Por Gustavo Ybarra.
Ni las amenazas de recurrir a la Justicia del grupo de 6 centrales empresarias y comerciales del país (G-6) ni las advertencias de todos los bloques de la oposición sobre la discrecionalidad de los "superpoderes" que delegará en la administración kirchnerista para intervenir en la economía detuvieron el avance del oficialismo, que aplicó ayer su mayoría en el Senado para aprobar el controvertido paquete legislativo que intenta regular las relaciones de consumo y producción.
Tras más de cuatro horas de debate que terminaron en plena madrugada, el oficialismo aprobó por un margen holgado, en votaciones gemelas de 38 votos a favor y 27 en contra, la creación del Observatorio de Precios y las modificaciones a la ley de abastecimiento.
La creación de un nuevo fuero judicial para atender reclamos de usuarios y consumidores, en tanto, tuvo otra recepción: recibió el apoyo con objeciones de la UCR y fue aprobada con 53 votos a favor y 11 en contra.
El debate se centró en las amplias facultades que los dos proyectos más controvertidos delegan en el Poder Ejecutivo, como intervenir en la cadena de formación de precios, establecer cantidades y límites de producción, fijar márgenes de ganancias y aplicar multas millonarias y sanciones de clausura a las empresas que no cumplan con sus disposiciones.
"Estamos por votar una ley de abastecimiento con medidas de apriete y extorsión que terminan de la peor manera", alertó el radical Luis Naidenoff (Formosa).
Más duro aún fue el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), que calificó de "confiscatorios" e "inconstitucionales" los cambios a la ley de abastecimiento y comparó al actual secretario de Comercio, Augusto Costa, con su antecesor en el cargo, el polémico Guillermo Moreno. "Éste es un Moreno ilustrado", acusó el legislador en dirección al joven funcionario de La Cámpora.
El oficialismo centró la defensa del paquete legislativo en la necesidad de hacer operativos los derechos que el artículo 42 de la Constitución reconoce a los usuarios y de poner "equilibrio" en la relación entre los consumidores y las grandes empresas con poder de fijar precios en determinados sectores del mercado.
"Ésta es una ley que viene a prevenir y a evitar posiciones de abuso dominante en el mercado", explicó Pablo González (Santa Cruz), miembro informante del oficialismo.
En esa línea, el legislador kirchnerista reivindicó el papel intervencionista del Estado. "Nosotros no creemos en la mano invisible del mercado, que nunca ha solucionado nada", dijo.
Por último, González rechazó los malos augurios de la oposición con el argumento de que, al excluir de sus alcances a las pymes, el universo de aplicación de la norma será mínimo. "El 99% son micro, pequeñas y medianas empresas y están excluidas de esta ley; por lo tanto, estamos hablando del 1% de las empresas del país", afirmó.
Sin embargo, el discurso oficialista no logró despejar las dudas y prevenciones opositoras.
"Hay que preguntarse si hay voluntad de trabajar para los usuarios y consumidores o si la intención es tener una herramienta para juntar poder para legitimar conductas patoteras", alertó Gabriela Michetti luego de recordar los métodos de intervención económica aplicados en la época que Moreno conducía la Secretaría de Comercio.
Al igual que lo hicieron las centrales comerciales y empresarias del G-6, varios legisladores destacaron que varias de las facultades reclamadas por la administración de Cristina Kirchner violan derechos garantizados por la Constitución.
"Este proyecto deja tipos penales abiertos. El señor secretario podrá dictar una norma penal sin que haya un tipo penal; esto no es menor, es profundamente grave", advirtió Oscar Castillo (UCR-Catamarca).
Su correligionario Naidenoff cuestionó los alcances de las sanciones contempladas en la modificación de la ley de abastecimiento. "Nadie puede por su sola voluntad clausurar preventivamente un comercio, esto viola el derecho a la defensa", destacó.
Por su parte, Gerardo Morales (UCR-Jujuy) rechazó enfáticamente el hecho de que la iniciativa obligue a las empresas sancionadas a pagar las multas antes de poder recurrirlas en la Justicia. "Eso es, lisa y llanamente, denegación de justicia", dijo.
ARANGUREN SE SUMÓ A LAS CRÍTICAS
El presidente de Shell Argentina, Juan José Aranguren, opinó ayer que el proyecto de reforma a la ley de abastecimiento no respeta el espíritu de la Constitución, y consideró que la iniciativa merece "un debate amplio" y no sólo ser aprobada "con una mayoría simple en el Congreso".
"Lo importante es ver si esta ley es constitucional, tenemos que ver si respeta el espíritu de la Constitución", dijo Aranguren, quien estimó que viola el artículo 14 de la Carta Magna, que establece "un principio de libertad de comercio", y el artículo 19 de "protección de la propiedad privada".
El kirchnerismo no tuvo problemas ayer a la madrugada (alrededor de las 4.30) para aprobar el paquete de proyectos para modificar la Ley de Abastecimiento de Defensa del Consumidor y crear un fuero especial en la materia. El trámite más engorroso a esa hora, cuando el Senado venía de más de 15 horas de sesión tras haber aprobado el cambio de domicilio para el pago a bonistas, fueron las explicaciones que dio el oficialismo de una larga lista de modificaciones de último momento que los funcionarios de Axel Kicillof redactaron en el Ministerio de Economía y luego bajaron al Senado, donde el oficialismo no las recibió con el mejor humor.
El debate más aspero fue, sin duda, el que tocó a la ley que regula las relaciones de producción y consumo con modificaciones a la Ley de Abastecimiento. Éste era el punto más resistido por la oposición y que generó el repudio y los comunicados de empresarios que amenazan con ir a la Justicia para pedir la declaración de inconstitucionalidad.
Está claro que, lejos de estar garantizada su utilidad, esta ley, cuando termine su trámite en Diputados, está llamada a generar un largo paseo de los abogados del Estado por tribunales.
Entre las modificaciones que se introdujeron en el recinto están las conocidas y otras que Economía hizo llegar a último momento.
Además de excluir a las pymes del alcance de la ley, como ya se había anunciado, se eliminó la posibilidad de clausurar definitivamente una empresa y se fijó que "en caso de la obligación de producir a pérdida, se le pague una compensación justa y oportuna".
En cuanto a la creación del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo se fijó que intervendrá en los reclamos "de derechos individuales" de consumidores cuyo monto "no exceda" al de 55 salarios mínimos.
La iniciativa también crea la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo, Para esto, se establece la creación de ocho juzgados de primera instancia y una Cámara Federal y Nacional de Apelaciones.
La puntana Liliana Negre de Alonso fue una de las mas críticas de ese paquete al afirmar: "Se le dan facultades judiciales a un órgano administrativo", en referencia a la Secretaría de Comercio.
