Autopartistas, fabricantes de neumáticos, la industria manufacturera, empresas alimenticias, de transporte y establecimientos metalúrgicos son algunos ejemplos de alto nivel de conflictividad laboral que vive la Argentina. La recesión, la inflación, la caída del consumo, la devaluación, la incertidumbre que el default provoca entre los inversores internacionales, una serie de medidas políticas consideradas ‘equivocadas’ y que generan incertidumbre son algunas razones para justificar esta inesperada fotografía laboral de la llamada ‘década ganada’.

Ahora le tocó el turno a una de las grandes multinacionales locales como es Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), proveedora de soluciones integrales para la generación eléctrica a partir de recursos renovables, equipos para la industria de procesos y servicios ambientales. El grupo mendocino, a cargo de Enrique Pescarmona, solicitó ayer permiso para iniciar un proceso que puede derivar en suspensiones y despidos de los casi 3.500 trabajadores que emplea. Lo hizo mediante el envío de una carta a las autoridades provinciales para que le permitan la apertura del llamado Procedimiento Laboral en base a lo que marca la Ley 24.013 y el Decreto 2072/94.

En la misiva que envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), argumenta las razones, asegurando que lo hace “con el objetivo de lograr la sustentabilidad del negocio, asumiendo como prioridad la continuidad de la mayoría de los puestos de trabajo, y alineado con las necesidades de producción”. E informa que pidió “la apertura y sustanciación del Procedimiento Laboral en los términos regulados por la Ley 24.013 y el Decreto 2072/94, con citación e intervención de la asociación sindical correspondiente ante la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Mendoza”.

La Ley 24.013 establece que antes de comunicar despidos o suspensiones “por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas”, se debe solicitar la apertura de un procedimiento de crisis “en los casos que afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 operarios; y a más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores”.

Si bien El Cronista intentó conocer más detalles sobre esta situación, en IMPSA prefirieron el silencio. De todos modos, fuentes del mercado estimaron que el escenario negativo que sufre el grupo se nutre a varias razones. Una es que muchas de las obras energéticas que se le habían adjudicado luego fueron derivadas hacia otros grupos. Se mencionan los casos de Chihuidos, Cóndor Cliff y Añacuá. Obras hidroeléctricas frenadas, sin presupuesto, así como otras obras nucleares que tampoco terminan de arrancar forman parte de este combo de problemas que afectan su ecuación económico-financiera. También la actualidad de los parques eólicos, cuyo avance se han ralentizado lo suficiente como para sumar otro foco.

El grupo tampoco tiene chances de equilibrar la inestabilidad local con sus negocios en Brasil. La obligación de contar con un socio local del país vecino y de construir plantas le impide usar parte de sus establecimientos y personal argentinos para los planes en el mayor mercado del Mercosur.
Además, sufre retraso por el pago de obras realizadas en Venezuela y Ecuador.

Como antecedente también se puede recordar que en junio pasado debió postergar el pago de Obligaciones Negociables (ON) clase VIII y IX emitidas en pesos y dólares. En ese momento, adujo ‘demoras de carácter administrativo‘. Y luego de una semana pagó. En septiembre próximo debe cumplir con el pago de otra serie de títulos.

Por Miguel Ángel Flores Isuani.

Forzada por una coyuntura económico-financiera difícil, Impsa pidió a la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza acogerse al procedimiento preventivo de empresa en crisis, que se aplica en una instancia previa a efectivizar suspensiones o despidos de personal. En su caso, involucra a 215 empleados, de los cuales 105 son sindicalizados y otros 110, fuera de escala o convenio, son de nivel jerárquico.

El holding capitaneado por Enrique Pescarmona emplea a 1.075 trabajadores, según lo declarado a la autoridad laboral. A partir de la comunicación efectuada el jueves 21 y del riesgo de recortar más del 20% de ésa nómina, Trabajo ya citó a representantes del grupo y de UOM (Unión Obrera Metalúrgica) a una audiencia de conciliación para el lunes 1 de setiembre. De fracasar, abrirá un período de 10 días hábiles para negociar un acuerdo.

Tras confirmar la audiencia del próximo lunes y con balances y documentación técnica para fundamentar el pedido presentado por la compañía, el responsable de Relaciones Laborales de la Subsecretaría, Osvaldo Marín aseveró que “es un camino que recién se inicia en busca de encontrar una solución”.

Ahora, en tanto avanza el proceso supervisado por la autoridad laboral de Mendoza, de acuerdo a lo estipulado por la ley 2413 y el Decreto 2072/94 a instancias del empleador para compañías de más de 50 trabajadores, Impsa debe informar qué impacto tendrá la crisis en los puestos de trabajo, y cuáles son las medidas que propone.

De acuerdo a la norma, si la reducción de personal es parte de la propuesta para revertir la situación, la empresa está obligada a detallar dos aspectos: la cantidad y categoría de los trabajadores a despedir, y la oferta indemnizatoria en cada caso. Del total de su plantilla, Impsa cuenta con 400 profesionales ingenieros, de los cuales un buen número está en la lista de 100 puestos fuera de convenio que podrían ajustarse si no hay acuerdo.

Licencias y menor dedicación

A principios de 2014 se había prendido una señal de alerta. De acuerdo a la UOM, desde febrero se denunciaron no menos de 20 despidos en la planta de Impsa en Godoy Cruz.

El Procedimiento Preventivo de Crisis de empresas puede sustanciarse, “con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas”, cuando afecten a más del 15% del plantel en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10%, de 400 a 1.000 trabajadores; y a más del 5% por encima de 1.000. Por éso, una propuesta inicial de la compañía es adelantar vacaciones, reducir carga horaria semanal y tope a las horas extras.

“Son algunas opciones. El pedido lo hicimos y estamos sujetos a lo que se resuelva. Vamos a tratar la salida con todas los sectores involucrados, pero queremos generar las mejores alternativas para conservar los puestos de trabajo. La idea es optimizar la producción, en vista de la crisis financiera que estamos atravesando”, reafirmó el responsable de Relaciones Institucionales de Impsa, Ismael Jadur. Desde la Subsecretaría estudian canalizar asistencia financiera vía programas nacionales como el Repro (Recuperación Productiva) y Sostenimiento del Empleo, dos caballitos de batalla para asegurar estabilidad laboral durante 2014 a distintos sectores de la economía provincial.

Cómo sigue el proceso

La ley contempla que si la audiencia conciliatoria no termina en un acuerdo, le sigue un período de negociación entre empleador y asociación sindical, de una duración máxima de 10 días. En caso de lograrlo, la Susbsecretaría debe homologarlo o rechazarlo “con resolución fundada”.
¿Cuál es la obligación de una empresa bajo la figura de crisis?

Mientras dure la vigencia del procedimiento de crisis, “el empleador no podrá ejecutar las medidas objeto del procedimiento, ni los trabajadores ejercer la huelga u otras medidas”. Si viola esta disposición se obliga a que los trabajadores afectados mantengan su relación de trabajo y pagarles salarios caídos.

Según el Decreto 2072/94 el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas exige indicar:

a) Efectos de la crisis sobre el empleo y en su caso, propuestas para su mantenimiento.

b) Movilidad funcional, horaria o salarial.

c) Inversiones, innovación tecnológica, reconversión productiva y cambio organizacional.

d) Recalificación y formación profesional de la mano de obra.

e) Recolocación interna o externa de los trabajadores excedentes y régimen de ayuda.

f) Reformulación de modalidades operativas, conceptos y estructura remuneratorias y contenido de puestos y funciones.

g) Aportes convenidos al Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones.

h) Ayudas para que los trabajadores excedentes creen sus emprendimientos productivos.

IMPSA, del empresario Enrique Pescarmona, solicitó la apertura de un procedimiento preventivo de crisis ante la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, según la firma informó en la Bolsa. La empresa definiría las medidas a tomar (suspensiones o despidos), una vez que se le conceda el procedimiento.

La planta de Mendoza tiene unos 3.500 operarios, y, según allegados a IMPSA, necesita una adecuación porque no hubo obras hidroeléctricas en el país en los últimos años, y las que están pendientes ahora -Chihuidos en Neuquén y dos sobre el río Santa Cruz- fueron adjudicadas a consorcios con empresas chinas que ofrecen el financiamiento y a cambio instalan sus propias turbinas. IMPSA habrá perdido presencia en la Argentina y otros países suramericanos por la dificultad para competir con compañías chinas que tienen capacidad para financiar las obras. De hecho se había adjudicado Chihuidos, pero no pudo aportar los préstamos necesarios.

La intención de IMPSA sería refinanciar la deuda , luego de que a fines de junio debió demorar una semana el pago de servicios de un bono en pesos emitido en 2012. Pero antes de salir al mercado de capitales, se plantea el ajuste de su planta de Mendoza.