Los recientes descubrimientos de yacimientos recalentaron el cruce preexistente entre el Gobierno nacional y las provincias sobre las regalías, el acarreo y las inversiones. ¿Quién se queda con las ganancias y el negocio más importante del país?
El Gobierno pretende realizar modificaciones a la Ley de Hidrocarburos y cuatro de las provincias petroleras ya levantaron su voz en contra.
Las disidentes Neuquén, Mendoza, Río Negro y Chubut "casualmente” quedaron marginadas de la firma de una refinanciación de los pasivos que benefició a 13 provincias. El viernes 29, los gobernadores llevaron sus quejas a Julio De Vido.
El conflicto que explotó en el seno de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) pone en riesgo de ruptura al organismo y profundiza las divisiones entre el Poder Ejecutivo y varios gobernadores que hasta ayer eran incondicionales.
En el comienzo de lo que amenaza ser una larga disputa política, legal, parlamentaria y mediática, con millones de dólares en juego, los intereses extranjeros y los candidatos en campaña –por supuesto- también ya mueven sus fichas.
El 9 de junio, en Olivos, la presidenta Cristina Kirchner y la plana mayor del PEN (incluido el titular de YPF, Miguel Galuccio), entregaron a los 10 mandatarios petroleros el "Acuerdo general para el autoabastecimiento de hidrocarburos”: un borrador con modificaciones a las leyes vigentes que pretende regular la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales y fijar parámetros comunes para las inversiones extranjeras.
En ese documento, ideado por Galuccio y básicamente pensado para Vaca Muerta, se busca generar un único modelo para todo el país, con los mismos pliegos de licitación en todas las provincias y un sistema más tentador para las compañías dedicadas a la extracción de hidrocarburos no convencionales.
Entre las modificaciones que más ruido les generaron a los gobernadores está la que indica el fin del sistema "carry” o "acarreo” y apunta que las regalías serían la única vía de captación de la renta petrolera para las provincias.
Esto afecta directamente el modelo que llevan adelante varias de ellas que, gracias a la reforma constitucional de 1994 (y la reglamentación de la "Ley Corta” en 2006) pasaron a ser dueñas de sus recursos, lo que les permitió no sólo licitar, sino también asociarse con las empresas extranjeras y recibir un porcentaje de las ganancias.
Otro punto controversial es el que les pone tope a las provincias, tanto por regalías (12%) como por el cobro de Ingresos Brutos (3 por ciento). Además, se terminarían los impuestos municipales
a la actividad petrolera –lo que pone los pelos de punta de muchos intendentes– y el polémico
"canon de ingreso”. A través del famoso "canon” los oficialismos provinciales muchas veces financiaron sus campañas electorales. Se priorizaba a la empresa petrolera que ofrecía más dinero a corto plazo para poder entrar en un emprendimiento que a la que proponía una inversión mayor.
Así fue que una semana después del encuentro en la quinta presidencial, gobernadores petroleros presentaron una contrapropuesta, contemplando algunas de estas observaciones.
El conflicto en ciernes terminó de cristalizarse porque, si bien De Vido buscó acercar posiciones con los mandatarios provinciales, unos días después el Gobierno se reunió con las petroleras y les mostró un borrador prácticamente igual al original, sin tener en cuenta la opinión de los miembros más influyentes de la OFEPHI.
No la tiene fácil el Gobierno, que necesita acordar con los gobernadores para que las legislaturas provinciales adhieran si se llega a sancionar una nueva ley de Hidrocarburos, algo que, teniendo en cuenta el panorama de hoy, sería muy difícil en Diputados y casi imposible en el Senado.
Para los miembros de la OFIPH que no son tan dependientes de los ingresos petroleros las modificaciones de la Ley de Hidrocarburos no representan un grave problema.
Es el caso de Jujuy. Las fidelidades al proyecto nacional como a las provincias que cada uno representa se han puesto en juego. El "partido legislativo”, donde finalmente se definirá el pleito, es el más activo por estos días pese a que el proyecto de modificaciones aún no llegó al Congreso. Entre lealtades, presiones, negociaciones y análisis del escenario político, algunos diputados y senadores prefieren no manifestarse en público sobre su postura; otros, en cambio, ya están mostrando sus cartas abiertamente.
Por su parte, gobernadores aliados y dependientes del Gobierno se encuentran en una encrucijada que los obliga a inclinarse por los intereses provinciales.
Desde la Casa Rosada, el mensaje es muy claro. Y si quedaban dudas, se esfumaron
el pasado 31 de julio, cuando Chubut, Neuquén, Mendoza y Río Negro quedaron fuera de la refinanciación trimestral de las deudas, lo que para 13 provincias representará un ahorro de unos 10.000.000 de pesos al año. Como no apoyan las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, el Gobierno les suelta la mano.
La presión sobre legisladores de todo el país comenzará a ser más fuerte con el correr de los días. Y vendrá desde todos los winnes. No tanto desde los votantes, millones de argentinos que en las próximas semanas serán espectadores de una pelea en la que se escuchará mucho hablar de "autonomías provinciales” y "soberanía nacional”, y de la que participarán los principales actores políticos, como así también los intereses locales y extranjeros que nunca están al margen cuando de millones de dólares se trata.
El Jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich confirmó esta mañana que la provincia de Neuquén será "invitada" a firmar la refinanciación de sus pasivos en un próximo llamado. Según publica el sitio La Política Online, se trata de parte de la negociación del gobierno de Cristina Kirchner con la provincias petroleras para poder sancionar una nueva ley hidrocarburífera.
“Ya hablé con Sapag y va a entrar en la próxima refinanciación”, anunció el jefe de Gabinete, ante el reclamo de la diputada nacional neuquina, Alicia Comelli.
El 31 de julio Cristina refinanció las deudas de 13 provincias y excluyó a las cuatro petroleras con las que por ese entonces peleaba para definir una ley de hidrocarburos: Neuquén, Rio Negro, Mendoza y Chubut.
Con bombos y platillos se lo recibirá el lunes en Mendoza a Miguel Galuccio, el CEO de YPF, luego de meses de tensión y peleas por las modificaciones que quiere introducirle el ejecutivo a la Ley nacional de Hidrocarburos y que las provincias petroleras resisten, o resistían.
Paco Pérez ha preparado un acto de dimensiones para recibir al CEO en el yacimiento La Ventana, inactivo desde el 2003, y que juntos pondrán en funcionamiento. Se trata de un área primaria que estaba concesionada a YPF hasta el 2017, aunque se le prorrogó su derecho de explotación diez años más. La novedad es que esta vez la petrolera estatal tendrá como socio –a razón del 30% de las utilidades- a la petrolera china Sinopec, una de las más grandes del mundo.
Según se adelantó extraoficialmente, la inversión que comprometerá Galuccio a Paco será de unos 300 millones de dólares en 10 años, de la mano de los chinos. Todo esto ocurrirá el lunes, en el mismo yacimiento, y el Gobierno mendocino prepara con cuidado el operativo, poniendo por ejemplo transporte a militantes y periodistas.
Se venía cocinando el acto, al ritmo de las negociaciones que comenzó a entablar hace dos semanas Galuccio y el ministro de Planificación, Julio de Vido, quien fue tanteando uno a uno a los gobernadores de la Ofephi que se oponían con firmeza a las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos. Todo indica que la estrategia dio resultado. A las declaraciones amistosas del chubutense Martín Buzzi, y a la actitud menos conflictiva que muestra ahora el neuquino Jorge Sapag, se suma ahora esta puesta en escena de Pérez con Galuccio.
La intención del CEO es que las provincias se pongan de acuerdo en un esquema de licitación para unificar criterios y que los tan buscados inversores externos que necesita YPF sobre todo para poder comenzar a extraer shale oil de Vaca Muerta se puedan concretar.
Otro paso en la misma dirección se produjo el fin de semana, cuando se informó oficialmente que YPF le pagaría a Mendoza 150 millones de pesos por el mal pago del impuesto a los Ingresos Brutos. A su vez, se especuló con que el acuerdo también incluiría las multas por incumplimiento de la petrolera, a partir del anuncio de una amplia moratoria que lanzó el Gobierno provincial. Sin embargo, esto fue desmentido por el propio Pérez, quien se manifestó conforme con el pago de YPF, pero aclaró que no habrá quita en las multas.
Más allá de los detalles, está claro que al menos Pérez vio satisfechas sus demandas respecto a la nueva Ley de Hidrocarburos, que se sintetizas en un punto muy concreto: desde el principio de la discusión, allá por principios de mayo, planteó que quería que el petróleo pesado, el mayoritario en territorio mendocino, gozara también de los incentivos que se prevén en el borrador para el shale. “Lo otro lo podemos charlar, como el porcentaje de Ingresos Brutos que deben pagar las petroleras, o un punto más o menos en regalías, pero el petróleo pesado es lo que más nos interesa”, había explicado el plena puja el director por Mendoza en YPF, Omar Félix.
El jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, adelantó durante el informe que dio anteayer en la Cámara de Diputados que "en los próximos 15 días", Cristina de Kirchner pondrá una fecha para que Neuquén, Chubut, Mendoza y Río Negro firmen con el Gobierno central la prórroga de las deudas que tienen con Nación.
Los cuatro distritos -Mendoza, con menor intensidad-, al oponerse al proyecto de ley hidrocarburífera impulsado por la jefa del Estado y el titular de YPF, Miguel Galuccio, ingresron en el grupo de los "castigados" y no se les habilitó la prórroga de sus deudas, algo que sí firmaron el 31 de julio otras 13 provincias.
Ese día, la Presidente encabezó un acto en la Casa Rosada, en el que se rodeó de las autoridades de las provincias beneficiadas: Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, Corrientes, Misiones, San Juan, Tierra del Fuego, Tucumán y Chaco.
Durante la sesión del miércoles pasado, y ante la pregunta de la diputada nacional Alicia Comelli, del Movimiento Popular Neuquino, Capitanich aseguró: "Respecto al Programa Federal de Desendeudamiento, son 17 las provincias incluidas. Trece han podido suscribir el convenio y cuatro lo han diferido para una segunda etapa. Neuquén está incluida y no sufre los descuentos correspondientes de coparticipación federal. He hablado con el gobernador Jorge Sapag y estimamos que en los próximos 15 días, acordaremos una fecha con la Presidente de la Nación para suscribir el convenio".
El guiño de Capitanich corre en la misma sintonía que -aparentemente- el fin de la disputa por la nueva ley hidrocarburífera. Los gobernadores "díscolos" ahora esperan la presentación de una nueva iniciativa la próxima semana.
Si de deudas con Nación se trata, Neuquén debe abonar $ 54 millones durante el trimestre -julio, agosto, septiembre-, aunque cuenta con un colchón de ingresos tributarios que le otorga cierta tranquilidad a la hora de afrontar esta disputa con el Gobierno, que amenazó con la quita pero nunca la llevó a cabo.
Chubut tiene una situación menos complicada ya que debe pagar cuatro millones de pesos por mes. En cambio, Mendoza -necesita prorrogar pagos por $ 160 millones durante el trimestre- y Río Negro -obligada a abonar $ 93 millones en los próximos tres meses- aparecen más acorraladas.
El jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, confirmó que la provincia de Neuquén será “invitada” a firmar la refinanciación de sus pasivos en un próximo llamado.
Según publicó el sitio La Política Online, el convenio sería parte de la negociación del gobierno de Cristina Fernández con las provincias petroleras para poder sancionar una nueva ley hidrocarburífera.
“Ya hablé con Sapag y va a entrar en la próxima refinanciación”, anunció el jefe de Gabinete.
El 31 de julio, Nación refinanció las deudas de 13 provincias y excluyó a las cuatro petroleras, entre ellas Neuquén, que se oponían al borrador de la nueva normativa. La medida pareció una reprimenda por la tensión generada entre los mandatarios provinciales y el gobierno nacional.
No obstante, a Neuquén no se le descontó de la coparticipación ese vencimiento mensual de la deuda, que significaba unos 18 millones de pesos.
Por el momento, la provincia no fue informada de la citación para firmar el acuerdo de reestructuración de los vencimientos, aunque se sospecha que podría concretarse una vez que la nueva ley hidrocarburífera se encamine para su aprobación en el Congreso de la Nación.
Plan y plazos
El 30 de junio expiró el último paraguas en los pagos que Nación les concede a las provincias y que, a diferencia de años anteriores, para este su renovación se hará de manera trimestral.
El 28 de abril, la Presidenta y 17 mandatarios sellaron una prórroga de un trimestre en el Programa de Desendeudamiento, que liberó por ese plazo a los ejecutivos de hacer frente a los vencimientos de deuda. La medida les representó un ahorro de cerca de $1.800 millones.
Este plan fue lanzado en 2010 e implicó en su momento un plazo de gracia de un año y medio, hasta el 31 de diciembre de 2011, por el cual las provincias que suscribieron el acuerdo no pagaron amortizaciones de capital ni intereses y acordaron cancelar sus obligaciones en un plazo de 20 años, a una tasa de interés del 6% anual en pesos, lo que implica una quita efectiva del 40% de las deudas contraídas.
La inclusión a este convenio -previa renuncia a viejos litigios con Nación- le permitirá a Neuquén terminar pagando a valores presentes alrededor de 500 millones de pesos de un pasivo original de $2.000 millones.
