Por Ana Baron.

El juez Thomas Griesa aseguró que el proyecto de ley presentado por Cristina Kirchner para pagar a los tenedores de bonos reestructurados en la Argentina “viola las ordenes” de su tribunal y de la Corte Apelaciones, y que es “ilegal”. Consecuentemente ordenó que “no sea instrumentado”. Mas aún: dijo que cualquier persona o institución que ayude a la Argentina a poner en práctica esa propuesta también podría ser sancionado.

Las definiciones fueron ayer, en una audiencia convocada por el juez de Nueva York que lleva el juicio entre Argentina y los fondos buitre. Pese a la dureza con que criticó nuevamente al gobierno de Cristina Kirchner por las “posiciones ilegales” que adoptó durante los 10 años que lleva el litigio, Griesa no llegó a declarar a la Argentina en desacato. “Es prematuro, lo veremos más adelante”, señaló. “En algún momento tiene que haber un acuerdo”, agregó.

La audiencia comenzó a las 3 de la tarde y duró una hora y cuarto. La sala donde tuvo lugar, en el piso 26 de la Corte, estaba mucho más vacía que en audiencias previas. “Todo el mundo está de vacaciones, y yo aquí”, se quejó uno de los abogados que siguen el caso.

En cuanto ingreso en la sala con su habitual toga negra, Griesa le concedió inmediatamente la palabra al abogado de los fondos buitre, Robert Cohen, quien acusó a la Argentina de “acumular violaciones de la ley”, pidió que sea declarada en desacato y que se apliquen “sanciones”. Cohen argumentó que no era la primera vez que el gobierno de Cristina Kirchner desafiaba las ordenes de Griesa proponiendo un cambio de jurisdicción de los bonos. Griesa quiso entonces saber si el hecho de declarar en desacato a la Argentina ayudaría o entorpecería las negociaciones entre las partes. Las negociaciones entraron en un impasse fatal cuando Argentina pidió que el negociador Dan Pollack fuera removido de su puesto debido a que había declarado que Argentina estaba en default. Cohen entonces sugirió que Argentina debía “sentir la necesidad” de volver a la mesa de las negociaciones. Propuso entonces que no solo Argentina sea declarada en desacato sino que además sea sancionada.

A continuación tomó la palabra Edward Friedman, abogado de Aurelius y Blue Angel, quien retomó los argumento de Cohen diciendo que había que enviar un claro mensaje de que “esta Corte tiene que ser respetada”. Friedman propuso un proceso en dos etapas.

Primero la declaración de desacato y luego una discusión sobre que tipo de sanciones, en septiembre.

El encargado de defender a la Argentina, Carmine Bocuzzi, respondió que el proyecto de ley todavía tiene que ser discutido en el Congreso y que además la declaración de desacato será un verdadero obstáculo en el proceso de negociaciones. Fue entonces que Griesa le preguntó si el estudio para el que trabaja Clearty Gotlieb Steen and Hamilton conocía el proyecto de ley anunciado por Cristina “No, no lo conocíamos”, dijo Bocuzzi. “ Me horroriza que la República no los haya consultado sobre el proyecto ” reacciono Griesa.

Entonces, Griesa concluyó que con el proyecto de ley, el país quedó “fuera de la ley”. Pero ni siquiera amenazó con el desacato como hizo en la última audiencia. Simplemente dijo que discutir sobre este tema es prematuro. Bocuzzi salió de la sala aliviado, mientras que no hubo ninguna sonrisa en los rostros de Cohen y Friedman.

Fue una de cal y una de arena. El juez Thomas Griesa declaró "ilegal" que la Argentina intente cambiar la jurisdicción de pago de los bonos de deuda reestructurados, tal como anunció la presidenta Cristina Kirchner al presentar un proyecto de ley que tiene ese propósito. "Esa propuesta es inválida e ilegal, y constituye una violación de las órdenes de este tribunal", sostuvo el magistrado, que atribuyó el mismo calificativo a toda entidad financiera que intente "colaborar" para llevarla a cabo.

Muchos vieron en la afirmación del juez poco menos que un punto final para el anunciado intento del Gobierno. "Si ya antes era difícil, con la amenaza a los bancos parece poco menos que impracticable", escuchó LA NACION.

Desde esa perspectiva -y con la expectativa de que se sigan buscando soluciones- encaja la segunda decisión que adoptó el magistrado que fue la de expresamente desestimar una declaración de "desacato" por parte de la Argentina.

"He pasado años" defendiendo una posición respecto de la Argentina, "pero no creo que [la declaración de desacato] hoy ayude a solucionar las cosas", dijo el juez.

Ésa fue su respuesta al pedido expreso de los abogados de los fondos buitre para que se declare esa dura figura legal contra la Argentina. "Dejemos eso para más adelante. Ahora no ayudaría", argumentó el juez.

Casi al mismo tiempo en que se producían esas dos noticias -el rechazo al cambio de jurisdicción y la opción expresa por no declarar el desacato-, trascendió que tenedores de bonos de deuda reestructurados -y que ahora están imposibilitados de cobrar- trabajan en la remoción de la llamada "cláusula RUFO", que el Gobierno viene señalando como "el gran obstáculo" para realizar el pago al que está condenado por el juez.

Se trata de la norma que impide al emisor ofrecer mejores términos a los acreedores que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Ésa es exactamente la situación con los llamados fondos buitre. En un primer momento, la Presidenta argumentó que no se podían pagar los 1500 millones de dólares que dispuso el fallo de Griesa porque eso, merced a la cláusula RUFO, exponía a demandas del 93% de los bonistas que sí aceptaron los canjes.

"Eso es algo que yo ni ningún otro presidente podría hacer", dijo la mandataria.

Ahora hay abogados que trabajan en remover ese impedimento. "Estamos avanzando", dijo Christopher Clark, socio del estudio Latham & Watkins, que asesora a tenedores por más de 5200 millones de dólares. "Estamos trabajando en eso junto con el Deutsche Bank", añadió.

Lo otro que dejó la audiencia fue una nueva toma de distancia del estudio que asesora a la Argentina respecto de sus decisiones estratégicas en materia de deuda.

"No sabíamos nada de eso", dijo el abogado Carmine Bocuzzi, del estudio Cleary, Gottlieb, Steem & Hamilton cuando el juez Griesa avanzó en la descalificación del plan de la Presidenta para cambiar la jurisdicción de los bonos.

"Me deja consternado que sus clientes no le pregunten al respecto", respondió el juez, al dar por cierta la afirmación del asesor legal.

De todas maneras, Bocuzzi sostuvo que una declaración de desacato no ayudará en los esfuerzos para negociar una solución con la ayuda de un perito judicial nombrado por la Corte y llevaría a una retórica todavía más dura. Dijo también que era prematuro ya que la Argentina aún no ha modificado las reglas sobre cómo se pagará a los bonistas.

DIFERENCIAS CON ABOGADOS

Es la segunda vez en 15 días que el despacho que desde hace más de dos décadas asesora a la Argentina en materia de deuda toma distancia de políticas oficiales del Gobierno.

En la audiencia del pasado viernes 8 fue el abogado Jonathan Blackman el que aseguró que el estudio "no había sido consultado para nada" sobre las expresiones del Gobierno en el sentido en que "ya había pagado" a los bonistas.

En el caso del plan para cambiar la jurisdicción de pago la negativa es más llamativa porque la idea figura en un memo reservado del estudio, que sus propios abogados reconocieron como válido ante Griesa.

"Deberían dejar de trabajar con ese estudio, que es el gran culpable de muchos de los problemas", reiteró Hans Hume, un administrador de fondos que estuvo involucrado en el caso de la Argentina.

La presidenta Cristina Kirchner anunció el martes de esta semana su decisión de mandar al Congreso un proyecto de ley para reabrir el canje. La iniciativa contempla el depósito de los fondos para el 7,6% de los bonistas que no aceptaron los canjes anteriores (con la expectativa de sumar nuevas adhesiones), incluidos allí los fondos buitre que litigan contra la Argentina.

Se hará bajo las mismas condiciones de los canjes anteriores, pero el pago se realizará en el país con vistas a evitar posibles acciones de Griesa sobre esos fondos.

Hasta ahora, hay 539 millones de dólares en lo que el Gobierno define como "un limbo jurídico" que fueron girados por la Argentina para pagarles a los tenedores de los denominados bonos discount, pero esperan la decisión de Griesa.

El Gobierno teme que lo mismo ocurra con los futuros vencimientos de deuda. El próximo es el 30 de septiembre.

El desacato, la figura legal que el juez Thomas Griesa podría aplicar a la Argentina si persiste en su negativa a someterse a la justicia de Estados Unidos, prevé dos tipos de sanciones: multas y prisión.

El instituto, que está definido como una conducta que desafía la autoridad de un tribunal o de la Legislatura, no está diseñado para Estados soberanos y de ahí la dificultad para establecer los alcances que podría tener su aplicación en el caso que enfrenta a la Argentina con los fondos buitre en Nueva York.

En principio, lo primero que podría hacer Griesa sin demora sería establecer una multa a la parte que desacate su autoridad, en este caso, al Estado nacional. Nada se puede especular sobre el monto, ya que es plena facultad del magistrado. Un abogado porteño que conoce muy de cerca la justicia de los Estados Unidos comentaba ayer que en estos casos generalmente se imponen multas diarias con altos intereses, que se acumulan durante el tiempo que dure el desacato.

Otra de las especulaciones que ayer había en Buenos Aires es la posibilidad de que las multas se apliquen a funcionarios y no a la parte demandada. "En ese caso, si la multa es personal, podría complicarse para el funcionario implicado. Sucede que si no paga podría disparar algunas otras sanciones como incumplidor y, por ejemplo, podría ver afectado su ingreso a Estados Unidos", contó otro abogado que también sigue de cerca el caso.

Respecto de la prisión, la complejidad del caso la hace de mucha más difícil aplicación. ¿Quién podría ser llevado a prisión en este caso? "La verdad, es difícil que se aplique por una sola razón: el demandado es el Estado nacional, obviamente representado por el Poder Ejecutivo. Y éste consta de una sola persona: el presidente de la Nación. No me imagino que pudiera llegar a tanto", agregó el abogado.

Sin embargo, otros no descartaban que algún funcionario argentino que haya representado o represente al Estado pueda tener complicaciones personales si el juez decide aplicar el principio de solidaridad en el asunto.

Otra de las especulaciones que había ayer es la posición que tomarán los abogados si su cliente, la Argentina, es declarado en desacato. "Imagino que no hay muchas chances de que permanezcan. Pueden tener complicaciones con sus matrículas", advirtió un abogado que se especializa en temas internacionales.

Aquí no termina todo. Si el desacato a la sentencia judicial se mantiene, el juez Griesa podría acudir a otros poderes del gobierno de Estados Unidos para que lo ayuden a cumplir su cometido: ejecutar la sentencia.

Uno de los caminos podría ser el Congreso norteamericano. Allí las posibilidades de sanciones a la Argentina son varias. El magistrado podría intentar algún tipo de declaración de los legisladores para que pueda haber problemas comerciales y trabar algún tipo de negocio bilateral.

Sin embargo, según se estimaba ayer, nada hace presumir que, en caso de decretarse el desacato, el juez dicte otra medida que no sea multa o prisión. Sólo si la Argentina mantiene su distancia de la sentencia que dictó avanzaría con otras sanciones que dependen de otros organismos del gobierno de Estados Unidos.

Por Martín Kanenguiser.

El equipo económico asegura que, si no avanza con la ley de pago local de la deuda, los bonistas reestructurados comenzarán a demandar a la Argentina a partir del pago previsto para fin del mes próximo.

Fuentes del Palacio de Hacienda indicaron a la nacion que el Gobierno tomó la decisión de impulsar en este momento el cambio de domicilio de pago porque de lo contrario podía enfrentar problemas legales. "En el vencimiento de julio, hubo tolerancia ante el bloqueo de los fondos en el Bank of New York, pero esa actitud no se iba a repetir en el pago de septiembre", indicó la fuente.

El razonamiento oficial es que los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 fueron comprensivos solamente una vez. Por lo tanto, se considera que el ofrecimiento de hacer un cambio de domicilio de pago es el mal menor, aunque no exista certeza sobre el nivel de aceptación que pueda haber.

Sin embargo, tal como expresó el ministro Axel Kicillof anteayer, hay diálogo con los inversores y en la cartera económica afirman que varios bonistas pidieron esta alternativa de cobrar en Buenos Aires ante la complejidad del proceso judicial en Estados Unidos.

La otra intención del proyecto es cambiar el eje de la discusión para atender las necesidades de los bonistas reestructurados en lugar de seguir focalizados en los fondos buitre, pese a que la continuidad del proceso judicial en Nueva York va en contra de este deseo (ver página 8).

Un incentivo que ofrecerán para que haya una concurrencia mayor es que los bonistas extranjeros -que deberán tener una cuenta abierta en el país para cobrar- podrán girar sus dólares al exterior en 24 horas. Con este mecanismo, aseguran, no habrá riesgo de embargo porque el dinero ya será de los particulares.

Tras reconocer que el cambio de legislación propuesto genera un riesgo reputacional que los bonistas quieren evitar, aclararon que posiblemente algunos fondos que acepten se desprendan de los bonos en el mercado secundario.

De acuerdo con la visión oficial, la ley pone ante una difícil decisión a varios fondos de inversión: ¿esperarán para cobrar en Nueva York, pese a todos los problemas generados a partir de la sentencia del pari passu, u optarán por cobrar ya, aunque sea en Buenos Aires? Al respecto, creen que será difícil para los ejecutivos de estos fondos explicar a sus clientes por qué no cobrar ahora, cuando el país está ofreciendo pagar.

De todos modos, con cautela, no quieren arriesgar un umbral posible de aceptación. "Nadie sabe cómo va a terminar", confesó la fuente oficial.

En el sector privado, las opiniones están divididas: hay fondos institucionales que no pueden cambiar el lugar de pago por estatuto; en cambio, algunos fondos de cobertura posiblemente se sumarán. Un ejecutivo de Wall Street pidió que el Gobierno abra un canal de diálogo directo para que los inversores se sumen.

En tanto, un economista que mantiene importantes contactos con el exterior anticipó que el nivel de aceptación será bajo y generará mayores problemas porque habrá "nuevos holdouts" entre los inversores que quieran seguir cobrando en Nueva York.

"Deberían haber pensado una estrategia más inteligente, que incluyera otras jurisdicciones de pago, dándole al bonista la posibilidad de elegir, pero es poco factible que los bonistas extranjeros se quieran someter a la justicia argentina", indicó el analista en forma anónima.

DÓLARES, EN DUDA

En cuanto al efecto sobre la macroeconomía del proyecto de "pago de la deuda soberana" -que para la mayoría de los analistas será negativo-, en Economía creen que no cambiará demasiado el pobre panorama de financiamiento externo previsto para este año.

La gran apuesta oficial es a los fondos prometidos por China para obra pública, aunque el giro de estos fondos también está bajo revisión luego del reciente default. Como cualquier otro país, China también quiere asegurarse el cobro de sus préstamos.

Es posible, en cambio, que caiga el financiamiento para el sector privado, admitió la fuente, aunque tampoco había mucha expectativa de ingreso rápido de dólares, pese al esfuerzo que se colocó para cerrar el acuerdo con el Club de París, con el Ciadi y con Repsol, entre otras cuestiones.

En cuanto a las restricciones para que YPF pueda seguir consiguiendo dólares en el exterior, en Economía juran que la petrolera obtuvo previamente al default más fondos de los que esperaba, por lo que no debería desesperarse. En todo caso, creen que hay espacio para fondearse en el sistema financiero local, aunque seguramente será a una tasa bastante mayor que la lograda puertas afuera del país.

BUSCAN REMOVER LA CLÁUSULA RUFO

Un grupo de bonistas reestructurados de la deuda argentina está trabajando para remover la cláusula RUFO, que impide que el emisor (el país) ofrezca mejores términos a los acreedores que no participaron en sus canjes de deuda, uno de los obstáculos para que la Argentina llegue a un acuerdo con fondos que la demandaron. Christopher Clark, socio del bufete Latham &Watkins, que asesora a bonistas con más de 5200 millones de euros en deuda argentina, dijo a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, que están trabajando en una solicitud de consentimiento por la cláusula. "Estamos avanzando y trabajando con Deutsche Bank para progresar lo más rápido que sea posible en la solicitud", dijo Clark a IFR. Fuentes del sistema financiero confirmaron a la nacion que se está trabajando en este sentido, aunque aclaró que aún no se alcanzó la masa crítica de inversores para poder lograrlo. La RUFO vence a fines de año, por lo que desde enero el Gobierno podría negociar en condiciones más cómodas con los holdouts, aunque el discurso oficial indica que se les ofrecería lo mismo que a quienes ingresaron en los canjes, algo que ya rechazaron.

Por: Carlos Burgueño.

Thomas Griesa sólo avanzará en una declaración de desacato contra la Argentina si el Congreso sanciona el proyecto de ley de cambio de jurisdicción que el Gobierno envió al Parlamento esta semana y luego de la reglamentación del cambio de domicilio para el pago de la deuda externa con vencimiento en Nueva York. "Es prematuro", dijo el magistrado ante el reclamo insistente de los abogados de los fondos buitre NML Elliott, Olifant y Aurelius, que presionaban para que Griesa dicte el "desacato inmediato" contra la Argentina. Igualmente, el juez se negó a avanzar sobre este pedido de los fondos buitre, en una nueva audiencia en su corte pedida por los abogados de los holdouts, donde además declaró de "ilegal" la medida y que espera que la Argentina y los fondos buitre vuelvan a negociar. Griesa puso como límite para decidir si declara o no el desacato para septiembre, mes en el que la Argentina tiene que pagar el 30 un nuevo vencimiento de deuda en Nueva York (bono Par) por unos u$s 184 millones y donde ya la Argentina no giraría el dinero al Bank of New York Mellon (BoNY) como lo hizo el 27 de junio pasado, días antes del vencimiento del bono Discount del 30 de junio. Para el pago de septiembre, se especulaba ayer en el tribunal, la Argentina (la República, en la jerga del juicio) ya debería tener decidido si aprobó la ley, la reglamentó y la ejecutó, con lo que no giraría más el dinero al BoNY y pagaría en Buenos Aires. Hasta ese momento, según dejó trascender Griesa, el país aún no habría incurrido efectivamente en una desobediencia contra el tribunal y no podría ser sancionada.

"Es ilegal, y el tribunal ordena que no se puede llevar a cabo", dijo Griesa en la audiencia de ayer, en referencia al proyecto que presentó Cristina de Kirchner en cadena oficial, y que ya está en el Senado para ser tratado a partir del miércoles de la semana que viene. El juez además prometió dar una respuesta rápida al reclamo de avanzar con la habilitación de la cláusula Discovery, que les permitiría a otros jueces de ese país a bucear por todo el territorio norteamericano la existencia de cuentas de la Argentina o de privados con fondos provenientes de pagos del país.

El pedido de avanzar con la declaración de desacato (contemp) fue hecho ayer oficialmente por los abogados Robert Cohen (Elliott), Robert Carroll (Olifant) y Edward Friedman (Aurelius), luego de haberse reunido ambos con los otros abogados de los fondos buitre y holdouts que tuvieron fallo positivo en el "juicio del siglo" y que reclaman unos u$s 1.660 millones. Según dijo Friedman ante griesa, "creo firmemente que no habrá ya acuerdo con la Argentina" y que está claro que "actitudes como las del país no deben tolerarse".

Griesa pidió luego explicaciones al abogado del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) que representa al país, Carmine Bocuzzi, explicaciones sobre por qué el Gobierno de Cristina de Kirchner había decidido avanzar en el cambio de jurisdicción, pese a que él mismo había declarado ilegal esa alternativa. Bocuzzi, curiosamente, dijo que desconocía la propuesta y que se había enterado de la decisión argentina "la noche del martes" y que le faltaba realizar un "análisis exhaustivo del proyecto", prometiendo que lo haría "más adelante". Sobre el desacato, Bocuzzi pidió clemencia y aseguró que una orden de este tipo "no ayudaría a forjar un acuerdo, añadiendo que la propuesta no era ni siquiera una ley todavía". Para Bocuzzi, el desacato sería "tirar más gasolina en el fuego".

Fue allí cuando Griesa reconoció el hecho de que por ahora el cambio de jurisdicción es sólo una anuncio, y que esperaría a ver si la Argentina avanzaba con el proyecto o volvía a negociar. Insistió después Griesa en que cualquier cambio de jurisdicción sería declarado ilegal y que esta decisión ya había sido adelantada por el juez varias veces durante audiencias realizadas en su despacho.

La audiencia de ayer fue de las más largas en mucho tiempo. Duró más de una hora veinte minutos, y sirvió para una nueva tanda de amenazas contra los que ayuden a la Argentina a "no cumplir la ley". El magistrado advirtió que cualquier entidad que asista a la Argentina para evitar cumplir la orden de su Corte "incurrirá en una clara violación" y que el que quiera "ayudar a la República debe buscar que no se evadan las órdenes de la Corte" en referencia al cambio del lugar de pago a los bonistas.

Hasta la fecha de septiembre, el "juicio del siglo" avanzará por otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Con la cláusula Discovery habilitada (lo que ocurriría en horas), los abogados de los fondos buitre comenzarán a presentarse en diferentes tribunales de ese país para que jueces pidan a bancos que les abran los nombres de titulares de cuentas en esas entidades, para que luego verificar si allí hay movimientos de fondos provenientes de pagos del país. O, mejor aún, si hay cuentas a nombre de la Argentina. Los abogados de Elliott y Aurelius ya trabajan juntos desde hace varias semanas en el diseño de las estrategias judiciales para ejecutar embargos de otros potenciales activos físicos y financieros que el país pueda tener en los Estados Unidos. Trabajan, además, en la posibilidad de lograr otro golpe de efecto como el de la fragata Libertad del último trimestre de 2012.