Por Carolina Pavón.

Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) le solicitó a la Subsecretaria de Trabajo de Mendoza que se le aplique el procedimiento preventivo de empresa en crisis, proceso que puede derivar en suspensiones y despidos. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) señalaron que la empresa hace un año que viene acarreando inconvenientes financieros y que en lo que va del 2014 ya se han despedido cerca de cien trabajadores.

Si bien, hoy se dio a conocer la crisis por la que está atravesando IMPSA, debido a la presentación que hizo ante el órgano de Trabajo, el sindicato que nuclea a los empleados del sector hace tiempo que está en conocimiento de dicha situación.

“Hemos hecho presentaciones ante la Legislatura y gestiones a nivel nacional para evitar los despidos”, indicó a SITIO ANDINO, el Secretario Adjunto de la UOM, Roberto Figueroa.

Según el dirigente hace aproximadamente un año que IMPSA está teniendo inconvenientes financieros que repercuten en la planta de personal. En estos últimos meses ha habido una reducción en la jornada laboral y disminución de personal.

De acuerdo a los datos que maneja el sindicato, desde enero hasta la fecha se han despedido cerca de cien empleados. Igualmente desde el gremio aclararon que entre estos hechos hay algunos casos que se han dado no por los problemas que está atravesando la empresa, sino por conflictos particulares entre empleado y empleador.

En la provincia, IMPSA cuenta con dos plantas (una en Godoy Cruz y la otra en el carril Rodríguez Peña) en las cuales trabajan entre 350 y 400 empleados en total.

Desde la UOM se mostraron preocupados por la situación que ha planteado la empresa ante el Gobierno y manifestaron que harán todo lo posible para conservar los puestos de trabajo.

Hoy, la firma y el gremio tuvieron su primera audiencia en la Subsecretaría de Trabajo.

El alto nivel de conflictividad laboral que vive la Argentina debido a la inflación y recesión que padece llegó para una de las empresas mendocinas más importantes a nivel internacional, como lo es Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), proveedora de soluciones integrales para la generación eléctrica a partir de recursos renovables, equipos para la industria de procesos y servicios ambientales.

El grupo local, a cargo de Enrique Pescarmona, solicitó ayer permiso para iniciar un proceso de crisis que puede derivar en suspensiones y despidos de los casi 3.500 trabajadores que emplea. Lo hizo mediante el envío de una carta a la subsecretaría de Trabajo para que le permitan la apertura del llamado Procedimiento Laboral en base a lo que marca la Ley 24.013 y el Decreto 2072/94.

En la misiva que envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), argumenta las razones, asegurando que lo hace “con el objetivo de lograr la sustentabilidad del negocio, asumiendo como prioridad la continuidad de la mayoría de los puestos de trabajo, y alineado con las necesidades de producción”.

Según manifestó Ismael Jadur, gerente de relaciones Instituciones de la firma, para llegar a esta situación “han incidido diversos factores de peso importante, fundamentalmente el pago en el exterior. Hemos experimentado demoras, en Brasil tenemos un problema que tuvimos que resolver en la Justicia. Tuvimos seis instancias en las que recién después de eso pudimos cobrar una deuda de casi 300 millones de dólares que la cobramos luego de casi 30 meses. Ese costo produjo una determinación muy importante”. Además, sufre retraso por el pago de obras realizadas en Venezuela y Ecuador.

La Ley 24.013 establece que antes de comunicar despidos o suspensiones “por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas”, se debe solicitar la apertura de un procedimiento de crisis “en los casos que afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 operarios; y a más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores”.

Otra razón por la cual el grupo alcanzó este escenario negativo, es que muchas de las obras energéticas que se le habían adjudicado luego fueron derivadas hacia otros grupos u directamente frenadas. También la actualidad de los parques eólicos, cuyo avance se han ralentizado lo suficiente como para sumar otro foco.

En una misiva que envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (IMPSA) aseguró que está obligada a realizar procedimientos de crisis “"con el objetivo de lograr la sustentabilidad del negocio, asumiendo como prioridad la continuidad de la mayoría de los puestos de trabajo, y alineado con las necesidades de producción”".

E informó que pidió “"la apertura y sustanciación del Procedimiento Laboral en los términos regulados por la Ley 24.013 y el Decreto 2072/94, con citación e intervención de la asociación sindical correspondiente ante la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Mendoza”".

La Ley 24.013 establece que antes de comunicar despidos o suspensiones “"por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas”", se debe solicitar la apertura de un procedimiento de crisis “"en los casos que afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 operarios; y a más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores”".

Lo planteó por el riesgo de despido de 215 trabajadores, sobre una nómina salarial de más de mil. La compañía y UOM fueron citadas a una audiencia de conciliación.

Según Miguel Ángel Flores Isuani, del diario Los Andes, de la ciudad de Mendoza, IMPSA pidió a la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza acogerse al procedimiento preventivo de empresa en crisis, que se aplica en una instancia previa a efectivizar suspensiones o despidos de personal. En su caso, involucra a 215 empleados, de los cuales 105 son sindicalizados y otros 110, fuera de escala o convenio, son de nivel jerárquico.

El holding capitaneado por Enrique Pescarmona emplea a 1.075 trabajadores, según lo declarado a la autoridad laboral.

A partir de la comunicación efectuada el jueves 21 y del riesgo de recortar más del 20% de ésa nómina, Trabajo ya citó a representantes del grupo y de UOM (Unión Obrera Metalúrgica) a una audiencia de conciliación para el lunes 01/09.

De fracasar, abrirá un período de 10 días hábiles para negociar un acuerdo.

Ahora, la empresa debe informar qué impacto tendrá la crisis en los puestos de trabajo, y cuáles son las medidas que propone.

De acuerdo a la norma, si la reducción de personal es parte de la propuesta para revertir la situación, la empresa está obligada a detallar la cantidad y categoría de los trabajadores a despedir, y la oferta indemnizatoria en cada caso.

Del total de su plantilla, Impsa cuenta con 400 profesionales ingenieros, de los cuales un buen número está en la lista de 100 puestos fuera de convenio que podrían ajustarse si no hay acuerdo.

El Procedimiento Preventivo de Crisis de empresas puede sustanciarse, “con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas”, cuando afecten a más del 15% del plantel en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10%, de 400 a 1.000 trabajadores; y a más del 5% por encima de 1.000. Por éso, una propuesta inicial de la compañía es adelantar vacaciones, reducir carga horaria semanal y tope a las horas extras.

“Son algunas opciones. El pedido lo hicimos y estamos sujetos a lo que se resuelva. Vamos a tratar la salida con todas los sectores involucrados, pero queremos generar las mejores alternativas para conservar los puestos de trabajo. La idea es optimizar la producción, en vista de la crisis financiera que estamos atravesando”, reafirmó el responsable de Relaciones Institucionales de Impsa, Ismael Jadur. Desde la Subsecretaría estudian canalizar asistencia financiera vía programas nacionales como el Repro (Recuperación Productiva) y Sostenimiento del Empleo, dos caballitos de batalla para asegurar estabilidad laboral durante 2014 a distintos sectores de la economía provincial.