A principios de enero, y por un problema de precios, Pan American Energy (PAE) y Aluar iniciaron un conflicto por el suministro de gas que el grupo de los Bulgheroni, los chinos de CNOOC y la inglesa BP amenazaban con cortarle a la fabricante de aluminios de la familia Madanes Quintanilla.
La disputa se inició cuando Aluar denunció a la petrolera por haber roto el contrato de suministro energético por discrepancias en las tarifas del combustible. Aluar consideró arbitraria y abusiva la medida y advirtió que tendrá efectos negativos en la economía de la empresa y en su producción. En tanto PAE aseguró que la ruptura del acuerdo se debía a eventos distorsivos del precio del gas.
Siete meses después, y tras varios procesos judiciales y amenazas con llevar el caso a tribunales comerciales internacionales, la pelea ahora entre dos de los grupos empresarios más grandes del país va camino a resolverse.
El viernes a última hora, sellaron un acuerdo por 90 días (hasta el 30 de noviembre), por el cual PAE restablece el suministro de 2,1 millones de m3 diarios de gas para que Aluar pueda, a un precio especial, ampliar su planta de Puerto Madryn. Según fuentes de las negociaciones, el convenio permite dar un marco adecuado a las negociaciones que se han encarado para confeccionar un nuevo convenio.
PAE y Aluar lograron acercar posiciones días antes del 30 de agosto, cuando vencía una medida cautelar que se había presentado en la Justicia Federal. De hecho, había prevista una audiencia para el próximo miércoles ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N´ 26, a cargo de María Cristina OReilly, que es posible no tenga lugar.
A fines de enero, habían cerrado una tregua similar por 90 días. En aquel momento, la intervención del Gobierno evitó que la disputa creciera en intensidad. Es que el Estado nacional está directamente involucrado al tener el 9,31% de Aluar a través de la ANSeS.
Las nuevas conversaciones también podrían dejar si efecto presentaciones realizadas por PAE y Aluar ante la Cámara de Comercio Internacional. La primera en acudir al arbitraje de este organismo fue Aluar demandando a PAE por la cancelación anticipada del acuerdo. Luego PAE promovió una presentación reclamando que se declare extinguido el contrato y se condene a Aluar a pagar la diferencia entre los precios de mercado industrial de gas natural y los que se vio obligada a suministrar contra su voluntad.
Por Antonio Rossi.
El conflicto que mantienen desde hace casi un año la productora de aluminio Aluar y la petrolera PAE (Pan American Energy) por el precio del gas volvió a acaparar la atención del ámbito energético y de los funcionarios del ministro de Economía, Axel Kicillof que controlan la supercomisión de “Planificación y Coordinación Estratégica de Inversiones hidrocarburíferas” que fue creada tras la reestatización de YPF.
Dos novedades registradas en los últimos días reflotaron la pelea legal que divide a las dos grandes empresas locales y que es seguida con interés desde la petrolera que conduce Miguel Galuccio y las principales productoras de gas privadas.
Por un lado, la jueza nacional en lo Comercial, María Cristina O’ Reilly convocó a las partes a una nueva audiencia para esta semana con el fin de recabar los últimos elementos que le faltan para adoptar una resolución. Esta causa fue promovida por Aluar ante la amenaza de PAE de cortarle el suministro de gas en caso de que no acepte abonar el nuevo precio que incluye un fuerte ajuste respecto a la tarifa que se había pactado en el contrato de abastecimiento que viene de la década pasada.
Y por otro lado, los directivos de PAE decidieron “globalizar” su reclamo y acudieron directamente a la Corte de Comercio Internacional (CCI)que tiene su sede en París. PAE solicitó la apertura de un “arbitraje” contra Aluar para que se dé por concluido el actual contrato de provisión de gas a partir de enero de 2014 y se la condene a pagar la diferencia entre los precios desregulados del mercado industrial de gas y los que viene abonando por el convenio firmado hace siete años.
El conflicto por la actualización del valor del gas había arrancado unas semanas antes de las elecciones nacionales del año pasado.
Con un guiño no escrito de los funcionarios de la comisión de inversiones hidrocarburíferas, PAE (la petrolera que controla la familia Bulgheroni asociada con la empresa china CNOOC y la inglesa BP) decidió aplicarle a Aluar (la compañía que está manos de la familia Madanes Quintanilla y que tiene entre sus socios a la Anses) un ajuste en el precio del gas que le viene suministrando por un contrato suscripto en 2007.
Por ese convenio, la petrolera debe abastecer a ALUAR con un volumen diario de 2,1 millones de metros cúbicos que equivalen a casi el 16% de su producción total. Según las cláusulas contractuales que ahora están en discusión, el valor del gas iba a seguir la evaluación del precio del aluminio, una “commodity” que casi no ha experimentado variaciones en los últimos años por la sobreoferta de producción que se registra en el mercado internacional.
La intención de PAE es llevar el actual precio de US$ 1,70 por millón de BTU (la unidad comercial de energía inglesa) a US$ 3,50 por millón de BTU con el argumento de que aparecieron “factores distorsivos” que cambiaron esencialmente las condiciones económicas y del mercado.
La movida que impulsa la segunda productora de hidrocarburos del país y que tiene su principal activo en Cerro Dragón, en el Golfo San Jorge, es vista con buenos ojos por los hombres de Kicillof que quieren subir el precio de gas a las industrias para reducir los subsidios, pero sin tener que asumir el costo político de la medida.
A su vez, Galuccio y las restantes productoras de gas del país también apuestan por una resolución del conflicto a favor de PAE para poder aplicar ajustes similares en los contratos de abastecimiento que tienen vigentes con las grandes industrias.
En tanto, desde Aluar salieron a abrir el paraguas y advirtieron que seguirán utilizando todas las herramientas legales para resistir la ofensiva de PAE. Alegan que un aumento del gas superior al 100% como el que está en discusión, le quitaría competitividad a nivel mundial y se vería obligada a reducir su producción con el consiguiente impacto negativo en las fuentes de trabajo.
