIB potencial de 4,3%, y el próximo año no vamos a llegar a ese nivel. Y en ese sentido, vamos a recaudar menos, pero va a ser por un tema cíclico", agrega.

No obstante, el economista de Santander insiste en que "el mayor riesgo, más allá del tema cíclico, es que efectivamente se logren implementar todas las reglas para controlar lo que es elusión y evasión a tiempo".

En esa misma línea, la economista senior de Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes, señala que el Gobierno pretende recaudar el próximo año US$ 800 millones en reducción de evasión, cifra que considera como "súper optimista".

"Por muchos esfuerzos que se hagan por controlar la evasión y aumentar la recaudación, y se logra algún resultado, eso no se recauda en el primer año, sino después, una vez que el Servicio de Impuestos Internos cuestione", acota.

"Me parece que el principal problema de los US$2.300 millones, más que estar en la tasa de crecimiento, está en la meta de evasión, que es super compleja de lograr. Creo que si se lograra reducir la evasión en la mitad de la meta, ya sería un buen resultado, o sea, estamos hablando sólo por ese tema de US$400 millones menos. Y creo que eso todavía puede ser un poco optimista. No en el sentido de que es imposible reducir la evasión, sino que eso toma un tiempo en lograrse", enfatiza Cifuentes.

Por otro lado, el gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, considera que "la recaudación tributaria que se obtenga por la reforma tiene per se un efecto negativo en la actividad y en la inversión; y por mucho que esos recursos el Fisco los gaste, el efecto probablemente va a ser negativo igual. Un ejemplo reciente, es lo que sucedió en México, que hizo una reforma tributaria el año pasado y la economía ha andado muy floja este año, no exclusivamente por eso, pero entre otras cosas".

"Una cosa es que el Fisco tenga o vaya a tener los recursos para financiar los gastos que quiere hacer y otra que eso vaya a tener un efecto eventualmente expansivo en la economía. Para que eso pueda ocurrir, el gasto público tendría que ser bastante mas allá de lo que se va a poder financiar con los recursos que se van a recaudar con la reforma tributaria", estima Fernández.

Gasto Público 2015

El pasado martes, el Ministerio de Hacienda informó que bajó el PIB poitencial a 4,3% y subió el precio del cobre de tendencia a US$ 3,07 la libra. Ambas cifras son claves para la construcción del Presupuesto 2015 en virtud de que representan parte importante de lo que el Gobierno está viendo como ingresos permanentes para el país en los próximos años.

Lo anterior, aún más relevante considerando que el Ejecutivo se ha impuesto como objetivo equilibrar el nivel de gastos con el nivel de ingresos, consiguiendo el tan anhelado balance estructural de la economía chilena a 2018.
 
Y si bien hay claridad en cuanto a los números, los economistas no coinciden con el nivel de crecimiento que podría tener el gasto público que incorporaría el erario del próximo año. Correa explica que el Presupuesto 2015 va a estar determinado por la trayectoria que el Ministerio de Hacienda quiera imponerle a la recuperación del balance estructural de 2018, que actualmente está con un déficit de 1%.

"Una trayectoria puede ser lineal, o sea, pueden aplicar una reducción de 25 puntos cada año a 2018, o puede ser de que los primeros años no se reduzca nada y que hacia el final del Gobierno, una vez que la Reforma Tributaria esté más en régimen y, por lo tanto, la recaudación estructural sea mayor, se haga la mayor reducción. Y ese es un supuesto importante", resalta.

Para el economista de Santander, un 13,2% es el techo de expansión que podría tener el gasto fiscal en 2015, suponiendo que el próximo año no se hace ninguna corrección respecto del déficit estructural actual. "Esa sería la mayor capacidad de gasto que tendría el Gobierno", sentencia.

En tanto, la economista de Ly D estima un crecimiento del gasto en torno a 4,0%-4,5% real ya que a su juicio los US$2.300 millones o menos que se recaudarían por la aplicación de la Reforma Tributaria no se deberían gastar en reducir el actual déficit, por lo cual no habría mucho espacio para un mayor incremento del gasto en 2015.

En tanto, el experto de Gemines estima que con los supuestos de tendencia que se conocieron esta semana, más la recaudación asociada a la reforma tributaria uno puede estimar que el gasto público no debería crecer más allá de 5,5%-6,0%.

"Eso va a tener un efecto no muy significativo en la recuperación de la actividad económica. Ahora si el gasto crece 10%, por inventar algo, eso va a significar que puede haber un efecto un poco mayor, pero no se va a estar cumpliendo con la regla estructural", señala.

Cifuentes, además, advierte que la reducción del PIB tendencial significan menores ingresos estructurales por alrededor de US$500 millones al año, por lo que "también sería interesante que se planteará sobre qué vamos a hacer o en qué forma vamos a lograr a recuperar el crecimiento de tendencia de la economía".

No obstante, Correa sostiene que, por lo mismo, es probable que el Gobierno no decida comenzar a ajustar su meta de balance estructural el próximo año, en pos de un mayor gasto público y, por ende, lo posponga para los próximos años de la administración de Michelle Bachelet. 

Polémica y rechazo de una parte de los diputados causó la inclusión del Artículo 24 Transitorio -que considera la posibilidad de repatriación de capitales- durante el debate previo a la aprobación de la Reforma Tributaria.

Esta norma considera -a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre del mismo año- un sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero, para que estos recursos regresen al país con una tasa impositiva del 8%.

Por esta razón, Emol consultó a diversos expertos sobre la conveniencia que tendría para el país la repatriación de capitales por parte de personas jurídicas o naturales. 

Por una parte, el abogado tributarista de Correa Gubbins y colaborador del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Eduardo Torretti, valoró este artículo y aseguró que es conveniente "porque en muchas ocasiones y por diversas razones, los fondos fueron originados en el extranjero y por la poca cultura tributaria que existía en su momento respecto al tratamiento de estos fondos, las platas fueron quedando afuera y no se reportaron en Chile porque antes era más difícil hacerlo".

En esa línea, el experto en impuestos aseguró que de alguna manera los fondos se fueron "irregularizando, a pesar en que en su momento hubieran sido platas bien habidas".

"Desde esa perspectiva, la ventana que se abre a los contribuyentes es conveniente que estén en esta situación, porque les permite a una tasa razonable (8%), regularizar estas platas y además le permite poder reestructurarse con estos dineros para poder usarlos para inversiones en Chile o en el extranjero hacia adelante, sin seguir arrastrando un problema tributario y pudiendo ordenarse desde la perspectiva tributaria, lo que es muy bueno", afirmó.

En cambio, el experto en gestión tributaria de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, Hernán Villanueva, se mostró crítico respecto a la norma, debido a que no ve un incentivo para las personas jurídicas o naturales traer esos capitales al país.

"De partida, los impuestos de las rentas del capital que se encuentra en el extranjero, normalmente se atribuyen a rentas que están en paraísos fiscales. Estos impuestos, de estos capitales que se encuentran en el exterior, prescriben por lo general a los 6 años y la mayoría de las acciones de fiscalización, por ende, ya se encuentran prescritas", expuso.

"Cuando nos preguntamos 'cómo funcionaría la repatriación', tendría que ser una actividad coordinada entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Banco Central y la autoridad tributaria, que en este caso es el Servicio de Impuestos Internos (SII)", indicó el académico.

Villanueva agregó que "entonces esto va a implicar que las empresas que quieren repatriar estos capitales tendrían que informar del origen de estos fondos, y por tratarse de una norma transitoria, una vez vencido en plazo al autoridad fiscal podría eventualmente iniciar acciones judiciales, por cuanto se trata de un delito que queda al descubierto".

Por ello, el académico aseguró que es difícil saber quién realmente estaría dispuesto a traer esos dineros de vuelta al país, debido a que de alguna manera se levantaría el secreto bancario.

"Podríamos hablar de lavado de imagen, partir de cero, de perdonazo u de blanqueamiento, pero la pregunta es a 'qué sector está orientada este medida'. Hay que preguntarse si para ellos es una medida realmente que traiga beneficios", dijo.

En tanto, el abogado especialista en derecho tributario de Salcedo & Cia., Marcelo Muñoz Perdiguero, apuntó que "Chile cuenta con convenios que contemplan cambio de información, ha suscrito convenios con países de la OCDE, tratados bilaterales para intercambio de información de autoridades fiscales, pero siempre es posible que hayan dineros que están rentando y que debieron haber tributado en Chile en su momento y o lo hicieron".

"El beneficio que tiene es que, a través de este procedimiento, es que se está presumiendo que la persona está cumpliendo con la obligación tributaria y cumpliría con las obligaciones tributarias que eventualmente pudieren no haber cumplido en el pasado (…) Claramente es una oportunidad, es una ventana que se abre, que es bastante conveniente en el fondo", sostuvo.

Asimismo, señaló que este asunto de trata de un tema meramente tributario, que "busca que aquellos que han estado por alguna razón morosos en la declaración y pagos de sus impuestos, puedan ingresar esos dineros, pagar un impuestos que es sustitutivo junto a los normales que se cobran, y de alguna forma empezar frescos. Toda esta normativa lo que está buscando es obtener información, a cambio de darle impuestos con una tributación relativamente baja".

"Los que quieren acogerse a este beneficio deben hacer una serie de análisis, no sólo por la conveniencia de la tasa del impuesto, sino que por todas las aristas de los agentes involucrados, del riesgo a tasación que puede aplicar el SII, el origen de los fondos", remarcó.