Durante nueve horas y media ayer en el Senado la primera línea del Gabinete nacional defendió el proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento frente a representantes de más de diez sectores productivos que, con contadas excepciones, rechazaron de plano la iniciativa oficial. La discusión, en la que los funcionarios se mostraron dispuestos a aceptar cambios menores a la propuesta del Poder Ejecutivo, dejó en claro que el kirchnerismo deberá alinear a su tropa porque ningún opositor lo acompañará en la votación.

Aunque en principio tenía intenciones de obtener dictamen ayer mismo, el oficialismo finalmente pospuso para la semana próxima ese paso sin por ello estirar demasiado el debate: según el cronograma que fijó, la reforma de la Ley de Abastecimiento y los proyectos para crear un fuero judicial del consumidor y un observatorio de precios tendrán sanción en el Senado dentro de quince días.

Los empresarios llegaron al Salón Azul del Senado con los tapones de punta. Los funcionarios también. El primero en hablar fue el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. “Las corporaciones que ustedes representan defienden sus intereses. Nosotros tenemos que defender a los que no tienen voz”, los saludó. El viceministro de Justicia, Julián Álvarez, probó otro camino. “Les aseguro que estas modificaciones a la Ley de Abastecimiento van hacia un sistema mucho más liviano que la ley vigente”, sostuvo.

Les respondió, Luis Etchevehere, de la Sociedad Rural. “Esta ley ataca directamente el derecho a la propiedad y la posibilidad de ejercer cualquier industria lícita. Están copiando leyes de Venezuela”, apuntó. Ese comentario le valió una respuesta airada de la senadora Graciela de la Rosa: “Estamos modificando una ley peronista redactada en 1974. ¿Cuántos años tenía Chávez en 1974? ¿Veinte?”, cuestionó. A su vez, el secretario de Comercio, Augusto Costa, le reprochó “mirar la discusión solo desde la Ley de Abastecimiento” porque eso, dijo, “es pifiar el enfoque”.

El ruralista aprovechó para insistir en pedir la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. El jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, le salió al cruce: “Ustedes han tenido diez años de crecimiento positivo, no tienen una mirada integral”, señaló.

También cuestionaron el proyecto Miguel Blanco, de IDEA; Jaime Campos, de AEA; Mario Fonrouge, del Colegio de Abogados porteño; Carlos Garetto, de Coninagro; Juan Vaquer, de Amcham; Gabriel Molteni, de la CAC; Ricardo Marra, de la Bolsa de Cereales; y Rubén Manusovich, de Fedecámaras, entre otros. “Lo que dicen entonces es que no quieren modificar el texto vigente, que están en un todo de acuerdo”, los chicaneó Capitanich.

El radical Ernesto Sanz cuestionó la propuesta a los gritos: “Salgan al interior, salgan a la calle, dejen la comodidad de los despachos, la economía se está cayendo a pedazos”, reclamó. La puntana Liliana Negre, en tanto, advirtió: “Hay peligro de violación a la propiedad privada cuando la Secretaría de Comercio se transforma prácticamente en un Poder Judicial paralelo”.

Álvarez les reclamó que digan qué artículo específico del proyecto modificarían. “Lo que quieren no es introducir cambios sino aprovechar esta oportunidad para derogar las normas existentes”, se quejó. Le respondió Campos: “Yo no he visto en los últimos años en la Argentina este consenso en el empresariado argentino. Todos, grandes, pequeños, medianos opinamos que esta es una mala ley”, destacó. Los pocos matices los aportaron Ignacio de Jáuregui, de CAME; e Ider Peretti, de la Confederación General Empresaria (CGE), que fue el único que defendió la iniciativa a la par del oficialismo.

Por Mario Fiore.

La primera jornada de debate en el Senado de la nueva Ley de Abastecimiento, dejó en claro que el kirchnerismo deberá sancionarla en soledad. El oficialismo sentó durante nueve horas al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y a los secretarios Julián Álvarez, de Justicia, y Augusto Costa, de Comercio Interior, a defender la normativa enviada por la Casa Rosada. Pero la oposición marcó críticas medulares a la nueva legislación, que remoza la vieja ley de 1974 -N° 20.680- y avisó que no está dispuesta a votarla la primera semana de setiembre, cuando el proyecto llegue al recinto.

Los otros dos proyectos enviados por el Ejecutivo, la creación de un Observatorio de Precios y la instauración de la Justicia del Consumidor, cosechan menos reparos de fondo pero reciben, también, cuestionamientos parciales. El martes, luego de escuchar a las asociaciones de usuarios y consumidores, el kirchnerismo firmará los despachos respectivos. Tiene, si no hay fugas de último momento, mayoría de firmas en las cinco comisiones que deben dictaminar.

Ayer, los senadores escucharon en primer lugar una encendida defensa del paquete de normas que hizo el jefe de Gabinete. “No se trata de un intervencionismo exacerbado sino de una capacidad regulatoria para optimizar el funcionamiento del sistema económico porque si el Estado no regula, entonces los sectores concentrados se apropian de la rentabilidad y terminan fijando los precios”, dijo el ministro coordinador.

Menos verborrágicos que Capitanich estuvieron los secretarios Álvarez y Costa. Sin embargo, el alfil de Axel Kicillof tuvo momentos de tensión con la oposición. “Una empresa controla toda la producción de polietileno, otra la de chapas, cuatro la de cemento, una sola el 80% de la venta de panificado, dos el 82% de la oferta de leche, cinco cadenas de supermercado concentran la venta minorista. Para eso el Estado necesita que todo el universo de actores que orbitan alrededor de estos grandes jugadores puedan desarrollarse sin ser avasallados”, defendió Costa el paquete de leyes.

El senador Ernesto Sanz (UCR) salió al cruce del joven funcionario económico: “Llevan once años en el poder ¿y ahora se dan cuenta de que hay problemas de concentración en la economía? Les recuerdo que son el mismo partido que en los 90 profesaba fe en el mercado-centrismo y ahora impulsa el Estado-centrismo”.

El principal bloque opositor, la UCR, tiene decidido votar en contra la nueva Ley de Abastecimiento. “Se eliminan los vicios de inconstitucionalidad de la Ley 20.680 para procurarse mayor arbitrariedad y poder. Sacan el tema del allanamiento y del arresto a los empresarios porque son inconstitucionales, pero se terminan dejando todas las facultades de la vieja norma para meterse en la rentabilidad, fijar precios o definir la apropiación del excedente”, sostuvo el jefe del bloque, Gerardo Morales. “Éste es el sueño dorado de Guillermo Moreno, porque esto es lo que él ejecutó como secretario de Comercio durante una década”, remató.

La UCR no está en desacuerdo con la creación del nuevo fuero del Consumidor, que implica la creación de una instancia de mediación y una auditoría, y también de juzgados de primera instancia y de una Cámara de Apelaciones. Pero el mismo proyecto “traslada todas las competencias y atribuciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, un cuerpo colegiado que el kirchnerismo nunca integró, a un funcionario: el secretario de Comercio Interior”, señaló Morales. Respecto del Observatorio de Precios, el jujeño se quejó: “También quieren hacer una evaluación de insumos; eso no nos cierra”.

En el PJ Federal, también hay resistencia. La senadora puntana, Liliana Negre, avisó que el combo de leyes del Ejecutivo implica una delegación de facultades del Congreso y además se avasalla la autonomía de las provincias. En el macrismo, el rechazo a la Ley de Abastecimiento es rotundo. Gabriela Michetti sostuvo: “No es sancionando una ley que tiene por objetivo perseguir a los empresarios que vamos a dar más herramientas a los usuarios para hacer valer sus derechos”. El socialista Rubén Giustiniani cerró: “Toda la oposición no va a acompañar esta iniciativa”.

Empresarios llevaron sus críticas al Senado

El Senado escuchó ayer durante una larga jornada una andanada de críticas a la reforma de la ley de Abastecimiento de asociaciones de empresarios, como la Sociedad Rural; la Cámara de la Mediana y Pequeña Empresa (CAME); el Instituto para el Desarrollo Económico de la Argentina (IDEA); la Asociación Empresaria Argentina (AEA) o Coninagro. Sólo tres expositores, también provenientes del mundo empresario, como la Confederación General Empresaria (CGE), se mostraron a favor de los cambios que propone el kirchnerismo a la ley 20.680, que tiene 40 años de antigüedad y que pocas veces pudo ser aplicada.

El martes, la Cámara alta escuchará a una larga lista de asociaciones de consumidores y usuarios y, ese mismo día, el kirchnerismo tiene previsto firmar sus dictámenes tanto a favor de la nueva ley de Abastecimiento (que pasará a llamarse de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo), como para la creación de un Observatorio de Precios y del nuevo fuero del Consumidor.

El momento más álgido se produjo cuando el titular de la Sociedad Rural, Luis Etchevehre, advirtió al Gobierno que la nueva ley de Abastecimiento traerá graves consecuencias a los empresarios y que esto se traducirá en mayores precios y mayores perjuicios para los consumidores. Puso como ejemplo del “mal” intervencionismo del Estado lo que sucedió con la carne, el trigo y la leche a partir de 2006, que produjo caída de producción y mayores precios para los consumidores.

El jefe del bloque K, Miguel Pichetto, y Capitanich salieron a responderle y pidieron reconocer el crecimiento del campo en la última década. Etchevehere contra-argumentó: “Si el campo creció fue por los precios internacionales”.

Desde IDEA, Miguel Blanco, sostuvo: “Acá hacen falta más inversiones pero si se sigue adelante con esta ley, entonces habrá más desempleo y menos producción”. En tanto, la CAME pidió excluir a las pymes de la nueva ley, aunque no se cuestionó, como los grupos que nuclean a grandes empresas, la “discrecionalidad” que tendrá la Secretaría de Comercio para fijar precios y márgenes de ganancias.