El kirchnerismo impuso su mayoría en la Cámara de Diputados y convirtió en ley, a las 5:30 de la madrugada, el “Pago Soberano de la Deuda”, que establece el cambio del “trustee” o agente de pago de los bonos reestructurados en 2005 y 2010 y les permite a los bonistas canjear sus bonos con ley Nueva York por otros de jurisdicción Buenos Aires o París.

La medida, que aún debe ser promulgada y publicada en el Boletín Oficial, busca un modo en el que el país pueda sortear los problemas que tiene por el bloqueo del juez norteamericano Thomas Griesa, que aunque no embargó los fondos que la Argentina depositó para pagar los bonos del canje, si impidió que el pago se concretara y desató un nuevo default debido a que un grupo de bonistas aún no cobró los intereses que vencían el 30 de junio.

El apuro del oficialismo es porque a fin de septiembre hay un nuevo vencimiento. Con esta ley, el Gobierno intenta que no entren en default también esos bonos, a pesar de que la postura del Ejecutivo es que no hay ningún default porque el pago fue depositado y si los bonistas no cobraron es debido a Griesa y a los fondos buitre y no por un incumplimiento de la Argentina.

El debate en Diputados arrancó ayer pasado el mediodía con una demostración de fuerza del kirchnerismo que sentó a 138 diputados en sus bancas. Es decir, nueve más que el quórum. La votación en general terminó con 134 votos a favor 99 en contra y 5 abstenciones.

A los propios y los aliados habituales se sumaron la ex socia de Raúl Castells, Ramona Pucheta; los dos diputados del Movimiento Popular Neuquino que responden al moyanista Guillermo Pereyra, María Villar Molina y Adrián San Martín; la fueguina Graciela Boyadjian; y Facundo Moyano, de estrecha sintonía con Sergio Massa.

Otro diputado de buena relación con Massa, Martín Insaurralde, estuvo en el recinto junto a su bloque para iniciar la sesión y apoyar la iniciativa. El líder del Frente Renovador, en cambio, llegó al recinto sobre la noche, con el debate largamente iniciado. La UCR, el Frente Renovador, el PRO, el Frente de Izquierda y parte del Frente Amplio Progresista rechazaron la ley y parte de la oposición se abstuvo o se ausentó.

La extensa sesión tuvo momentos ásperos por las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición por la actitud de cada uno respecto a cómo lograr que el país resuelva la situación judicial que mantiene con los fondos buitre. Uno de los enfrentamientos casi derivó en trompadas entre Facundo Moyano y el kirchnerista Carlos Kunkel, y, en otro momento, el diputado del FIT Nicolás del Caño fue agredido por un grupo de gremialistas del SMATA.

Las gradas, llenas de militantes de La Cámpora y la JP Descamisados, entre otras agrupaciones oficialistas, tensaron el debate con abucheos a los discursos opositores y ovaciones para los del Frente Para la Victoria. No faltó tampoco el cancionero kirchnerista. “Dicen que venimos a votar por seguidismo. Venimos a votar y a ganar el debate político como lo hacemos siempre”, los arengó el mendocino Guillermo Carmona.

Al anunciar el rechazo de la su bloque, el radical Enrique Vaquié sostuvo que “la Argentina ya tiene instrumentos para cambiar la sede de pago” y sugirió “convocar a la asamblea de bonistas y militarlos” para lograr el cambio de jurisdicción. La postura de que el Ejecutivo no necesita esta ley para dejar de pagar en Nueva York fue compartida también por el ex ministro y diputado de UNEN Martín Lousteau.

El oficialismo reclamaba acompañamiento. “Es necesario un voto masivo, como lo hubo en la ONU”, pidió el titular de la comisión de Presupuesto, Roberto Feletti. No tuvo éxito.

Por el Frente Renovador, Felipe Solá criticó el proyecto. “Acá se hace como que se paga, pero hasta que no cobren efectivamente los bonistas no está solucionado el problema”, señaló. El bonaerense expuso por qué su sector desconfía de la capacidad de Nación Fideicomisos de instrumentar el pago.

Se le sumó Claudio Lozano. “No existe el tiempo material para que Nación Fideicomisos cumpla”, advirtió. Su bloque, sin embargo, al igual que el Frente Renovador y el PRO, prometió apoyo para el artículo que crea la comisión investigadora de la deuda.

En desacuerdo con el proyecto pero sin intenciones de rechazarlo, la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, había anunciado que se ausentaría a la hora de votar. “Yo no quiero votar en contra y no quiero estar cuando se aplauda esto. Decidí como acto político no estar. Ustedes no tienen derecho a hacernos pasar vergüenza todos los días de su vida”, le reclamó al oficialismo. De las galerías bajaron abucheos.

Por Laura Serra.

En soledad, el oficialismo y sus aliados se aprestaban anoche a convertir en ley en la Cámara de Diputados el proyecto que propone cambiar de jurisdicción el lugar de pago a los bonistas que ingresaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Con esta herramienta, el Gobierno pretende crear un nuevo agente fiduciario, el Nación Fideicomisos, donde desembolsará los 200 millones de dólares correspondientes al próximo vencimiento de la deuda, que se producirá el 30 de este mes.

Con la remoción del Bank of New York (BoNY) como lugar de pago, el Gobierno busca sortear el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, quien frenó el cobro de sus acreencias a los bonistas reestructurados hasta tanto la Argentina llegue a un acuerdo con aquellos que no ingresaron en los canjes de deuda y que litigaron contra el país, los famosos fondos buitre. Para esquivar ese bloqueo, el Gobierno propone la jurisdicción local o la de Francia como nuevos lugares de pago.

Los bloques de la oposición optaron entre el rechazo liso y llano al proyecto oficial y la abstención (ver aparte). Advirtieron que el cambio de jurisdicción no sólo no solucionará el problema de la deuda, sino que podría agravarla en el futuro. En tal sentido adujeron que los bonistas reestructurados podrían convertirse en nuevos holdouts porque el Nación Fideicomisos no cumple con las condiciones del contrato y, por lo tanto, no podrán cobrar sus acreencias. Indicaron, además, que el cambio de jurisdicción es una decisión que le corresponde a una mayoría de los bonistas reestructurados, que bien podría rechazar la sede local de pago. El único punto del texto oficial que la mayoría de los opositores estaba dispuesta a avalar es el de la creación de una comisión bicameral investigadora de la deuda externa. Fue una concesión que hizo el Gobierno en el Senado para captar algún voto opositor, pero sin éxito.

El oficialismo desoyó las críticas y las advertencias opositoras con discursos de fuerte tono nacionalista. Desde los palcos, copados por militantes kirchneristas, llovían los aplausos, que se trocaban en silbidos y gritos cada vez que un opositor cuestionaba el proyecto oficial. Así y todo, la sesión siguió adelante y amenazaba con extenderse hasta bien entrada la madrugada.

Quien arrancó el maratónico debate fue el oficialista Roberto Feletti, presidente de la Comisión de Presupuesto, quien exaltó el apoyo que la Argentina recibió anteayer en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "Nuestro país generó un debate a escala planetaria ante el ataque especulativo contra un proceso de reestructuración de deuda que se viene cumpliendo", enfatizó. Más dura fue la oficialista porteña Mara Brawer. "Da bronca que ante el pedido de nuestra presidenta por la unidad nacional, la oposición nos responda con una mirada especulativa y entreguista", criticó.

"Éste es un momento histórico -exclamó, por su parte, Carlos Heller (Nuevo Encuentro), aliado del oficialismo-. ¡La oposición debería dejar de hacer cálculos electorales y de ser cómplice de los buitres y votar a favor de la patria!"

La oposición criticó la dicotomía "patria o buitres" a la que recurría el discurso oficialista. En rigor, todos los bloques criticaron el fallo de Griesa y a los fondos buitre, pero coincidieron en que el proyecto oficial podría generar nuevos litigios y agravará el problema.

"En el contrato [con los bonistas] se establece que el agente fiduciario esté radicado en Manhattan o Columbia, lo que no sucede con Nación Fideicomisos, que tampoco reúne el capital mínimo de 50 millones de dólares que se le exige. A diciembre pasado, el Nación sólo tenía un capital de 14 millones", advirtió Enrique Vaquié (UCR). En esta misma línea, Martín Lousteau (Sumá +) alertó que la remoción del BoNY como agente fiduciario "podría detonar un nuevo default por decisión de este Congreso", ya que los bonistas reestructurados no podrán cobrar sus acreencias. "El Nación Fideicomisos no cumple con las condiciones contractuales", dijo. Por su parte, Omar Duclos (GEN) calificó de "meramente declarativo" al proyecto. "Enfatiza la voluntad de pago, pero los acreedores no van a poder cobrar y no resuelve el default técnico", resumió.

El único bloque que propuso acatar el fallo de Griesa fue el de Pro. "La Argentina se sometió por voluntad propia a una determinada jurisdicción. Ahora no tiene otra alternativa que acatar [el fallo]; de lo contrario, se colocaría en una situación de incumplimiento y aislamiento", dijo.