La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) encabezó acciones contra la minería ilegal en Puno, informó la institución.
En el operativo en localidad de Ancocala se destruyeron 77 motores, 32 “chutes”, 2 retroexcavadoras, una camioneta pickup, así como un generador eléctrico industrial, 36 baterías eléctricas, 2 motos lineales y gran cantidad de mangueras, combustibles y calaminas.
"Participaron más de 750 efectivos de la Policía Nacional del Perú, representantes del Ministerio Público y del Ministerio de Ambiente", señaló Augusto Soto, Alto Comisionado en Asuntos de la Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación.
Asimismo funcionarios del Ejecutivo se reunieron con autoridades locales en el marco de laRemediación Ambiental de la Cuenca del rio Ramis.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) señaló que se ha avanzado adecuadamente en la formalización de los mineros informales, la misma que se halla en la etapa de saneamiento y se extenderá hasta el 2016.
El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, indicó que, en ese sentido, se procederá a publicar las normas para viabilizar el proceso de formalización, que empezó en abril del 2012.
Refirió que esto comenzó con las declaraciones de compromiso de los mineros informales que tenían la voluntad de formalizarse y que suman alrededor de 70,000 a la fecha.
Después había que tener el permiso de una concesión minera y ahí se tienen más de 700 contratos que representan a unos 15,000 mineros.
El tercer paso es llegar a un acuerdo con el dueño del terreno superficial y existen miles de personas que tienen un acuerdo o son propietarios de terrenos, por lo que deben haber no menos de 5,000 personas en esta fase.
"Luego se hace uso del instrumento de gestión ambiental para trabajar de forma sostenible con el medio ambiente y se tienen más de 700 instrumentos ambientales producto de la agrupación de las personas por zonas, por lo que existen miles de mineros en esta instancia", afirmó Shinno.
Añadió que se instalaron ventanillas únicas en 21 regiones del país, a las cuales se les han transferido nueve millones de nuevos soles a fin de que sostengan el proceso de formalización.
"Pasamos a una etapa de saneamiento que durará hasta el 2016, por lo que se procederá a sacar las normas para viabilizar el proceso de formalización", anotó en declaraciones a canal N.
Recordó que el proceso de formalización se inició en abril del 2012 y los mineros informales tuvieron hasta el 5 de diciembre de ese año para inscribirse.
El viceministro sostuvo que uno de los temas que puede generar problemas en esta instancia es la existencia de empresas o personas naturales que poseen concesiones, pero no quieren suscribir convenios de explotación con los mineros informales, por lo que se tienen concesiones ociosas.
"En es sentido, ya tenemos una propuesta normativa para evitar eliminar las especulaciones con ese tipo de cosas", sostuvo.
Explicó que el dueño de una concesión puede cederla para su exploración; pero algunas personas dejan trabajar a los mineros informales, sin un contrato firmado.
"Queremos corregir la legislación y estamos actuando en la fiscalización, pues no es posible que declaren que no tienen actividad minera cuando sí la hay", afirmó.
Refirió que hay casos en los que afirman que los han invadido, pero los supuestos invasores presentan documentos de pago al dueño de las concesiones.
"En ese sentido, le hemos dado información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para intervenir en un posible tema de lavado de activos o evasión de tributos", apuntó.
Los mineros artesanales de la región ya no le creen al gobierno. Tal como manifestó el vicepresidente de la federación de los mineros artesanales de Sandia – Carabaya, León Garrido Cáceres, el último proceso de interdicción fue un engaño donde lo único que se logró fue vulnerar el derecho de aquellos que se encuentran en proceso de formalización.
El dirigente le recordó al gobierno que tras la última huelga a nivel nacional, existe un acuerdo con la región Puno donde se estipulaba que no habría más interdicción hasta que no se resuelva el pliego de reclamos en un plazo que vencio el pasado 12 de julio sin avance alguno.
Garrido Cáceres emplazó al Alto Comisionado que demuestre los resultados de la interdicción minera y si el presupuesto invertido es el mismo que posee la Dirección Regional de Minas para concretar la formalización de más de 80 mil mineros artesanales de todo Puno.
Mientras tanto los dirigentes mineros no descartan volver a protestar, por lo que en breve se reunirán y definirán un fecha para un paro preventivo que afirman será acatado por todos.
"Nosotros estamos de acuerdo con la interdicción pero siempre que se actúe dentro del marco legal", señaló el dirigente minero, León Garrido Cáceres.
