Por ANDRÉS SANGUINETTI.

Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) se convirtió en el primer gran grupo empresario argentino en solicitar ayuda oficial para poder atravesar una grave situación financiera generada por una fuerte caída de su producción y deudas contraídas con el exterior. El holding que comanda Enrique Pescarmona presentó ante la Subsecretaria de Trabajo de Mendoza, donde se encuentra su sede, una solicitud de apertura de procedimiento preventivo de crisis. El argumento fue tener la necesidad de “lograr la sustentabilidad de su negocio”. Las autoridades provinciales aceptaron el pedido, paso previo para que Impsa pueda reducir su planta laboral que actualmente llega a 3.500 operarios.

La semana pasada, El Cronista había anticipado el plan de Impsa para reclamar auxilio oficial. En ese momento, envió una carta a las autoridades provinciales abrir el llamado Procedimiento Laboral en base a lo que marca la Ley 24.013 y el Decreto 2072/94. Como argumentos, expuso que lo hace “con el objetivo de lograr la sustentabilidad del negocio, asumiendo como prioridad la continuidad de la mayoría de los puestos de trabajo, y alineado con las necesidades de producción”.

En ese marco, pidió que dicho procedimiento laboral sea abierto bajo los términos regulados por la Ley 24.013 y el Decreto 2072/94. En el caso de la ley citada, establece que antes de comunicar despidos o suspensiones “por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas”, se debe solicitar la apertura de un procedimiento de crisis”. Tal cual lo que finalmente ocurrió.

El grupo Pescarmona llega a esta situación a pesar de ser uno de los grandes conglomerados argentinos. Sin embargo, en los últimos años fue mudando la mayor parte de sus negocios a Brasil, donde obtuvo mejores contratos, en especial en el negocio de la energía.

En ese marco, en la carta enviada a las autoridades provinciales informó que sus dos plantas mendocinas trabajan al 40% de su capacidad instalada como consecuencia de haber perdido importantes licitaciones de obras energéticas en el país. Se mencionan los casos de Chihuidos, Cóndor Cliff y Anacuá. También se perjudicó por el freno de obras hidroeléctricas y de emprendimientos nucleares. Este combo de problemas afectó su ecuación económico-financiera, que se agravó por la actualidad complicada de los parques eólicos, otra de sus actividades.

Según un cable de la agencia NA, los principales inconvenientes se registran en la Planta II, la unidad de producción principal de Impsa que fabrica componentes de centrales hidroeléctricas y también de aerogeneradores.

Impsa sufre además conflictos con algunos de sus emprendimientos en el exterior. En Brasil, por ejemplo, su subsidiaria Wind Power Energía SA (WPE), fue declarada en quiebra por un juzgado de Pernambuco. Sin embargo, otra resolución dejó sin efecto esta medida permitiendo que la empresa siga operando. El conflicto se había iniciado porque WPE, que fabrica aerogeneradores, no había cancelado una deuda con uno de sus proveedores por 10,6 millones de reales.

Pero en el caso de Brasil, el grupo tampoco tiene chances de equilibrar la inestabilidad local con sus negocios en ese país. La obligación de contar con un socio local del país vecino y de construir plantas le impide usar parte de sus establecimientos y personal argentinos para los planes en el mayor mercado del Mercosur. Además, sufre retraso por el pago de obras realizadas en Venezuela y Ecuador.

Como antecedente también se puede recordar que en junio pasado debió postergar el pago de Obligaciones Negociables (ON) clase VIII y IX emitidas en pesos y dólares. En ese momento, adujo ‘demoras de carácter administrativo‘. Y luego de una semana pagó. En septiembre próximo debe cumplir con el pago de otra serie de títulos. Si Impsa tiene intenciones de apalancar el pago de esta deuda deberá solicitar crédito a un grupo de bancos que, como contrapartida, le reclamarán la puesta en marcha de un ajuste, lo cual implicaría despido de personal.

Actualmente, el grupo negocia con los sindicatos del sector para evitar despidos, aunque los gremios aseguran que la reducción de personal llegaría a, por lo menos 215, puestos de trabajo. Por ese motivo, está pactada para la semana próxima una reunión entre las autoridades provinciales, la empresa y los sindicatos del sector en la sede del ministerio de Trabajo de la Nación. El encuentro será encabezado por el ministro Carlos Tomada, y su par de Industria, Débora Giorgi.

Por Miguel Ángel Flores Isuani.

Después de la primera audiencia de conciliación entre Impsa y la UOM, las gestiones para sostener financieramente a una de las empresas icónicas de Mendoza, en crisis, se aceleran. Al punto que ayer mismo, ejecutivos y dirigentes sindicales firmaron la documentación para elevar a la Nación que justifiquen la llegada de subsidios de Recuperación Productiva (Repro), lo necesario para solventar entre 15% y 20% del salario de más de 1.000 trabajadores de la compañía en la provincia, equivalente a más de $ 2 millones.

No hay tiempo que perder. Por eso, luego de que mañana vuelvan a reunirse las partes en Mendoza, el martes 9 deberá considerarlo (y aprobarlo) la mesa interministerial que a nivel nacional conforman los ministerios de Industria y de Trabajo con la AFIP. Será una ayuda para inyectar a razón de $ 2 mil por cada sueldo, en principio por 3 meses; a cambio de esa dosis de oxígeno, Impsa debe intensificar la búsqueda, con aval oficial y gremial, de proyectos energéticos para reposicionarse y así reactivar el nivel de productividad de su planta en Godoy Cruz, hoy al 40% de su capacidad plena.

“Aceptamos suspensiones pero no queremos despidos. Vamos a presentar diversas propuestas para articular cualquier solución válida, teniendo en cuenta que existe un riesgo empresarial que no debe trasladarse a los trabajadores; es un esfuerzo por un beneficio”, señaló el secretario general de la UOM en Mendoza, Luis Márquez, quien hoy mantendrá un encuentro a puertas cerradas con funcionarios en Casa de Gobierno, previo a la nueva audiencia prevista para mañana jueves.

Si bien el sindicato rechazó el pedido de que se declarara en crisis para justificar un ajuste, Márquez ya mantuvo contactos con el titular de la CGT oficialista, Antonio Caló y con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a fin de facilitar la llegada de subsidios.

En un borrador a presentar el jueves como medidas transitorias, aparecen la reducción de jornadas de 8 a 6 horas, y los turnos diarios, de 3 a 2. Una tercera opción, de ser inevitable ante la falta de asistencia en tiempo y forma, sería recurrir a suspensiones con el pago del 80% de los sueldos.

Entre La Rosada y Portezuelo

Impsa presentó ante la Subsecretaría de Trabajo documentación (balances, situación operativa) que, con visado del gremio, será enviada a Buenos Aires para obtener el Repro. Si bien hay 215 puestos en riesgo de despidos, la presentación, legitimada por la autoridad laboral, incluye el total, o sea, 1.075.

A su turno, el subsecretario de Trabajo, Rubén Boris, justificó la asistencia financiera para todo el personal “porque no es lo mismo para su estructura de costos actual Repro para 200 que para la totalidad. Le daría mucho más aire para buscar obras, teniendo en cuenta que es una empresa importante para la Provincia y el efecto derrame que tiene para muchas pymes”.

Directivos mantuvieron ayer en Buenos Aires una serie de reuniones en la Casa Rosada, en medio de gestiones que ya llegaron al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y la jefa de la cartera de Industria, Débora Giorgi. Cabe recordar que el grupo viene de quedar relegado de la licitación de la obra hidroeléctrica Néstor Kirchner, en Santa Cruz, a manos de capitales chinos, y mientras culmina la represa de Tocoma en Venezuela por U$S 600 millones que no termina de cobrar, tampoco atraviesa su mejor momento en Brasil ni asoman grandes proyectos a corto plazo.

Como lo remarcó el responsable de Relaciones Institucionales, Ismael Jadur, “se está atravesando una verdadera crisis financiera y no es fácil afrontar algún tipo de exigencia”. De ahí que tanto desde el Ejecutivo provincial como en la UOM asuman la necesidad de intermediar para facilitar la adjudicación de obras, con Portezuelo del Viento en la mira.

“Van a continuar gestiones empresariales para buscar obras en distintos países del mundo. Mientras, la condición es recurrir a alternativas para que no haya despidos”, reafirmó Boris.

El caso Impsa es el más resonante, pero no son pocas las empresas que en la misma línea solicitaron acogerse al procedimiento de crisis, con una primera medida propuesta: la reducción del 20% de la jornada laboral. De hecho, de 7 en total, ayer tuvieron su audiencia de conciliación 3 agencias de publicidad, a las que les seguirán esta semana: una clínica privada, otra de servicios de limpieza y una metalmecánica que emplea a 55 trabajadores.

Cartellone sale a la Bolsa nacional y toma créditos en Brasil

En su primera experiencia en el mercado de capitales para financiarse, Cartellone Construcciones Civiles lanza esta semana una primera serie de Obligaciones Negociables (ON) por $ 60 millones a 18 meses. El viernes 5 será la subasta pública para los inversores que, con un mínimo de $ 5.000, podrán cobrar una renta a marzo de 2016, el plazo de liquidación.

Según admitieron desde la compañía, la respuesta del mercado determinará una segunda serie hasta completar $ 120 millones. “Responde a una de las alternativas de financiamiento disponibles, que permitirá bajar el costo que implica la tasa Badlar de un crédito bancario. Los fondos se destinarán a proyectos productivos de infraestructura, del ProCreAr, y a compra de equipos y maquinaria”, dijo el gerente financiero de CCC, Ariel Ludueña.

Paralelamente, Cartellone Do Brasil, una subsidiaria de la firma en Argentina, acaba de contraer dos préstamos con el sistema bancario del vecino país. El monto global, de 2 millones de reales (más de $ 6 millones), según Ludueña, “permitirán financiar obras que la empresa realiza en Brasil”.

Por Carina Luz Pérez.

La falta de producción de la metalúrgica Pescarmona implica un parate en la actividad de otras 600 pequeñas y medianas empresas mendocinas, las cuales son proveedoras directas o indirectas de esa firma.

Por eso, tanto desde el Gobierno de Mendoza como desde los sindicatos involucrados –la Unión Obrera Metalúrgica y la Asociación de Supervisores Metalúrgicos de la República Argentina–buscarán darle una ayuda hasta que lleguen obras importantes como el dique Los Blancos o Portezuelo del Viento, emprendimientos que facilitarían una reactivación de todo el sector metalúrgico.

El lunes se realizó en Casa de Gobierno la primera reunión conciliatoria, en el marco del proceso de declaración de crisis de IMPSA, tras la cual se acordó suspender por ahora los 215 despidos anunciados para bajar la masa salarial, mientras desde el Ministerio de Gobierno se analiza la situación financiera de la empresa que justifique subsidiar el pago de haberes a través del Programa de Recuperación Productiva de Nación, al menos el 15% del total de los sueldos, por uno o dos trimestres. A su vez desde los sindicatos propondrán aceptar suspensiones, vacaciones anticipadas o reducción horaria, con tal de mantener los puestos de trabajo.

Sin embargo, esto no cierra la puerta a los despidos, porque la empresa insiste en que ya utilizó dichos mecanismos preventivos y no obtuvo buenos resultados, por lo cual presentó la declaración de crisis.

El jueves próximo todas las partes llevarán al tercer piso de Casa de Gobierno sus propuestas para intentar evitar la salida de los trabajadores, pero aún no hay garantías de ello. El martes de la semana entrante, el encuentro se replicará en Buenos Aires con los ministros nacionales de Trabajo, de Industria y representantes de la AFIP, ante los cuáles la empresa también deberá explicar con documentos su situación financiera.

Con una producción al 40% de la capacidad máxima de los talleres de IMPSA, escaso éxito en ganar licitaciones dentro del país y una deuda importante en negocios realizados en el exterior, la preocupación de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) es parte del efecto cascada que produce esta situación, ya que en el último año se han perdido más de 1.000 puestos de trabajo, de los cuales por lo menos la mitad tenían relación directa con IMPSA.

Daniel Ros, secretario de Asinmet, explicó a Diario UNO que “lo que sucede en IMPSA nos ha complicado a todos los pequeños empresarios que hacíamos algunas piezas para las turbinas que ellos fabrican. Es una lástima porque esta empresa tiene tecnología única en el mundo y laboratorios muy avanzados para probar la eficiencia de estas turbinas. Por ejemplo, las más grandes tienen una eficiencia en la producción de energía de 97,8% y son más caras que las que usarán para los emprendimientos de Santa Cruz (las presas Cepernic y Néstor Kirchner), que son chinas y tienen el 97, 3% de efectividad. Esos puntos de diferencia representan un ahorro de U$S35 millones en la generación de energía. Sin embargo, en lugar de priorizar la fabricación nacional, se opta por lo que hace otro país, a cambio del financiamiento de China”.

Agregó que durante la presidencia de Lula Da Silva en Brasil, el gobierno brasileño siempre optaba por las empresas nacionales, aún cuando la oferta en la licitación no era tan económica, porque “sabían que esa diferencia le volvía en impuestos por la generación de empleos”.

Hugo González, secretario del gremio de los supervisores metalúrgicos, expresó su desacuerdo con la declaración de crisis de IMPSA, porque “siempre la variable de ajuste son los trabajadores. Cuando en realidad ellos se descuidaron, ya que hacen las mejores máquinas del mundo pero no las pueden vender, porque algunas piezas las tercerizaban, y ahora resulta que esos terceros le copiaron la tecnología –y fabrican más barato–. Tampoco formaron alianzas con otras empresas”.

►Si es declarada en crisis. La empresa Pescarmona podrá abonar el 50% del total de las indemnizaciones de los 215 trabajadores y en 12 cuotas . Tanto de los empleados convencionados como de aquellos no convencionados.

►Si se aplica el repro. Los haberes de la empresa serán pagados en parte por el Gobierno nacional. Se trata del 15% del total de los 1.047 sueldos, que rondan los $15 mil, por la especialización de estos trabajadores. Además, no pagarían cargas sociales y tendrían otras excepciones impositivas.

►Si obtienen los blancos. Podrían paliar en parte su situación financiera, que tambalea desde fines del 2012 según fuentes de la empresa.

La compañía Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) pidió al gobierno de Mendoza que la declare en proceso preventivo de empresa en crisis y ahora busca despedir a unos 215 trabajadores, ante una fuerte caída de su producción y deudas en el exterior.

El pedido fue presentado por la compañía ante la Subsecretaria de Trabajo mendocina y la próxima semana habrá una reunión clave entre las autoridades provinciales, la empresa y los sindicatos del sector en el ministerio de Trabajo de la Nación, en Buenos Aires.

Esa reunión estaría encabezada por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y su par de Industria, Débora Giorgi.

Según la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la compañía ya despidió a unos cien operarios en lo que va del año y ahora pretende cesantear a más de 200, alegando que acarrea inconvenientes financieros.

La empresa informó al Gobierno mendocino que sus dos plantas ubicadas en esta provincia están operando al 40% de su capacidad instalada debido al escaso éxito en ganar licitaciones dentro del país y una deuda importante en negocios realizados en el exterior.

IMPSA cuenta con cinco centros de producción, de los cuales dos están en Mendoza, otros dos en la ciudad brasileña de Suape y el último en Lumut, Malasia; en todos ellos advirtió estar en un momento de crisis severa.

El 12 de agosto último, la justicia brasileña dejó sin efecto la resolución del juzgado del Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, que declaraba la quiebra de Wind Power Energía SA (WPE), la empresa subsidiaria de IMPSA en ese país.

El origen del conflicto surgió cuando la Justicia brasileña decretó la quiebra de Wind Power, la fábrica de aerogeneradores, por una deuda que la compañía mantenía con el grupo Libra, un operador portuario al que la empresa de energía eólica le debía 10,6 millones de reales.

WPE, fuente de trabajo de más de 1.500 empleados directos y 5.000 indirectos allí, llegó a un acuerdo de pago con su acreedor, por lo que la firma continúa operando normalmente a pesar de la incertidumbre que había generado.

En Mendoza, la falta de producción de la metalúrgica Pescarmona implica un parate en la actividad de otras 600 pequeñas y medianas empresas mendocinas, las cuales son proveedoras directas o indirectas de esa firma.

Los principales inconvenientes se registran en la Planta II, la unidad de producción principal de IMPSA dedicada a la fabricación de componentes claves de centrales hidroeléctricas y también de aerogeneradores, en una superficie cubierta de 20.000 metros cuadrados.

Buscan una solución para los empleados

Si la compañía industrial es declarada en crisis, podrá abonar el 50 por ciento del total de las indemnizaciones de los 215 trabajadores y en doce cuotas, tanto para el caso de los empleados efectivos como los contratados.

El objetivo de la admnistración de Francisco “Paco” Pérez es lograr que la empresa acepte aplicar el Programa de Recuperación Productiva de Nación, que aporta el equivalente de al menos el 15 por ciento del total de los sueldos, por uno o dos trimestres.

A su vez, según publicó el diario Uno de la provincia de Mendoza, la Unión Obrera Metalúrgica y la Asociación de Supervisores Metalúrgicos de la República Argentina propusieron una serie de salidas como la aceptación de suspensiones, vacaciones anticipadas o reducción horaria, con la condición de evitar todos los despidos.

Licitación

Estiman en la gobernación mendocina que la empresa propiedad de la familia Pescarmona puede presentarse a la licitación de obras importantes como el dique Los Blancos o Portezuelo del Viento, dado que de ganar el concurso podría reactivar sus centros de producción.