Por Cristian Navazo.

El enfrentamiento entre las principales provincias petroleras y Nación por la reforma de la Ley de Hidrocarburos comenzó a disiparse esta semana. Los gobernadores Jorge Sapag y Martín Buzzi, líderes de la rebelión contra la “Ley Galuccio”, obtuvieron certezas de que la Casa Rosada ultima los detalles de un nuevo proyecto que contemplará sus reclamos. El presidente de YPF, Miguel Galuccio, anunció otra sociedad millonaria en Vaca Muerta, esta vez con la estatal de Malasia Petronas, y aseguró que su tiempo de hacer “aportes” a la ley ya pasó y que ahora todo está en manos de Nación.
El tono de la discusión bajó varios decibeles, y desde el gobierno nacional arriesgan que esta semana los gobernadores aceptarían el nuevo texto de la reforma.

En Neuquén no quieren hablar de fechas y esperan una propuesta concreta. Mientras, negocian con YPF la salida de GyP de La Amarga Chica, área a la que desembarcará Petronas con 475 millones de dólares.

El debate sigue abierto, con la Ley Corta, el reparto de la renta petrolera y la administración del fabuloso negocio de Vaca Muerta como principales ejes de la disputa.

OPINIÓN
Oportunidades y grandes desafíos para la provincia de Neuquén
Guillermo Coco
Ministro de Energía de Neuquén

Han pasado casi cinco años de la primera ronda que realizara el gobierno de Neuquén para buscar inversores para áreas que habían sido devueltas por la mayoría de las operadoras. Áreas que en la jerga petrolera se las denomina de “alto riesgo o marginales”, es decir, que tienen pocas o nulas posibilidades de encontrar hidrocarburos (menos del 10% de probabilidad) y, de hallarse, su comercialidad es de baja rentabilidad, por eso la denominación de “marginales”.
Faltaríamos a la verdad si dijéramos que el Gobierno o los inversores que se presentaron en las primeras rondas conocían las riquezas que guardaban esas áreas “marginales o de alto riesgo”. Lo que sí es cierto, es que a partir del descubrimiento en estas de los recursos no convencionales, el gobierno neuquino diseñó una estrategia que permitió que las inversiones originales pedidas para esas áreas -que rondaban los 400 millones de dólares- se convirtieran finalmente en inversiones cercanas a los 2.400 millones de dólares.

El gobierno provincial interesó en estos proyectos a compañías de la envergadura de Exxon, Shell, Wintershall y otras que no hacían actividad extractiva en nuestro país y están hoy posicionadas en los primeros lugares en el ranking de las “grandes” empresas petroleras a nivel mundial. No me cabe duda de que nuevas compañías llegarán a Neuquén a invertir sin modificación de la Ley de Hidrocarburos.
Este nuevo escenario hidrocarburífero motivó al gobierno provincial a readecuar normativas ambientales y de la autoridad de aplicación, así como a profesionalizar a nuestra joven empresa estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

Hoy la provincia de Neuquén es considerada la segunda cuenca a nivel mundial de recursos en shale gas y la tercera en shale oil. A partir de esta realidad, los desafíos por parte del gobierno provincial y nacional son y serán muy grandes.

Mucho se ha hablado de lo que debiéramos hacer quienes circunstancialmente tenemos la responsabilidad de gestionar, tanto en la Provincia como en el gobierno nacional, siempre pensando en los beneficios directos de estos descubrimientos en lo que refiere a la tan ansiada “libertad energética”, a la oportunidad de engrosar los ingresos provinciales y generar más y mejor trabajo para los neuquinos.
Ahora bien, estos beneficios, impensados hasta hace poco tiempo, pueden acarrear problemas de impacto social, afectación a otras economías regionales (la pérdida de mano de obra, el aumento en los precios de insumos, etc.); el deterioro de la infraestructura existente; el impacto en los distintos extractos de la sociedad, etc. son algunos de los aspectos que hoy deben ocuparnos. Estados como Ohio y Pensilvania en Estados Unidos, donde sus economías cambiaron abruptamente, hoy luchan contra estos desafíos.

Sin un Estado presente, atento y con recursos destinados a minimizar estos efectos, podemos fracasar en el objetivo mayor de lograr un mayor bienestar para todos los neuquinos.

Los beneficios de una nueva legislación para los hidrocarburos
Nicolás Gadano
Economista*
La Argentina necesita una nueva legislación para los hidrocarburos. Luego de la reforma constitucional de 2004, la ley “Corta” del año 2006 ha definido con claridad los nuevos roles complementarios para las provincias y la Nación: como titulares del dominio, son las Provincias las que ejercen el rol de autoridad concedente y reciben las regalías, con arreglo a la legislación sancionada por el Congreso Nacional; mientras que el Poder Ejecutivo Nacional es el responsable de la política energética del país.

La ley de hidrocarburos no sólo debe adecuarse a estos nuevos roles, sino que debe incorporar también las necesidades derivadas de las nuevas realidades de la industria, en particular la explotación de los recursos no convencionales en formaciones como Vaca Muerta. El potencial off shore de nuestro país, aún subexplorado, requiere también un nuevo impulso con reglas adecuadas para la inversión.

La coyuntura energética argentina es crítica. Nuestra gran dependencia de los hidrocarburos, sumada a la madurez de nuestros principales yacimientos de petróleo y gas, se traduce en un déficit energético que nos obliga a importar una poción importante de la oferta, y presiona sobre las cuentas externas y fiscales nacionales.

Una legislación actualizada, orientada a dar previsibilidad contractual, económica y fiscal en un marco de competencia, es condición necesaria para gatillar un proceso significativo de inversiones que permita incrementar rápidamente las reservas y la producción. Es importante también asegurar estándares de protección ambiental para la industria en todo el país, objetivo que necesariamente deberá traducirse en una ley ambiental para los hidrocarburos a discutirse y sancionarse en el Congreso de la Nación. Con esta normativa, la industria y toda la población contarán con la certeza de que las operaciones de extracción de petróleo y gas –convencionales y no convencionales- estarán reguladas adecuadamente en cuanto a su impacto ambiental, protegiendo el agua, el aire y todo el entorno de las regiones petroleras.

En relación con el reparto de la renta, deben establecerse niveles equilibrados y estables para todos los tributos que afectan a la actividad, en todos los niveles del Estado. Ordenar la puja por la renta resulta fundamental para que no haya competencia interjurisdiccional, y para que los inversores incorporen en sus proyectos la participación que por ley corresponde a los estados provinciales y a la Nación (por el impuesto a las ganancias), pero cuenten con la previsibilidad de que los flujos de los proyectos no serán afectados por imposiciones adicionales a escala nacional, provincial y/o municipal.
No estamos frente a un “juego de suma cero”, en el que lo que gana uno lo pierde el otro. Con la nueva legislación ganarán las empresas, a través de nuevos proyectos de inversión; ganará la Nación, con menores importaciones y subsidios a partir de la mayor producción; y ganarán las provincias, con regalías crecientes y el impacto positivo de una mayor actividad económica.

*Asesor de YPF