En la víspera del tratamiento en el recinto del proyecto de ley de Abastecimiento, las principales cámaras empresarias nucleadas en el Grupo de los 5 (G6) ratificaron una vez más su profundo rechazo a la iniciativa y anunciaron, ahora sí con todas las letras, que irán a la Justicia si la norma es sancionada. Este malestar también motivó a los industriales a dudar de asistir al festejo que el Gobierno realizará la semana próxima en el predio de Tecnópolis a propósito del Día de la Industria, conmemorado ayer.

Los presidentes de la UIA, Héctor Méndez; de las cámaras de Comercio (CAC), Carlos de la Vega; y de Construcción (Camarco), Gustavo Weiss; de la Bolsa, Adelmo Gabbi; de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere; y de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Jorge Brito, se encontraron en la sede de la central industrial por la mañana para renovar la unión contra el proyecto que busca reinstalar la Ley de Abastecimiento y diferenciarse del documento que, en la misma línea, habían emitido la semana pasada las más de 30 entidades agrupadas en el Foro de Convergencia.

Los empresarios “reafirmaron la importancia de defender los derechos del consumidor” y la “promoción de la competencia”, pero advirtieron que uno de los tres proyectos enviados al Congreso no cumple con esos objetivos, sino que “establece la intervención directa del Estado en la economía y en las empresas, fijando márgenes de utilidad, niveles de stock, canales de distribución, volúmenes de producción y precios, entre otros mecanismos de intervención”.

Insistieron en que estas atribuciones constituyen una “violación de la Constitución Nacional al establecer una delegación abierta al Poder Ejecutivo” y adelantaron que “si prospera, las entidades empresarias confirman su irrevocable voluntad de recurrir a las instancias judiciales, que es a quien corresponde garantizar la efectiva división de poderes que aparece claramente vulnerada en este proyecto”.

Incluso, tal como adelantó este diario la semana pasada, el G6 ya sondeó a algunos constitucionalistas, como Juan Carlos Cassagne, para que analicen la presentación de una Acción Declarativa de Certeza ante la Corte Suprema tendiente a declarar la inconstitucionalidad de la ley.

¿Devaluación?
Los empresarios también repasaron los dichos de la presidenta Cristina Fernández y coincidieron en que se vive un clima enrarecido político y económico. Los rumores sobre una nueva devaluación también fueron tema de debate. Mientras que Gabbi se mostró convencido de que el Gobierno irá por ese camino en breve, el resto consideró que la estrategia será aguantar el mayor tiempo posible antes de volver a depreciar la moneda.

Luego de este encuentro, por la tarde se reunió el comité ejecutivo de la UIA, encuentro en el que Méndez transmitió lo que les había adelantado horas antes a sus colegas de otros sectores: que no tiene ganas de asistir al acto de Tecnópolis porque el clima no lo amerita.
El empresario debería compartir la mesa central con la Presidenta, junto con los presidentes de otras cámaras, como ocurre desde hace varios años. Pero hasta ayer dudaba de hacerlo. De todos modos, asistirán sin dudas los referentes de las varias cámaras que integran la entidad.

Las atribuciones del proyecto de Ley de Abastecimiento "constituyen una violación de la Constitución Nacional al establecer una delegación abierta al Poder Ejecutivo sin cumplir los recaudos constitucionales contemplados en el artículo 76 de la misma".

En un duro comunicado, el Grupo de los 6 advirtió hoy al Gobierno que la iniciativa legislativa implica riesgos "sobre la generación de empleo, la inversión, el crecimiento de la producción y el adecuado abastecimiento" y confirmaron "su irrevocable voluntad de recurrir a las instancias judiciales" en caso de que se convierta en ley.

Formado por los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción, la Unión Industrial Argentina, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina, el grupo consideró que la reforma propuesta a la Ley de Abastecimiento no cumple el objetivo de proteger los derechos del consumidor "sino que establece la intervención directa del Estado en la economía y en las empresas, fijando márgenes de utilidad, niveles de stock, canales de distribución, volúmenes de producción y precios, entre otros mecanismos de intervención".

El denominado Grupo de los Seis que aglutina a las cámaras empresarias más importantes del país advirtió que recurrirá a la Justicia si el Congreso aprueba el proyecto de ley de abastecimiento que impulsa el Poder Ejecutivo, y que se tratará hoy en la sesión del Senado en el recinto.

Los presidentes de la Cámara de la Construcción, la Unión Industrial, la Asociación de Bancos Privados, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural emitieron ayer un segundo comunicado a 24 horas de que comience el tratamiento del proyecto en el Parlamento. El primero había sido diez días atrás, antes de que la iniciativa fuera discutida en el plenario de comisiones. El documento de ayer también fue una forma de salir al cruce de las afirmaciones de Cristina de Kirchner sobre los cambios que se fueron introduciendo en el proyecto original de la ley, tras lo cual la Presidente dijo que a los empresarios "nunca les alcanza nada."

Las entidades reiteraron que el proyecto implica "una violación de la Constitución nacional". Según el comunicado, los dirigentes empresarios "reafirmaron la importancia de defender los derechos del consumidor en forma activa y asegurar su defensa frente a la competencia desleal, para asegurar el funcionamiento correcto del mercado".

En ese sentido, expresaron "la incuestionable necesidad de amparar la defensa del consumidor y la promoción de la competencia, donde el Estado debe ejercer un control eficiente, objetivo y razonable para garantizar la transparencia del mercado".

Sin embargo, las entidades añadieron que uno de los tres proyectos enviados al Congreso , el que se refiere a Relaciones de la Producción y el Consumo, conocido como Ley de Abastecimiento, "no cumple los objetivos" de amparar al consumidor y promover la competencia, "sino que establece la intervención directa del Estado en la economía y en las empresas, fijando márgenes de utilidad, niveles de stock, canales de distribución , volúmenes de producción y precios, entre otros mecanismos de intervención".

Para el G-6, "esas atribuciones constituyen una violación de la Constitución nacional al establecer una delegación abierta al Poder Ejecutivo sin cumplir los recaudos contemplados en el artículo 76" de la Carta Magna.

En ese contexto, los dirigentes empresarios instaron al Poder Legislativo "a tener en cuenta los elevados riesgos que implica esta iniciativa sobre la generación del empleo, la inversión, el crecimiento de la producción y el adecuado abastecimiento".

Pero las entidades también sostuvieron, en caso de que la iniciativa prospere, "su irrevocable voluntad de recurrir a las instancias judiciales, que es a quienes corresponde garantizar la efectiva división de poderes que aparece claramente vulnerada en el proyecto".

El lunes a última hora, al anunciar el nuevo salario mínimo, Cristina de Kirchner les recriminó a los empresarios su oposición a la reforma de la Ley de Abastecimiento.

La mandataria dijo que su Gobierno está "dispuesto a corregir, pero no es posible aceptar que el Estado no tenga herramientas para defender a los 40 millones de consumidores". Añadió: "Así como ustedes nos dicen que somos económicamente antiguos o fuera de moda, no hay antigüedad más grande que negarse a tener una ley para defender a los consumidores".

Recordó que se eliminaron "las penas de cárcel y las altas multas, porque nos parecían un anacronismo, estuvimos trabajando en importantes modificaciones, pero a ustedes nunca les alcanza nada".