El trágico accidente de ocurrido en una mina del proyecto Bonanza, en Nicaragua, volvió a poner de relieve el problema de la minería informal, muy extendida en diversos países de América Latina. El notable aumento que experimentó en los pasados años el precio de los recursos minerales, y sobre todo del oro, potenció la proliferación de mineros artesanales y de explotaciones que se llevan a cabo sin sometimiento al control estatal.

Los efectos negativos para el erario público son evidentes, y también los peligros que de ello emanan para el medio ambiente y para los propios trabajadores, que muchas veces carecen de adecuadas medidas de seguridad, como acaba de verse en el desastre minero nicaragüense.

Diversos gobiernos de la región han emprendido en consecuencia una batalla contra la minería informal. En Colombia, por ejemplo, las autoridades han llegado a destruir maquinaria de minas ilegales, en un intento por poner freno a una actividad que parece desbordarse. Un censo cifró en alrededor de 14.000 las explotaciones mineras en Colombia; de ellas, un 63% no tiene título legal.

Casos diferentes. “Es cierto que hay una expansión de todo el sector minero, pero hay que diferenciar un poco”, indica Wolfgang Kaiser, responsable del programa para Colombia y Ecuador en el departamento de América del Sur de la organización humanitaria alemana “Brot Für die Welt” (Pan para el Mundo). “En eso que se llama minería informal, hay tanto grupos que practican la minería artesanal, tradicional, como personas o empresas que compran retroexcavadoras y comienzan a explotar las tierras sin tener títulos y sin control alguno por parte del Estado”, explica.

Estas “empresas ilegales” a veces llegan a utilizar decenas de máquinas y poco tienen que ver con los mineros artesanales que tradicionalmente se han ganado así la vida. Pero también hay personas que, en vista de alto precio de los minerales, empieza a trabajar en la minería artesanal sin resguardar el medio ambiente, lo cual crea numerosos problemas y conflictos locales.

Formalización vs. prohibición. “El problema con la minería artesanal y tradicional es que frecuentemente los gobiernos pretenden prohibir estas actividades, en lugar de buscar maneras de formalizar este sector, de mejorar su actividad con nuevas tecnologías que causan menos daños ambientales y menos daños a la salud”, dice Wolfgang Kaiser, apuntando que se requiere también otra forma de gestión y otra forma de monitoreo de estas actividades.

A su juicio, la prohibición no es una solución, porque para muchas personas es una fuente de ingresos mucho más atractiva que el trabajo en el campo. “Si no existen alternativas de trabajo dignas, creo que va a continuar la minería ilegal. Por eso creo que una formalización es mucho mejor que una prohibición y la persecución de esas personas”, afirma Kaiser.

Campaña peruana. El gobierno de Perú llevó a cabo una campaña para formalizar estas actividades. Pero las protestas que protagonizaron mineros informales para pedir la ampliación del plazo derivaron en ocasiones en violencia, como ocurrió en la zona de Madre de Dios, donde se produjeron graves enfrentamientos con la policía en abril.

Según el gobierno peruano, unos 70.000 mineros ilegales ya están ya camino de la formalización. Eso representa un porcentaje considerable, teniendo en cuenta que en la minería informal trabajan cerca de 100 mil personas, según un informe de la Defensoría del Pueblo.

Wolfgang Kaiser destaca la importancia de que los Estados velen porque se cumplan las leyes y porque la riqueza generada por la minería favorezca a los países. Pero, en su opinión, es grande el riesgo de que se trate por igual a las empresas mineras ilegales y a los mineros artesanales tradicionales: “Creo que es importante hacer entender a las sociedades en América Latina que hay que diferenciar ambas cosas”.