Para las empresas, es clave que se organice de manera correcta tanto la forma en que las empresas y las comunidades se van a asociar de aquí para adelante y también la fórmula con la que se administrarán estos recursos, ya sea mediante las mismas comunidades o las municipalidades.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero -que reúne a las grandes mineras que operan en el país- recordó que en Perú existen zonas en las que las mineras pagan altos cánones para operar, pero que las autoridades locales no tienen la capacidad para administrar esos recursos, por lo que no se cumple con el efecto deseado.
“Esto tiene que ir acompañado no sólo de recursos, sino que también de gestión. En todo caso, la discusión no será fácil, dejar recursos en las regiones significa renunciar a cuotas de poder a nivel central y eso siempre es difícil” señaló Villarino.
Añadió que, no obstante, también es necesario que las empresas continúen perfeccionando su forma de relacionarse con las comunidades, pues si éstas no ven beneficios no van a dar su visto bueno para que se instalen en la zona respectiva.
“La minería no tiene alternativas, debe llegar a acuerdos con las comunidades aledañas a sus yacimientos, como es obvio, no elige dónde se desarrolla, los minerales están donde están” Hoy, el país atraviesa por un período complejo, plagado de desconfianzas, con un tono intenso en el diálogo, con más descalificación que espíritu reconciliador, el desafío es inmenso”, agregó.
Según Villarino, si las comunidades no ven el beneficio de un proyecto no van a dar su autorización, y aunque esto no es algo vinculante, hoy en día nadie está dispuesto a instalarse donde la comunidad no lo quiere. “Entonces se requiere un acuerdo, un entendimiento y un tono distinto. Todos tienen que ver como ganan”, complementó.
Desde el punto de vista de las empresas distribuidoras de energía, Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, dijo ser más optimista sobre las capacidades de gestión de las autoridades locales respecto a los recursos que podrían emanar de una ley de asociatividad, aunque para él es clave que la idea de compartir valor quede establecida de manera clara, transparente y legal.
Aún así reconoció algunos temores. “Esta norma de asociatividad en el que las comunidades y los proyectos se hagan socios tiene dos peligros. ¿Quién va a ser el socio? ¿La municipalidad, la comuna, un grupo? No es lo mismo desde la percepción de distribución de poder que los recursos lleguen a la ciudad o al intendente. Por lo tanto hay que tener extremo cuidado”, opinó.
Castillo expuso que durante el anterior gobierno de Bachelet se presentó un proyecto de compensaciones a las comunidades en el que se daban algunos casos extremos como que ciertas comunas podían recibir una cantidad de plata demasiado alta, lo que va en contra del espíritu de la ley.
Inversión minera
Otro punto relevante de la discusión fue la baja en la inversión minera en relación con lo que se proyectaba hace algunos años. Mientras la Comisión Chilena del Cobre mantiene vigente una cartera por US$105 mil millones, las proyecciones del Consejo Minero son mucho más austeras, en torno a la mitad de la cifra.
Aunque parte de esa reducción de la cartera tiene que ver con la baja en los precios de los commodities, también hay parte de culpa en la dificultad que existe para desarrollar inversiones en el país y, a consecuencia de esto, la falta de energía. Según Villarino, Chile está perdiendo una oportunidad histórica en materia de ingresos, crecimiento e incluso de reducción de la pobreza a causa de este descenso en las perspectivas de inversión.
