El gobierno respondió a una de las dos reclamaciones presentadas por HidroAysén, luego que el Comité de Ministros -presidido por el titular de Medio Ambiente, Pablo Badenier- revocara el permiso ambiental del proyecto de Endesa y Colbún.
A través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la autoridad apuntó a una supuesta contradicción entre lo que han planteado altos directivos de las empresas dueñas del proyecto frente a lo que dice el escrito de apelación al Tribunal Ambiental de Santiago, en el cual HidroAysén acusó de ilegalidad, discriminación, abuso y trato arbitrario de la instancia interministerial.
“¿Quién entiende a HidroAysén?, ¿qué pretende con esta reclamación?”, dice el escrito del SEA, que luego cita declaraciones públicas de dos directivos emblemáticos de las empresas socias: el consejero delegado de Enel, Francesco Starace, y el ex presidente y socio de Colbún, Bernardo Matte.
En su escrito, el gobierno recuerda una entrevista al diario La Tercera, en la cual el titular de Enel expresa: “Entiendo que este proyecto no les gusta a los chilenos y no se puede hacer algo en contra de un país (...). Nunca se puede construir en contra de la población. Si se piensa que sí, se es loco”.
Luego, expone una entrevista realizada por PULSO al ex titular del de la eléctrica del grupo Matte, donde señala: “Con o sin resolución del Comité de Ministros, Hidroaysén está parado y va a seguir parado” y añade que para construir las centrales en Aysén “se requiere un consenso político y social”, el cual a su juicio “no existe”.
Otro elemento que consignó el gobierno, y que también procede de la interna de HidroAysén, es la declaración pública del 11 de marzo de 2014 en la cual crítica duramente el actuar del Comité de Ministros del gobierno de Sebastián Piñera.
En ese documento de prensa, que también fue enviado al Tribunal Ambiental, la compañía lamenta la “desprolijidad y retraso injustificado del Comité de Ministros, pero al mismo tiempo reafirma que el desarrollo del potencial hidroeléctrico de los ríos del sur de Chile requiere ser parte de una política energética de Estado con la participación de diversos actores”.
Frente a esto, el gobierno plantea la contradicción, señalando que por una parte se expone que el desarrollo del potencial hidroeléctrico debe formar parte de la política energética del Estado, a través de un acuerdo con todos los actores interesados, pero al mismo tiempo, añade el SEA, insiste en reclamar la ilegalidad de la actuación del comité y definir judicialmente la viabilidad del proyecto.
“No comprendemos la actuación de HidroAysén. La compañía ha obrado de una forma total y absolutamente contradictoria (...). No creemos que esto sea por simple error de quienes sustentan sus posiciones jurídicas, sino que derechamente esgrimen argumentos que no fueron debidamente expresados en sede administrativa”, afirma el abogado del SEA Carlo Sepúlveda, en representación del director ejecutivo del servicio, Jorge Troncoso.
En relación a la crítica de la empresa en relación a que el actuar de los ministros fue discriminario, el gobierno también recogió el guante.
“Negamos cualquier tipo de trato discriminatorio al responsable de HidroAysén. Y es que éste se olvida que nunca en la historia del SEIA habían ingresado 35 recursos de reclamación contra una misma RCA, sumando más de 900 observaciones reclamadas (...) esa sola diferencia impide tener un elemento de comparación verosimil a cualquier otro proyecto “, puntualiza el gobierno, quien añade que no existió ningún vicio de ilegalidad al anular la decisión tomada por la administración Piñera.
