En una nueva y rotunda manifestación de repudio contra el proyecto de ley de abastecimiento que impulsa el Gobierno, ayer, una treintena de cámaras empresarias firmaron un documento en el que rechazan totalmente el texto que impulsa el kirchnerismo y se apresta a discutir el Senado.

En el comunicado, los representantes de las cámaras empresariales señalaron que: “Este Proyecto constituye un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas y es claramente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad y a “ejercer toda industria lícita” garantizados por nuestra Constitución, generando un fuerte disuasivo a la actividad empresaria, las inversiones productivas y el empleo.

En otro párrafo, el texto de los empresarios señala que (el proyecto) “atribuye al Poder Ejecutivo el derecho de intervenir desmesurada y discrecionalmente en la actividad y las decisiones de las empresas establecidas en el territorio nacional, lo cual implica un drástico cambio en el régimen económico de la Argentina consagrado en nuestra Constitución Nacional”.

Al finalizar, el comunicado que elaboraron en forma conjunta las cámaras empresarias, señaló: “Por su parte, la experiencia histórica internacional ha demostrado que la prosperidad económica y la eliminación de la pobreza se han alcanzado en aquellos países donde el Estado no interviene discrecionalmente en el ámbito propio de las empresas privadas”.

El documento sigue así: “Por el contrario, el intervencionismo abusivo en este ámbito desalienta las inversiones y la producción, generando desabastecimiento, racionamiento de bienes y servicios y pérdida de empleos y de ingresos en los sectores de menores recursos. Por estas razones, requerimos a los señores Senadores y Diputados la no aprobación de este Proyecto de Ley”.

Entre las entidades que adhirieron al comunicado figuran las siguientes: Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa); ABA (Asociación de Bancos de la Argentina); ACUDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa); ADE (Asociación Dirigentes de Empresas); ADECÚA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospital Privados de la República Argentina.

También se sumaron AEA (Asociación Empresaria Argentina); AMCHAM (Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina); Argencon (Asociación de Empresas Exportadoras de Servicios); la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina; CAA (Comité Asegurador Argentino); CACC (Cámara Argentina de Centros de Contacto); CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros); CCAC (Cámara de Comercio Argentino Canadiense); CCIFA (Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina)- Otras entidades que se sumaron al reclamo fueron el Centro de Consignatarios de Productos del País (CCPP); la Cámara de Entidades de Diagnostico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM); el CEM (Consejo Empresario Mendocino); COMPRA (Cámara de Informática y comunicaciones de la RA); CIRA (Cámara de Importadores de la RA); el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; Comisión de Justicia y Paz; Coninagro (Confederación intercooperativa agropecuaria); Consenso Republicano; CRA (Confederaciones Rurales Argentinas); Fundación del Tucumán; Fundación Libertad; Fundación Mediterránea, IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) y la Sociedad Rural Argentina.

-¿Por qué sale este nuevo comunicado de empresarios manifestando el rechazo a la ley de abastecimiento?

- “Si bien en los últimos días hubo comunicados de parte de casi todas las entidades representativas del empresariado, manifestando su rechazo a esta ley, el tema nos parece de tanta gravedad, que decidimos reflejar la unanimidad de nuestro rechazo a la ley. La idea es comunicar esa posición de manera unánime de un conjunto muy amplio de cámaras, a las que se van a sumar, seguramente, muchas más.

-¿Cuál será la estrategia de los empresarios si la ley consigue avanzar en el Congreso?

— Vamos a seguir haciendo todas las gestiones necesarias para detener el proyecto. No vamos a aflojar. Si se aprueba en el Senado, vamos a seguir el debate en Diputados.

-¿Qué pasaría si la ley definitivamente se aprobara según el objetivo oficial?

— Si a pesar de todas las gestiones de las cámaras, la ley prosperara, vamos buscar la inconstitucionalidad de la ley y eventualmente, podríamos iniciar alguna acción jurídica, en este sentido.

-¿Cuáles son las razones más imperiosas que tienen los empresarios para rechazar esta ley que impulsa el Gobierno?

— Este proyecto implica un avasallamiento de las empresas privadas.

-¿Cuáles considera que son los principales perjuicios que puede generar la implementación de una medida de este tipo?

— Básicamente, creemos que va a tener efectos muy negativos sobre la economía y sobre el país. Esencialmente, va a desestimular las inversiones en el sector privado, y va a limitar la creación de empleo. El intervencionismo abusivo, está comprobado, desalienta las inversiones y la producción. Genera desabastecimiento y también el racionamiento de bienes y servicios. Entre otras cosas, esta ley de Abastecimiento le dará al secretario de Comercio un nivel de discrecionalidad absoluto.

-¿Por ejemplo?

— Si una empresa vende productos por un valor más alto respecto de lo que el secretario del área considera normales, puede ponerle multas, sanciones, etc. Por esta razón y otros perjuicios que puede ocasionar esta ley es que estamos sumamente preocupados y haremos lo posible para impedir su aprobación.

Mediante un comunicado, casi una treintena de cámaras, asociaciones y fundaciones expresaron ayer su "total rechazo" al proyecto de ley de abastecimiento impulsado por el Gobierno y al que el Senado intentará dar media sanción el miércoles.

El texto es el siguiente:

"1. Las entidades abajo firmantes rechazamos totalmente el proyecto de Ley de Abastecimiento a ser considerado por el Senado.

2. Este proyecto constituye un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas y es claramente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad y a "ejercer toda industria lícita" garantizados por nuestra Constitución, generando un fuerte disuasivo a la actividad empresaria, las inversiones productivas y el empleo.

3. El mismo atribuye al Poder Ejecutivo el derecho de intervenir desmesurada y discrecionalmente en la actividad y las decisiones de las empresas establecidas en el territorio nacional, lo cual implica un drástico cambio en el régimen económico de la Argentina consagrado en nuestra Constitución Nacional.

4. Por su parte, la experiencia histórica internacional ha demostrado que la prosperidad económica y la eliminación de la pobreza se han alcanzado en aquellos países donde el Estado no interviene discrecionalmente en el ámbito propio de las empresas privadas. Por el contrario, el intervencionismo abusivo en este ámbito desalienta las inversiones y la producción, generando desabastecimiento, racionamiento de bienes y servicios y pérdida de empleos y de ingresos en los sectores de menores recursos.

5. Por estas razones, requerimos a los señores Senadores y Diputados la no aprobación de este Proyecto de Ley".

Adhirieron al comunicado: la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid); la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE); la Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE); la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra); la Asociación Empresaria Argentina (AEA); la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham); la Asociación de Empresas Exportadoras de Servicios (Argencon); la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina; el Comité Asegurador Argentino (CAA); la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC); la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM); la Cámara de Comercio Argentino Canadiense (CCAC); la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina (CCIFA); el Centro de Consignatarios de Productos del País (CCPP);la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio; el Consejo Empresario Mendocino (CEM); la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra); la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA); el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; la Comisión de Justicia y Paz; la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro); Consenso Republicano; Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Fundación del Tucumán; Fundación Mediterránea; Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

LONDON SUPPLY, EN ZONAS FRANCAS DE SANTA CRUZ

La firma London Supply intentará por segunda vez en 20 años ganar la concesión para operar dos zonas francas en Santa Cruz, en Río Gallegos y Caleta Olivia. La restitución de las mismas fue anunciada el año pasado por Cristina Kirchner durante un acto de campaña en Santa Cruz. La empresa cercana al kirchnerismo, que financió por $ 1,8 millones el levantamiento de quiebra de la ex Ciccone, intenta un nuevo negocio en Santa Cruz. Mientras en 1996 se presentó a través de una UTE con otras empresas regionales, esta vez apostó sola ganar la licitación y fue la única oferente.

Aunque la causa del reclamo los une, el interés por embanderar la protesta los divide. El proyecto de ley del oficialismo para reinstalar la Ley de Abastecimiento genera un masivo rechazo empresario por su fuerte contenido “"intervencionista"” e "“inconstitucional"”, pero a la hora de expresar su repudio, las entidades marcan las diferencias.

Tanto es así que las instituciones que conforman el Grupo de los 6 (G6) –con excepción de la Sociedad Rural Argentina (SRA)– se resistieron a firmar el documento publicado el sábado por las cámaras agrupadas en el Foro de Convergencia y emitirán un nuevo comunicado crítico esta semana, antes de que la iniciativa sea tratada el miércoles en el recinto del Senado. Aunque el grupo conformado por la UIA, las cámaras de Comercio y Construcción, la Bolsa, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) ya expuso públicamente y en reiteradas oportunidades su posición en torno al proyecto, las presiones para que el G6 se sume al documento sellado por una treintena de cámaras del Foro de Convergencia (ver aparte) obligaron a marcar nuevamente las diferencias. “Nos vamos a reunir posiblemente el martes para reiterar nuestro repudio a la iniciativa, que rechazamos aún con los cambios realizados por el plenario de comisiones del Senado”, señaló uno de los miembros del grupo. La SRA es la única entidad que integra ambos grupos, pero comparte más la posición de entidades como IDEA, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) o la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), que conforman, entre otras tantas cámaras, el foro.

En definitiva, se pelean por el cartel, pero todos saben que son escasas las chances de poder lograr la marcha atrás del proyecto. Aún así, están dispuestos a realizar el mayor lobby posible hasta el final del proceso legislativo y, si la iniciativa se convierte en ley, ir a la justicia a reclamar por la inconstitucionalidad. El G6, incluso, evalúa pedirle a algunos constitucionalistas que, si es sancionada, analicen la posibilidad de presentar una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema.

Otra causa común
La resolución del problema de la deuda es otro de los temas que convoca a todo el empresariado a encontrar una salida. El evento organizado por el Consejo de las Américas y la Cámara de Comercio (CAC) el jueves pasado sirvió como escenario para que el G6 reflotara la idea de realizar un "“aporte patriótico"” destinado a comprar la deuda impaga que está en manos de los fondos buitre y, de esa forma, sacar a la Argentina del default. Ubicados en una mesa del bar del lobby del hotel Alvear, los presidentes de la UIA, Héctor Méndez; de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss; y de la Bolsa, Adelmo Gabbi; y el vicepresidente de la Cámara de comercio, Eduardo Eurnekian, coincidían en las intenciones de contribuir para solucionar el tema de la deuda, que afecta seriamente a las empresas. Uno de ellos transmitió al grupo que había recibido una señal de un allegado al Gobierno para que avancen en la idea y la visita del ministro de Economía, Axel Kicillof, al Council, les venía perfecto para indagarle sobre el asunto.

Esperaron a que ingresara al vip del evento y lo acorralaron. Se sumó el anfitrión, Carlos de la Vega. Pero la cara de sorprendido del ministro llamó la atención de los empresarios, quienes insisten en que para avanzar con la idea del aporte empresario deben tener la venia oficial de que en enero cobrarán el 100% de los títulos defaulteados. "“El principal problema es que no hay una directiva firme del Gobierno"”, dijo uno de los empresarios.