NML Capital, el principal fondo que litiga contra Argentina, emplazó al Bank of China para que le dé información sobre los contratos de financiación de las represas de Santa Cruz y el tren Belgrano Cargas y sobre el swap cambiario firmado con el Banco Central el mes pasado, como parte de las acciones tendientes a buscar activos potencialmente embargables.

El fondo del magnate Paul Singer envió ayer una carta documento a la sucursal del Bank of China en Nueva York y la distribuyó mediante la American Task Force Argentina (ATFA), el grupo de lobby de Washington que financia. Singer busca, antes del 8 de octubre, “toda la documentación” sobre el contrato de financiamiento por u$s 2.100 millones para remodelar el Belgrano cargas y el crédito de u$s 4.717 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. La orden también exige información sobre el swap cambiario que firmaron los bancos centrales de ambos países a mediados de julio, por el equivalente a u$s 11.000 millones (aunque no menciona la cifra).Y, en sentido amplio, pide datos sobre cualquier financiación a obras en Argentina, como líneas de trenes y de subtes.

El Bank of China forma parte del emporio de bancos que financiará las obras de infraestructura que sellaron el 15 de julio los presidentes Cristina Fernández y Xi Jinping en Buenos Aires, junto con el China Development Bank y el Industrial and Commercial Bank of China. No así del swap cambiario, cerrado entre el Banco Central argentino y su par chino, llamado Banco del Pueblo.

“Esta citación se presenta a los fines de discovery”, indica el escrito. El 16 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió a NML Capital buscar activos potencialmente embargables en todo el mundo para cobrarse la sentencia a su favor por u$s 1330 millones más intereses (unos u$s 1600 millones) por la cláusula de pari passu de sus bonos en default. La Corte entendió que la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) estadounidense no restringía este tipo de acciones, a pesar del amicus curiae que presentó la administración de Barack Obama a favor de Argentina, en alerta por posibles conflictos diplomáticos.

Desde entonces, NML Capital y los otros litigantes llevaron adelante una batería de acciones tendientes a localizar activos que puedan pertenecer al país. Muchas de ellas rozan la polémica. Un juez de California, por ejemplo, define si acepta una acción de discovery contra Chevron por el acuerdo que la ex Standard Oil firmó con YPF para explotar Vaca Muerta. Otro juez de Nevada permitió a los fondos buitre buscar información sobre empresas fantasma atribuidas a Lázaro Báez, por presumir que mediante ellas el empresario kirchnerista “malversó fondos de la República Argentina”. La principal prueba aportada por los abogados de NML fue la investigación del fiscal José María Campagnoli y el juez dio por probados hechos por los que Báez no está ni siquiera procesado en Argentina.

Gerardo Ferreyra, vicepresidente de Electroingeniería, que construirá las represas santacruceñas con la china Ghezouba, escribió en su cuenta de twitter: “Singer es soberbio o cree que la Justicia Imperial llega a la RPCH (República China). Error. Si China deja de comprar deuda americana, quiebra USA y NML también”.

Según supo El Cronista, las autoridades chinas preveían que los fondos buitre podrían intentar inmiscuirse en los desembolsos para obras en el país. En una reunión del 12 de agosto con funcionarios del Ministerio de Economía, ejecutivos de la aseguradora de los créditos, la estatal Sinosure, dijeron no estar preocupados por lo que hagan los holdouts, pero pidieron al Banco Central construir una ingeniería financiera para blindar el dinero de eventuales embargos. Técnicos chinos vendrán en unas dos semanas para avanzar en esos canales seguros.

Por Silvia Pisani.

Al margen de los intentos del Gobierno de encauzar en Buenos Aires el pago de la deuda externa, los tribunales de este país siguen activos ante nuevas embestidas de los llamados fondos buitre para embargar bienes argentinos y, con eso, cobrarse su acreencia.

El fondo NML Capital, de Paul Singer, pidió que se aplique la norma del "discovery" para detectar bienes de la Argentina incluidos en operaciones financieras del Bank of China. Es la primera vez que los fondos litigantes incursionan en las operaciones de financiamiento que el gobierno de Cristina Kirchner acordó con esa entidad. La más notoria es el contrato para la mejora del tren Belgrano Cargas.

Pero no es sólo eso. "Cualquier negocio, obra o proyecto" que las autoridades argentinas tengan acordado con el Bank of China, dice el escrito con el que los abogados de NML Capital pidieron la identificación de bienes ante la justicia norteamericana.

El reclamo sigue la línea de lo que ya se puso en marcha con bienes supuestamente pertenecientes al empresario Lázaro Báez y "posiblemente" a la presidenta Cristina Kirchner, así como las operaciones de inversión y financiamiento de la petrolera Chevron en la Argentina.

"Lo que se abre ahora es un procedimiento largo", dijo a LA NACION uno de los abogados familiarizados con el litigio. El trámite incluye un farragoso procedimiento de identificación de bienes y de documentos que demandará el esfuerzo y la atención de un buen grupo de expertos financiados por el solicitante. "Lo que prueba esto es la intención absoluta de NML de ir hasta el final de la batalla y de no dejar resquicio", añadió la fuente.

Menos publicitado que el fallo de la Corte Suprema que el 16 de junio dio la razón a los buitres en su reclamo de pago por US$ 1500 millones, el procedimiento de "discovery" fue aprobado en esa misma ocasión por el mismo tribunal, con el objeto de permitir la satisfacción de demandas contra la Argentina.

El recurso consta de dos pasos. Primero, la identificación de esos bienes, lo que suele llevar su tiempo. Segundo -y una vez identificados-, el inicio de una causa judicial específica para lograr su embargo ante la justicia correspondiente a la jurisdicción en la que se encuentren esos bienes. Si se trata de créditos del Bank of China, será ante la justicia de ese país. Pero más allá de que el recorrido termine o no, lo que implica es una alerta que potencialmente puede afectar el desarrollo de una operación.

En forma paralela, trascendió que el abogado Daniel Pollack, facilitador designado por el juez Thomas Griesa para intentar un acuerdo entre las partes que permita cumplir el fallo que obliga al país a pagar, citó a un nuevo encuentro entre los abogados de NML y del Gobierno.

La cita sería el jueves de la semana próxima, y nadie sabe muy bien cuál sería su objetivo, ante la resistencia expresa del Gobierno a aceptar el fallo judicial. La relación de la Argentina con Pollack quedó afectada luego de que el ministro Axel Kicillof lo calificara como un agente "que juega para los buitres".

Por: Carlos Burgueño.

Después de haber enfocado la mira en Chevron y en las sociedades que Cristóbal López tiene en los Estados Unidos, el objetivo del fondo buitre Elliott es que la Justicia norteamericana identifique las cuentas y los vínculos de la Argentina con el Bank of China y que, eventualmente, se avance en embargos sobre esos activos financieros. El fondo, propiedad del megamillonario Paul Singer, presentó el miércoles un escrito ante los tribunales de EE.UU. para que se active la cláusula Discovery sobre la entidad bancaria china, lo que la obligaría a informarle a la Justicia todas las cuentas en las cuales haya circulado dinero de la Argentina, o donde se estén destinando fondos que luego puedan ser girados hacia el país. La Discovery fue habilitada por un pedido de los fondos buitre a la Corte Suprema de los Estados Unidos en el mismo momento en que rechazó la apelación de la Argentina sobre el fallo del "juicio del siglo".

Ésta es la tercera presentación que Elliott hace para que se aplique la cláusula. La primera citación del fondo buitre fue ante la Justicia de San Francisco para que se embarguen fondos de la petrolera norteamericana Chevron, causa que cayó en el juez de Oackland Jeffrey Steven White. Éste habilitó la causa y está por tomar una decisión sobre si aplica o no la Discovery sobre la compañía, bajo el argumento que es socia de YPF en el proyecto neuquino de Vaca Muerta. Desde Buenos Aires se rechaza de plano cualquier alternativa sobre que esta presentación pueda prosperar, ya que se trata, según la visión argentina, de un vínculo entre dos sociedades anónimas. El juez deberá resolver esta cuestión y luego si existe la alternativa de embargar fondos pertenecientes a Chevron por ser simplemente socio de YPF.

La segunda presentación de Elliott fue en los tribunales de Nevada, donde el fondo buitre busca aplicar la Discovery sobre el empresario Cristóbal López. La causa cayó en el despacho del juez de Las Vegas Cam Ferembach, que habilitó ya la investigación sobre 253 sociedades que están o estuvieron vinculadas con López. El magistrado debe resolver primero si según su criterio por esas cuentas circuló dinero de la Argentina, y si es embargable.

La tercera presentación es la del miércoles pasado sobre el Bank of China. El problema de esta causa no es tanto el argumento del reclamo (es bastante ilógico como intención judicial el potencial embargo de cuentas del banco sólo por ser aportante de divisas al país), sino que cayó en el segundo distrito sur de Manhattan, precisamente donde reina en este caso el juez Thomas Griesa. Si bien se trata de una causa que no necesariamente está vinculada con el fallo definitivo que le dio la razón a los fondos buitre y que obliga a la Argentina a pagar u$s 1.660 millones, Griesa puede requerir su tratamiento, ya que se trata de una situación vinculada con el "juicio del siglo". De ser así, el juez tendría dos fuentes de potenciales embargos, ya que a las cuentas del Bank of China se le suman los u$s 539 millones que aún permanecen en las cuentas del Bank of New York Mellon (BoNY), que no pagó los vencimientos del 30 de julio del Discount.

Según la presentación de Elliott sobre la entidad financiera china, el banco debería cumplir con "las normas 34 y 35 de las reglas federales de procedimiento civil" y enviarle al juez "los datos para fiscalización sobre sus cuentas, antes del 26 de septiembre a las 10 de la mañana". Lo que se le pide al Bank of China, con dirección en 410 Madison Avenue, es toda la información sobre los proyectos que estén ya cerrados o analizados con la Argentina, y los montos que impliquen esas iniciativas, incluyendo "el proyecto de rehabilitación del Belgrano Cargas, el proyecto de represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, los acuerdos de swap por 2.099.965.834 dólares y por 4.714.350.000 dólares, y todos los proyectos de infraestructura y de ayuda financiera que hayan sido cerrados por la Argentina y el banco oriental y no se hayan conocido. Si el Bank of China no enviara esta información, se le pide al juez que avance con potenciales allanamientos sobre la entidad.

La mira abarca así a todos los acuerdos que la Argentina firmó con China en Buenos Aires el 18 de julio pasado durante la visita del presidente Xi Jinping, y que trepan a más de u$s 11.000 millones entre los fondos que el Estado oriental tendría que aportar para construir las represas Kirchner- Cepernic y la reformulación del Belgrano Cargas, más el swap por unos u$s 3.000 millones. En teoría, China debería girar ese dinero para que se inicien las obras, y es poco probable que esos dólares provengan de las cuentas del Bank of China, sede Wall Street, con lo que sería muy difícil que por este lado Elliott y Griesa encuentren algo para embargar. Lo que buscan en realidad los abogados del fondo buitre es complicar más al país para presionarlo a firmar el acuerdo según el fallo de Griesa.