1 Beneficio personal en desmedro del interés social de la compañía

Los controladores de las sociedades cascada atentaron contra el interés social de la compañía para beneficiar al presidente de estas firmas, indica la resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

En palabras del organismo, se estableció la existencia de un “esquema coordinado de operaciones” que benefició directa y económicamente a Julio Ponce, “contra el interés social de las sociedades cascada”.

Con esta conducta Julio Ponce, Aldo Motta y Patricio Contesse infringieron el numeral 1 del artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas. Este artículo prohíbe proponer modificaciones de estatutos, emisiones de valores mobiliarios (acciones), adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social.

Matías Zegers, abogado y miembro del directorio del Centro de Gobierno Corporativo de la UC, asegura que este caso no modifica la percepción de que el interés social es el primer foco de las sociedades anónimas y que en las compañías que cotizan en la Bolsa esto es más relevante, porque son agentes del mercado de valores.

Sobre los múltiples roles que puede tener una misma persona en una sociedad, el jurista dice que esos roles generan conflictos de interés, que no son necesariamente malos. “La ley no sanciona conflictos de interés; lo que dice es que si usted tiene un conflicto de interés, tiene que resolverlo adecuadamente”, precisa.

2 Mal uso de las operaciones con partes relacionadas

La ley autoriza las operaciones con partes relacionadas siempre y cuando contribuyan al interés social de la firma y se ajusten al precio, términos y condiciones del mercado al momento de su aprobación.

La SVS explica que entre 2008 y 2011, las cascadas hicieron operaciones de financiamiento e inversión para dejar disponibles paquetes accionarios de estas sociedades, los que posteriormente se remataron en el mercando. En una etapa posterior estos títulos se recompraban por parte de las sociedades cascada a precios mayores de su venta inicial, lo que, según el organismo, benefició a Julio Ponce y perjudicó al resto de los accionistas de estas firmas.

¿La razón? Los retornos de dichas operaciones estaban dirigidos a sociedades particulares de Julio Ponce y los sobrecostos derivados del diferencial de precios fueron repartidos con los demás accionistas de las cascadas, señala el organismo.

3 Riesgo en la habitualidad de las operaciones con partes relacionadas

La ley faculta a que si es que son habituales, y cumplen con ciertos procedimientos, las operaciones con partes relacionadas de una sociedad no sean revisadas por el directorio de una compañía.

Matías Zegers estima que esta práctica puede generar un riesgo, pues se podrían realizar “un montón de transacciones que en definitiva pueden ir en perjuicio de la sociedad en general y de los accionistas que no participan de esas operaciones”.

4 Vulnerar la transparencia del mercado de valores al dar más información a unos inversores

Un tema en el que fue enfático el superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, fue en el daño que el esquema de las cascadas causó en los principios básicos sobre los que se funda el mercado de valores: “La fe pública, la confianza, la transparencia y el buen gobierno corporativo”.

El economista e investigador del think tank Horizontal Fernando Medina estima que el caso vulnera la credibilidad del mercado porque tiene asimetrías de información y ocupa estructuras que no estaban prohibidas, pero que eventualmente habrían sido utilizadas estratégicamente para expropiar riqueza a los accionistas minoritarios. “En particular, la información imperfecta, en la estructura de compras y ventas de acciones”, precisa.

“Si los inversionistas creen que el resto tiene más información que ellos, y por tanto se pueden beneficiar del mercado de valores en cuanto a sus decisiones de inversión, en vez de invertir en acciones lo harían en renta fija, por ejemplo”, ejemplifica Zegers.

5 Operaciones bursátiles que desnaturalizan el sentido de las ofertas

La SVS señala la existencia de operaciones bursátiles que involucran a LarrainVial S.A. Corredora de Bolsa y sus ejecutivos, Manuel Bulnes Muzard y Felipe Errázuriz Amenábar, que si bien cumplieron formalmente con las exigencias, “aparentaron ciertas condiciones habilitantes para la realización de estas operaciones, desnaturalizando el sentido de las ofertas en el sistema bursátil”.

Para Zegers, esta es la práctica cuya argumentación es más discutible, pues estima que en la sanción a LarrainVial, la SVS estaría evaluando la intención de la corredora, lo que estima complejo. “Le dice a la corredora: usted cumplió formalmente, pero de fondo no era eso lo que estaba sucediendo”.

A eso del mediodía de ayer, los abogados de Julio Ponce, controlador de la cascada sobre SQM, jugaban sus últimas cartas en la Corte de Apelaciones, con órdenes de no innovar que cuestionaban el período probatorio dictado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). El resultado fue el rechazo de 2 a 1 y sólo tras ello, la SVS procedió a informar a todo el mercado el cierre (de parte importante del caso) de la etapa investigativa que tuvo como resultado una sanción por US$164 millones para 9 de los 15 involucrados en el caso, todos sujetos al castigo -en dinero- más grande que conoce la historia económica de Chile.

Tras poco menos de tres años de investigación -y poco menos de un mes de que el regulador cerrara la etapa probatoria-, la entidad fiscalizadora del mercado local hizo públicas las 700 páginas con las que Julio Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica, hijo del gerente general de SQM; Roberto Guzmán, Alberto Le Blanc, Leonidas Vial, Manuel Bulnes, Felipe Errázuriz y la corredora de bolsa LarrainVial, la más grande del país, eran acusados de haber infringido la ley del mercado de valores, con multas en dinero que partieron en 60.000 (US$2,5 mills.) y llegaron hasta las UF1.700.000 (US$70 mills.); sin perjuicio de nuevas sanciones que el regulador pueda hacer contra el resto de los formulados: Citigroup Global Markets y Linzor Capital, con sus respectivos representantes legales, más Banchile Inversiones y Cristián Araya, ex ejecutivo de la corredora.

El juicio de la SVS

La serie de informes presentados tanto por parte de los formulados no movieron en un ápice el juicio del regulador y que sirvieron para levantar los cargos.

“Del análisis de más de un millón de transacciones bursátiles (ejecutadas entre 2009 y 2011), esta Superintendencia pudo constatar la existencia de una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones, con patrones comunes y reiterados en el tiempo y con el concurso de los mismos participantes, estableciéndose de esta forma la existencia de un esquema coordinado de operaciones”, fue el juicio de la SVS.

Según el regulador, dicho esquema benefició directa y económicamente a Ponce y al resto de agentes que participaron en éste, a través de sociedades relacionadas, vinculadas e instrumentales -como las denominó la SVS-, “todo en desmedro económico y contra el interés social de las Sociedades Cascada, las que, además, tenían otros inversionistas como los fondos de pensiones y fondos de inversión”.

En la ecuación final, según los cálculos de la SVS, el dicho período las sociedades cascada asumieron sobre costo estimado de UF7.352.300 (equivalente a unos US$300 millones con el tipo de cambio actual), mientras la utilidad estimada con dichas operaciones fue de UF3.125.000 (aprox. US$128 mills.) en el caso de Ponce, cifra similar a la que habría obtenido Guzmán; Leonidas Vial habría obtenido UF1.761.000 entre 2009 y 2010 (aprox. US$70 millones), y Le Blanc UF91.800 en 2011 (aprox. US$3,7 millones). 

¿Sirvieron los descargos?

Para efectuar la sanción, la SVS revisó los descargos que presentaron las partes, llegando a conclusiones que, aparentemente, no los beneficiaron.

Por ejemplo, frente a la serie de críticas que hubo respecto de los parámetros de precios de mercado que sirvieron como referencia para identificar dicho esquema (15, 30 y 60 días), el regulador se nutrió de uno de los testimonios de las partes: Juan Carlos Spencer, gerente de la Bolsa Electrónica, quien dijo: “lo que más representa el precio de mercado es el valor de la última transacción realizada en bolsa”.

En base a dicha afirmación, la SVS realizó un análisis utilizando como precio de referencia el precio promedio ponderado del día anterior a la inscripción del remate, dando cuenta igualmente de altos descuentos en las compras de las sociedades relacionadas, instrumentales y vinculadas; y de premios relevantes en sus ventas.

Por otro lado, la defensa de Ponce sostuvo que parte importante de las decisiones tomadas respecto de las inversiones de las sociedades cascada se debieron a los efectos de la crisis subprime, y de la amenaza de la agencia S&P de rebajar la nota a las compañías al establecer un credit watch negativo.

Sin embargo, la SVS, que tuvo acceso a dicho informe, dijo al respecto: “En los distintos informes efectuados por Standard & Poor’s de 10 de septiembre de 2007, 25 de marzo, 27 de junio y 21 de noviembre, todos de 2008, y de fechas 25 de marzo, 27 de abril, 2 de noviembre, todos de 2009, y de 28 de mayo y 6 de diciembre de 2010, dicha entidad clasificadora no hace mención alguna al impacto de la crisis de los años 2007-2009 en la situación financiera de las Sociedades Cascada. “En el período en que las Sociedades Cascada estuvieron al borde del default por la crisis financiera, según la versión de la defensa del Sr. Julio Ponce Lerou, Standard & Poor’s sólo en su informe del 27 de junio de 2008 comunicó al mercado que había puesto en ‘Credit watch’ negativo la clasificación de riesgo del bono internacional de Pampa Calichera, pero no por efectos de la crisis, sino por el aumento significativo de las deudas del grupo controlador”, dice la SVS.

De hecho, en una revisión de las cartas a los accionistas, la SVS constata que Ponce, en calidad de presidente de Norte Grande y Oro Blanco “soslaya de plano la existencia de la crisis financiera”, entregando una visión positiva de dichas compañías al destacar las utilidades obtenidas en 2009, que en Caso de Norte Grande aumentaron 270% anual. En cuanto a Pampa Calichera, Ponce entregó una visión similar a la entregada en su puesto de presidente SQM, señalando “en el complejo escenario económico actual, la solidez financiera de Calichera hace aún más destacable sus logros. Nuestra estrategia de inversión, consolidada en un sector privilegiado debido a su menor exposición a la crisis internacional que hoy afecta a los diversos mercados, permite proyectarnos hacia adelante con confianza”.

El tercer tiempo del Caso

Con las sanciones del regulador se inicia una nueva etapa del caso, esta vez con la SVS en segundo plano y con la irrupción al protagonismo de Moneda y las AFP.

Dichas entidades fueron las más activas en denunciar las irregularidades de la cascada, varias de las cuales esperaban la sanción del regulador para acudir a la justicia con acciones penales y civiles.

Hasta la fecha, Habitat y Moneda presentaron querellas por uso de información privilegiada, entre otros delitos, mientras AFP Capital efectuó una denuncia civil por US$7 millones.

Mientras en Provida “estamos analizando la información que se ha hecho pública y en función de eso definiremos los cursos de acción que correspondan para salvaguardar los intereses de nuestros afiliados”, en Cuprum también se encuentran en dicho análisis, según dijeron fuentes de la AFP a Pulso.

En esta etapa, quien entrará fuertemente a escena será el fiscal José Morales, quien viene investigando la querella madre del caso y a la cual se sumaron los recursos de Habitat y Moneda. Éste tendrá que reconstruir la investigación de la SVS para concluir una investigación que, eventualmente, podría considerar a los directorios de la cascada, no considerados por el regulador a la luz de la fuerte amenaza que supuso la caducidad del “esquema”.