El oficialismo realizó numerosas modificaciones a los puntos más polémicos del proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento debatido en el Senado y avanzó con la firma del dictamen para votarlo en el recinto el próximo miércoles.

Ante el plenario de comisiones que recibió la semana pasada a las cámaras empresariales y este martes a las asociaciones de consumidores, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, anunció gran cantidad de cambios, entre los que se destaca la exclusión de la pymes del alcance de la norma.

A esta modificación se le suman la necesidad de autorización judicial previa para inhabilitar o clausurar empresas infractoras, la eliminación de la "clausura definitiva" y el pago de una "compensación" a quienes produzcan a pérdida.

En el primer artículo del proyecto se agregará un párrafo para explicitar que "quedan exceptuados del régimen los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas, siempre que no detente posición dominante".

El artículo 2 del proyecto señalaba que la autoridad de aplicación podía intervenir en "cualquier etapa del proceso económico" o exigir documentación y "todo tipo de libros" cuando fuera "estrictamente necesario", pero esto también fue modificado.

Según detalló Álvarez, se eliminó el concepto "estrictamente necesario" y se redactó que esas acciones podrán realizarse "en caso de configurarse algunos de los supuestos previstos", como elevar "injustificadamente los precios", acaparar materias primas o productos, y destruir mercaderías, entre otras conductas.

Otra modificación sustancial se realizó sobre las sanciones previstas por el proyecto, donde se estipulaba la "inhabilitación especial de hasta cinco años para ejercer el comercio", la "clausura temporal" o, en los casos de segunda reincidencia, la "clausura definitiva".

Ahora, "en caso de inhabilitación especial o clausura temporal, la autoridad de aplicación tendrá que pedir previamente autorización judicial para proceder", explicó Álvarez, y agregó que, además, la "clausura definitiva" fue eliminada del proyecto.

Además, se incorporó un artículo para que, "en caso de la obligación de producir a pérdida, se le pague una compensación justa y oportuna", con lo cual se respondió a una de las principales objeciones de las cámaras empresariales.

En el dictamen firmado quedó establecido que "el Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación", con lo cual se modificó el artículo 15, que designaba directamente a la Secretaría de Comercio como autoridad.

Antes de pasar el proyecto a las firmas, el presidente del bloque de senadores de la UCR, Gerardo Morales, reconoció que "hay varios cambios que minimizan o disminuyen la arbitrariedad".

No obstante, anticipó que su bancada votará en contra de la reforma porque "sigue la lógica de que el control de precios es la única política antiinflacionaria".

También rechazará el proyecto que crea el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Bienes y Servicios porque, según dijo, "sostiene la delegación de facultades, que es inconstitucional".

En tanto, el radicalismo, así como la gran mayoría del arco opositor, votarán a favor en general del proyecto que crea los institutos de usuarios y consumidores y un fuero judicial especial para los conflictos de este tipo.

El oficialismo consiguió ayer a la tarde en el plenario de comisiones del Senado un dictamen favorable para los dos proyectos de Defensa del Consumidor y a la reforma de la Ley de Abastecimiento, aunque la iniciativa, que será llevada al recinto la próxima semana, contempló una serie de modificaciones a las iniciativas, como la exclusión del régimen de sanciones a las pequeñas y a las medianas empresas que no sean formadoras de precios.

El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, casi sobre el cierre del debate, tuvo a cargo dar a conocer las modificaciones dispuestas. Entre ellas, subrayó que en el primer artículo se agregará el siguiente párrafo: "Quedan exceptuados del régimen los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas, siempre que no detenten posición dominante".

El funcionario hizo saber que se accedió a eliminar las clausuras definitivas que se mencionaban en el proyecto inicial; que se tipificaron las conductas para aplicar las sanciones con el objeto de restringir una eventual discrecionalidad del Ejecutivo; que se estableció el pago de una compensación "justa y oportuna", en el caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y que, de ello, se origine un perjuicio económico para las empresas.

Álvarez también informó que se dispuso la preservación de la confidencialidad de los datos empresarios dados a la Autoridad de Aplicación. Y que "el Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación", cuando el proyecto general consagraba a la Secretaría de Comercio.

El jefe del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, reconoció favorablemente los cambios producidos, los cuales –dijo– "minimizan o disminuyen la arbitrariedad que venimos planteando" y apuntó que ésta "debe ser la primera vez que se produce un debate en el Senado, con cambios importantes y con presencia de funcionarios".

No obstante, la Unión Industrial Argentina reaccionó con críticas. El presidente de la entidad, Héctor Méndez, planteó hoy que la nueva Ley de Abastecimiento constituye un caso de "abuso de autoridad" y no descartó la posibilidad de recurrir a la Justicia si el Congreso la aprueba dentro del paquete de leyes.

Cambió el clima entre el Gobierno y los empresarios. Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) admitieron hoy que se analizarán los cambios que el oficialismo aceptó en el proyecto de ley de abastecimiento que, hasta ayer, era fuertemente resistido y hasta tildado de "inconstitucional".

"Ahora hay que analizar las modificaciones, porque el rechazo era total", aseguró esta mañana el titular de la central de empresarios, Héctor Méndez, en diálogo con radio Del Plata. "Nadie puede funcionar bien peléandose con el Gobierno, y ningún gobierno puede funcionar bien peléandose con las empresas", planteó, dejando claro el significado de la norma que la Casa Rosada quiere modificar.

Ayer, en un plenario de comisiones en el Senado, antes de llegar al recinto donde se votará el próximo miércoles, el oficialismo dio marcha atrás con muchas de las amplias facultades que le otorgaba a la Secretaría de Comercio para intervenir en la cadena de producción y de formación de precios del mercado mediante una polémica modificación a la ley de abastecimiento.

Así, la autoridad de aplicación, que se estima será la Secretaría de Comercio, ya no podrá disponer de clausuras e inhabilitaciones sin previa orden judicial. Además, se establecen de manera taxativa las causas que podrían motivar la intervención estatal en un mercado determinado.

Entre los cambios, se establecieron parámetros objetivos para la intervención de la autoridad de aplicación, eliminando la vaga fórmula original, que permitía la intromisión estatal cuando la autoridad de aplicación lo considerase "estrictamente necesario".

El Gobierno también dio marcha atrás en su intención de aplicar sanciones graves sin autorización judicial, como la inhabilitación comercial o clausura especial temporaria para las empresas que incurran en violaciones de la ley de abastecimiento.

La misma prevención -solicitud de autorización judicial- deberán tomar las autoridades para requerir la extensión por 30 días de la clausura de un comercio.

Pese a aceptar los cambios, Méndez se quejó por la demora del propio kirchnerismo para introducir cambios en el proyecto, que no sólo fue resistido por los hombres de negocios, sino también por la oposición en el Congreso.

"Hace una década que existe esto. ¿Por qué no me llaman antes y no cuando ya está en el Congreso? El juego de la democracia es que llamen antes. Este problema existen de toda la vida", señaló Méndez.

En la misma línea que Méndez se explayó José Ignacio de Mendiguren, secretario de la UIA. "Estamos analizando los cambios que introdujeron a último momento.

"Cuando hablamos con varias veces con el secretario de Comercio [Augusto Costa] y el Ejecutivo se nos dijo que las modificaciones que planteábamos no se iban a hacer. Algunas de ellas fueron contempladas, como darle más racionalidad a la norma porque la anterior era en términos muy ambiguos", dijo el también diputado nacional por el massismo en radio Milenium. Y recordó los términos en que la UIA veía a la iniciativa de modificar la ley: "La norma como estaba, para nosotros, era inconstitucional".