A casi veinticuatro horas de haber anunciado la intención de reabrir el canje y pagarle a los bonistas en el país, la presidenta Cristina Kirchner habló anoche en el aniversario de la Bolsa de Comercio, con un discurso en el que sin dejar de ratificar sus decisiones, buscó bajarle el tono a la confrontación con los empresarios. Así buscó transmitir calma a los mercados en una jornada en que el dólar blue se disparó 35 centavos y llegó a $ 13,55, y sectores de la oposición anticiparon que no acompañarán el proyecto oficial para el canje doméstico de la deuda.

La Presidenta llegó hacia las siete de la tarde a la sede de la Bolsa, donde la esperaban, además de su titular, Adelmo Gabbi, representantes empresarios que fueron duramente críticos del proyecto oficial de Ley de Abastecimiento. Desde el atril, la Presidenta les reiteró que el debate en el Congreso estaba abierto a modificaciones: que “nos digan cuáles son los artículos, cuáles son las normas, para poder cambiarlas”, sostuvo. Pero defendió el proyecto oficial: “No asustemos a la gente con que leyes de usuarios y consumidores van a perjuidicar a las empresas”. Miró hacia los empresarios que estaban en primera fila y con una sonrisa les aseguró que no estaba “enojada para nada” por sus cuestionamientos. Allí estaban -algunos también sonrientes ante la alusión- el titular de Fiat, Cristiano Ratazzi, el de la UIA, Héctor Méndez, y el de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss.

La presencia de la Presidenta en el 160° festejo de la Bolsa se anticipaba mucho más movido porque Gabbi, su titular, se despachó con críticas que Cristina Kichner suele no tolerar, y no está acostumbrada a oír. Aunque sigue siendo cercano al kirchnerismo, Gabbi habló de la inflación y reclamó que “es un buen momento para que tengamos la realidad de los balances (de las empresas)”. La Presidenta y su ministro Axel Kicillof, en el estrado, ensayaron sonrisas de circunstancias.

Gabbi también se permitió dudar de “hasta qué punto estamos comprometiendo el financiamiento presente y futuro de la Nación” con el proyecto de pago local de la deuda; y reclamó “recuperar condiciones para que el país sea destino elegible de inversiones”. Tras recordar su “amistad” con Néstor Kirchner, asestó: “Que la Argentina ofrezca reglas claras, tangibles, ciertas” para invertir. Todo esto, pese a que miembros de la Bolsa confiaron que el discurso de Gabbi debió ser previamente enviado para ser revisado en la Casa Rosada.
Luego fue el turno de la Presidenta, que aprovechó lo de Gabbi para el contrapunto. Cristina le retrucó al titular de la Bolsa que “generar confianza de los ahorristas en sus empresas es responsabilidad de los empresarios” y dijo además que eso ayudará a “que el inversor no se vaya a la moneda extranjera”, en una alusión tácita a la trepada del dólar paralelo. Cristina dijo eso en un tono suave, si bien firme en sus posiciones habituales.

Volteada por el fallo en firme del juez Thomas Griesa la intención del Gobierno de volver a financiarse en los mercados internacionales, Cristina volvió ayer a la fórmula del ‘vivir con lo nuestro’. “Estamos ante una oportunidad histórica de generar un mercado de capitales propio en la Argentina”, derrochó optimismo. “Eso nos permitiría estar afuera de los vaivenes” exteriores para generar inversiones, justificó.

También ratificó la marcha atrás con su anuncio de aplicarle la Ley Antiterrorista a la imprenta estadounidense Donnelley. Evitó referirse a su encendido discurso del jueves pasado, en el que trazó la idea de una conspiración -fondos buitres incluidos- en el cierre de la empresa y adelantó específicamente que el Gobierno aplicaría “por primera vez” la Ley Antiterrorista en el caso de la imprenta. Ayer aseguró que “no tienen nada que ver” las leyes llamadas antiterroristas con el conflicto de Donnelley, y las defendió: “Nos va a permitir como miembros integrantes del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), salir de la lista de observaciones”, y criticó a la oposición que quiere derogarlas con lo que, aseguró, “impactaría de lleno en el mercado de capitales y en toda la economía”.

Casi una hora duró el discurso, que estuvo acompañado de láminas con datos macroeconómicos favorables, y el escenario de cómo estarían las cosas si hubiera autoabastecimiento energético (perdido en la década kirchnerista) y no la enorme cuenta de importaciones de energía. Omitiendo el rol que tuvo Néstor Kirchner en los ‘90 en la privatización de YPF (el actual secretario de la Presidencia Oscar Parrilli fue el diputado “informante” encargado de defender la privatización), la Presidenta aseguró que “YPF nunca debió dejar de ser una empresa nacional”.

Entre la cautela y la desconfianza. Atentos a no caer en el juego entre "patria o buitres" que, aseguran, busca instalar el Gobierno y seguros de que, de prosperar, el proyecto tendrá consecuencias mucho más allá de 2015. Abroquelados contra un debate exprés. Así se mostraron ayer los principales referentes de la oposición frente al proyecto de ley con el que la Casa Rosada pretende reabrir el canje para los holdouts y habilitar el cambio de jurisdicción para que los pagos de la deuda puedan hacerse en la Argentina.

La misma actitud expresó el mundo económico. Los analistas y asesores legales exhibieron incertidumbre sobre el alcance de la medida. Los mercados expresaron un pesimismo moderado: el peso se devaluó hasta 2,5% y el dólar alcanzó valores máximos, con la versión blue en 13,55 pesos. Los bonos tuvieron comportamientos dispares y los bancos de inversión en Estados Unidos marcaron su escepticismo en que haya alguna evolución con el tema de la deuda con el actual gobierno (ver páginas 9, 10 y 14).

Entre los partidos políticos, la UCR, primera minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, definirá su postura hoy en un encuentro de sus legisladores nacionales en Córdoba. La reunión estaba prevista desde hace varias semanas y se organizó, justamente, para analizar la agenda legislativa de los próximos meses. La jornada comenzará, de hecho, con exposiciones de Javier González Fraga, Martín Lousteau y Alfonso Prat-Gay.

"Vamos a fijar posición mañana [por hoy]. Queremos analizar el tema en profundidad para que nuestra postura sea fruto de un serio debate técnico y político", aseguró ayer Ernesto Sanz, presidente de la UCR, en un encuentro con medios.

Una vez definida su posición, el radicalismo buscará "bajarla" al resto de los partidos del Frente Amplio-UNEN, sobre todo los que tienen representación parlamentaria: la Coalición Cívica, el Partido Socialista, GEN, Libres del Sur y el Frente Cívico de Córdoba. Pese a la mesura de su jefe, entre los legisladores radicales ganaba anoche espacio el rechazo a la iniciativa oficial.

También en el socialismo, con representación en ambas cámaras, prefirieron no adelantar posturas, aunque admitieron que respaldar el proyecto no es opción. "Estamos entre la negativa y la abstención", admitieron a LA NACION.

Elisa Carrió, por su parte, avisó que la Coalición Cívica "se tomará el tiempo necesario para emitir un dictamen con toda seriedad", y aseguró que Cristina Kirchner "vive una guerra imaginaria que puede causar demasiado daño a la Argentina".

En el Frente Renovador, en tanto, hicieron hincapié en la necesidad de encarar el tema con "profesionalismo y coherencia".

"¿No nos podemos tomar el trabajo de analizar en serio el tema en un país en el que todo se improvisa?", planteó en tono retórico Sergio Massa. Entre otras aristas, el jefe del Frente Renovador advirtió que, antes de avanzar con la opción de la jurisdicción local para el pago de los bonos de la deuda, "hay que resolver el tema del Indec" para evitar eventuales juicios en el futuro.

Anoche, Massa recibió los informes de los economistas de su espacio -Miguel Peirano, Martín Redrado, Aldo Pignanelli, Marco Lavagna, Ignacio de Mendiguren y Ricardo Delgado-, con los que terminó de delinear la posición que el Frente Renovador adoptará en la Cámara de Diputados. La hará pública al mediodía en un acto en un teatro de la avenida Corrientes.

Uno de los pocos que ayer hablaron abiertamente de rechazo fue Mauricio Macri. "Esto [por el proyecto de ley] agravará más la situación económica, el desempleo y el problema inflacionario", advirtió en conferencia de prensa. Agregó que Pro "no va a aplaudir un default como en 2002" y acusó al kirchnerismo de "haber adoptado reglas de juego que ahora pretende desconocer".

"Este proyecto de ley, este tipo de medidas, es pan para hoy y hambre para mañana. No traerá financiamiento del mundo ni trabajo, que es lo que la Argentina necesita", concluyó el jefe de gobierno porteño.

Otro que no dudó en dejar constancia de su rechazo en las primeras horas fue Claudio Lozano (Unidad Popular), que planteó que para avanzar con los cambios que pretende el Gobierno no hace falta una ley. "En los contratos estaba prevista la posibilidad de firmar con los bonistas el cambio del domicilio de pago y la jurisdicción", explicó. Sorprendió, en cambio, el apoyo del gobernador cordobés, José Manuel de la Sota. "El cambio de jurisdicción me parece bueno. La Argentina ha dado muestras de que paga. Entonces a los que quieran cobrar no les va a interesar cuál es el lugar de pago", opinó.

Pese a las críticas y la desconfianza de buena parte del universo opositor, el kirchnerismo tiene margen para avanzar con el proyecto sin mayores dificultades, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Fondos de inversión con intereses en Argentina y analistas plantearon reparos sobre la posibilidad de que los inversores acepten cambiar la sede de cobro a Buenos Aires. En tanto, el ministro de Economía, Axel Kicillof, admitió que la decisión puede motivar el pedido de aceleración de algunos bonos por parte de acreedores que no acepten las nuevas condiciones.

Ayer por la mañana, en una extensa conferencia de prensa, Kicillof aclaró que el proyecto de ley no propone un canje compulsivo de bonos que implique un cambio de jurisdicción ni de lugar de cobro obligado. Eso provocaría nuevos reclamos judiciales. “El Poder Ejecutivo presenta una propuesta de canal de pago que nosotros consideramos que está a salvo de obstrucciones”, dijo, al referirse a la designación de Nación Fideicomisos como agente fiduciario en reemplazo del Bank of New York (BONY). “Pero los propios bonistas pueden convocar a una asamblea y proponer otro canal de pago distinto”, aclaró.

A su lado, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, ratificó la opción Buenos Aires. Lo cierto es que la única forma en que el Estado puede garantizar a los bonistas que recibirán su dinero es si éstos aceptan cobrar en Buenos Aires o en cualquier lugar del mundo inmune a los fondos buitre, como el Reino Unido, Luxemburgo, Francia o Alemania.

El proyecto de ley propone cortar el contrato con el BONY como fiduciario y cambiarlo por Nación Fideicomisos, plantea a los bonistas un canje voluntario por títulos de legislación argentina y deja abierto el canje de deuda para el 7,6% que no ingresó en las ediciones 2005 y 2010. Esto ocurrirá a partir del 30 de septiembre, cuando vencen u$s 190 millones. Los u$s 539 millones retenidos en el BONY quedarán allí, porque Argentina considera que “ya pagó”.

Según expertos y representantes de fondos de inversión consultados, la principal duda recae sobre el rol que jugará la cámara compensadora DTC de Estados Unidos. Es un protagonista fundamental en el proceso de pago de la deuda. El dinero que, hasta hoy, Argentina deposita en cuentas del Bank of New York, sigue su curso a la cuenta de DTC, que es quien lo distribuye entre los acreedores. Pero DTC está alcanzada por los fallos del juez de distrito Thomas Griesa y cualquier colaboración con Argentina podría ocasionarle problemas legales.

Otro inconveniente radica en los fondos que, por sus estatutos, sólo pueden invertir en activos de legislación estadounidense. Éstos no podrían pedir el canje voluntario de sus títulos ni cobrar en otro lugar que no sea Estados Unidos. “Es el único problema serio”, afirmó el economista Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central, quien apoyó la iniciativa oficial: “Sacaron la pelota de un lugar con cemento fresco y ahora vuelve a picar”, graficó.

Los fondos que no quieran cambiar de jurisdicción podrán pedir la aceleración de los bonos y exigir el cobro anticipado de toda la deuda. Lo admitió el propio Kicillof, aunque dijo que esa acción la podrían llevar a cabo fondos buitre que compraran la deuda reestructurada para acelerarla. “Probablemente ahora puedan llegar a pedir la aceleración, no lo sé. Habían dicho lo mismo por el 30 de junio y eso no ocurrió”, afirmó el ministro.

Javier Alvaredo, economista de la consultora ACM, definió el proyecto oficial como “una secuencia de microcanjes”, porque cada acreedor deberá dar su consentimiento para que la operación sea exitosa. “Es muy difícil que se genere mucha adhesión al comienzo. Generalmente, el grueso de los acreedores entra al final, ve qué hace el resto”. En este caso, el proyecto de ley no contempa una fecha de cierre que genere el “efecto puerta 12”.

Desde un importante fondo de inversión que acompañó al Gobierno como amicus curiae coincidieron con esa visión. Consideraron que llevar adelante esta operatoria requerirá “mucho tiempo”, porque el Gobierno necesitará reunir “masa crítica” para demostrar niveles de aceptación exitosos que, a su vez, sirvan para incentivar a otros bonistas.

La buena noticia para el Ejecutivo es que otro importante fondo de inversión manifestó estar “de acuerdo con la solución global” que propuso el Ejecutivo. Un grupo importante de inversores planteaban que la salida a el embrollo judicial con la justicia de Estados Unidos y los fondos buitre era renegociar toda la deuda externa. Fue, palabras más o menos, la solución que propuso el estudio de abogados de Argentina, Cleary Gottlieb, en un memo reservado que se filtró a la prensa. Estos fondos interpretan que el proyecto de ley va en ese sentido.

También respaldó el cambio de jurisdicción el abogado de bonistas italianos con deuda reestructurada, Tulio Zembo. “Es una decisión correcta”, afirmó.

En paralelo, NML Capital, el fondo de Paul Singer, pidió ayer al juez Griesa que declare a Argentina en desacato. “Este plan hace que Argentina no tenga ninguna pretención de honrar sus obligaciones con los bonistas demandantes”, argmentó en un escrito el abogado del fondo, Robert Cohen.