Augusto Costa, secretario de Comercio: "Existe desde 1974 la posibilidad de intervenir en la fijación de precios"

ENGAÑOSO

Al ser consultado sobre las críticas al proyecto que modificaría la actual ley de abastecimiento, el secretario de Comercio, Augusto Costa, respondió que "la posibilidad de intervenir en la fijación de precios, margen de utilidad, o estableciendo referencias de precio existe desde 1974, desde la sanción de esta ley; no es una novedad, no es una competencia nueva". Y agregó que si no se hablaba más del tema antes, es porque "es una ley que se utiliza de manera muy ocasional".

En realidad, se trata de una ley sobre cuya vigencia existe controversia. La norma fue aprobada en 1974 y rigió hasta 1991. Entonces, el decreto de desregulación del comercio (Nº 2284/91), firmado por el entonces presidente Carlos Menem, estableció que, en pos de "la conformación de una verdadera economía popular de mercado", la ley no estaría vigente a menos que el Congreso declarara antes el estado de emergencia de abastecimiento.

La única excepción de la derogación fue un inciso del artículo 2 de la ley, que permite al Poder Ejecutivo "dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción". El mismo Menem amenazó después, con aplicar este artículo frente a un paro de camioneros, en 1999, al declarar por decreto el estado de emergencia de abastecimiento.

Ese decreto declaró una emergencia general, sin fecha de caducidad, por lo que hay una discusión entre los juristas sobre si el Poder Ejecutivo quedó habilitado para aplicarla desde entonces. El subprocurador nacional del Tesoro Luis Montagnaro, por ejemplo, consideró en un dictamen de 2002 que no se podía aplicar, mientras que en un dictamen de 2007, el entonces procurador, Osvaldo César Guglielmino, concluyó lo contrario.

Lo que nunca se suspendió fue ese único inciso, bajo el cual se amparó el Gobierno para aplicar ciertas multas. Fue así, por ejemplo, en 2013, cuando el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno firmó una resolución para establecer un precio máximo para los combustibles, citando las atribuciones de este inciso.

Estas multas impuestas a varias empresas, entre ellas Shell, fueron disputadas en la Justicia, pero no han tenido por ahora una resolución unánime. Hay varios expedientes en la Corte Suprema, pero por el momento no hubo un fallo sobre la cuestión de fondo, que definiera la constitucionalidad o no de aplicar la ley de abastecimiento.

"Una nueva ley como la propuesta por el Poder Ejecutivo permitiría reactivar de modo permanente e incondicionado el ejercicio de las facultades legislativas previstas en la ley 20.680, que actualmente está suspendido y condicionado a una previa declaración de emergencia de abastecimiento por parte del Congreso", explicó Santiago Castro Videla, abogado especialista en derecho administrativo .

Y agregó: "A mi entender no existe hoy una delegación legislativa de tales facultades en el Poder Ejecutivo, que le permita establecer controles de precios y de la producción, imponer obligaciones de abastecer, fijar márgenes de utilidad o disponer confiscaciones o expropiaciones de bienes en desabastecimiento. Para esto sería necesario que el Congreso efectúe una expresa declaración de emergencia de abastecimiento o, en su caso -y como parece pretender el proyecto-, que se sancione una ley en la que tales facultades le sean delegadas expresamente".

En cuanto a la inspiración de la ley, mientras varios miembros de la oposición acusaron al Gobierno de seguir el ejemplo venezolano con la ley de precios justos, desde el oficialismo se argumentó que se trata de la reactivación de una ley propia, en referencia a la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, entre 1973 y 1974.

Entre los principales cambios a la ley actual, el economista Ariel Setton señaló que "la iniciativa busca aumentar el rol del Estado para el establecimiento de precios en las distintas etapas del proceso productivo y de comercialización". En tanto, Setton agregó que "exige la publicación de precios de venta y disponibilidad de productos por parte de las empresas, además de la capacidad de imponer sanciones a aquellos que discontinúen el abastecimiento o prestación de servicios o productos, o que no presenten la documentación requerida"..