Por Pablo Fernández Blanco.
Se sabe que Axel Kicillof y Julio De Vido no se llevan bien. Esas diferencias, sin embargo, alcanzaron un límite de máxima tensión a fines del mes pasado y llevaron al ministro de Economía a tomar una decisión fuera de lo común. Kicillof, que nunca dejó de sumar cargos y poder desde su llegada al Gobierno como viceministro de esa cartera, quitó a sus hombres del comité que define el destino de fondos por más de $ 1000 millones al año destinados a financiar las obras en la red de distribución eléctrica que realizan Edenor y Edesur en la Capital y el Gran Buenos Aires.
Esa tarea quedó, una vez más, en manos de Roberto Baratta, mano derecha de De Vido, coordinador del Ministerio de Planificación y, desde ahora, principal responsable de que no se corte la luz en la zona metropolitana.
En los últimos meses, Economía y Planificación tuvieron varios cortocircuitos por el manejo de la obra eléctrica. Fuentes del sector privado sostienen que era uno de los principales motivos por los cuales Edenor y Edesur recibían con demoras fondos para atender las necesidades del sistema, que según las empresas está en crisis por la falta de una recomposición en sus ingresos.
Kicillof activó los mecanismos para salir de la gestión del Focede (el fondo que recauda dinero a través de las facturas de luz para volcarlo a mejoras en la infraestructura de las empresas y evitar cortes) a principios de julio. El resultado llegó a fines de ese mes. El día 24, el viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, le envió una nota a Enrique Arceo, presidente de Nación Fideicomisos, para comunicarle que abandonaba la participación en el Comité de Ejecución del Focede.
El documento, que pudo ver LA NACION, fue apenas una formalidad, ya que Arceo es el padre de Nicolás, director de Finanzas de YPF, uno de los colaboradores más allegados a Kicillof y al propio Agis. La nota, sin embargo, es importante para deslindar responsabilidades con respecto al manejo de esos fondos.
El ministro de Economía también ordenó la salida de Cynthia De Paz, número dos de Agis.
Tanto Kicillof como Agis justificaron el éxodo en sus respectivos textos por "el volumen de tareas a su exclusivo cargo", así como "la intensidad de la labor de la Comisión Técnica", argumentos casi inverosímiles para un funcionario que coló a sus hombres en casi todos los estamentos de decisión en materia de economía e infraestructura, como el Banco Central, el Nación, la Secretaría de Energía, la petrolera YPF y en las empresas con participación de la Anses, por ejemplo.
MOVIMIENTO CAPCIOSO
En el sector privado no creyeron ninguno de esos argumentos. Mencionaron, por ejemplo, que los funcionarios tardaron mucho tiempo en ponerse de acuerdo con respecto al modelo de presentación para la aprobación técnica de los proyectos.
Luego, que Economía demoraba la autorización para el giro de fondos por diferencias con Planificación, algo que derivó, en el caso de Edesur, en retrasos en los pagos de la empresa a proveedores de materiales eléctricos, que incluso le mandaron una nota al Gobierno por ese tema. Hay especulaciones sobre los motivos: van desde internas en el Gobierno hasta sospechas con respecto al manejo de los fondos.
La renuncia de Agis respondió a una orden del ministro. El 10 de julio, a través de la resolución 405, dispuso que el viceministro y su número dos, la subsecretaria de Planificación Económica, De Paz, salieran del organismo que define las obras eléctricas.
"Se ha resuelto declinar en lo sucesivo la participación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el órgano consultivo", explicó el texto.
El Focede fue la respuesta del Gobierno a las necesidades de mayores fondos para mantener el servicio que reclamaban las eléctricas en un contexto en el que la precariedad del sistema se hizo evidente y la negativa a aumentar sus ingresos mediante un ajuste de tarifas que el kirchnerismo posterga desde hace una década.
Se creó en noviembre de 2012. Nación Fideicomisos es la administradora de los recursos, que se liberan para el pago de las obras.
También participan Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, y el Enre (el ente regulador del sector, en manos de Ricardo Martínez Leone, un hombre del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich).
La creación de ese organismo cambió el esquema de contratación en el sector eléctrico. Antes, estaba en cabeza de las distribuidoras de luz, pero ahora las empresas le giran a Planificación una lista de los trabajos a realizar y el Ministerio tiene una participación muy activa en la discusión con los proveedores. Una muestra de ese cambio ocurrió a principios del mes pasado. Cadieel, la cámara que reúne a los proveedores de materiales eléctricos, le envió una nota a Baratta donde le reclama pagos correspondientes a Edesur.
El 3 de enero el Gobierno decidió que las inversiones a realizar con fondos del Focede fueran decididas por la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión de Planificación, el sillón de Baratta. El 24 se constituyó una Comisión Técnica para asesorarlo. Y el 7 de febrero se designó a Agis y a De Paz como integrantes por el lado de Kicillof. Por lo que la convivencia entre Planificación y Economía en el organismo que define las obras eléctricas de la zona metropolitana duró sólo cinco meses.
En los últimos días del mes pasado fueron informadas de la decisión de Kicillof Edenor, Edesur, Cammesa y el Enre, cuando recibieron la nota que Agis le había enviado a Arceo.
SUBSIDIOS PARA PRODUCIR GAS
El ministro de Economía, Axel Kicillof, y la secretaria de Energía, Mariana Matranga, se reunieron ayer con representantes de las empresas productoras de hidrocarburos para analizar la evolución del Plan Gas, mediante el cual el Gobierno subsidia la producción local de ese insumo con el objetivo de reducir las importaciones. Según informó a través de un comunicado, Kicillof ponderó el freno en la caída de la producción y destacó que YPF fuera la empresa con mejor desempeño.
El ministro les pidió a los empresarios que aumentaran los esfuerzos para producir más gas y mejorar las condiciones de la industria y de la balanza comercial.
El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, desmintió que el Gobierno Nacional no gire fondos para obras eléctricas y remarcó que “estamos haciendo las obras que debió realizar la concesionaria EDESUR porque defendemos el patrimonio del Estado”.
De esta manera el funcionario salió al cruce de un artículo publicado hoy en el diario Clarín, titulado “Electricidad: el Gobierno no gira fondos y se frenan obras claves”.
“Las obras están en marcha de acuerdo a lo previsto en enero, cuando se lanzó el plan, y en el área de área de concesión de EDESUR llevamos ejecutados 518 millones de pesos, con 200 obras finalizadas para mejorar la distribución de electricidad y tenemos otras 100 en ejecución a través de 19 contratistas que emplean a 1.200 trabajadores”.
De Vido recordó que “debido a la pésima administración que llevaba adelante Edesur, tuvimos que crear un andamiaje especial a través del Fondo Especial de Consolidación y Expansión Eléctrica, en el que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) controlan y aprueban las obras, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) realiza el control físico y la Auditoría General de la Nación (AGN) certifica todo el proceso”.
De la misma forma, el ministro explicó que también controla y aprueba las obras la Asociación de Industria Metalúrgicas de la República Argentina (ADIMRA) porque “este plan de obras promueve el desarrollo de la industria nacional, de las pymes del sector, que no son como esas supuestas pymes del artículo de Clarín, que sospechosamente se esconden y parecen cómplices de la ineficiencia de Edesur”.
En consecuencia, el ministro instó a la empresa a “que se ponga a trabajar como es su obligación para mejorar y expandir el servicio eléctrico, ya que gracias al enorme esfuerzo que realizó el Estado Nacional desde el 2003 mediante el Plan Energético Nacional, la potencia instalada de la generación eléctrica creció un 51 por ciento, sumando 9 mil megavatios, mientras que la red de alta tensión llegó en forma plena a 10 provincias que estaban asiladas” por lo que “es necesario que Edesur esté a la altura de las circunstancias”.
El gobierno nacional asignará cuatro mil millones de pesos a través del programa Fondo de Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (Focede) para "inversiones necesarias de media y baja tensión" en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense administradas por las empresas Edenor y Edesur.
El jefe de Gabinete,Jorge Capitanich, subrayó que las mismas tienden a "atender y satisfacer las demandas crecientes en materia de la provisión de servicio energético" y precisó que "se han ejecutado por parte de Edesur 207 obras concluidas, 96 en ejecución y 400 próximas a ejecutarse. Mientras que Edenor finalizó 140 obras y otras 400 se encuentran en proceso de ejecución".
Tras los últimos cortes de luz en diciembre de 2013, el gobierno nacional comenzó a administrar la comisión técnica para las inversiones que se realizan con los recursos provenientes del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (FOCEDE), que antes eran manejados por Edenor y Edesur.
Capitanich precisó que el objetivo es "maximizar el esfuerzo en el transcurso de estos meses para satisfacer la demanda del verano" y recordó que el verano pasado los cortes de luz ocurrieron en el marco de "la mayor ola de calor desde 1906".
