El oficialismo en el Senado avanzó ayer con la polémica batería de proyectos que contempla la reforma de la ley de abastecimiento y consiguió dictamen en un plenario de comisiones. Finalmente, tras la presión de la oposición y de sectores empresarios, el Gobierno debió hacer algunas modificaciones al texto original, aunque las críticas en torno al perfil intervencionista de la norma se mantuvieron, por lo que en la sesión del próximo miércoles deberá recurrir a sus votos y a los de sus aliados para aprobarla.
En la continuidad del debate iniciado la semana pasada en Asuntos Constitucionales, Derechos y Garantías, Presupuesto, Industria y Justicia y Asuntos Penales, volvieron a presentarse el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los secretarios Julián Alvarez (Justicia) y Augusto Costa (Comercio). Esta vez los expositores fueron representantes de asociaciones de consumidores y juristas, además del vice de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja.
Desde temprano, el bloque K dio señales de que tras la caldeada reunión del jueves, en la que la reforma a la ley de abastecimiento recibió duras críticas de opositores y empresarios, el Gobierno iba a aceptar cambios menores. Así, tal como repasó Alvarez al final, en el dictamen se excluyó a las pyme del alcance de la ley “siempre que no detenten una posición dominante en el mercado”. Fue un punto que pidió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Además, el Gobierno concedió quitar a la Secretaría de Comercio como autoridad de aplicación, aunque desde la oposición no se quedaron conformes porque esa potestad seguirá en manos del Ejecutivo. “Igual la Presidente va a decretar luego que sea el secretario de Comercio”, ironizó el jefe del bloque radical Gerardo Morales.
Otra modificación fue la eliminación de la “clausura definitiva”, prevista entre las sanciones a quienes violen la ley. Del mismo modo, la autoridad de aplicación deberá pedir “autorización judicial” para aplicar una clausura mayor de tres días o una inhabilitación especial de cinco años.
Aunque el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, destacó que hubo “un cambio estructural y central” en la norma, tanto la oposición como los principales sectores empresarios ratificaron su rechazo a la iniciativa oficial, alegando que mantiene el espíritu de control estatal sobre todo el proceso económico. De hecho, el radical Morales y Rubén Giustiniani (FAP-UNEN) coincidieron en reconer la “actitud” de aceptar modificaciones, aunque confirmaron su voto negativo.
Es que, pese a los cambios, el texto sigue sosteniendo que la autoridad de aplicación puede “intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios ”.
Asimismo, se mantiene el artículo que habilita al Ejecutivo a obligar a empresas a producir aún a pérdida, aunque en ese caso los empresarios podrán “pedir una compensación justa y oportuna”, según otro cambio introducido ayer. Y, al mismo tiempo, las empresas no estarán exceptuadas de brindar información sobre sus costos de producción y ganancias, aunque la autoridad de aplicación deberá mantener su carácter confidencial.
El representante de la UIA –entidad que no había sido invitada a exponer la semana pasada– consideró que “estas leyes perjudican a las empresas ”, al tiempo que cuestionó que las sanciones se “aplican de manera discrecional y no favorecen a la preservación de los derechos de los ciudadanos”.
Desde el plano legal también surgieron críticas. Los constitucionalistas Daniel Sabsay y Ricardo Gil Lavedra coincidieron al cuestionar la constitucionalidad de la iniciativa. “No resiste el simple análisis. Está destinada a ser rápidamente despedazada por la Justicia, como ocurrió con la reforma judicial”, opinó Sabsay. También recibió críticas la creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios para asistir a la Secretaría de Comercio en el relevamiento y monitoreo. En cambio, el proyecto que crea el fuero judicial del consumidor recibió apoyo de la oposición.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, planteó hoy que la nueva Ley de Abastecimiento constituye un caso de "abuso de autoridad" y no descartó la posibilidad de recurrir a la Justicia si el Congreso la aprueba dentro del paquete de leyes vinculadas a la producción y el consumo que impulsa el Gobierno.
La ley, que incluye la creación de un Observatorio de Precios y el Fuero del Consumidor, tuvo hoy su segundo round en las comisiones del Senado, que finalmente aprobaron el dictamen con los votos del oficialismo.
El directivo expresó que "si sale la ley, la Junta Directiva de la entidad deberá decidir qué se hace, pero esta conducción estima que (la UIA) hará una presentación ante la Justicia".
A su criterio, Méndez sostuvo que el proyecto es "inconstitucional", aunque manifestó que "es un camino largo todavía".
En una conferencia de prensa, el presidente de la UIA dijo que el Gobierno "no nos deja margen para negociar" ya que, según señaló, "nos ponen a resolver en cuestión de horas algo en lo que ellos estuvieron trabajando durante seis meses".
"Estamos cerquísima de un abuso de autoridad", enfatizó el empresario del plástico, quien confirmó el apoyo del Grupo de los Seis al rechazo a la iniciativa gubernamental.
Por su parte, el secretario de la UIA, José Ignacio de Mendiguren insistió en que "con esta ley no va a invertir nadie" y consideró que la normativa propuesta va en "sentido contrario" a lo que, a su entender, necesita la economía.
"Tenemos restricción de dólares y una posibilidad de conseguirlos es por financiamiento, pero esa puerta está cerrada. Así, que la única manera es exportando más y con valor agregado", justificó su posición de Mendiguren.
El también diputado nacional del Frente Renovador consideró que la reforma a la Ley de Abastecimiento "puede afectar", inclusive al crédito para las empresas.
"Para prestarme dinero, el banco tiene que evaluarme. Ahora, si vé que (el gobernador de Formosa, Gildo) Insfrán me puede expropiar la mercadería, ¿qué evaluación puede hacer?", argumentó.
Por su parte, el titular de la Coordinadoras de Empresas de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, formuló una serie de precisiones técnico-jurídicas.
El abogado laboralista consideró que la Ley de 1974 que el Gobierno pretende reformar "no está vigente" porque, a su entender, fue prácticamente derogada en 1991 por el Decreto de Necesidad y Urgencia 2284 del presidente Carlos Menem.
Dicha norma, sancionada a pedido de organismos internacionales de crédito como requisito para acceder a financiamiento, tan solo dejó vigente el artículo 2 inciso c) del cuerpo original.
Funes de Rioja señaló que la actual reforma "es inconstitucional y viola el Pacto de San José de Costa Rica" y que, además, "viola el artículo 76 de la Constitución" que establece la forma en que el Congreso puede delegar facultades al Poder Ejecutivo.
En la conferencia de prensa estuvieron además el director Ejecutivo, Martín Etechegoyen y uno de los vicepresidentes de la UIA, Juan Carlos Sacco.
Con tal de ganar alguna adhesión a la polémica ley de Abastecimiento, que rechazaron casi todas las cámaras empresarias, esta mañana el senador Miguel Angel Pichetto se comunicó con el titular de CAME, Osvaldo Cornide para asegurarle que la ley no alcanzará a las Pymes. Aunque le advirtió que podrían ser alcanzadas aquellas pymes con posición monopólica en algunos rubros de la economía. Cornide preguntó, según contó a Clarín, quién determinaba la posición monopólica a lo que Pichetto habría respondido "la autoridad de aplicación". Hubo gestiones de Came ante Débora Giorgi quien les reiteró la decisión de dejar bajo el alcance de la ley de abastecimiento a aquellas pymes con posición dominante.
En este momento arranca en la UIA una conferencia de prensa junto a otras cámaras para reiterar el rechazo a la iniciativa que tendría hoy dictamen de comisión.
Por Gustavo Ybarra.
En un sorpresivo giro, el Gobierno decidió ayer escuchar los reclamos de las centrales empresarias, de la oposición y de sus propios senadores, y dio marcha atrás con muchas de las amplias facultades que le otorgaba a la Secretaría de Comercio para intervenir en la cadena de producción y de formación de precios del mercado mediante una polémica modificación a la ley de abastecimiento.
Así, la autoridad de aplicación, que se estima será la Secretaría de Comercio, ya no podrá disponer de clausuras e inhabilitaciones sin previa orden judicial. Además, se establecen de manera taxativa las causas que podrían motivar la intervención estatal en un mercado determinado.
La oposición reconoció el gesto del oficialismo , pero aseguró que los cambios no eran suficientes para eliminar toda la discrecionalidad que le otorga a la autoridad de aplicación.
Los cambios fueron anunciados ante un plenario de cinco comisiones del Senado por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y tuvieron directa relación con el análisis realizado en el Poder Ejecutivo y las sugerencias elevadas por sus propios legisladores acerca de que el texto, tal como estaba redactado, iba a ser objeto de fuertes objeciones en la Justicia.
Una vez anunciadas las modificaciones, el oficialismo firmó dictamen al proyecto de la ley de abastecimiento, que quedó así habilitado para su tratamiento en el recinto de la Cámara alta el próximo miércoles. En la misma sesión se discutirán las iniciativas que crean un Observatorio de Precios y el fuero judicial para usuarios y consumidores, que ayer también obtuvieron el visto bueno en comisiones.
A pesar de que el líder del bloque radical, Gerardo Morales (Jujuy), destacó que "los cambios son positivos para limitar arbitrariedades", el centenario partido mantuvo su rechazo a la iniciativa por considerar que aún mantiene amplias facultades discrecionales en manos de funcionarios del Poder Ejecutivo.
Así, Morales consideró inconstitucional la cláusula que obliga a las empresas a pagar las multas antes de poder recurrirlas en la Justicia. "Esto es denegación de justicia, algo que está prohibido por la Constitución", destacó el senador radical.
El mismo camino siguió el Frente Amplio Progresista. Así lo anunció el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe), quien destacó que el FAP comparte la idea de que el Estado debe regular el mercado, pero criticó el proyecto. "Esta herramienta parte de un diagnóstico equivocado y no es el remedio para el mal que vive el país en este momento, que es un estancamiento económico", afirmó.
Los cambios aceptados por el Gobierno son relevantes. Así, por ejemplo, se establecieron parámetros objetivos para la intervención de la autoridad de aplicación, eliminando la vaga fórmula original, que permitía la intromisión estatal cuando la autoridad de aplicación lo considerase "estrictamente necesario".
En este cambio tuvo un papel importante el senador Rodolfo Urtubey (FPV-Salta), quien acercó la idea al bloque oficialista y a los funcionarios del Poder Ejecutivo, con el objetivo de eliminar futuros conflictos judiciales.
Otro cambio que aflojó críticas y redujo la discrecionalidad del proyecto fue la tipificación de las conductas pasibles de ser sancionadas.
En la misma línea, Álvarez anunció la marcha atrás del Gobierno en su intención de aplicar sanciones graves sin autorización judicial, como la inhabilitación comercial o clausura especial temporaria para las empresas que incurran en violaciones de la ley de abastecimiento.
La misma prevención -solicitud de autorización judicial- deberán tomar las autoridades para requerir la extensión por 30 días de la clausura de un comercio.
Como ya había anticipado LA NACION en su edición del domingo último, otro de los cambios aceptados por la administración kirchnerista fue la exclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas del alcance intervencionista de la iniciativa.
En el caso de aquellas empresas catalogadas como medianas, sólo quedarán alcanzadas por la norma aquellas que, por su situación en el mercado, tengan injerencia en la formación de precios.
Por último, Álvarez anunció que las empresas tendrán la posibilidad de recurrir total o parcialmente las multas que se les apliquen. En el caso del proyecto que crea el Observatorio de Precios, se aclaró que el Estado podrá intervenir y requerir de una empresa que produzca a pérdida ante determinada eventualidad, pero que a cambio deberá otorgar una compensación adecuada.
BOUDOU, OTRA VEZ DE VIAJE
Amado Boudou viajó ayer a Turquía, para asistir a la ceremonia de asunción de Recep Tayyip Erdogan como presidente de ese país. El traspaso del mando se producirá mañana, luego de que Erdogan renuncie hoy a la presidencia del islamista Partido de la Justicia. Pero el vicepresidente tiene previsto regresar al país entre el domingo y el lunes próximos, por lo que estará disponible para presidir la sesión del Senado del próximo miércoles.
