A pesar de los cuestionamientos contra la megaminería, el sector se expandió y generó un desarrollo económico récord en la última década. Los riesgos de contaminación y las claves en RSE de las principales empresas que operan en la Argentina.

Los movimientos ambientales, en contra de la megaminería como el de Esquel, en 2003, o la resistencia de los riojanos en Famatina bajo el lema ‘No a la mina' son las imágenes que el inconsciente colectivo argentino suele asociar con la minería. Sin embargo, los importanes yacimientos minerales del país hacen que el interés de muchas empresas por explotarlos siga en pie. Entonces, la pregunta se impone: ¿Es posible una minería responsable que contenga su impacto ambiental en la Argentina?. 

A la hora de buscar respuestas, la biblioteca -no es novedad- se mantiene dividida. Para dilucidar los argumentos a favor y en contra, Socialmente Responsables consultó a los principales expertos respecto a la actualidad y al futuro del sector.

"Por supuesto que es posible y así debe operar, no podría tener lugar de otra manera. Técnicamente las operaciones mineras se ejecutan siguiendo estrictamente las reglas, utilizando las últimas tecnologías, a fin de obtener el máximo aprovechamiento del recurso minero. Se desarrolla con los más altos estándares, en lo que respecta a la seguridad e higiene laboral y de impacto ambiental", abre el juego Jorge Valvano, licenciado en Geología, que se dedica a la actividad minera desde 1977 y es, hoy, vicepresidente de la empresa Fomicruz. 

De una forma similar se expresa Leonardo Viglione, socio a cargo de Industria Minera en PwC Argentina. “La tendencia de la industria, desde hace ya más de 10 años, apunta hacia una minería responsable. Consecuencia de ello es la generación de puestos de trabajo, el crecimiento regional y la creación de valor para comunidades en las cuales se llevan a cabo los proyectos", afirma, al tiempo que señala: "En el país, las grandes empresas cumplen con las prácticas internacionales. De hecho, muchas responden a índices de control como el Dow Jones Sustainability World Index".

Ahora bien, es importante -como destaca Diego Moreno, director General de Fundación Vida Silvestre- no confundir 'responsable' con 'sustentable' ni desatender los riesgos vinculados con esta actividad. “La minería no puede ser sustentable porque está modificando algo que no se puede regenerar. Lo que sí puede es ser un paso dentro del desarrollo sustentable de una región. Básicamente, lo que hay que asumir es que, como sucede con cualquiera de nuestras actividades y más con esta que es extractiva, nunca va a haber un impacto cero. El tema es para qué beneficio vamos a asumir ese impacto", sostiene el experto.

En este sentido -añade-, hay recursos y áreas en donde, por su valor, el costo de la degradación ambiental es muy alto, mientras que existen otros en donde no se presenta este conflicto. Así, la disyuntiva parece correrse de 'minería sí o minería no' para instalarse en 'dónde la minería sí y dónde no'.
"Hay que tener cuidado en que la minería no afecte parques nacionales, zonas protegidas o glaciares, porque yo creo que es tan nefasto decir no a la minería como decirle que sí a cualquier precio. Hay lugares en los que se puede hacer minería y lugares en donde no, y eso hay que respetarlo", apunta Hugo Nielson, secretario de Vinculación Productiva Sustentable de la Universidad Nacional de San Martin y secretario General del Organismo Latinoamericano de Minería.

Al ser la Argentina un país federal, son los Estados provinciales los que poseen las facultades para otorgar licencias y ejecutar los controles de estas operaciones. Y es aquí donde se ubica uno de los principales cuestionamientos ligados al sector. 

"Donde falla la minería, no tiene que ver tanto con las prácticas y las tecnologías utilizadas, sino con el marco institucional y los requisitos para que estos emprendimientos operen. No hay una política sólida detrás que dé garantías y controles sobre todo lo que se está desarrollando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental que las empresas deben presentar”, explica Moreno. Y agrega: “Todas tienen sus estudios, pero la calidad de estos, qué cosas se están analizando y demás, es muy diversa, existiendo desde algunos buenos hasta otros que son muy pobres". 
Asimismo, señala: "Otra cuestión clave es que, tanto a nivel nacional como provincial, las mismas autoridades que promueven la minería son las que la controlan. Es decir, la Secretaría de Minería regula todo el espectro de actividades de la operación minera, incluso lo ambiental, y la Secretaría de Ambiente prácticamente no interviene en la definición de esas políticas. Es una debilidad que genera mucha incertidumbre en la población".

El potencial contaminante

Otro de los cuestionamientos vinculados a la minería se centra en su potencial contaminante, algo que, al menos en la actualidad y según coincidieron los especialistas consultados por Socialmente Responsables, parece estar asociado más a un riesgo que a una realidad.
“No hay un solo caso de contaminación en todo el territorio nacional que sea atribuible a la minería, lo que indica que las cosas se están haciendo bastante bien”, afirma Nielson, aunque advierte: “Las empresas cuidan el medio ambiente, no porque sean buenas o altruistas de por sí, sino porque, además, hacerlo es buen negocio. Cuando las empresas cometen alguna falta o tienen un impacto ambiental muy negativo o complicado, la noticia se extiende rápidamente a todo el mundo y sus acciones bajan bruscamente. En general, las mineras son multinacionales y tienen que tener mucho cuidado con eso”.

Una apreciación parecida tiene el titular de Vida Silvestre. “En los emprendimientos que hemos estado mirando nosotros, no hay casos concretos de contaminación hoy. Si hay un riesgo elevado, latente, si no se toman los recaudos necesarios tanto en el desplazamiento de sustancias tóxicas (como el cianuro) como en los diques de cola y en qué es lo que pasa una vez que cierra la mina”, explica.
Adicionalmente, algunas empresas proponen un control ambiental con participación ciudadana como parte de sus visiones de minería responsable. Este es el caso de Barrick Argentina, que actualmente opera la mina Veladero en la provincia de San Juan. Así lo describe Miguel Gimenez Zapiola, su director de Asuntos Corporativos: “Más allá de los controles que tenemos, por ejemplo, con el uso y tratamiento del agua, nosotros implementamos un proceso de monitoreo participativo, en donde son las comunidades las que monitorean el agua. Invitamos a quienes quieran sumarse a esos controles, para que no solamente los miren, sino que, además, tomen las muestran y decidan dónde llevarlas”.

Efecto multiplicador

“La minería tiene un efecto multiplicador muy importante. Por cada trabajador directo, genera dos o tres indirectos, y lleva desarrollo a los lugares donde está asentada, que, en general, están muy alejados de los centros urbanos”, enfatiza Nielson.
“Puede verse en las localidades cercanas a las operaciones el impacto positivo que han generado, dinamizando la economía y como un actor social más, si bien de características particulares”, coincide Valvano.

En este sentido, durante 2013, la mina Veladero de Barrick compró bienes y servicios por un valor total de $ 3.200 millones a más de 1.100 empresas locales y pagó $ 1.771 millones en impuestos .
“La responsabilidad pasa por cumplir más allá de lo exigible. Una de las cosas que a nosotros más nos enorgullece de Veladero, por ejemplo, es que, hoy por hoy, explica más de la cuarta parte del PBI de San Juan. Y esto es porque somos el principal empleador de la provincia con 4.000 empleados, pero, además, generamos una cascada de desarrollo en la provincia, como es el caso de los proveedores locales. El porcentaje del PBI no se explica solo por la producción, sino por todo lo que eso implica", afirma Gimenez Zapiola.
Uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo que se explota a cielo abierto es el Bajo de la Alumbrera, en Catamarca. Según cifras de la empresa Minera Alumbrera, alcanzó, en 2013, una inversión total de $ 37,6 millones en desarrollo sostenible, entre Catamarca (87%) y Tucumán (13%), las provincias en las que opera. Una de las iniciativas que incluye es el programa de Microemprendimientos que se implementa en ciudades aledañas con el fin de potenciar el desarrollo de emprendedores locales en rubros como gastronomía, producción textil, talabartería, carpintería y hotelería.

“Todos los emprendedores reciben capacitación en asociativismo, cooperativismo, manejo contable, salud, seguridad industrial y primeros auxilios", señalan en la empresa. Durante 2013, este programa apoyó más de 30 emprendimientos.

Otro de los ejes de desarrollo en el que suelen enfocarse las acciones de responsabilidad social de las mineras es en la provisión de equipamiento, el mejoramiento de servicios y la ampliación de infraestructura en sus zonas de influencia primaria. Así lo hacen no solo Barrick y Alumbrera, sino también, por ejemplo, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

De acuerdo a Manuel Benítez, presidente de esta empresa con operaciones en Catamarca, algunas de las obras realizadas son "la planta potabilizadora de Hualfín -ubicada cerca del yacimiento Farallón Negro y habitada por unas 7.000 personas-, y el sistema de riego de Loro Huasi -localidad de 3.000 habitantes que venía sufriendo por los serios problemas de sequía que afecta a la región”. 
Así las cosas, con los riegos y las oportunidades que supone la una actividad lucrativa pero no exenta de polémica, la minería responsable avanza en el país.

La minería, en la Argentina, cuenta, desde noviembre de 1995, con una ley que regula sus aspectos ambientales. Con estas palabras la describe el especialista Jorge Valvano: “Antes de iniciar la operación, la empresa deberá presentar a la autoridad de aplicación un informe de impacto ambiental, en el que se describirán los procesos a desarrollar, el eventual riesgo que pudiera producirse y un plan de cierre. La aprobación del mismo será mediante una declaración de impacto ambiental, que deberá ser actualizada cada dos años”.

Sin embargo, apunta el experto, “el permiso legal para desarrollar un emprendimiento minero ya no es suficiente. Se requiere una licencia social que da a las operadoras una oportunidad de transformar la actividad minera en una que puede promover el desarrollo social y económico de las comunidades cercanas”.

En este sentido -señala-, “es esencial generar un diálogo de manera temprana con las comunidades cercanas a fin de entender sus preocupaciones e inquietudes. La licencia social para operar es un acuerdo mutuo de que el desarrollo minero creará, sobre todo, valor para la sociedad local”. 

"Si uno compara la cantidad de agua que usa un emprendimiento minero con el de la agricultura, los volúmenes son muy diferentes. En forma aproximada, todo el sector industrial -incluyendo a la minería- en la Argentina constituye el 7%, mientras en la agricultura estamos hablando de cerca del 90%. Pero este es un recurso escaso en algunas zonas y con su demanda para diferentes actividades empieza a haber conflicto", afirma Diego Moreno, director general de Fundación Vida Silvestre.

Por otra parte, existe también el riesgo de su contaminación. "Hoy hay tecnologías que permiten reducirlos y en los emprendimientos que hemos visto no hay casos de contaminación en los cursos de agua, pero el riesgo siempre está presente. Está habiendo un movimiento de tierra enorme, de materiales que estaban enterrados y salen a la superficie y que empiezan a ser lavados por la lluvia, terminando en los diques de cola y en los cursos de agua; si esos diques de cola no tienen las medidas de seguridad y contención adecuadas ahí existe un riesgo", explica. 

La década de la minería

El crecimiento de la exploración, en el territorio argentino, creció un 664%, entre 2002 y 2011, según las últimas cifras oficiales disponibles. Esto representó un récord en inversión que superó los $ 11.000 M. En tanto, durante lo que el propio Gobierno califica como “la década de la minería”, el sector generó 517.500 empleos. 

614

614 proyectos mineros hay, hoy, en el país, según la Secretaría de Minería de la Nación.