El jefe comunal de la ciudad de Andalgalá, Alejandro Páez, en manifestaciones radiales, comentó: “Me parece desacertada la visión que ha tenido el juez Cerda en cuanto a lo que ha dispuesto de que Bajo El Durazno se encuentra en el departamento Belén”.
Tal como publicó en forma exclusiva El Esquiú.com, el juez Electoral y de Minas, Guillermo Cerda, había respondido a la requisitoria del bloque del Frente Cívico y Social en la cámara de Senadores de la provincia. En aquella ocasión, Cerda dictaminó que el yacimiento minero de Bajo El Durazno se encuentra ubicado dentro del departamento Belén.
Ante la disputa territorial que se mantiene entre ambas jurisdicciones, desde Radio Ancasti se le preguntó al intendente sobre la información que posee al respecto. “He leído sobre ello, pero me parece una observación un tanto aislada del juez de Minas. Él sabrá que existen precedentes en este tema, del reclamo por Bajo El Durazno y sobre todo, con lo que es la jurisdicción de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio)”, expresó.
Páez ofreció un marco histórico sobre el conflicto: “Hay que remontarse al año 2009, cuando los municipios que integran el departamento Belén habían hecho una presentación ante la Corte de Justicia de la provincia, pidiendo el incremento de regalías y aduciendo que minera La Alumbrera se encontraba allí (...). La Corte tomó como registro lo dictaminado el año 1895, durante la gobernación de Julio Herrera, cuando ya en aquel tiempo decían que no había una división de límites (...). Por lo tanto, se pedía al ámbito legislativo definir de manera certera cuáles eran los límites de los departamentos de Catamarca”. Por ello, la Corte fijó que las regalías mineras fueran repartidas entre Andalgalá y Belén”.
“El decir que el hecho de que este emprendimiento pertenezca a uno u otro departamento será más por una cuestión política que por un manejo certero de documentación y cartografía específica”, finalizó.
En la jornada de ayer, empleados municipales de Andalgalá estuvieron de paro con cortes de rutas paulatinos y manifestaciones dirigidas hacia el intendente Alejandro Páez.
La seccional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Andalgalá estuvo realizando cortes de ruta como medio de reclamo para lograr una recomposición salarial de $2.500 para los empleados entre las categorías 10 y 23.
El delegado seccional, Saturnino Gómez, manifestó que “nunca tuvimos una respuesta por parte del Ejecutivo Municipal, ya que es un intendente que navega sobre el dinero, con mucha plata que tiene de regalías y muchas entradas de dinero”.
“Es una vergüenza que tenga a los empleados municipales con un sueldo básico de 800 pesos, que es irrisorio y en ninguna parte del país hay un sueldo de esa suma”, indicó el sindicalista.
Gómez señaló que, desde la Intendencia, “no tienen la más mínima intención de convocarnos para tratar un aumento salarial que sea acorde al costo de la vida, para darle tranquilidad al sector de los trabajadores municipales”.
Al finalizar, justificó la medida de fuerza: “Esto es lo que nos lleva a hacer este reclamo por una recomposición salarial. Por este medio, le estamos solicitando 2500 pesos al básico, de la categoría 10 a la 23, para que no haya discriminación. No aceptaríamos ningún porcentaje bajo ningún concepto”.
El grupo de vecinos Autoconvocados de Santa María, la Regional Cuyo-NOA de la Unión de Asambleas Ciudadanas y el grupo PRO ECO, solicitaron información a la oficina de Control Minero Ambiental de Santa María sobre el proyecto Bajo El Durazno.
Así lo manifestó Fernando Villalobos, integrante del grupo local, al medio Valle Calchaquí.
Sobre la base de ello, Villalobos señaló: “Me llama la atención la irresponsabilidad por parte del Gobierno, tanto provincial como en sus dependencias, y las oficinas de Santa María, Andalgalá, Belén, Tinogasta, quienes no hacen referencia a la inminente apertura”.
Asimismo, comentó si bien no están en contra de que se abra una fuente de trabajo, sí esperan que se cumplan los pasos que correspondan, enfatizando que a la fecha no obtuvieron respuesta formal.
De igual manera, el vecino apuntó que verbalmente, desde las oficinas de Control Minero, le dijeron que este paso previo todavía no existe. Por tal motivo se les pidió que la respuesta se haga mediante un escrito, aclarando esta situación. “Cuando se hizo el emprendimiento de Agua Rica, se realizó una reunión donde vinieron a explicar de qué se trataba y, en esas circunstancias, el pueblo lo rechazó.
Cuando nos dijeron dónde iban a estar el dique de cola, la escombrera, la planta de procesamiento, fue tajantemente rechazado”, puso como ejemplo. Respecto de la nota enviada en agosto pasado, la misma expresa: “Solicitamos el informe de impacto ambiental y la documentación que pruebe el consentimiento libre, previo e informado de los departamentos cercanos al emprendimiento, ya que en los distintos medios de comunicación se informa de parte del Gobierno, sobre el inminente comienzo de la explotación del proyecto…”. Además, en otro tramo del escrito, dice: “Consideramos que lo solicitado anteriormente se respalda en que no están cumpliendo los pasos previos al inicio de un emprendimiento de tamaña envergadura”.
