Por: Carlos Burgueño.

Desde hoy un nuevo y trascendental actor se suma al elenco estable del "juicio del siglo" entre la Argentina y los fondos buitre. Se trata de Jeffrey Steven White, juez de primera instancia del distrito norte de California, que a partir de hoy deberá resolver si habilita o no la aplicación de la cláusula "Discovery" sobre Chevron, para luego avanzar sobre potenciales embargos a la petrolera norteamericana, siguiendo la presentación judicial que hace algo más de un mes hizo en ese tribunal el fondo buitre Elliott. White debe anunciar en los próximos días si da lugar al reclamo del fondo del megamillonario Paul Singer, que busca fondos de la Argentina por todo Estados Unidos para pedirle luego a la Justicia de ese país que ejecute embargos para cobrar la deuda a la que el fallo de Thomas Griesa le dio derechos.

White se suma así a la lista de actores dentro del Poder Judicial norteamericano que pueden torcer, y complicar aún más para el país, el destino del juicio que la Argentina mantiene contra los fondos buitre, hasta ahora con malas noticias provenientes de los tribunales norteamericanos. El juez del distrito norte de California es mucho más joven que su colega neoyorquino: tiene 68 años y, siguiendo una lógica negativa que el país tuvo que vivir en todo este juicio, es de raíz republicana. De hecho, llegó a juez en 2002 por recomendación de George W. Bush y en general se lo conoce por fallos conservadores, a veces al extremo. De hecho, fue partícipe en la saga WikiLeaks, por haber avanzado en decisiones cercanas a la "censura previa", impidiendo publicaciones vinculadas a los secretos que hacía públicos Julian Assange.

La intención de máxima de Elliott ante White es que un juez avance hasta las últimas consecuencias y le embargue fondos a Chevron. La de mínima, que haya un juicio nuevo que embarre aún más el desarrollo de las negociaciones con la Argentina. En el medio, Elliott busca afectar las inversiones de cualquier otra compañía norteamericana en el país. La embestida de Elliott se da en California porque en ese estado tiene su sede Chevron. La empresa es heredera de la Standard Oil-California desde 1911 y tiene su lugar de residencia en San Ramón, un condado cercano a San Francisco hacia el continente, alejándose del océano Pacífico, precisamente donde tiene su jurisdicción el Noveno Circuito y donde los abogados del fondo buitre radicaron la denuncia. La presentación fue recibida por la Justicia, a la espera de lo que suceda mañana en el tribunal de Griesa. De avalar el juez californiano la presentación, comenzaría a considerarse a nivel tribunalicio la alternativa del eventual embargo a Chevron, además de la aceleración del pedido a otros jueces del estado sobre la posibilidad de que existan fondos de la petrolera estatal renacionalizada en ese territorio. Luego, si finalmente algún juez californiano decidiera avalar el pedido de embargos de Elliott, las alternativas serían de avanzar sobre los activos de YPF primero y luego sobre los de Chevron, o sobre ambos a la vez. La Justicia del oeste puede obviamente desechar el intento y considerar los argumentos que seguramente expondrá la Argentina: que YPF es una sociedad separada del Estado y que Chevron es una empresa absolutamente independiente de la Argentina que sólo decidió asociarse con el país para un proyecto concreto: el de Vaca Muerta.

Elliott quiere que la Justicia bucee sobre los activos financieros y físicos que YPF podría tener en California; y, si no los encuentra, que sea entonces Chevron la que responda. Para semejante pedido incluye en las presentaciones judiciales innumerables fallos anteriores tanto en California como en otros estados norteamericanos. Pero lo más fuerte que presenta Elliott son los argumentos derivados de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 16 de junio pasado, cuando no sólo rechazó la posibilidad de tomar el "juicio del siglo" en tercera instancia (negando también la posibilidad de que opine el Gobierno de Barack Obama), sino que también hizo lugar a la petición de los fondos buitre de obligar a las entidades financieras de ese país (y a cualquier agente económico que considere necesario) a informar a cualquier juez sobre los activos monetarios o físicos si los magistrados así lo ordenan. Se trata de la cláusula "Discovery", una de las dos causas que debía definir la Corte Suprema y que falló en contra de la Argentina.

La argumentación básica de la presentación de Elliott (realizada a través de la firma de Joshua D.N. Hess, el abogado del fondo buitre en California) es que los fondos de YPF y, eventualmente, de Chevron, pertenecen a la Argentina; al menos, en el caso de la empresa norteamericana, en lo que tiene que ver con el proyecto de inversión de unos u$s 2.040 millones ya desembolsados (de un total de u$s 8.000 millones de todo el emprendimiento) en el yacimiento de "shale oil" en Neuquén. Ese dinero, esté en las arcas de la petrolera argentina o de la empresa norteamericana, debería ser parte de los millones de dólares con los que el país debería responder por no haber concretado el pago de los u$s 1.660 millones en tiempo y forma. Para poder avanzar necesitarían que White determine el argumento de que parte del dinero de la Argentina llegó a cuentas de Chevron por ser socio de YPF. Obviamente, en este caso, para los abogados que representan al país, del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), habría más que un argumento sólido para defender la posición del país, comenzando por la explicación de que YPF es una sociedad anónima independiente del Estado (aunque la mayoría accionaria haya sido renacionalizada) y que es imposible que se avance sobre una empresa privada norteamericana que sólo se asoció para un emprendimiento particular.

Ya con el fallo del juez Thomas Griesa a su favor, los holdouts intentan acorralar a la Argentina para que cumpla con el pago de unos u$s1.660 millones. Primero lograron la orden de un juez de Nevada para buscar y embargar activos de la familia Kirchner y del empresario Lázaro Báez. Ahora, aspiran a conseguir una medida similar contra YPF y Chevron, petroleras con un acuerdo estratégico para la explotación del yacimiento Vaca Muerta.

Este lunes, el juez de primera instancia del distrito norte de California, Jeffrey Steven White, comenzará a resolver si acepta el pedido del fondo Elliott para que se aplique la cláusula "Discovery" contra ambas empresas.

Primero, el magistrado deberá decidir si acepta tomar el caso. De ser así, los holdouts aspiran a que primero determine si YPF tiene activos físicos o financieros en California. Si no los posee, la intención es que se considere a la empresa norteamericana como corresponsable de las deudas argentinas y responda con sus propios bienes.

Si el magistrado hace lugar a la presentación, el panorama será aún más complicado para la Argentina. Ya en "default selectivo" por no poder cumplir con el pago de parte de su deuda, el embargo a una empresa que invirtió en el país podría complicar aún más la llegada de nuevas inversiones, en un contexto en que los dólares escasean cada vez más.

Los pronósticos no son alentadores. Como los anteriores jueces que fallaron a favor de los holdouts, White es de origen republicano. En 2002 llegó a su cargo gracias a la recomendación del por entonces presidente, George W. Bush, y, según consigna el diario Ámbito Financiero, es conocido por sus fallos conservadores. Su decisión más recordada, quizá, sea el aval que dio al pedido para impedir que los cables filtrados por WikiLeaks fueran publicados, algo que distintos dirigentes señalaron como una potencial "censura previa".

El pedido de Elliott fue realizado en California porque allí tiene Chevron su sede principal, como heredera de lo que fue la Standard Oil-California, histórica petrolera fundada en 1911.

La presentación, realizada a través del estudio Joshua D.N. Hess, reclama que la petrolera norteamericana responda con su patrimonio por los u$s1.660 millones adeudados por la Argentina. Debido a que la empresa se comprometió a invertir unos u$s8.000 millones en Vaca Muerta, los holdouts consideran que pueden entablar un embargo para que ese dinero les sea entregado directamente a ellos.

De acuerdo con el diario Ámbito Financiero, el principal argumento de la defensa argentina, dirigida por el estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), será que YPF es una sociedad anónima independiente del Estado, más allá de que el 51% de sus acciones hayan sido nacionalizadas. Respecto a Chevron, alegarán que se trata de una empresa privada norteamericana que nada tiene que ver con el país, sino que tan sólo se asoció para un emprendimiento particular.