AFP Provida, la mayor administradora de fondos de pensiones del país, informó que iniciará acciones legales contra todas las personas, naturales y jurídicas, que fueron sancionadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el marco del caso cascadas.
Según precisó la compañía, esto no excluye nuevas acciones legales que pudieran interponerse en el futuro en contra de otros terceros que pudieran estar involucrados en las operaciones cuestionadas.
“Parte fundamental de nuestra responsabilidad como administradora de fondos de pensiones es proteger los legítimos intereses de nuestros afiliados frente a posibles irregularidades en el mercado que los pudieran perjudicar, como lo hemos hecho siempre. El objetivo de estas acciones legales es buscar que se reparen los perjuicios que pudieran haber sufrido los fondos de pensiones”, aseguró el gerente general de la AFP, Ricardo Rodríguez.
El ejecutivo añadió que “la diligencia y responsabilidad con que las AFP hemos actuado en este caso desde sus orígenes ha sido fundamental para que luego la SVS iniciara la investigación que derivó en las sanciones que conocimos la semana pasada”.
La SVS anuncio la semana pasada que resolvió aplicar sanciones de multa que en su conjunto ascienden a UF 4.010.000 (unos US$164 millones), las más altas cursadas en su historia, en el marco del cierre de la investigación del denominado caso cascadas, de las cuales la mayor es para Julio Ponce que fue sancionado con unos US$70 millones.
Ello, tras constatar una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas por actuaciones y operaciones que tuvieron lugar en el año 2010 -a partir de septiembre- y durante el año 2011.
La SVS multó además a Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica, Roberto Guzmán Lyon, Alberto Le Blanc, Leonidas Vial Echeverría, Manuel Bulnes Muzard, Felipe Errázuriz Amenábar y a Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa.
Antes, cuando una AFP tenía que tomar una bandera de lucha en representación de su sector, ésta generalmente era Habitat.
Hasta ayer. Esto porque Provida, controlada por Metlife, y de paso la mayor administradora de fondos de pensiones del país, informó que iniciará acciones legales contra todas las personas, naturales y jurídicas, que fueron sancionadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el marco del Caso Cascadas.
Según precisó la compañía mediante una comunicación oficial, lo anterior no excluye nuevas acciones legales que pudieran interponerse en el futuro en contra de otros terceros que pudieran estar involucrados en las operaciones cuestionadas.
“Parte fundamental de nuestra responsabilidad como administradora de fondos de pensiones es proteger los legítimos intereses de nuestros afiliados frente a posibles irregularidades en el mercado que los pudieran perjudicar, como lo hemos hecho siempre”, dijo el gerente general de Provida, Ricardo Rodríguez.
El ejecutivo también manifestó que el objetivo de estas acciones legales es buscar que se reparen los perjuicios que pudieran haber sufrido los fondos de pensiones, tal como lo instruyó la semana pasada la superintendenta Tamara Agnic.
El gerente general de Provida destacó además el rol del resto de las administradoras “la diligencia y responsabilidad con que las AFP hemos actuado en este caso desde sus orígenes ha sido fundamental para que luego la SVS iniciara la investigación que derivó en las sanciones que conocimos la semana pasada”.
Sobre el detalle de las acciones a seguir por Provida, fuentes cercanas a la firma confirmaron que por el momento se presentarán demandas civiles, sin embargo aún no existe certeza de las fechas.
El oficio
De esta forma, la administradora también tomó el liderazgo en relación a la respuesta del oficio enviado por la Superintendencia de Pensiones (SP) para que, junto con cuantificar los daños hechos por las sociedades Cascada a los fondos de pensiones, informaran de las acciones legales que seguirán para cumplir con su rol fiduciario.
Sobre las otras administradoras poco se ha sabido. Sin embargo, fuentes cercanas a Cuprum consignaron que en el próximo directorio de la firma se discutirá la eventual solicitud de salida de Julio Ponce Lerou de las mesas directivas de sociedades cascada.
Además, comentaron que ya se encuentran trabajando para responder el oficio de la Superintendencia.
Las mismas fuentes explicaron que la administradora controlada por Pincipal Financial Group no descarta seguir el ejemplo, puesto que “es el mismo oficio el que empuja a tomar acciones legales”. Con todo, trascendió que se encuentran analizando la estrategia que utilizarán.
Desde AFP Capital, controlada por Sura, comentaron que no están analizando otras acciones, puesto que ya habían presentado una demanda indemnizatoria por el daño provocado por las sociedades controladas por Julio Ponce Lerou.
El conflicto tras “quienes resulten responsables”
Una de las principales consideraciones que fueron evaluadas a la hora de tomar acciones legales por parte de las AFP está en que, especialmente para aquellas controladas por extranjeros -es decir, todas menos Habitat-, el “compliance” no es un tema menor.
Por ello, la relación que se mantenga de ahora en adelante con LarrainVial y sus filiales será especialmente delicada. Esto porque a pesar de que ya no operen con la corredora de bolsa, sí lo hacen con la administradora general de fondos, para la inversión que mantienen en el fondo Beagle.
La demanda de AFP Capital
El primer recurso indemnizatorio fue ingresado a tribunales por Capital, controlada por Sura, y persigue una reparación por unos US$ 7 millones.
Fue presentada ante los Juzgados Civiles de Santiago contra Julio Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán, Leonidas Vial y las sociedades controladas por dichas personas en el denominado caso Cascadas. El recurso se fundamenta en "que no se respetaron los estándares de cuidado, diligencia y deberes societarios", dijo la AFP cuando oficializó la demanda.
Defensa de Ponce no sigue con recurso de ilegalidad
Finalmente la defensa del controlador indirecto de SQM, Julio Ponce, no siguió adelante con el recurso de ilegalidad interpuesto en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Ayer la Primera sala de la Corte de Apelaciones informó que el representado por los abogados Raimundo Labarca y Alejandro Parodi, deberá pagar las costas del proceso.
Cabe recordar que anteriormente, la Corte de Apelaciones, en fallo dividido, rechazó la admisibilidad del recurso de ilegalidad presentada por Ponce Lerou contra el regulador, luego de que éste abriera su período probatorio a pesar de que estuviera suspendido el de Roberto Guzmán Lyon.
Consejo para la Transparencia
Uno de los recursos que mantiene atenta a la defensa del empresario es el que guarda relación con su solicitud al Consejo para la Transparencia, el que le otorgó tres solicitudes de información que antes habían sido rechazadas por la SVS.
Sin embargo, éste decidió acudir a la Corte de Apelaciones, de forma tal de no tener que entregar la información, que según Raimundo Labarca, es fundamental para poder ejercer el derecho a la defensa de Ponce Lerou.
De todas formas, trascendió que aunque el recurso finalmente fuera exitoso en tribunales, esto no cambiaría las multas que ya fueron impuestas por la SVS, las que suman un total de US$ 164 millones.
