La suerte del proyecto minero Aratirí luce complicada si triunfan en las elecciones Luis Lacalle Pou o Pedro Bordaberry. Ambos se manifestaron ayer contra el proyecto. La empresa presentó al gobierno alternativas para bajar sus costos.
La ubicación del puerto fue objeto de una larga conversación el jueves de la semana pasada en la Torre Ejecutiva entre el presidente José Mujica, el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, y el prosecretario Diego Cánepa, con el principal ejecutivo de Zamin Ferrous-Aratirí, Pramod Agarwal, supo El País de fuentes oficiales.
Agarwal explicó que el precio del hierro bajó en cinco años de alrededor de US$ 180 la tonelada a US$ 100, lo que impacta en los márgenes de rentabilidad del proyecto y que la construcción de la terminal marina en la Angostura (Rocha) le ahorraría a su grupo unos US$ 300 millones. En El Palenque (también en Rocha), que es donde el gobierno quiere que se construya la terminal, el costo de la obra sería de más de US$ 800 millones.
El gobierno recibió con comprensión el planteo pero todavía no se pronunció. Aunque dice que su proyecto de Puerto de Aguas Profundas (PAP) no depende de Aratirí, lo cierto es que el gobierno quiere que la terminal de la empresa minera esté allí. La compañía necesita solamente una escollera y una cinta transportadora que lleve el hierro proveniente de la zona de Valentines a buques que lo esperarían 2 o 3 kilómetros mar adentro. Y la empresa entiende que si espera por la construcción del PAP, su proyecto se postergaría demasiado. Además considera que la rentabilidad del proyecto es muy ajustada y muy sensible, por lo tanto, a la evolución de la cotización del hierro.
Pero el proyecto también debe enfrentar la incertidumbre derivada de la cercanía de las elecciones, ya que los dos principales opositores están en contra de que finalmente la minera comience a sacar hierro de los cinco yacimientos de las cercanías de Cerro Chato.
El candidato presidencial blanco, Luis Lacalle Pou, dijo a El País que "he tenido una visión crítica sobre la empresa Aratirí y hace cuatro años que entiendo que su instalación es inconveniente para nuestro país". Según Lacalle Pou, la empresa no es solvente, no da garantías ambientales, no tiene experiencia minera y el mineroducto que construiría atraviesa "zonas sensibles". También cuestionó que su proyecto implique trasladar cargas que no son limpias a la costa atlántica. "Aratirí no se va a instalar. Y Aratirí no se va a instalar, por más que el gobierno hizo todo para que se instale, puso la carreta delante de los bueyes y no se va a instalar", sentenció.
Por su parte, Bordaberry tiene objeciones legales a que el puerto se instale en La Angostura como pretende la empresa. "La Constitución exige que los puertos se autoricen por el Parlamento por ley, y la autorización que se dio en la ley que se aprobó era para la zona de El Palenque", recordó Bordaberry a El País. "Cuando se discutió le propusimos al oficialismo que la autorización legal fuera para toda la costa de Rocha, porque nuestros estudios nos decían que era más conveniente hacer el puerto en otro lugar. Como ha sucedido todos estos años, no escucharon", agregó.
"Somos claros respecto de Aratirí: no estamos dispuestos a darles las exoneraciones impositivas que piden si no se agrega valor uruguayo, no estamos de acuerdo en firmar contrato sin un plan de cierre de las minas y garantías que aseguren que la tierra quedara en igual o mejor condición paisajística y productiva que antes, no estamos de acuerdo en pasar por encima de la Ley de Ordenamiento Territorial y tampoco con que sea todo confidencial y secreto", advirtió Bordaberry.
El candidato colorado duda que el puerto de aguas profundas tenga carga suficiente que lo justifique y recordó que él había propuesto que la regasificadora (hoy en construcción en Puntas de Sayago) se instalara allí como forma de abatir costos y captar cargas.
También advirtió que el contrato que se firme con la empresa minera deberá hacerse público.
El gobierno y Aratirí pueden negociar hasta el 4 de diciembre, de acuerdo con la ley de Minería de Gran Porte. Si no llegan a un acuerdo para entonces se prorrogaría el plazo 90 días tras los cuales, si no hubiese acuerdo, Aratirí debería presentar otro interesado. En el gobierno no se descarta que sea el propio Estado el que se encargue de la explotación o que se llame a licitación. En cualquier caso, la indefinición afecta al puerto de aguas profundas. La minera entiende que sin ella no tendrá viabilidad. Además, la decisión de Argentina de prohibir los transbordos en puertos uruguayos de mercadería de ese país resta carga con la que el gobierno contaba cuando el proyecto se diseñó, como podría haber sido la soja.