La batalla de HidroAysén por conseguir sus derechos de agua adicionales es de larga data. Más de siete años de tramitación, con pasos por Contraloría, Tribunales y hasta una victoria en la Corte Suprema contra grupos opositores al proyecto marcan el historial de obstáculos que ha tenido que sortear la eléctrica para obtener estos nuevos permisos.
Luego de que se conformara la compañía mediante un joint-venture entre Colbún (que aportaría con parte del capital) y Endesa (que además aportaría los derechos de agua), el primer hito clave sucedió cuando la empresa determinó disminuir su superficie inundable en 2007.
En sus planes originales los embalses de las unidades Baker I (680 MW) y Baker II (360 MW) representaban el 84,9% de la superficie a inundar con 2.300 hectáreas y 5.600 hectáreas, respectivamente, mientras que las dos unidades proyectadas en el segundo cauce, el Pascua, dejaban bajo el agua las 1.400 hectáreas restantes, pese a sumar una capacidad instalada de 1.390 MW, con 450 MW en Pascua I y 940 MW en Pascua II.
Para lograr una disminución en un 40% sin afectar su capacidad instalada de 2.750 MW, fue necesario aumentar a 5 centrales la iniciativa, pidiendo los derechos adicionales que hasta hoy alega la empresa.
Comienzan las diferencias
A fines de 2008, la Dirección General de Aguas (DGA) de Aysén propinó un golpe y rechazó la solicitud de derechos que presentó HidroAysén, pues determinó la existencia de una superposición con derechos en poder de Endesa.
Lo anterior llevó a la compañía eléctrica a pedir la reconsideración del director nacional de la DGA, cargo que en ese momento ocupaba Rodrigo Weisner. Este último solicitó la intervención de la Contraloría en octubre de 2009, trámite que fue suspendido por su sucesor en el cargo, Matías Desmadryl. El abogado firmó una resolución permitió que en casos de incompatibilidad de derechos de agua, no se haga efectiva si “el titular del derecho es la misma persona que el titular de la solicitud, caso en el cual legalmente no existe perjuicio”.
Corría agosto de 2011, y con esta disposición facilitando las cosas para la empresa, un dictamen de Contraloría decide no tomar conocimiento. Ahí el proceso nuevamente vuelve un paso atrás. El órgano contralor sostuvo que “no se cumple con las exigencias contenidas en el N° 2 del decreto N° 743, de 2005, del Ministerio de Obras Públicas, que obliga justificar la cantidad de agua asociada al proyecto, mediante una tabla de equivalencias entre caudales y usos”.
Pero 2011 no fue tan malo para HidroAysén, ya que la empresa ganó una disputa en la justicia, donde la Corte Suprema rechazó los recursos de reclamación presentados por agrupaciones ambientalistas que buscaban impugnar los derechos de aguas existentes sobre el río Baker, principal afluente para el proyecto.
Tardanza
Pasaron dos años, con el proceso aún en trámite y en julio de este año el gerente legal de HidroAysén, Camilo Charme, decide enviar una solicitud a Contraloría con el fin de que se consulte a la DGA si realizará la tramitación. ¿La respuesta? La semana pasada la dirección dependiente del MOP respondió la solitud, señalando que existía una reserva por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Esta respuesta no agradó a la empresa, y por estos días analiza enviar una misiva a Ramiro Mendoza pidiéndole mayores definiciones.
