Aurelius el fondo buitre que junto a NML lidera el litigio en contra de Argentina acusó hoy al gobierno de Cristina Kirchner de haber “elegido la ilegalidad”.
En un comunicado emitido hace pocos minutos, Aurelius acusó a la Argentina de haber “desobedecido crónicamente las órdenes de Estados Unidos, han mentido a las cortes y han proclamado su desdén por nuestras cortes”.
De los dos fondos buitres sin duda que Aurelius ha sido el mas agresivo y el que más reticencia ha tenido a sellar un acuerdo entre privados que pudiera sacar a la Argentina del default. Sus comunicados siempre han sido mas fuertes que los de NML. Es como si uno jugara al policía bueno y el otro al policía malo.
“Los errores de los líderes actuales ya le han costado al pueblo argentino mucho más de lo que les deben a los holdouts” afirma el comunicado. “Estos funcionarios ahora están 'cayendo' en un enfoque ilícito y fracasado, como lo recomendó su abogado en mayo pasado. Contrariamente a la retórica del gobierno, la única conspiración que esta dañando al economía argentina esta compuesta por los propios lideres de la nación".
Jorge Capitanich se refirió a las repercusiones del anuncio de la presidenta Cristina Kirchner, sobre el proyecto para cambiar la jurisdicción de pago para los bonistas y una reapertura del canje.
Consultado respecto a un eventual "fallo en desacato" por parte de Thomas Griesa contra Argentina, el jefe de Gabinete respondió: "El impacto o efecto de un eventual orden de desacato la debe explicar el mismo juez, en definitiva es inaplicable a la condición de país soberano de Argentina".
Y agregó: "No es exactamente lo mismo una persona física o una persona jurídica, que un país soberano, es una diferencia cualitativa importante y que deberá explicar el juez respecto a sus alcances".
En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el jefe de Ministros, además, descartó que la decisión afecte los niveles de inversión en el país. "Advertimos que el flujo total de inversión, tanto pública como privada, seguirá siendo sostenido", destacó.
Capitanich volvió a cuestionar a los fondos buitre, la "obstaculización" del juez Griesa respecto a la transferencia de dinero a los tenedores. Y responsabilizó a los Estados Unidos, porque uno de sus poderes, "el Poder Judicial ha impedido garantizar la seguridad jurídica para el cumplimiento del proceso de reestructuración".
El ministro evitó referirse a las consecuencias sobre la economía doméstica, tras el anuncio de ayer de Cristina.
"No hacemos futurología respecto del comportamiento de activos financieros. Nosotros tomamos decisiones que tienen que ver con una profunda lectura y análisis. Lo que estamos haciendo es hacer valer nuestos derechos", sentenció.
Capitanich volvió a reiterar, como en cada encuentro matutino con los periodistas, que la Argentina "cumplió y pagó". Y que ahora se busca que "el pago llegue a los tenedores".
Bloomberg
El fondo buitre NML que representa Paul Singer pidió al juez Thomas Griesa que sancione a la Argentina por desacato luego de que la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, anunciara un plan para pagar la totalidad de la deuda fuera de la jurisdicción de EE.UU.
Los tenedores de deuda en default pidieron a Griesa que celebre una audiencia de emergencia porque consideran que la Argentina “violó las órdenes del magistrado”. La iniciativa de la jefa de Estado fue considerada “una grave afrenta” por Singer.
Robert Cohen, abogado de los holdouts, dijo hoy en una carta al juez norteamericano. “Este plan no tiene ninguna pretensión de que Argentina cumplirá sus obligaciones en virtud de los bonos de los demandantes.
Los fondos buitre tendrán hoy su cumbre. En Nueva York, en las impactantes oficinas de Theodore Olson y Robert Cohen, los abogados de NML Elliott, propiedad del megamillonario Paul Singer; ambos profesionales se reunirán con sus pares que representan al resto de los fondos que vencieron en el "juicio del siglo", para planificar de manera conjunta los próximos pasos a seguir. Estarán, entre otros Stephen Poss y Robert Carroll de Olifant y Roy Englert de Aurelius; quienes hasta ahora mantenían ciertos celos profesionales entre ellos (además de diferencias sobre cómo tratar a los negociadores argentinos, tanto públicos como privados). Parece ahora sin embargo que hacia delante, mantendrán posiciones comunes y más cerradas en la nueva etapa que el "juicio del siglo" les propone después de la decisión de la Argentina de cambiar de jurisdicción el pago de la deuda.
Básicamente la estrategia de cortísimo plazo es simple: todos los discursos de las últimas 48 horas de la presidente Cristina de Kirchner, el ministro de Economía Axel Kicillof y el secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, con referencia en la posición del Gobierno de cambiar el régimen de liquidación de los títulos públicos "performance" fueron, como siempre, grabados digitalmente y certificados por escribano, para ser enviados caratulados al juzgado del juez Thomas Griesa. Una vez entregado en mano el material, pedirán una nueva audiencia al magistrado para reclamarle que avance inmediatamente en los embargos de los u$s 539 millones de dólares que aún permanecen en el Bank of New York Mellon (BoNY). Sobre este tema, varios de los abogados quieren tomar ahora contacto con la entidad financiera, despedida por la Argentina para que continúe ejerciendo el rol de agente de pago del país, para que se sume a su cruzada buitre contra el país. Sería una cruzada difícil. Por lo que se sabe, el BoNY está más que conforme con la decisión anunciada el martes por la Presidente, y por no tener más a la Argentina como cliente. El banco además está representado por Eric Shaffer, que a su vez trabaja asociado a David Boies, el abogado que representó a Al Gore en el reclamo de 2000 ante la Corte Suprema de los Estados Unidos por la presidencia de ese país, en su disputa contra George W. Bush que finalmente fue declarado vencedor. Curiosamente, el abogado de Bush fue Ted Olson, el dueño de casa de la cumbre buitre de hoy.
En el evento neoyorquino de hoy, se estudiará la forma de realizar el reclamo a Griesa para que habilite definitivamente la cláusula del "Discovery", por la cual el juez puede abrir la barrera para que sus colegas de todo el país, a pedido de los abogados de Elliott o cualquier otro fondo buitre vencedor, puede pedir que se investigue la existencia de cuentas con dinero argentino en ese país. Luego, los fondos buitre requerirán a esos jueces que avancen en el pedido de embargos sobre esas supuestas cuentas. Ya tuvieron un éxito relativo en nevada con el juez Cam Ferenbach, que mandó a investigar 123 supuestas sociedades de Lázaro Báez en Las Vegas. Ahora van por el objetivo de máxima: el pedido para que se avalen potenciales embargos sobre Chevron. Para esto, tal como adelantó este diario, Elliott ya hizo una presentación en los tribunales de San Francisco, donde la petrolera norteamericana tiene su sede.
Además de Elliott, Olifant y Aurelius, en la "cumbre buitre" de hoy se encontrarán representantes de ACP Master y Blue Angel; y los abogados de los particulares argentinos que tampoco aceptaron los canjes de 2005 y 2010: Pablo Alberto Varela, Lila Inés Burgueño, Mirta Susana Diéguez, María Evangelina Carballo, Leandro Daniel Pomilio, Susana Aquerreta, María Elena Corral, Teresa Muñoz de Corral, Norma Elsa Lavorato, Carmen Irma Lavorato, César Rubén Vázquez, Norma Haydée Ginés y Marta Azucena Vázquez.
Ayer hubo una reunión entre los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) que aún representan a la Argentina en el juicio. Según la conclusión a la que llegaron Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman, no sería posible una declaración inmediata de "desacato" por parte de Griesa contra la Argentina por un doble motivo: no hay antecedentes de una determinación semejante hacia un país soberano; y, si lo hiciera (Griesa ya anticipó que si se modificaba la jurisdicción de pago declararía al país bajo esa categoría), debería esperar que el Congreso apruebe la ley y luego el Gobierno lo reglamente. Como la Argentina quiere ejercer ese derecho antes del vencimiento del 30 de septiembre del bono Par (son aproximadamente u$s 184 millones), la fecha de la declaración de "desacato" por parte de Griesa debería ser antes de esa fecha. CGS&H estudia además, si la Argentina lo acepta, una eventual apelación de ese fallo en el caso que Griesa avance, con lo cual el conflicto judicial continuaría extendiéndose en el tiempo.
