Por Paula Lugones.

Los fondos buitres emitieron cuatro citaciones a compañías del empresario kirchnerista y zar del juego Cristóbal López, con sede en Nevada, y estiman que están "en el comienzo de un camino de millones de dólares" desviados por el gobierno argentino.

Así lo informó hoy el principal grupo de presión a favor de los fondos buitres, la American Task Force Argentina (ATFA), a través de su director, Robert Shapiro, y el abogado del fondo NML, Robert Cohen, en una teleconferencia en la que participó Clarín. Las empresas están relacionadas con los hidrocarburos y el juego, señalaron, y estiman que podrían reunir bienes por más de 65 millones de dólares. Agregaron que también abrieron otros recursos legales contra 18 bancos, pero no quisieron precisar cuáles.

Paul Singer, titular de NML, ya está investigando bienes de Lázaro Báez y ahora intentando abrir la misma vía legal en base al fallo "discovery" para determinar si las empresas de López esconden bienes o dinero de los Kirchner. Si eso se demuestra, podrían ser embargados como parte de pago de lo que se les adeuda a los buitres.

Shapiro, además, fue enfático en desmentir que los holdouts estén investigando los movimientos financieros de Florencia Kirchner, que vivió en Nueva York mientras estudiaba cine. "No hicimos nada, es completamente inexacto", señaló. Y sugirió que la información fue plantada por el gobierno argentino para victimizarse.

En otro tramo de la conferencia, revelaron que el secretario de Finanzas, Pablo López, y la embajadora en los Estados Unidos, Cecilia Nahón, fueron al consulado argentino en Nueva York para "participar en una reunión con inversores", a quienes le expusieron el proyecto que se esta debatiendo en la argentina sobre el cambio de jurisdcción de pago de la deuda.

Por Silvia Pisani.

Los llamados fondos buitre afirmaron que irán tras el empresario kirchnerista Cristóbal López y anunciaron que harán "todo lo posible" para impedir que se lleve a la práctica el plan del Gobierno para cambiar la sede de pago de los bonos en default, y que eso incluye denunciar a quienes intenten sumarse a la iniciativa.

Para Robert Cohen, uno de los abogados del fondo NML, "debe estar muy cerca" la posibilidad de que la Argentina sea declarada "en desacato" por el juez Thomas Griesa, y advirtió que eso "es lo peor que le puede ocurrir a un país que tiene litigios en los tribunales de Estados Unidos". El Gobierno actúa como si no le importara. Pero ser declarado en desacato "tiene enorme impacto en cómo los tribunales escuchan un pedido de apelación, o puede llevar a que, directamente, no quieran escucharlo", dijo Cohen, tras recordar que la Argentina tiene otros casos en esa jurisdicción.

En una presentación organizada por la American Task Force Argentina (ATFA), el principal grupo de presión a favor del pago a los holdouts, Cohen dijo también que el desacato puede implicar "sanciones de todo tipo, incluidas las económicas".

Días atrás, el juez Griesa rechazó el pedido del fondo de Paul Singer para declarar en desacato a la Argentina porque consideró que una medida de ese tipo "no ayudaría" a alcanzar un acuerdo de pago. "Lo que pasa es que, hasta ahora, Griesa tuvo esperanza de que la Argentina buscara un acuerdo. Pero está visto que no es así y que eso está cada vez más lejos. De modo que no dudo en que pronto no habrá razones para que no se declare" el desacato judicial, explicó.

La presentación fue montada para anunciar una serie de demandas contra López en los tribunales de Nevada. "Sabemos que este hombre fue premiado en los negocios por el matrimonio Kirchner", dijo Cohen. En una estrategia similar a la que llevan a cabo con el empresario Lázaro Báez, se mostró confiado en que esa pesquisa judicial "lleve pronto a identificar millones de dólares" en fondos públicos que, en su caso, pretende "rescatar" para el pago de la deuda de su cliente. Algo que aún está lejos de lograr en los tribunales.

Cohen negó, además, que el fondo de Paul Singer estuviera investigando con similar fin a Florencia, la hija de la presidenta Cristina Kirchner, como publicó LA NACION días atrás. "No hemos hecho presentación alguna", aseguró Cohen. El autor de la nota ratificó, sin embargo, que la investigación a la hija presidencial existe y que tiene documentos probatorios al respecto (ver aparte).

Sobre el proyecto para cambiar la jurisdicción y permitir el pago a los bonistas reestructurados al margen de lo que opine Griesa, el abogado advirtió que harán "todo lo posible" para impedir que se lleve a cabo y que eso incluye denunciar a quienes quieran sumarse. "Tanto los bonistas como las entidades" que quieran sumarse "deben saber que están en riesgo" de ser denunciados por desacato ante la justicia norteamericana, advirtió Cohen. "Y ésa es sólo una de las herramientas a las que apelaremos para impedir que se burle el fallo", añadió.

La conversación transcurrió al mismo tiempo en que el secretario de Finanzas, Pablo López, se reunía con tenedores de deuda en el consulado argentino en Nueva York. "No hemos sido invitados y la única razón por la cual no hay tratativas con la Argentina es porque el Gobierno no quiere conversar", dijo Robert Shapiro, de ATFA.

En igual sentido, Cohen dijo que de momento "no hay ninguna conversación" con entidades financieras supuestamente interesadas en comprar sus bonos de deuda. "De haber algún interés, por supuesto que escucharíamos. Pero, dadas las circunstancias, no sólo no las hay, sino que dudo que las haya", dijo.

LA INVESTIGACIÓN SOBRE FLORENCIA KIRCHNER

Representantes del fondo de inversión NML Capital y del grupo lobbista American Task Force afirmaron ayer que es "completamente falso" que investiguen a Florencia Kirchner. "No se ha enviado ninguna citación en la que esté mencionada, o que tenga que ver con ella", señaló el abogado del fondo, Robert Cohen. "No sabemos de dónde viene esta información, pero sospechamos que es una historia plantada por el Gobierno para hacer lucir a nuestra investigación indecente." la nacion ratifica que los expertos contratados por NML investigan a la familia presidencial, incluida Florencia Kirchner. la nacion no publicó que se haya enviado una citación judicial sobre ella, pero los investigadores acumulan documentos sobre la hija de la Presidenta, cuyas copias obtuvo la nacion de fuentes de NML.

Por: Carlos Burgueño.

La Argentina ratificó ayer que la única oferta a los fondos buitre es la reapertura del llamado de 2010, confirmando además que esta eventual operación ya está vigente desde el año pasado y disponible para los acreedores que quieran aprovecharla. Los fondos buitre volvieron a rechazar la invitación y ratificaron que la única alternativa que tiene el país, para ellos, es la liquidación al contado de los u$s 1.660 millones que, según el fallo de Thomas Griesa, la Argentina les debe. Así, sin acuerdo, terminó ayer la reunión en el bufete de Daniel Pollack, que, de hecho, fue organizada de manera "no oficial", y sólo para mantener a las partes en contacto. Para muchos podría ser incluso la última versión del proceso de negociación que el "special master" aún está llevando adelante por mandato del juez norteamericano. Al encuentro de la oficina de Pollack en Park Plaza no concurrieron funcionarios argentinos, sino los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman. Por el lado de los fondos buitre, concurrieron Robert Cohen (NML Elliott), Stephen Poss (Olifant) y Roy Englert (Aurelius). Según fuentes de los abogados, el encuentro en el despacho de Pollack fue el más corto de todos los que organizó el norteamericano (sólo duró 20 minutos) y no tuvo carácter oficial. El mensaje del "special master" es que ahora todo dependerá de la audiencia que comandará Griesa el próximo miércoles 10 de septiembre.

Para ese encuentro los fondos buitre amenazan con ir con toda la artillería posible para lograr dos decisiones del juez: el embargo de los u$s 539 millones del pago del bono Discount que aún están en una especie de limbo en las cuentas del Bank of New York Mellon (BoNY) y la declaración de "desacato" contra el país. Según las especulaciones del estudio CGS&H, Elliott, Olifant y Aurelius no conseguiría ninguno de los reclamos. El primero porque aún Griesa no tendría decidido dar el paso más importante para terminar de demoler los muy débiles puentes que unen a la Argentina con el tratamiento institucional del "juicio del siglo". Especulan los abogados que el juez es algo consciente de lo que desataría la decisión de aplicar sin más la cláusula "pari passu" sobre el dinero girado por la Argentina, y aún parece confiar en que podría haber una salida negociada entre las partes. En el caso del "desa-cato", Griesa sabe que debería esperar a que el proyecto de ley de reestructuración de deuda argentina que cambia el domicilio de pago de Wall Street a Buenos Aires y París esté aprobado y reglamentado. Esto ocurriría en la tercera semana de septiembre, con lo que el juez no tendrá esta nueva ley en ejecución para la audiencia del miércoles próximo. Obviamente sí declarará nuevamente su ilegalidad y volvería con las amenazas habituales.

En ese acto lo que se espera además es algún tipo de definición del juez neoyorquino sobre la situación del Citibank y la alternativa de pagar los vencimientos que debe ejecutar ese banco "por única vez" en tiempo y forma.

Ayer, a través de una teleconferencia convocada por la American Task Force Argentina (FTTA), un grupo lobbista financiado por el dueño del fondo buitre Elliott -Paul Singer-, Robert Cohen aseguró desde Nueva York (antes del encuentro con Pollack) que el proyecto argentino de Pago Soberano de la deuda constituye una "descarada violación" a las sentencias dispuestas por Griesa. En una comunicación de aproximadamente 50 minutos en la que el presidente de ATFA, Robert Shapiro, habilitó preguntas, Cohen aseguró que NML tomará los "pasos correctos" para evitar la aplicación de ese "plan".

"Es una descarada violación de las sentencias de la corte (de Nueva York) que prohíbe el cambio de mecanismo y el juez específicamente dijo que sería ilegal y que no debería suceder. La Argentina ha elegido ignorar eso y nosotros tomaremos los pasos correctos para asegurarnos de que el plan no se implemente y que terceros no sean declarados en desacato", según Cohen, que advirtió además que aquellos que acepten el nuevo esquema de cobro podrían entrar en "desacato" o "poner en riesgo sus actividades".