Por Sergio Bruni.
En marzo de 2012 expresé mi opinión manifestando el apoyo a la minería desarrollada a través de parámetros ambientalmente sustentables, pero a la vez sin prohibiciones que hicieran ilusoria su explotación.
Esta especie de “cepo minero”, que nos rige actualmente, se trata en realidad de un “cepo cultural” que nos impide iniciar el debate sobre el tema, e impide explotar una potencialidad de cuya magnitud, hasta el momento, no se tiene real dimensión.
No obstante, su evaluación previa nos lleva a afirmar que –junto con el recurso de los combustibles fósiles (petróleo y gas)– sería la mayor fuente de riqueza que posee Mendoza.
Estamos hablando de cerca de 350.000 millones de dólares en metales, de acuerdo con un estudio realizado por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM). Dicho potencial se reparte en unos 20 proyectos que se encuentran paralizados por la norma aludida.
Cualquier debate que parta de posiciones irreductiblemente refractarias no es debate.
Como primera medida, entonces, es necesario generar una transformación del clima en donde esta controversia se desarrolla. Para ello, en este caso, se deberá intentar conciliar el poder de los ciudadanos y de las ONG ambientalistas a defender su derecho al agua y la conservación del medio ambiente, con el derecho del Estado y de las empresas del ramo a explotar los recursos naturales con el cuidado y el control que el plexo normativo establece, teniendo en cuenta que, en general, la acción del hombre –en mayor o menor medida– provoca cierta contaminación.
Se parte de preconceptos tales como: “No se puede instalar la minería porque el Estado no controla o no puede controlar”, o “la megaminería se traslada de los países centrales a los países periféricos porque es expulsada por sus costos ambientales”, o, por la otra parte, que “la megaminería debe establecerse a cualquier costo porque el Estado provincial o municipal demanda recursos para el sostenimiento de un gasto público exacerbado”. Y así es imposible comenzar un debate que se concrete en una síntesis beneficiosa para la sociedad en su conjunto.
Mendoza, en términos de calidad institucional, supera la media nacional. Sin desmerecer al resto de los Estados provinciales y sin dejar de observar ciertas falencias existentes y algunas excepciones no merecedoras de un calificativo positivo, en Mendoza los órganos de control, la participación ciudadana, la actividad de los partidos de la oposición y la labor de los medios de comunicación han dado prueba de ello al momento del tratamiento de un tema tan polémico como el presente.
Existen casos exitosos en la tarea de control, tal cual ocurre con la explotación petrolera en el área de la Laguna de Llancanelo.
Allí, gracias a una ONG ambientalista, la participación del Poder Judicial con limitaciones a la explotación e incorporación de nuevas tecnologías y el control permanente del Estado provincial fue posible que el medio ambiente y la producción petrolera resultaran compatibles.
En materia de recaudación deben reevaluarse pormenorizadamente los cánones actuales: no pueden beneficiar sólo a las empresas mineras, estamos hablando de un recurso natural no renovable y puede representar una fuente importante de ingresos para lograr un desarrollo social y económico, armónico y sustentable, para Mendoza.
Con el fin de no eliminar de cuajo la posibilidad de contar con una industria que puede promover grandes avances, hay que apelar a la racionalidad y el equilibrio, premisas que las pasiones y los extremos destierran.Los valores son los que han hecho de Mendoza una tierra de progreso.
