El Senado dio media sanción esta medianoche al proyecto de ley para cambiar el lugar de pago de la deuda reestructurada y revocar el mandato del Bank of New York Mellon (BONY) como agente fiduciario, para ofrecer una alternativa a los acreedores ante las trabas a los cobros impuestos por los fallos del juez Thomas Griesa.

La iniciativa fue aprobada por 39 votos a favor, 27 negativos y 2 abstenciones.

La discusión en el recinto de la Ley de Pago Soberano se inició cerca de las 15 con la exposición del miembro informante por el kirchnerismo, Aníbal Fernández.

Senadores de distintos bloques opositores manifestaron su rechazo a la norma impulsada por el Poder Ejecutivo.

El comienzo del debate se demoró dos horas ante la embestida de legisladores opositores que impulsaron el ‘apartamiento‘ del vicepresidente Amado Boudou como titular del cuerpo, acción que fue rechazada por el kirchnerismo.

El Gobierno necesita un veloz tratamiento y sanción definitiva de la ley antes del 30 de septiembre cuando se produce un nuevo vencimiento de deuda por unos 200 millones de dólares.

La ley en debate faculta al Ministerio de Economía a crear una cuenta en el Banco Central administrada por Nación Fideicomiso, que reemplazara como agente fiduciario al BONY, para depositar el dinero que les corresponde a los bonistas y así abrirles la posibilidad de que soliciten su giro desde Buenos Aires. Esta operación evitaría nuevos bloqueos por parte del juez Griesa.

A fin de obtener mayor consenso el oficialismo incorporó en el artículo 7 del proyecto a Francia como segunda plaza de pago, lo que apunta a atraer el interés de los inversores europeos.

Como cambios adicionales se impulsó en el artículo 12 la creación de una ‘Comisión Bicameral de seguimiento de origen y pago de la deuda externa‘ y la eximición del pago de impuestos sobre los fondos depositados en la nueva cuenta (artículo 14).

Cabe subrayar que Aníbal Fernández remarcó que el dinero en dólares depositado en Buenos Aires será de ‘libre disponibilidad‘ para los acreedores, con lo cual no se verán afectados por los efectos del cepo cambiario.

Fernández defendió el objetivo de la iniciativa oficial a partir de considerar inadmisible la sentencia de la Justicia de Estados Unidos y dirigiéndose a sus pares de cámara los incriminó: ‘Si no votan la ley, acompañan la gestión de Griesa”.

A su turno, la senadora radical por Mendoza Laura Montero calificó el proyecto como ‘inadmisible‘ y se quejó de la actuación del oficialismo porque ‘ahora que estamos con la soga al cuello quieren soluciones mágicas‘ ‘No podemos entender cómo nos han llevado a esta situación y ahora vienen a tratar de responsabilizarnos de ese proceso y a pedir soluciones mágicas para este brete en el que se han metido irresponsablemente‘, remarcó.

A su vez, el senador por la UCR Ernesto Sanz, consideró que resulta innecesaria la aprobación de la ley dado que los principales puntos que impulsa podrían establecerse por decreto.

El senador por UNEN Fernando ‘Pino‘ Solanas cuestionó la inacción del Gobierno desde que se conoció el primer fallo de Griesa.

‘Si el fallo de Griesa es de 2011 ¿qué esperaron durante dos años?, se preguntó el legislador porteño y afirmó que ‘estamos ante una propuesta que cuando el barco se hunde o el enfermo se está muriendo pide salvavidas. Le pide salvavidas al Congreso que difícilmente en estas poquitas semanas lo pueda resolver”.

En tanto, los senadores Juan Carlos Basualdo (Compromiso Federal-San Juan) y Juan Carlos Romero (Frente Popular Salteño-Salta), aliados del massismo, se sumaron a las críticas del proyecto pese a que incorporó una de las propuestas del Frente Renovador, como sumar a Francia como sede de pago.

Por Sebastián Premici-

El Frente para la Victoria (FpV) consiguió la media sanción del proyecto que establece “el Pago Soberano de la deuda exterior”. El oficialismo obtuvo 39 votos afirmativos, junto a la ayuda de sus aliados, contra 27 votos negativos de la oposición (UCR, PRO, Unen, PJ disidente). El senador Aníbal Fernández introdujo en el debate las modificaciones al proyecto original, que incluyen la jurisdicción y legislación francesa como alternativa de pago a los bonistas que entraron al canje en 2005 y 2010 y la creación de una comisión bicameral para investigar la legitimidad de la deuda externa. Desde el FpV indicaron a este diario que tales modificaciones fueron realizadas para convalidar algunos planteos de la oposición. “Toda la propuesta de Massa fue escrita por los fondos buitre. Eso (por la jurisdicción francesa) fue lo único que pudimos rescatar. Y la bicameral es por el pedido de (Adolfo) Rodríguez Saá y (Fernando) Pino Solanas”, explicó Marcelo Fuentes (FpV-Neuquén), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Solanas y Magdalena Odarda (Unen Río Negro) se abstuvieron.

El resto de los senadores de la oposición mantuvieron un férreo rechazo, aunque hubo algunos matices en función de los cambios introducidos por el Poder Ejecutivo. Si bien el radical Eugenio “Nito” Artaza votó en contra, cuestionó el fallo del juez Thomas Griesa y afirmó que lo que está en juego “es un nuevo paradigma que debe discutirse en los foros internacionales”. Sus correligionarios obviaron los cuestionamientos hacia los fondos buitre.

“Francia tiene una normativa contra los fondos buitre, hay normativas puntuales que les impide su funcionamiento. Es decir, tienen prohibido cobrar más que la mayoría de los bonistas que accedieron a una reestructuración. Una persona como Roberto Lavagna se ha cansado de decir que hay que encontrar un lugar de pago para no sufrir embargos. La alternativa de Buenos Aires es una posibilidad”, manifestó Miguel Angel Pichetto, presidente del bloque del oficialismo, al cierre del debate, que duró casi doce horas.

La novedad de la jornada estuvo dada por la formalización de los cambios introducidos por el oficialismo, luego de la reunión que mantuvo la conducción del bloque con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, el lunes por la tarde.

“Instrumentar un canje por nuevos Títulos Públicos regidos por legislación y jurisdicción de la República Francesa, en términos y condiciones financieras idénticas, y por igual valor nominal, a los de los Títulos Reestructurados que se presenten a dicha Operación de Canje; quedando autorizada a tales fines, conforme resulte pertinente, la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales ubicados en la República Francesa en los términos y condiciones de la presente Ley”, puede leerse en la nueva redacción del artículo 7 del proyecto, que también ofrece la posibilidad de emitir nuevos títulos con la legislación y jurisdicción local.

Además del cambio en el agente fiduciario y la posible nueva emisión de títulos para cambiar la jurisdicción, la iniciativa prevé que se depositen “en la cuenta del nuevo fiduciario los pagos correspondientes al 7,6 por ciento de los buitres y holdouts que todavía no ingresaron al canje, quienes podrán acceder a esos fondos si aceptan cambiar los bonos en default desde 2002 por los de la reestructuración de la deuda”.

“El proyecto de ley no soluciona absolutamente nada, a lo sumo pretende buscar tiempo, dilatar la situación, pero creo que podrían haberse creado otros mecanismos”, sostuvo la radical Laura Montero, quien agregó que “el gobierno nacional debería buscar los consensos suficientes, abrirle la puerta al Congreso, convocarnos para buscar una solución por las consecuencias que implicaría el default para el país”. Pero fue el Gobierno quien convocó al Congreso para buscar dicha solución. No por nada fueron incluidas dos modificaciones que surgieron de otras propuestas legislativas.

La senadora del PRO, Gabriela Michetti, esbozó una fórmula similar, incluso “mejoró” la propuesta que había esbozado su jefe político, Mauricio Macri. “El Congreso debería buscar un consenso político y sacar un proyecto de ley que garantice el cumplimiento de la sentencia de Griesa después de enero”, argumentó la legisladora, antes de afirmar que “la excusa de la RUFO es una mentira”.

El sanjuanino Roberto Basualdo se presenta en el Senado como el primer peronista en dar el salto al massismo. Por eso, durante su intervención defendió el proyecto del Frente Renovador.

–Ahora que se incorporó la jurisdicción de Francia, como propone el FR, ¿acompañará la iniciativa? –le preguntó Página/12.

–No, porque así no sirve, hay que votar todo el proyecto junto. A los norteamericanos les gusta el tema de la seguridad jurídica. Por eso nosotros proponemos derogar las facultades delegadas, y crear un instituto de estadísticas creíbles. Además mantenemos el BoNY como sede de pago, ya que es por donde pasa el 70 por ciento de las reestructuraciones del mundo –respondió.

–¿Pero qué tienen que ver las facultades delegadas con la puja con los fondos buitre? –insistió este diario.

–¿¡Pero cómo que tiene que ver!? Acá se hizo todo mal y nosotros queremos dar seguridad. Los cambios no sirven para nada –agregó el sanjuanino.

“El proyecto del massismo fue redactado por los abogados de los fondos buitre, porque sigue manteniendo la jurisdicción de Nueva York y al banco de esa ciudad. Tiene inconsistencias internas, con artículos incompletos y referencias cruzadas imprecisas”, explicó a este diario Marcelo Fuentes (FpV-Neuquén).

El radicalismo votó en contra. El correntino Eugenio Artaza había amagado con votar a favor de la iniciativa del Poder Ejecutivo, pero luego “fue convencido” para acompañar al resto de su bloque. Sin embargo, en su discurso ofreció algunos matices que lo diferenciaron de sus correligionarios.

“Tenemos que dar una señal fuerte tanto al juez como a los fondos especulativos. La Argentina ha demostrado voluntad y capacidad de pago. ¡¿Qué nos viene a decir ahora que si dejamos en la cola a los buitre, como dicen, no habrá inversiones en el país!? Estamos hablando de un nuevo paradigma que debe discutirse en los foros internacionales. No es posible que nos sigan exigiendo seguridad jurídica para estos fondos buitre”, manifestó Artaza, quien también sugirió que el Poder Ejecutivo debería solicitarle a la Corte Suprema de Justicia una declaración de certeza sobre la legalidad del fallo de Griesa.

Con los cambios de último momento para ofrecer la posibilidad de optar por jurisdicción francesa, el Gobierno lograba anoche la aprobación en el Senado de su proyecto para mudar el lugar de pago de los bonos en default y eludir el bloqueo que le impuso el juez neoyorkino Thomas Griesa. La iniciativa, que será convertida en ley la semana próxima, era rechazada por la oposición a pesar de las correcciones que concedió el kirchnerismo, que incluyeron la creación de una comisión bicameral de investigación de la deuda externa desde el 24 de marzo de 1976 a la fecha.

Esas modificaciones al texto original alcanzaron a los artículos 7, 12 y 14. El cambio más sustancial fue el del primero de esos puntos, al que el Gobierno agregó un párrafo para facultar al Ministerio de Economía a “instrumentar un canje por nuevos títulos públicos regidos por legislación y jurisdicción de la República Francesa en términos y condiciones financieras idénticas y por igual valor nominal a los de los títulos reestructurados que se presenten a dicha operación de canje”.

Ese agregado colaboró ayer en la suba de los bonos en dólares, pero no satisfizo a la oposición. Al cierre de esta edición, la UCR, el Peronismo Federal y el PRO tenían previsto votar en contra de la iniciativa oficial, mientras que UNEN se dividía entre el rechazo (por el que optaban Luis Juez y Rubén Giustiniani) y la abstención (en la que se anotaban Magdalena Odarda y Fernando ‘Pino’ Solanas). “Este proyecto intenta que el Congreso lave las responsabilidades políticas del manejo ineficiente del Gobierno”, cuestionó Odarda.

La radical Laura Montero definió a la propuesta oficial como “inadmisible” porque, consideró, el Congreso no puede declarar “ilegal e ilegítimo” el fallo Griesa como establece el texto. Otros opositores, como Ernesto Sanz (UCR) y Jaime Linares (Frente Amplio Progresista), reiteraron su lectura de que el Gobierno no necesita una ley para remover al Bank of New York (BONY) como agente fiduciario y reemplazarlo por Nación Fideicomisos.

Por el kirchnerismo, defendió la iniciativa Aníbal Fernández, quien advirtió que “cumplir con la sentencia de Griesa violaría el derecho argentino” y subrayó que el país “se sometió a la jurisdicción de Nueva York pero nunca renunció a su soberanía”. Además, sobre la creación de la comisión investigadora, el ex jefe de Gabinete aclaró: “No vamos a poder decir que la deuda es ilegítima porque la sola renovación la convalida, pero tenemos que saber qué pasó”.

Fernández denostó además el proyecto que presentó el Frente Renovador de Sergio Massa sobre el tema que, además de la jurisdicción francesa, propone también que los bonistas puedan optar por legislación neoyorkina. “¡Es un espanto! El mundo cuestiona hoy lo sucedido en Nueva York. Cuando en las universidades se curse Cipayismo Uno y Dos, hay que llevar este proyecto para sacarse diez”, ironizó. Esa iniciativa fue defendida en el recinto por el sanjuanino Roberto Basualdo.

Tras once horas de una sesión que había comenzado con duros cuestionamientos al vicepresidente Amado Boudou, el oficialismo confiaba en lograr sobre la medianoche la aprobación de la iniciativa gracias a sus senadores propios y a los tres aliados que lo vienen acompañando estos últimos meses: el correntino José María Roldán, la neuquina Lucila Crexell y la santafesina Roxana Latorre.

Terminado el debate por la deuda, estaba previsto que el Senado se enfrasque en otra discusión álgida: la de la modificación de la Ley de Abastecimiento. Otro proyecto que, a pesar de haber sido sustancialmente modificado por el oficialismo, no seducía a la oposición.