El reconocido constitucionalista y presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Daniel Sabsay, brindó una ilustrativa disertación sobre derecho ambiental y ordenamiento territorial, oportunidad en la que destacó las virtudes de la zonificación como herramienta para el desarrollo sustentable, en la promoción de actividades económicas. Sabsay explicó algunos aspectos sobresalientes en materia de derecho ambiental, e hizo especial hincapié el ordenamiento territorial y las experiencias existentes.
En cuanto a la zonificación, el abogado puso en valor las experiencias que han utilizado ese mecanismo como herramienta y se refirió específicamente a los alcances de la Ley de Bosque Nativo en Salta.“Los criterios de zonificación nos son independientes sino interdependientes, por lo que un análisis ponderado de los mismos permitirá obtener una estimación del valor de conservación de un determinado sector”, remarcó Sabsay al referirse al ordenamiento territorial y la zonificación como herramientas para el desarrollo sustentable.
El disertante explicó que Argentina posee “muy buena legislación en materia ambiental pero que no se aplica en la mayoría de los casos”. Sabsay insistió en señalar que se adolece de políticas pública a atiendan a ese interés colectivo que representa el ambiente, y remarco la importancia de los espacios de participación ciudadana.En opinión del académico, la participación ciudadana representa un factor determinante en el éxito o el fracaso de una propuesta de promoción del desarrollo, y por ello advierte que es necesario estar informado, debatir abiertamente, y tomar posición con datos certeros.
“El ciudadano puede hacer muchísimo”, sostuvo Sabsay, al tiempo que agregó que la existencia de espacios para participación como las audiencias públicas debe ser valorada y ejercer la plena ciudadanía siendo activos.
Por otra parte remarcó que la información y el conocimiento resultan fundamentales porque “el desarrollo y la protección del ambiente no son antagónicos”. En opinión del académico resulta necesario tener “una visión superadora, porque no se trata de sentarnos a admirar las bellezas naturales, y no crecemos”.
La problemática ambiental, su incidencia en el cambio climático, la preservación de los recursos no renovables y el derecho a vivir en un ambiente sano y sustentable, no parece encabezar el ranking en la agenda ciudadana, sin embargo cuando surge la posibilidad de promover nuevas actividades económicas, surge la preocupación y aparecen las dudas sobre la sustentabilidad de los proyectos.“En cada actividad deben tenerse en cuenta cuáles son las incidencias de tipo ambiental, económico y social que van a impactar en el ambiente y en la comunidad”, sostuvo el doctor Sabsay al tiempo que agregó que “toda actividad productiva que genera una transformación de recursos naturales, genera modificaciones en el ecosistema, y eso evidentemente requiere de diferentes medidas para poder previamente calcular cuáles van a ser los efectos sobre el ambiente y sobre la calidad de vida”
.El aspecto que se destaca es que ante una oportunidad de desarrollo se deben definir los parámetros que hagan la actividad sustentable, y la sustentabilidad se asocia a procesos de evaluación del impacto ambiental, que tiende a ver antes de que se inicie la actividad cuales van a ser los efectos en el medio, tanto ambiental, como social y de ese modo ver, se analiza la factibilidad. En tanto que ante la actividad ya en ejecución lo que deben funcionar son los controles.
En opinión de Sabsay un problema que surge en torno al desarrollo es la carencia de controles, por tanto hay escases de sanciones y eso deviene en el incumplimiento de la Ley.
La disertación del reconocido jurista, abordó también aspectos vinculados a las acciones colectivas, la necesidad de espacios de participación ciudadana, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su interpretación amplia de la legislación.Sabsay recalcó que la legislación regulatoria, tiene por objeto, que se puedan realizar inversiones con una clara visión social y ambiental.
Es así que, en consonancia con lo establecido en la Constitución Nacional, existen leyes menores en distintos distritos del país, que regulan la acción sobre el ambiente y en ese marco se promueve la participación ciudadana en el debate público, la realización de audiencias públicas como metodología efectiva de esa participación y la evaluación de impacto ambiental bajo el estricto control del Estado.De la exposición de Sabsay, se presume quONTe solo políticas públicas sólidas son el eje para garantizar la Seguridad Jurídica, y de ese modo con aplicación de las normas sobre participación ciudadana, propender en forma consolidada a un desarrollo sustentable, en pleno respeto del derecho individual, social y ambiental
.El doctor Sabsay, respondió preguntas ante el nutrido público que asistió a su encuentro en el Aula Magna de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y en la oportunidad, ante el requerimiento de un presente, hizo una reflexión “es necesario que funcionen los controles.
Lo que ocurre es que hay que extirpar la corrupción”, dijo al referir que sin controles no es posible el desarrollo sustentable, que debe existir la ley, los fallos deben ser acatados y las sanciones aplicadas. Sin embargo el académico insistió en que las acciones previas son fundamentales; es decir la participación ciudadana con conocimiento e información, las audiencias públicas y el ordenamiento territorial.
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La invitación al evento se hizo a través de un contacto directo entre el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral con el intendente de Paso de Indios. Cabe señalar que no es la primera vez que se comunican sin intermediarios en el orden provincial, anteriormente Pichiñan asistió a un encuentro en Capital donde se hablo de “la posibilidad de explotación minera en la meseta”.
El foro al que asistirá Pichiñán está organizado por la Fundación Futuro Latinoamericano y apuntará a la reflexión y el intercambio de experiencias sobre los roles y responsabilidades de los gobiernos locales para la gestión de conflictos socioambientales. En este marco, detalla El Chubut busca “abrir un espacio de diálogo regional multisectorial para la identificación de buenas prácticas en la gestión de la conflictividad socioambiental en el ámbito local”.
Además de “identificar elementos de una hoja de ruta de gestión municipal de conflictos, en articulación con otros actores gubernamentales y de la sociedad a nivel local y nacional”.