La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) responsabilizó a Grupo México por el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, en el estado de Sonora.
La dependencia determinó que la minera tendrá que resarcir los daños ambientales que, calcula, tendrán un costo de cientos o miles de millones de pesos.
Juan José Guerra Abud, titular de la Semarnat, señaló que Grupo México mintió cuando aseguró que el derrame en la mina Buenavista del Cobre se debió a lluvias atípicas en la zona, ya que se pudo comprobar que la fuga inició por la falla en el amarre de un tubo y la falta de una válvula.
Las pruebas fueron corroboradas por autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Guillermo Haro Bélchez, procurador Federal de Protección al Ambiente, anunció que en los próximos días se presentará una nueva denuncia penal contra los dueños de la mina Buenavista del Cobre.
GRUPO MÉXICO ES CULPABLE
La empresa Grupo México es responsable del derrame de sulfato de cobre que contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora, por lo que deberá resarcir los daños al medio ambiente y a la salud de la población —tendrá un costo de cientos o miles de millones de pesos—, dijo Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Detalló que la cifra que deberá pagar la empresa será establecida por un juez de Distrito conforme a una estimación que realiza el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
El titular de la Semarnat señaló que Grupo México mintió cuando aseguró que el derrame en Buenavista del Cobre se debió a lluvias atípicas en la zona, ya que se pudo comprobar que la fuga inició por la falla en el amarre de un tubo de polietileno y la falta de una válvula.
En conferencia, explicó que de acuerdo con las primeras inspecciones y monitoreos del caso, el derrame fue producido por una falla en el amarre de un tubo de polietileno y no por las lluvias.
Las pruebas fueron corroboradas por autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que acudieron al lugar a efectuar una vista técnica y elaboró un dictamen que revela cómo se produjo esta falla.
El estudio señala que el derrame se ocasionó por un fenómeno conocido como tubificación en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta imputable a la empresa.
El derrame alcanzó el arroyo Tinajas, afectado en 17.6 kilómetros; el río Bacanuchi, en 64 kilómetros; y el río Sonora en 190 kilómetros, y cuyo líquido llegó hasta la presa El Molinito, que tiene un almacenaje de 15.4 millones de metros cúbicos, 20 por ciento de su capacidad.
Guerra Abud aseguró que de inmediato la Conagua determinó el cierre de la presa y que, de acuerdo con los muestreos recientes, se ha corroborado que no muestran evidencias de contaminación fuera de las normas.
Agregó que debido a la magnitud de las afectaciones que se prevé que tenga este incidente, y con base en estimaciones de algunos especialistas en la materia, “se podría considerar como el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos”.
El titular de la Conagua, David Korenfeld Federman, aseguró que desde el 8 de agosto pasado se aplicó el protocolo correspondiente para evitar consecuencias hidrológicas y restringió el agua del río, así como en los 322 pozos y norias ubicados a 500 metros a cada margen del río.
Precisó que se han realizado mil 30 muestreos analizados por laboratorios certificados en Hermosillo y la Ciudad de México y que han revelado que entre los contaminantes vertidos en el agua se encuentran: cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles han estado fuera de las normas.
Expuso que la Conagua además de evaluar el impacto del derrame, inició el procedimiento administrativo contra la empresa para la recuperación de la calidad del agua e impuso una obligación a la empresa de hacer un monitoreo superficial y subterráneo dos veces al mes durante los próximos cinco años.
También se han puesto a disposición de la población 32 pipas para distribuir agua, diez plantas potabilizadoras portátiles, se entregaron recipientes para almacenar 500 mil litros de agua y 37 funcionarios llevan a cabo los procedimientos de medición permanente de la calidad del agua en la zona afectada.
El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, anunció que en los próximos días se presentará una nueva denuncia penal en contra de los dueños de la mina Buenavista del Cobre, en el marco de la recién creada Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que prevé una multa adicional de hasta 40 millones de pesos y el pago para recuperar los sitios dañado.
Detalló que se determinó la aplicación de medidas de urgente aplicación para mitigar los daños al medio ambiente.
Se procedió a la clausura del riego del patio de lixiviados, la neutralización del pH con cal y productos de limpieza, y se ha procedido con los estudios que ayuden a determinar la magnitud del daño para proceder a aplicar la respectiva sanción que podría ascender a unos 40 millones de pesos.
Los dictámenes determinarán el tiempo que tardarán en recuperarse las partes dañadas y en caso de no ser posible se decidirá la sanción y compensación por parte de Grupo México, explicó.
LAS MULTAS
El 8 de agosto, dos días después del derrame en el río Sonora, la Profepa abrió un proceso administrativo en contra de Grupo México por violaciones a la Ley General de Gestión de Residuos y a la Norma Oficial Mexicana 159.
El proceso puede concluir con la aplicación de una multa que va de 50 a 50 mil días de salario mínimo; es decir, de tres mil 364.50 pesos a tres millones 364 mil 500 pesos.
El 18 de agosto, la Profepa interpuso una denuncia penal en contra de la empresa minera por la presunta comisión de delitos contra el ambiente tipificados en el Artículo 414 del Código Penal Federal, que prevé una pena de uno a nueve años de prisión y una multa de 300 a 300 mil días de salario mínimo; es decir, de 20 mil 187 pesos a 20 millones 187 mil pesos.
Con el anuncio de la nueva denuncia ante un juez de Distrito por violaciones a la Ley de Responsabilidad Ambiental, la sanción para una persona moral es de mil a 600 mil días de salario mínimo; es decir, de 67 mil 290 pesos a 40 millones 374 mil pesos.
De acuerdo con la Semarnat, se buscarán las multas máximas para los responsables de la contaminación que sumarían entre todas 63 millones 925 mil 500 pesos y nueve años de prisión, sin contar con el monto de cientos o miles de millones de pesos que se establecería con el fin de reparar el daño ambiental.
El titular de Semarnat, Juan José Guerra Abud, estimó en cuatro mil barriles de crudo el derrame provocado por una toma clandestina en un ducto de Pemex, en la Cuenca del río San Juan.
En el marco de una visita de supervisión en la zona afectada, Guerra Abud dijo que "el volumen que se estima se derramó fue del orden de cuatro mil barriles de petróleo, sin embargo la cifra exacta la sabremos hasta que haya terminado toda la recolección y saneamiento", dijo.
De acuerdo con datos de Pemex, agregó en rueda de prensa, del hidrocarburo derramado, 60 por ciento ha sido recolectado.
El compromiso del director de Pemex, Emilio Lozoya Austin es "que esta misma semana todo el producto que está sobre la superficie del agua pueda ser recolectado", agregó el titular de Semarnat.
Estas acciones se llevan a cabo ante la preocupación de que el agua contaminada llegue a la presa El Cuchillo, principal fuente de abasto de agua potable para el área metropolitana de Monterrey.
Remarcó que Pemex es parte afectada en el caso, pero igual está en disposición y tiene responsabilidad de remediar la emergencia ecológica en la Cuenca del río San Juan.
Guerra Abud expuso que por el momento es complicado precisar los daños por el derrame de crudo, generado por la toma clandestina localizada el 16 de agosto en el kilómetro 463.5 del oleoducto Madero-Cadereyta, pero insistió en que lo primordial es evitar que la contaminación llegue a la presa El Cuchillo.
En este orden, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman enfatizó que la prioridad es garantizar la seguridad en la presa El Cuchillo.
Refirió que el hidrocarburo avanzó en un radio de siete kilómetros y el embalse está a 78 kilómetros lineales por el río San Juan.
Apuntó que proceden a mediciones en la zona contaminada y aguas abajo para verificar las condiciones del líquido.
"Lo más importante es acordonar, evitar que se esparza en mayor longitud y también estamos conminando a Pemex y a la empresa a que terminen los trabajos, porque tenemos pronósticos de lluvias los próximos días", mencionó Korenfeld Federman.
Martín Ruiz Múzquiz, jefe de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del Sector Ductos de Pemex Refinación Zona Norte dijo que a las 380 personas dispuestas en las tareas de remediación, se sumarán 100 más con el objetivo de sanear a la brevedad la zona contaminada por crudo.
Saneamiento en 10 semanas
Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, prometió que en 10 semanas quedará limpia de petróleo el área que resultó afectada por el derrame en el municipio de Cadereyta, y aseguró que hasta ahora, unas 15 mil toneladas de material impregnado de petróleo han sido extraídas por personal de Pemex de la cuenca del río San Juan.
"Hay un plazo que se está comprometiendo de un máximo de 10 semanas para concluir completamente con estas labores, que no significa que se tengan que agotar las diez semanas para dar un buen avance a lo más delicado, que es retirar la mayor cantidad de crudo que se pueda de los lugares que han sido contaminados. Son aproximadamente siete, ocho fases, de las cuales ya estamos en la cuatro", dijo Medina.
Agregó que se evaluarán 400 hectáreas de producción para determinar el monto dañado y aseguró que los ejidatarios tendrán el apoyo en agua, alimentos e indemnizaciones.
En reunión con funcionarios municipales, estatales y federales realizada la mañana de este lunes en el Palacio de Gobierno, Medina señaló que no existe riesgo de que el petróleo haya contaminado mantos freáticos y tampoco de que llegue hasta la presa El Cuchillo.
El titular de Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, estimó en 4,000 barriles de crudo el derrame provocado por una toma clandestina en un ducto de Pemex en la cuenca del río San Juan.
"El volumen que se estima se derramó fue del orden de 4,000 barriles de petróleo, sin embargo la cifra exacta la sabremos hasta qué haya terminado toda la recolección y saneamiento", explicó este lunes en el marco de una visita de supervisión en la zona afectada en el municipio de Cadereyta, unos 60 kilómetros al oriente de Monterrey.
De acuerdo con datos de Pemex, agregó en rueda de prensa, 60% del hidrocarburo derramado ha sido recolectado.
El compromiso del director de Pemex, Emilio Lozoya Austin es "que esta misma semana todo el producto que está sobre la superficie del agua pueda ser recolectado", agregó el titular de Semarnat.
Estas acciones se llevan a cabo ante la preocupación de que el agua contaminada llegue a la presa El Cuchillo, principal fuente de abasto de agua potable para el área metropolitana de Monterrey.
El funcionario remarcó que Pemex es parte afectada en el caso, pero igual está en disposición y tiene responsabilidad de remediar la emergencia ecológica en la cuenca.
Guerra Abud expuso que por el momento es complicado precisar los daños por el derrame de crudo ocurrido el 16 de agosto a casusa de una toma clandestina en el kilómetro 463.5 del oleoducto Madero-Cadereyta.
