EL GOBIERNO ha enviado a trámite legislativo un proyecto de ley para capitalizar en US$ 4.000 millones a Codelco. La empresa estatal enfrenta desafíos operativos importantes y también requiere recursos para impulsar proyectos estructurales necesarios para mantener su relevancia en el mercado internacional. De este monto, US$ 3.000 millones provendrán de emisión de deuda del Tesoro Público, mientras que los US$ 1.000 millones restantes corresponderán a excedentes de la empresa.

Lamentablemente, la fórmula de la capitalización ha terminado imponiéndose, casi de manera transversal, ante la ausencia de autoridades o dirigentes políticos que promuevan fórmulas alternativas para inyectar recursos a la corporación. Pero el problema adicional es que tampoco se establecen metas concretas a cambio de este sustancioso aporte fiscal, lo que deja a la administración de Codelco con libertad de acción, pero sin los necesarios estándares de cumplimiento.

Resulta, por cierto, positivo que su nuevo presidente ejecutivo asuma bajo la premisa de que el aporte fiscal no constituye un “cheque en blanco” y, en cambio, anuncie que se abocará a la tarea de cumplir con los planes de producción y contención de costos, pero sería mejor contar con metas y objetivos concretos y previamente establecidos por el accionista, en este caso, el Estado.

Tampoco corresponde asignar a esta capitalización un objetivo adicional y de bastante mayor envergadura, como es la “revitalización de la economía”. Aunque el desarrollo de inversiones pueda servir para levantar la actividad minera, no se le puede pedir a Codelco, ni a ninguna empresa pública, que incorpore el impacto en la macroeconomía dentro de sus criterios de toma de decisiones.