La noche del miércoles, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, fue invitado a exponer a una sesión especial convocada por la Cámara de Diputados que tuvo como objetivo analizar el tema de los usos esenciales del agua.
Sin embargo, al final de la sesión, el secretario de Estado anticipó algunos de los principales cambios que el gobierno está trabajando para perfeccionar el Código de Aguas y que apuntan a limitar y darles un carácter temporal a los derechos de particulares. A eso se suma, además, el interés del Ejecutivo de empujar, en forma paralela, una reforma constitucional para reforzar el concepto del agua como “bien nacional de uso público”, que no está consagrado en la Carta Fundamental.
La idea no es nueva para la Presidenta Bachelet. Ya a inicios de 2010, cuando terminaba su primera administración, la Mandataria envió un proyecto de reforma constitucional que ratificaba que el agua tiene calidad de bien nacional de uso público. Esto, porque, aunque este principio estaba en el Código Civil y en el Código de Aguas, no tiene rango constitucional, razón por la que algunos juristas consideran que permite interpretaciones.
La misma reforma de Bachelet contemplaba eliminar de la Constitución el inciso que otorga “la propiedad” de los derechos de agua a sus titulares.
En su segundo mandato, Bachelet retomó la ofensiva. Si bien el Ejecutivo aún no toma la decisión acerca de cuándo reimpulsará la reforma constitucional, Undurraga reveló que por ahora se trabajará en los cambios al Código de Aguas.
Entre las medidas, el ministro anunció que se busca que el agua tenga un uso prioritario para el consumo humano. Según el ministro, “todavía hay muchas comunidades que sacan agua de norias, de ríos, de canales, porque no tienen agua potable y no tienen una prioridad en los usos”.
Otra de las indicaciones plantea que la Dirección General de Aguas (DGA), del Ministerio de Obras Públicas, debe contar con atribuciones para limitar algunos derechos de agua en situaciones especiales, como por ejemplo temporadas de sequía. “Esas atribuciones las tiene que tener el Estado. El agua no es algo que se pueda resolver ciento por ciento por el mercado”, afirmó Undurraga.
Algo que valoró el diputado DC Matías Walker, asegurando que “quienes vivimos día a día la dramática situación que ocurre en las regiones de sequía, como lo que está pasando en la Región de Coquimbo, entendemos que no podemos hacer otra cosa si no avanzar en estos cambios legales, constitucionales, a fin de regular el ejercicio de los derechos de agua y normar sus usos esenciales prioritarios”.
Así también, el gobierno propone que se incorporen restricciones a la transferencia de derechos de agua que, en algunos casos, requerirán permisos especiales de la DGA, como por ejemplo cuando estos derechos se pasan de un uso a otro, desde la agricultura a la minería.
Si bien Undurraga dijo que las indicaciones ya están redactadas, advirtió que probablemente algunas de estas medidas serán sometidas a consulta indígena (obligación que tiene el Estado de pedir la opinión a representantes de pueblos originarios que afecten a sus comunidades). De hecho, otra de las modificaciones propuestas contempla regular algunos derechos ancestrales sobre el agua.
En esa línea, el ministro adelantó que el conjunto de indicaciones llegará al Congreso sólo después de que sea definido cuáles de ellas tienen que ir al proceso de consulta indígena, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.
En tanto, el diputado PC Daniel Núñez valoró los anuncios, sin embargo, también presionó la necesidad de avanzar con el cambio constitucional. “Es totalmente justo expropiar derechos de agua para asegurar la vida”, dijo Núñez, quien agregó que “es necesario eliminar el inciso que establece los derechos de propiedad de los particulares sobre las aguas”.
“La preocupación es que se respete el derecho a propiedad. Es necesario hacer modificaciones, pero sin afectar un derecho constitucional”, dijo el jefe de los diputados UDI, Felipe Ward.
