Por Jorge Oviedo.

El financiamiento que ofrece China para la construcción de dos represas en la Patagonia incluye cláusulas por las cuales la Argentina acepta volver a someterse a tribunales judiciales extranjeros y se compromete a no entrar en default y a tener una relación en "buenas condiciones" con el Fondo Monetario Internacional.

Según el acuerdo que firmó hace unos días el país con el gobierno de Xi Jinping, al que accedió la nacion, la Argentina debe someterse a tribunales judiciales y de arbitraje extranjeros y se obliga al país a ser "un miembro en buenas condiciones del FMI" para lograr préstamos por US$ 4714 millones, necesarios para poder construir las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, ambas en la provincia de Santa Cruz.

En el convenio también hay cláusulas de "default cruzado". Es decir, si el gobierno argentino entra en default con otras deudas, también lo hace implícitamente con los chinos. Y si hay default con otros acreedores, China no presta.

Los contratos con China también parecen contener cláusulas que el Gobierno actualmente repudia en los casos contra los holdouts que se discuten en el tribunal neoyorquino de Thomas Griesa, como las de "aceleración" de los vencimientos de la deuda, que llevan a que si el país entra en default con un pago, el acreedor tiene derecho a pedir de inmediato el pago total del capital, aunque falten muchos años para su vencimiento.

De esta manera, el gobierno de Cristina Kirchner le terminó concediendo a la banca china jurisdicción extranjera, sometimiento a otros tribunales y todo lo que quiere quitarles a los holdouts con el proyecto de ley de pago soberano.

Al incluir la cláusula del "default cruzado", queda abierta la idea de que si no se alcanza una solución con los fondos buitre sería imposibles de ejecutar las obras de las represas, que para el Gobierno tienen un valor emblemático.

En cualquier caso, todos los condicionamientos deben ser informados formalmente al Congreso, porque es obligatorio que el gobierno argentino certifique a las autoridades de Pekín "que la ejecución del contrato le ha sido informada" al Parlamento.

Todas estas condiciones no son un secreto. Aparecen en los contratos firmados en julio por Cristina Kirchner y Xi Jinping, y que fueron publicados en el Boletín Oficial. Los contratos originales están en inglés, pero a diferencia de lo que ocurrió con los de modernización del Belgrano Cargas, se incluyó una traducción oficial al español.

CLÁUSULAS

Se trata del "Acuerdo de crédito para la Argentina a través del Ministerio de Economía como prestatario acordado por China Development Bank and Corporation of China and Bank of China". El total del contrato es por US$ 4714,35 millones.

Para que el país pueda comenzar a utilizar los fondos, primero deberá cumplir exigencias incluidas en el anexo 2 del contrato. Consiste en exhibir la copia certificada de los siguientes documentos:

A) Se apruebe la renuncia a inmunidad por parte de la Argentina y el sometimiento a los tribunales extranjeros y de arbitraje en los documentos del financiamiento según la ley argentina 11.672.

B) Se apruebe o autorice al jefe de Gabinete de la Argentina a aprobar los términos de los documentos del financiamiento (a excepción de la renuncia a la inmunidad y el sometimiento a tribunales extranjeros).".

Más adelante aparece la exigencia de un "dictamen del Banco Central de la República Argentina de acuerdo con el artículo 61° de la ley 24.156, el cual indica que el presente contrato no tiene impacto sobre la balanza de pagos de la Argentina".

Los contratos y documentos de los préstamos están exentos del impuesto a los sellos.

Pero si la Argentina tiene bonos en default o causas judiciales pendientes, parece imposible acceder a los préstamos.

En el anexo 1, en el artículo 7°, con el título de declaraciones, compromisos y casos de incumplimiento, luego de decir que no se espera que existan incumplimentos, se aclara que "ningún otro evento o circunstancia se encuentra pendiente que constituya (o que con previa notificación, o vencimiento del plazo o de cualquier otro modo constituiría) un incumpliento en virtud de cualquier otro acuerdo, obligación, contrato o instrumento ejecutado luego del 6 de enero de 2002 que obligue a la Argentina".

Pareciera así que cualquier default, por parcial que sea, sería un "default cruzado" e impediría usar los fondos de los chinos.

La idea de librarse de la jurisdicción de Nueva York recurriendo al gobierno de China parece que no les gusta ni siquiera a los propios chinos.

Más todavía, el Gobierno firmó que "Argentina es un miembro en buenas condiciones del FMI y del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo [el nombre formal del Banco Mundial] y es elegible para utilizar los recursos del FMI y puede retirar y utilizar los fondos que tiene disponibles en virtud del programa de financiamiento del FMI, y ese programa no ha sido cancelado o suspendido".

Los chinos se cuidan de todo. El Ministerio de Economía "deberá inmediatamente" informar, con un máximo de cinco días hábiles luego de que sepa o sea notificado, "de cualquier litigio, demanda, investigación, arbitraje u otro proceso legal o controversia pendiente o, a su conocimiento, inminente, que involucre o afecte a cualquier deudor (oficina del Gobierno) o Argentina".

Entre ellos se citan los que "se relacionan con algunos de los endeudamientos del Club de París, los holdouts de la deuda soberana en cesación de pagos o cualquier demanda en el contexto de los tratados de inversión bilateral".

Por si fuera poco, como en los contratos con los trenes, en caso de diferencias éstas se dirimirán en París, en un arbitraje que se planteará en la Cámara de Comercio Internacional. Todo será en inglés.

LAS EXIGENCIAS CHINAS

Las cláusulas más controvertidas del acuerdo

La Argentina renuncia a su inmunidad y acepta el sometimiento a tribunales extranjeros para juicios y para arbitrajes.
Para avanzar con el acuerdo con el gobierno chino, el país además se obliga a no tener ningún incumplimiento en materia de deudas soberanas.
El Gobierno también se compromete a ser un "miembro en buenas condiciones del FMI".
La Argentina deberá "inmediatamente" informar, con un máximo de cinco días hábiles "de cualquier litigio, demanda, investigación o arbitraje" que afecte al país.

A diferencia del 2013, cuando la reapertura del canje y la posibilidad de pagar la deuda reestructurada en Buenos Aires contó con el apoyo de la oposición, el Gobierno sabe que ahora deberá navegar esas mismas aguas casi en total soledad. Esta semana, el Congreso comenzará a debatir la propuesta oficial para cambiar al Bank of New York como agente de pago y habilitar el cobro de los bonos en Buenos Aires. El kirchnerismo le aseguró a la Casa Rosada que tienen los votos para garantizar una sanción express, pero si eso no se traduce en un respaldo real en el mercado financiero, la ley se volverá letra muerta.

El Gobierno, en ese sentido, espera mostrar algunas cartas favorables que lo ayuden a equilibrar la falta de avales políticos, más allá de los propios. Ayer logró sembrar un primer gesto de apoyo. David Martínez, titular del fondo de inversión Fintech, anticipó que está dispuesto a colaborar en una solución ‘a la Argentina’, que eluda los efectos del fallo Griesa y reestablezca la cadena de pagos de la deuda soberana.

El interés de Martínez es doble, porque según reveló en una entrevista que concedió al diario Página 12, Fintech tiene tanto títulos de deuda reestructurada como en default, con lo cual también aceptaría esperar a que se negocie una "“solución definitiva"” a partir de que en 2015 venza la cláusula RUFO.

Para el financista, el rol de Nación Fideicomisos es uno de los eslabones más débiles de la propuesta oficial. En su visión, el Banco Nación debería depositar los pagos a la Comisión Nacional de Valores, quien sería en definitiva la responsable de hacer llegar los dólares a los tenedores de bonos. También admite como probable que Euroclear (que tiene oficinas en Nueva York) se resista a pagar sin autorización de Griesa, anticipando que eso despertará nuevos litigios de bonistas y el propio Estado, a los que se sumarán otros en EE.UU o Londres, si hace falta.

El economista Martín Redrado, uno de los asesores de Sergio Massa, planteó ayer sus dudas sobre este factor, dada la falta de experiencia en la materia de la empresa del BNA. Redrado explicó que “"el abanico de opciones para superar la situación actual no es amplio para este Gobierno, dada su escasa credibilidad y el despilfarro por el que transita la política económica”". Por eso consideró que la iniciativa para la deuda es un "“salto al vacío"” y que solo se busca que el Congreso apruebe un cheque en blanco.

El CEO de Fintech (que espera convertirse en nuevo dueño de Telecom Argentina a partir de septiembre, cuando se firme con Telecom Italia el contrato de venta por u$s 960 millones) dio una pista cierta sobre la iniciativa oficial: los bonos en moneda extranjera pero con legislación local que el Gobierno ofrecerá a quienes opten por este canje, serán “reversibles”. Esto significa que los títulos originales con legislación Nueva York quedarían depositados en el fideicomiso, con lo cual los tenedores originales tendrían la chance de reestablecer la opción original de 2005 cuando se solucione el pago en el exterior.

Con este mecanismo, que no está explícito en el proyecto de ley que el Senado comenzará a discutir este miércoles, se busca tentar un poco más a los tenedores de deuda reestructurada, ya que la propuesta argentina sería transitoria. El bono que recibirían a cambio no estaría alcanzado por el criterio de pari passu que fijó Griesa. También se relativizaría el peso que tendría el Banco Nación como agente de pago.

Septiembre será clave para esta pulseada. El 18 la Cámara de Apelaciones de Nueva York evaluará si libera al Citibank pagos retenidos de bonos con ley local. El 30 es el próximo vencimiento. Para esa fecha o hay pago local, o más default.

El Gobierno firmó en julio pasado un acuerdo de crédito con tres bancos de China por 4.714 millones de dólares para la construcción en la provincia de Santa Cruz de las represas hidroeléctricas ‘Néstor Kirchner‘ y ‘Jorge Cepernic‘. Pero el préstamo estuvo supeditado a varias exigencias por parte del país asiático, entre ellas que el país no cayera en default y que mantuviera una buena relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La medida fue anunciada como “otro avance” hacia la “concreción de los proyectados aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz, que contarán con una potencia máxima de 1.740 megavatios, y una producción de energía de 5.246 Gwh/año, lo que equivaldrá al 4,7% del sistema eléctrico nacional (SIN) actual”.

El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial, el 18 de julio, incluye cláusulas como que la Argentina acepta volver a someterse a tribunales judiciales extranjeros, se compromete a no entrar en mora y, además, a tener una relación en “buenas condiciones” con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Específicamente, en el anexo 2 del entendimiento firmado con el gobierno de Xi Jinping se aclara que para que la Argentina pueda comenzar a utilizar los fondos, primero deberá exhibir la copia certificada de varios documentos, entre ellos el de la renuncia a inmunidad por parte de la Argentina y el sometimiento a los tribunales extranjeros y de arbitraje en los documentos del financiamiento según la ley argentina 11.672”.

En el anexo 1, en el artículo 7°, con el título de declaraciones, compromisos y casos de incumplimiento, se ordena al país a no tener ningún incumplimiento en materia de deudas soberanas: “Ningún otro evento o circunstancia se encuentra pendiente que constituya (o que con previa notificación, o vencimiento del plazo o de cualquier otro modo constituiría) un incumpliento en virtud de cualquier otro acuerdo, obligación, contrato o instrumento ejecutado luego del 6 de enero de 2002 que obligue a la Argentina”.

El Gobierno firmó, asimismo, que “Argentina es un miembro en buenas condiciones del FMI y del Banco Mundial y es elegible para utilizar los recursos del FMI y puede retirar y utilizar los fondos que tiene disponibles en virtud del programa de financiamiento del FMI, y ese programa no ha sido cancelado o suspendido”.

Según publica hoy el diario La Nación, China también impuso al Ministerio de Economía la obligación de “informar inmediatamente”, con un máximo de cinco días hábiles luego de que sepa o sea notificado, “de cualquier litigio, demanda, investigación, arbitraje u otro proceso legal o controversia pendiente o, a su conocimiento, inminente, que involucre o afecte a cualquier deudor o Argentina”.

Entre ellos se citan los que “se relacionan con algunos de los endeudamientos del Club de París, los holdouts de la deuda soberana en cesación de pagos o cualquier demanda en el contexto de los tratados de inversión bilateral”.

En caso de existan diferencias, éstas se dirimirán en París, en un arbitraje que se planteará en la Cámara de Comercio Internacional.

Por: Pablo Wende.

A partir del 30 de septiembre, cuando se cumplan 60 días del default sobre los bonos Discount, los inversores podría pedir una aceleración de los pagos de la deuda, con lo que podrían exigirle a la Argentina que pague al contado el 100% del capital en vez de esperar los plazos de las reestructuraciones, hasta 2038. Este escenario haría caer los canjes de 2005 y 2010, con lo que sería necesario volver a renegociar la totalidad de la deuda.

"Sabemos que nos van a acelerar. Los estamos esperando", señaló el ministro Axel Kicillof la semana pasada. Se estima que ya hay inversores comprando bonos Par (los que tienen el valor nominal más bajo) para pedir la aceleración de la totalidad de la emisión. Esto se puede conseguir con un 25% de la serie, con lo cual podría lograrse con unos u$s 625 millones. La probabilidad de que se acelere la deuda es, por lo tanto, bastante alta. Pondría bajo serio riesgo los canjes de deuda y obligaría a ofrecer nuevos bonos a los inversores. En esta condición quedaría la totalidad de la deuda argentina emitida con legislación extranjera, por un monto cercano a los u$s 29.000 millones. La elección de Nación Fideicomisos para reemplazar al Bank of New York como agente de pagos de los bonos internacionales está directamente relacionado con el peligro de una aceleración de la deuda. Sucede que los bonistas de "segunda generación" que se presenten con los títulos reestructurados para pedir la aceleración de la deuda deberán hacerlo ante la entidad argentina. "Lo más probable es que Nación nunca termine de confirmar que se juntó el 25% de los títulos, por lo que nunca daría lugar a la aceleración de la deuda". Además la designación está incluida en el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso, que además cambia el domicilio de pago de los bonos (en forma voluntaria) y considera lo actuado por el Gobierno en materia de deuda "de orden público". Sin embargo, esta institución no podrá pagar la deuda bajo legislación Nueva York, el mismo problema que el BoNY. Esta situación dejaría a la deuda argentina en un verdadero limbo, con una parte de deuda en cesación de pagos, al tiempo que un grupo de bonistas reclamará nuevas condiciones para los bonos que tienen en su poder. Tampoco está claro que la Argentina pueda correr en forma unilateral al agente fiduciario, es decir el BoNY, sin la aceptación expresa de los bonistas. Por lo tanto, también la entidad podría hacerle juicio al Gobierno por haber violado el contrato que une la relación entre ambos.

En las próximas semanas habrá varias fechas importantes en relación con el futuro de la deuda. El 18 de septiembre, la Cámara de Apelaciones neoyorquina debe definir qué sucederá con los bonos emitidos con ley local, pero que no cotizan en el mercado local. Thomas Griesa autorizó el pago del Discount con ley argentina, pero aclaró que sería "por única vez". Por eso, el Gobierno busca eliminar incertidumbre respecto de los futuros vencimientos en esas condiciones. El 30 de septiembre vencen los intereses del bono Par. En caso de aprobarse el proyecto de ley el dinero dejará de depositarse en el BoNY y pasaría a Nación Fideicomisos. En la primera institución todavía están congelados los u$s 539 millones que el Tesoro depositó para pagarle a los bonistas bajo ley neoyorquina, pero los fondos nunca llegaron a destino. Además, el 3 de octubre cae otro vencimiento clave de intereses, el del Boden 2015. Si bien se trata de un bono emitido con legislación local, aún no hay seguridad que pueda girarse el dinero a los tenedores que se encuentra fuera de la Argentina, a través de Clearstream.