Por Mario Fiore.

La relación de Mendoza con YPF comenzó a normalizarse luego de varios meses de tensión. El miércoles, el gobierno de Francisco Pérez llegó a un acuerdo con uno de los directores ejecutivos de la petrolera estatizada, Jesús Grande (mano derecha del CEO Miguel Galuccio), por las deudas que la empresa mantiene con la Provincia.

En base a este convenio, que Galuccio y Pérez firmarán el 8 de setiembre en Mendoza (en un acto en el que se buscará relanzar la relación), la Provincia recibirá 150 millones de pesos, una cifra que sorprende debido a que fue el propio Gobierno provincial quien en junio, cuando la tensión con YPF comenzó a escalar, el que sostuvo que la deuda ascendía a más de 300 millones de pesos.

“Es mejor tener 150 millones en la caja, teniendo en cuenta los problemas financieros que atraviesa la Provincia, que seguir peleando en la Justicia por cinco años”, confió un asesor del Gobernador.

La deuda de YPF con Mendoza se fue adquiriendo porque la compañía rechazaba los sucesivos aumentos -sancionados por la Legislatura en los últimos tres años en las respectivas Leyes Impositivas- de la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos. Esas normas dispusieron elevar dicho gravamen de 2% al 4% en 2012; al 6% en 2013 y al 5% en 2014, aunque esta última alícuota fue reducida al 3,5% a condición de que la empresa realizara mayores inversiones.

YPF se oponía a pagar estas imposiciones sancionadas por ley ya que se atenía a un pacto firmado por todas las provincias en 1993 para promover la producción y el empleo, el cual dispuso que el tope para Ingresos Brutos del 2%.

Por ello, la petrolera presentó una medida precautoria ante la Justicia mendocina, debido a que entendía que la Administración Tributaria Mendoza (ATM, ex Rentas) no tenía entidad para exigir el cobro de estos impuestos incrementados.

Pero como la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó hace dos semanas esta medida presentada por la compañía petrolera señalando que las alzas en las alícuotas de Ingresos Brutos tenían como respaldo las normas sancionadas por la Legislatura, YPF se avino a negociar con la administración de Pérez.

El número que se cerró en dicho acuerdo fue unos 150 millones de pesos, dado que el reclamo de ATM era por 135 millones, que fueron actualizados a este mes.

Sin embargo, en junio, cuando la tensión entre Pérez y Galuccio empezó a escalar tanto por el desplante de YPF a la licitación de nuevas áreas como por el borrador de la nueva ley de Hidrocarburos promovida por el CEO y la Casa Rosada, el Ejecutivo señaló que la deuda por Ingresos Brutos (la diferencia entre el 2% admitido por YPF como tope y las alícuotas fijadas por la Legislatura) ascendía a 310 millones de pesos. De ellos, 110 millones eran en concepto de capital y los otros 180 millones por multas e intereses acumulados, dejaron saber desde Hacienda.

Sin embargo -como ya se dijo- el acuerdo alcanzado con YPF es por 150 millones de pesos, no los 310 millones antes mencionados. ¿Por qué tanta diferencia? Nadie en el Gobierno provincial quiso dar detalles. Pero el diputado nacional Enrique Vaquié (UCR) se animó a conjeturar que Mendoza sólo le estaría cobrando a YPF el capital adeudado, no así los punitorios y los intereses.

“Hay un artículo del Código Fiscal Provincial que autoriza al Gobernador a hacer quitas y esperas, pero para ello se le exige al Ejecutivo que saque un decreto con el consentimiento previo de la Fiscalía de Estado y de Rentas”, explicó. Según el ex ministro de Hacienda radical, “esto es lo que debe haber sucedido. La Provincia necesita urgente financiamiento y le vienen bien los 150 millones de pesos”.

Los funcionarios provinciales consultados por este diario se excusaron de dar información específica sobre acuerdo cerrado recientemente con YPF para no “irritar” a la Casa Rosada (y a Galuccio) justo en el momento en que se reabrieron las negociaciones de los gobernadores petroleros y el Ejecutivo nacional por la nueva y polémica ley de Hidrocarburos.

Por Mario Fiore.

El  acuerdo al que llegó el Gobierno provincial con YPF por la deuda que la compañía petrolera mantenía con el fisco mendocino por el impuesto a los Ingresos Brutos despertó polémica en la oposición.

El arreglo fue cerrado esta semana por un alto directivo de la empresa y el propio gobernador, Francisco Pérez, e implica que la Provincia recibirá en un solo pago 150 millones de pesos, dinero que viene a aliviar la delicada situación financiera de Mendoza, que faltando cuatro meses para finalizar el año aún no logró acceder a ninguna fuente de financiamiento. 

Ayer, el diputado nacional Enrique Vaquié (UCR) salió a cuestionar un aspecto central del acuerdo: la decisión de la Provincia de condonarle el 90% (o más) de los intereses y de las multas a la petrolera para cobrarle casi exclusivamente el capital adeudado.

“El Gobernador está urgido de dinero y además ha sufrido una gran presión de la Casa Rosada por criticar el proyecto inicial para modificar la Ley de Hidrocarburos. Pese a tener un fallo de la Suprema Corte a favor de Mendoza y en contra de YPF, se sentó a negociar con una enorme necesidad de recursos y lo hizo débilmente”, sentenció Vaquié. 

La acreencia de YPF con la Provincia se generó desde agosto de 2012 a la actualidad porque la empresa se negó a pagar las subas a la alícuota de Ingresos Brutos que dispusieron las tres últimas leyes impositivas, debido a que se saltó del 2% al 4% en 2012, al 6% en 2013 y al 3,5% en el corriente año.

A juicio de la principal empresa del país, las normas dictadas por la Legislatura mendocina iban a contrapelo de leyes nacionales, que le garantizaban a las empresas productoras de hidrocarburos un tope en la alícuota de Ingresos Brutos del 2% (desde principios de los '90) e incluso en contra del espíritu de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, que el Congreso votó en 2012 para re-estatizar YPF. 

Como la Administración Tributaria Mendoza (ATM) intimó en abril de este año a YPF a pagar 135 millones de pesos en concepto de capital, la petrolera fue a la Suprema Corte de Justicia local y presentó una medida precautoria para frenar la ejecutividad del cobro.

Pero hace dos semanas, los miembros del máximo tribunal le dieron la razón a ATM y la petrolera no pudo hacer otra cosa que sentarse a negociar con la administración de Pérez.

Esto fue lo que sucedió esta semana, cuando el alto directivo de YPF, Jesús Grande, cerró con el Gobierno provincial un pago de 150 millones de pesos, al contado, que se hará a principios del mes entrante. 

La noticia, dada en exclusiva por este diario en su edición de ayer, no fue bien recibida por la UCR, que a través de Vaquié salió a quejarse de que Pérez le otorgue a una empresa de la magnitud de YPF una moratoria muy similar a la que Hacienda piensa lanzar en setiembre para los contribuyentes pequeños.

Según los cálculos que hizo el ex ministro radical, el importe que el Ejecutivo local le perdonará a YPF asciende a 600 millones de pesos, si se aplicaran con rigurosidad los artículos 57 y 58 del Código Fiscal provincial que elevan las multas escalonadamente de acuerdo con la magnitud de la deuda que se va acumulando. 

El monto condonado a YPF es menor si se tienen en cuenta las estimaciones que el propio Gobierno hizo en junio, cuando Pérez dio a conocer la intimación a YPF, ya que los intereses y multas ascendían a unos 180 millones de pesos, que si se sumaban al capital daban un monto total adeudado superior a los 300 millones de pesos.

Aún así, el perdón fiscal para la petrolera sería del 50%. “Esta es la primera vez que se hace una moratoria con nombre y apellido para una empresa en la que si bien el paquete accionario mayoritario (51%) es estatal, tiene un 49% de papeles en manos de grandes grupos económicos”, se quejó Vaquié. 

“En este caso en particular la posibilidad de que se le condone a grandes empresas deuda que contrajeron con la Provincia por evadir impuestos nos parece que es ilegítimo. Por ello, consideramos imperiosa la necesidad de que el Poder Ejecutivo provincial envíe a la Legislatura tanto el acuerdo que firmó con YPF como la posibilidad de modificar la capacidad recaudatoria, además de informar a los mendocinos de manera transparente sobre sus planes y permitir a sus representantes evaluar su conveniencia”, sostuvo Vaquié en un comunicado. 

El instrumento por el cual el Gobierno provincial le otorgará la fenomenal moratoria a YPF es un decreto que Pérez aún no firma debido a que el arreglo de la deuda con la petrolera va desde agosto de 2012 al 31 de agosto, o sea mañana.

Por ello, fuentes de la Casa de Gobierno estiman que la medida saldrá publicada en el Boletín Oficial luego del lunes. Hasta tanto esto ocurra, ninguna voz gubernamental se manifestará sobre el tema, se dijo ayer.

Pérez busca acelerar trámites migratorios

El gobernador Francisco Pérez participó de la jornada de reuniones bilaterales con autoridades de Chile en la Cancillería Argentina en Buenos Aires, que se realizó ayer.

El mandatario estuvo en la cuarta reunión de gobernadores argentinos e intendentes chilenos de la frontera común. 

Al término de los encuentros, ambos países firmaron una declaración conjunta para la concreción de los 13 pasos fronterizos que comparten. En el caso de Mendoza, se incluyeron avances en los pasos Cristo Redentor, Las Leñas y Pehuenche. 

En los complejos fronterizos Cristo Redentor y Pehuenche, ambas delegaciones anunciaron que se establecerá un sistema de control migratorio que facilite y agilice el cruce de fronteras al tiempo que disminuya los requerimientos en cantidad de personal para ese control. 

“Tanto del lado argentino como del lado chileno hay operadores argentinos y chilenos en la carga de datos de cada persona que cruza la cordillera”, explicó Pérez y agregó: “La idea que se está trabajando es que haya un supervisor argentino en el lado chileno y uno chileno en el lado argentino para concretar más rápidamente la carga de datos y hacer más eficiente el paso tanto de turismo como de todos lo que atraviesan el paso”. 

Según voceros del Gobernador, éste recibió la felicitación del ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien ponderó el esfuerzo puesto por Pérez desde que asumió para mejorar los trámites migratorios entre Argentina y Chile, siguiendo el ejemplo del trámite único que se hace cuando se pasa desde nuestro país a Uruguay. 

Según la información oficial, además Mendoza y la Intendencia de Valparaíso avanzarán en el pago de infracciones de turistas, difusión sobre convenio existente de atención médica gratuita, oferta turística registrada, planes de contingencia asociados a alto flujo de turistas, convenios de facilitación para el transporte turístico terrestre y desarrollo y promoción de circuitos y eventos turísticos conjuntos.