La minera Grupo México destinará 152 millones de dólares a un fideicomiso para reparar los daños materiales y ambientales que causó en agosto con el derrame tóxico de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre en dos ríos del estado de Sonora.
A través del fideicomiso, la minera cubrirá "los daños causados al entorno, a las personas y sus bienes" por el derrame procedente de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, anunció hoy el Gobierno mexicano.
Si los 152 millones de dólares del fideicomiso son insuficientes para cubrir la reparación, Grupo México aportará los recursos adicionales para atender todas las necesidades de la población afectada y los daños ambientales.
El consorcio asumió así todas las responsabilidades por el derrame registrado el 6 de agosto pasado, a pesar de que al principio intentó atribuir el percance al incremento de las lluvias en la región, una versión que fue rechazada con contundencia por el Gobierno.
La minera argumentó que el derrame fue consecuencia de las lluvias por arriba de la media en julio y los primeros días de agosto en la región de Cananea, y destacó que lleva a cabo una operación limpia y eficiente.
Sin embargo, el secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra, negó que en esas fechas se registraran precipitaciones importantes y atribuyó el derrame a la falla en el amarre de un tubo de polietileno y la falta de una válvula, algo que después reconoció Grupo México.
En el fideicomiso no están contempladas las multas que deberá pagar la minera y que, sólo desde el punto de vista ambiental, están calculadas en 43,5 millones de pesos (unos 3,3 millones de dólares), indicó el titular de Medio Ambiente.
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Grupo México también hará frente a una denuncia penal presentada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por el derrame, calificado por el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto como el peor desastre ambiental en la industria minera del país.
Mientras la demanda penal se resuelve, los afectados comenzarán a recibir los recursos a través del fideicomiso una vez que un comité de expertos que será integrado en los próximos días valide las reclamaciones.
La autoridad ambiental clausuró el 1 de septiembre pasado de manera temporal una parte de la mina, que representa alrededor del 30 % de su actividad, tras encontrar varias irregularidades que suponen un "riesgo inminente al medio ambiente".
Según el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, unos 23.000 habitantes en las zonas aledañas a los ríos Sonora y Bacanuchi han sido afectados por la fuga de la mina.
El gobernador lanzó el miércoles un "enérgico llamado" a Peña Nieto para que ayude a Sonora a hacer frente al desastre ecológico, tras acusar de "negligentes" y "omisos" a los representantes del Gobierno federal, incluido el titular de la Profepa, Guillermo Haro.
El político del conservador Partido Acción Nacional (PAN) también acusó a los delegados federales de lanzar una campaña de desprestigio en su contra al hacer "señalamientos" hacia bienes y propiedades de su familia que también resultaron afectados por la contaminación.
Y es que en las inspecciones en la zona las autoridades federales encontraron en un rancho del gobernador una represa construida sobre un cauce de arroyo federal, la cual es investigada para determinar si cuenta con los permisos necesarios y si afecta a terceros.
"Es una obra de defensa que hemos venido construyendo de un dique que existía" desde hacía décadas, dijo este jueves Padrés, quien manifestó estar de acuerdo con una investigación, pero con transparencia.
El Gobierno federal advirtió el miércoles que si se detectan anomalías y afectaciones a terceros, se clausurará o demolerá la presa y se liberará el agua para uso de quienes tienen legítimo derecho a ella.
El gobernador anunció que mañana tiene programada una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, para hablar sobre el derrame tóxico. "Estamos pasando por un momento muy difícil", dijo al insistir sobre la necesidad de abordar el tema con el Gobierno federal.
Padrés detalló que "el Gobierno ha invertido 120 millones de pesos" (unos 9,2 millones de dólares), pero Sonora necesita "más recursos" para hacer frente a la tragedia.
Por la tarde, el secretario Osorio informó en un comunicado que la reunión programada con Padrés no se efectuará mientras no existan las condiciones para un diálogo "respetuoso y constructivo".
El ministro dijo que si bien en días pasados se había acordado la reunión, "hoy estamos en una circunstancia diferente" y consideró que "los señalamientos que sin sustento alguno ha hecho" el gobernador obligan a que el encuentro se lleve a cabo en otro momento.
La minera Grupo México, responsable de contaminar un río del norte del país con ácido sulfúrico, creó un fideicomiso de 2.000 millones de pesos (147 millones dólares) para reparar el daño ambiental, informó el jueves la secretaría de Medio Ambiente.
Dos empresas subsidiarias de Grupo México "se han obligado a reparar totalmente el daño ambiental y a pagar los daños materiales ocasionados a las personas" afectadas por el derrame del ácido, dijo en conferencia de prensa Juan José Guerra Abud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El 6 de agosto, alrededor de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico de dos minas que pertenecen al Grupo México, uno de los más importantes de América Latina, se salieron de su cauce en el arroyo Tinajas, ubicado en el municipio de Cananea del estado de Sonora (norte), que conecta con el río Bacanuchi y el río Sonora.
El funcionario dijo que la empresa puso en garantía 2.000 millones de pesos, que estarán en un fideicomiso y serán canalizados en montos de 500 millones.
El funcionario señaló que en caso de que los 2.000 millones de pesos resulten insuficientes para sanear el daño ambiental, considerado el peor desastre ecológico registrado en el país, la empresa se ha comprometido a entregar las cantidades que el comité técnico determine.
Además del daño ecológico, la empresas tendrá que reparar el daño material y productivo que la contaminación del río ocasionó a unas 21.000 familias de la zona.
El secretario de Economía Ildefonso Guajardo descartó que por el momento el gobierno mexicano vaya a suspender temporal o definitivamente la concesión de la mina, una de las más grandes del mundo con una producción anual de 200.000 toneladas del metal.
El funcionario dijo que con esta determinación el gobierno privilegió la solución anticipada para una rápida reparación del daño y para permitir que prevalezca esta fuente de empleo en esa región del norte del país.
Independientemente del fideicomiso las autoridades ambientales han impuesto a la empresa multas por poco más de 44 millones de pesos (unos 3 millones dólares).
Los análisis realizados en los ríos afectados indican la presencia, en niveles superiores a los permitidos, de cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo.
