Por Gastón Fenés.

En los últimos días se difundieron cambios al proyecto original, concediendo algunos reclamos del sector empresario y de las entidades que nuclean a las pymes. Tal es así que el texto que define el senado excluye a las pequeñas y medianas del alcance de la ley, mientras que la Secretaría de Comercio no tendrá la facultad de clausurar e inhabilitar a compañías y empresarios que violen la legislación sin obtener previamente el visto bueno de un juez.

El especialista en asuntos legales, Alejandro Tobalo, reconocido en el sector de las estaciones de servicio, redactó un documento para evaluar el esquema que propone instalar el ejecutivo, a los efectos de intervenir en la economía.

A título personal el proyecto de ley tiene una inspiración marxista, antiempresa y antimercado, está en orden con la falacia de que la inflación es un problema derivado del funcionamiento de los mercados (mercados monopólicos u oligopólicos, prácticas anticompetitivas, “formadores de precios” y otros fantasmas promocionados por los mismos responsables de la alta inflación que se dice querer combatir). Es humo para confundir al público y eludir la responsabilidad por lo que está ocurriendo con el valor del Peso.

El proyecto atrasa 40 años y va contra la evolución de las instituciones económicas del mundo desarrollado. Considerar este tipo de instrumentos de policía de mercados en el siglo XXI tiene un interés más arqueológico que práctico. Los chinos comenzaron a abandonar ese pensamiento en 1978 con las reformas de Den Xiao Ping incorporando crecientemente elementos de libre mercado en su economía, y con ello produjeron una revolución económica de una magnitud extraordinaria, llevando a cientos de millones de personas desde la miseria extrema hasta la clase media, e impactando sobre la economía mundial. De más está recordar que la Unión Soviética colapsó aplicando el tipo de intervencionismo económico que se quiere implementar aquí.

Existiendo leyes antimonopolio, sería deseable que las mismas se apliquen en la República Argentina, y en todo caso, se perfeccionen, de ser necesario, abandonando para siempre la policía de mercados, que no solo resulta ineficiente para los fines que se declaran perseguir, sino que termina de trastornar el funcionamiento de los mercados, provocando faltante de productos, sobreprecios, arbitrajes innecesarios, mercados negros y todo lo que bien conocen los habitantes de Venezuela, Cuba y otros país que siguen o han seguido esas políticas. Durante la década de 1970 Argentina bajo la dirección económica de José Ber Gelbard aplicó esas ideas y ello condujo a lo que se recuerda como Rodrigazo.

En materia de combustibles, bajo el régimen de libre mercado instituido por el Decreto 1212/89 se logró una alta producción de crudo, gas y combustibles, (récord en 1999) con saldos exportables y balanza comercial energética positiva. Contrastemos esa situación con la actual, de un mercado de hidrocarburos intervenido primero de hecho, mediante las prácticas anticompetitivas de una empresa con posición dominante toleradas y/o alentadas desde las autoridades, luego por el dictado del Decreto 1277/12 que no ha ocasionado mayores daños al presente en razón de no haberse instrumentado su efectiva aplicación. Dispersión de precios, grave déficit de balanza comercial en el sector (superior a los 6.000 millones de dólares durante el año 2013 y en aumento), pérdida de autoabastecimiento energético, grave déficit de inversiones en el sector, importaciones de gas a precios ruinosos, etc.

Nuevamente se intenta atacar los problemas por sus consecuencias y no por sus causas. El aumento generalizado de precios no tiene causa en la microeconomía (sistema de precios) sino en el desmanejo de las cuentas públicas (déficit fiscal fuera de control), solventado con emisión monetaria que no guarda ninguna relación con la dimensión del PBI ni con las necesidades reales de la economía nacional. Destrucción del ahorro y de la inversión. Hemos perdido la independencia del Banco Central y con el ello no hay quien custodie la estabilidad monetaria. Desde allí hasta un proceso hiperinflacionario hay poca distancia. Esta gente está jugando con fuego.

En este punto la República Argentina es el único país del mundo que luego de experimentar procesos hiperinflacionarios (que derivaron en graves crisis sociales y políticas ) no aprende de sus propios errores y los reitera.

Es deseable que esa iniciativa de ley o cualquier otro experimento de corte intervencionista, antimercado y antiempresa no entre en vigencia nunca. No hará más que agravar los problemas actuales de la economía.

Basta con mirar lo que hacen los países exitosos. Ya está todo inventado. No se puede hacer experimentos de mala fe mientras la gente pierde sus empleos o pierde el valor de sus salarios frente a un proceso inflacionario que se agrava. La inflación no se controla con policía de mercados, sino con disciplina fiscal y monetaria. Después de la crisis hiperinflacionaria de 1924 los alemanes crearon el Bundesbank, cuya principal función es resguardar el valor del Marco, y nunca más recayeron en el problema de la inflación. Copiemos la carta orgánica del Bundesbank, no las leyes de Venezuela.

Es un comentario más político que jurídico, pero como me enseñó un profesor de la facultad, detrás de todo sistema jurídico hay ideología, y el problema de estos proyectos es su inspiración ideológica más que su técnica legal o su redacción. No se puede hacer una buena ley partiendo de ideas equivocadas.

La mejor ley de abastecimientos que podemos tener es la que nunca se llegue a sancionar.