Sin demasiado nuevo que agregar y con nulas expectativas de lograr la marcha atrás del proyecto de ley de Abastecimiento, los empresarios del Grupo de los 6 y del Foro de Convergencia se presentarán esta tarde en el Senado con las mismas críticas que vienen sosteniendo desde que la iniciativa fue girada al Congreso. Harán los máximos esfuerzos por derribarla durante todo el proceso de tratamiento legislativo, aunque ya se preparan para objetar judicialmente la futura ley, apenas sea promulgada.

Asistirán al debate en el plenario de comisiones las mismas entidades que participaron el martes pasado, a las que se sumará la UIA a través de su abogado y titular de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja. Si bien trascendió que el oficialismo habría accedido a realizar algunos pequeños cambios al proyecto –excluirían a las pymes del alcance de la normativa y cambiarían la autoridad de aplicación–, las principales cámaras empresarias insistirán en su total rechazo por su “inconstitucionalidad” y su “carácter intervencionista”.

En su habitual reunión de los lunes, las alimenticias agrupadas en Copal interpretaron que “no hay espacio para aceptar enmiendas menores en el proyecto” y que el repudio se basa en que la “esencia de la norma no sólo excede facultades constitucionales que son indelegables, sino que además implicaría una intervención directa y discrecional del Estado sobre la actividad privada. Una modificación parcial no atenuaría estos hechos cruciales”, precisaron fuentes de la entidad.

La única cámara del G6 que presentó modificaciones fue la Cámara de Comercio (CAC), ya que sus miembros consideran que, si el proyecto va a ser ley, es preferible que salga mejorado. También presentaron objeciones y reclamaron cambios a la iniciativa cámaras pymes, que recibirían algún gesto.

Mientras el proyecto avanza en el Senado, los industriales no pierden el tiempo y avanzan con el lobby en Diputados. Tanto es así que el titular de la UIA, Héctor Méndez, y el secretario de la entidad y diputado por el Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, recibirán hoy a una delegación de legisladores de distintos partidos para discutir, principalmente, sobre la cuestionada iniciativa. Por la tarde, la central industrial tendrá su reunión de junta directiva en la que también será debatirá el tema.
Los empresarios de los diversos sectores y regiones del país también repasarán el encuentro que ayer mantuvieron técnicos de la UIA con el secretario de Comercio, Augusto Costa, para dialogar sobre la marcha de la economía y los alcances del proyecto. El funcionario les planteó que exageran con su posición sobre el tema y que hay países que aplican normas similares. Por lo pronto, el G6 resolvió encargar un estudio sobre la constitucionalidad del proyecto y cuál debería ser el camino a seguir.

Para contrarrestar las críticas de las principales cámaras, Costa y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se reunieron con empresarios de los sectores frutihortícola, lácteo, vitivinícola, yerbatero, maderero, molinero, arrocero y de la carne, quienes –según el comunicado oficial– “dieron su respaldo a los proyectos”.

El oficialismo podría aceptar cambios al proyecto de ley para reformar la Ley de Abastecimiento, aunque todo indica que esas modificaciones no tendrán que ver con las principales quejas de los empresarios. Según trascendió, el Ejecutivo aceptaría excluir a las Pymes de los alcances de la iniciativa, a tono con el pedido del sector, además de corregir los parámetros para definir las multas previstas en la iniciativa. A pesar de eso, la oposición no acompañará el texto oficial, que en los últimos días se ganó el rechazo de todos los bloques no kirchneristas.

La exclusión de las pequeñas y medianas empresas responde al argumento de que su tamaño les impide influir decisivamente en el mercado, por lo que no podrían ser alcanzadas por los supuestos de la ley. El cambio en las multas, en tanto, tiene que ver con la forma del cálculo. El Gobierno evalúa pasar de montos mínimos y máximos a un cálculo que tome en cuenta el volumen de la empresa castigada. Además, dejaría como autoridad de aplicación de la norma al Poder Ejecutivo en su conjunto, en vez de hacer recaer toda la autoridad en la Secretaría de Comercio.

El tema avanzará hoy en el Senado con la consulta de entidades de consumidores para luego, a instancias del oficialismo, emitir un dictamen que será debatido en el recinto la próxima semana. La reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda, de Derechos Humanos y Garantías y de Justicia y Asunto Penales comenzará a las 13 en el Salón Azul para terminar la ronda de consultas que tuvo su primera etapa el miércoles pasado.

Además de modificar la ley de Abastecimiento, la Casa Rosada también busca introducir cambios en la de Defensa de la Competencia y la de Defensa del Consumidor, aunque el blanco de las críticas empresas se centra en aspectos vinculados a cambios en la primera de las tres.

Avanza el nuevo canje

Mañana, en tanto, continuará la actividad en la Cámara alta, porque el oficialismo confía en agotar el tratamiento en comisiones del proyecto de Pago Soberano local de la Deuda Externa, para llevarlo al recinto el 3 de septiembre. Así, desde las 11 se reunirán las comisiones de Presupuesto y Hacienda; de Relaciones Exteriores y Culto; y de Economía Nacional e Inversión, con la intención de emitir dictamen y dejar todo listo para avanzar con la propuesta

A ese plenario fueron invitados funcionarios nacionales y, si bien no hubo confirmación oficial, se espera que concurran el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, para explicar los alcances de la iniciativa con la que el Gobierno procura eludir el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa.

Por Gustavo Ybarra.

La presencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) será la novedad del plenario de cinco comisiones que retomará hoy la discusión en el Senado del proyecto de modificación de la ley de abastecimiento, a la que también concurrirán entidades de defensa de usuarios y consumidores para dar su opinión sobre la iniciativa.

Rechazado por una amplia mayoría de las centrales fabriles y empresarias y por todo el arco opositor, el oficialismo se dispone a emitir dictamen al proyecto una vez concluidas las exposiciones, que empezarán a las 13. La intención del kirchnerismo es dejar la iniciativa lista para su debate en el recinto la semana próxima.

Salvo alguna orden de último momento, no se preveían grandes cambios al texto remitido por el Poder Ejecutivo. Los senadores oficialistas sólo tenían hasta ayer el visto bueno del secretario de Comercio, Augusto Costa, para aclarar que las facultades de intervención estatal no alcanzarán a las pequeñas y medianas empresas.

Se espera que en su exposición ante los legisladores los representantes de la UIA, Daniel Funes de Rioja y Martín Etchegoyen, pidan la introducción de nuevos cambios. Uno de ellos sería la especificación en el texto del proyecto de "causales objetivas" que deberían cumplirse para que la Secretaría de Comercio pueda intervenir en el diseño de producción y formación de precios en un determinado sector del mercado.

El pedido es avalado por algunos senadores oficialistas. Pero un cambio de esas características va en contra del espíritu de la norma que pretende tener sancionada el Poder Ejecutivo, por lo que fuentes kirchneristas consideraron difícil que el reclamo pueda prosperar.

El Gobierno sostiene que la iniciativa tiende a "empoderar" a usuarios y consumidores ante los abusos de las grandes corporaciones económicas, y sostiene que centrar el debate en los cambios a la ley de abastecimiento, como lo han hecho empresarios y legisladores de la oposición, es una estrategia para distraer la atención ante lo que, según afirmó Costa, es una nueva ampliación de derechos reglamentada por la administración de Cristina Kirchner.

Quienes se oponen al proyecto señalan que las amplias facultades de intervención en el mercado que le otorga al Poder Ejecutivo desalentará la inversión y, por lo tanto, redundará en la pérdida de fuentes de trabajo.

Algunas centrales fabriles y profesionales, como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Colegio Público de Abogados, advirtieron que la iniciativa podría ser tachada de inconstitucional, ya que avanza sobre el derecho de propiedad privada.

"El mismo gobierno que no puede controlar las fronteras quiere decir qué se compra, cómo se compra, a qué precio y cómo se paga. Es una ridiculez", agregó por su parte el radical Ernesto Sanz (Mendoza).

Para el senador y precandidato presidencial, "la propuesta espanta inversiones y demuele puestos de trabajo", tras lo cual dijo que el proyecto "no convence a los argentinos y crea desconfianza en el mundo".

Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe) anunció ayer que el Frente Amplio Progresista tampoco acompañará la propuesta del Poder Ejecutivo.

Además de cambios a la ley de abastecimiento, en el plenario de hoy se discutirán y también obtendrán dictamen otros dos proyectos para crear un fuero judicial en Capital Federal para dirimir cuestiones de usuarios y consumidores. Las provincias que quieran tenerlo tendrán que adherir a la norma una vez sancionada, y un Observatorio de Precios, que también otorga amplias facultades a la Secretaría de Comercio para intervenir en la economía.

Además de más de veinte asociaciones de defensa de usuarios y consumidores, hoy desfilarán por el Salón Azul del Senado constitucionalistas, como Daniel Sabsay y Ricardo Gil Lavedra.