El Senado comenzó a tratar hoy la reforma de la Ley de Abastecimiento en un plenario de comisiones y el kirchnerismo se anticipó a realizar una maniobra parlamentaria para controlar los tiempos y el formato del debate. Intempestivamente, le arrebató el manejo del plenario a la oposición, que maneja Derechos y Garantías, hasta este mediodía la comisión cabecera para el tratamiento del polémico proyecto oficial y de otro que abrirá el fuego del temario sobre derechos de los consumidores, que es la creación de un nuevo mecanismo de resolución de conflictos.

Al pasarle el manejo a Asuntos Constitucionales, que encabeza el ultrakirchnerista Marcelo Fuentes, el oficialismo se asegura el dominio del debate de la reforma a la ley que se remonta a 1974 y que tanto opositores como empresarios catalogan como un intento de "intervencionismo" estatal para el control de los precios, la producción y las ganancias de las empresas.

Al conocerse la noticia, los bloques anti K anticiparon que darán "una dura batalla" en el inédito plenario de cinco comisiones y reclamaron que "se cumpla con las premisas que se habían pactado" la semana pasada con el jefe del bloque K, Miguel Pichetto.

¿En que consiste el conflicto? Desde que el oficialismo decidió avanzar con el debate en comisión de los proyectos, acordó con la oposición cederle la cabecera de las comisiones que debe tratar cada proyecto y, por ende, consensuar un listado de autoridades y organizaciones de consumidores y empresarias para convocar a exponer. Así, el jueves pasado quedó confirmado que Derechos y Garantías -presidida por el radical Luis Naidenoff- iba a ser cabecera del plenario en el que también inicialmente iban a integrar Justicia y Asuntos Penales (del kirchnerista Pedro Guastavino), Industria y Comercio (del radical Nito Artaza) y Presupuesto y Hacienda (de Aníbal Fernández).

Sin embargo, hoy, cerca del mediodía, llegó una notificación a los despachos, avisando que, a este plenario, se sumaría Asuntos Constitucionales -a cargo del ultrakirchnerista Marcelo Fuentes y con amplia mayoría oficialista- y que además sería cabecera.

Desde el radicalismo recibieron la novedad entre sorprendidos y preocupados. "La semana pasada nos reunimos con Miguel Pichetto y acordamos cómo iba a ser el tratamiento, habíamos arreglado fijar una agenda de debate amplio y la convocatoria a integrantes del Ejecutivo y de defensa del consumidor. Pero hace un rato avisaron que cambiaba la cabecera del plenario así que no sé qué puede pasar", señaló Naidenoff a Clarín.

Asimismo, Naidenoff especuló que "puede ser que el oficialismo quiera tener el manejo de las convocatorias". "Si es así, no sería tan preocupante y pasaría a un segundo plano. Pero si se trata de romper con los acuerdos de hacer un debate profundo, como amerita un tema tan álgido como este, es realmente alarmante", indicó.

"Estamos ante una maniobra trucha y peligrosa, porque quizás nos encontremos con un oficialismo que tomó la decisión de no cumplir con lo que acordó su presidente de bloque", agregó Naidenoff, quien al mismo tiempo no descartó que "pueda ser un golpe interno en el Frente para la Victoria a Pichetto".

Luego, ya en el plenario, Naidenoff se quejó ante el jefe del bloque K Miguel Pichetto por no haber cumplido con lo que se había pactado la semana pasada. El legislador K admitió su responsabilidad, aunque adjudicó a "un error" de la Secretaría Parlamentaria no haber girado inicialmente los proyectos a la Comisión de Asuntos Constitucionales y se amparó en el artículo 61 del reglamento del Senado, que deja en ese cuerpo la facultad de dictaminar sobre la interpretación y aplicación de la Constitución.

Asimismo, Marcelo Fuentes aseguró que fue él quien, al advertir el descuido de la Secretaría Parlamentaria, pidió a través de una nota al presidente del Senado, el vice Amado Boudou, que se incluyera a su comisión y se la designara cabecera.

No obstante, el jefe del bloque radical, Gerardo Morales, acompañó el reclamo de su correligionario Naidenoff y precisó que, por el artículo 75 del reglamento del Senado , es "competencia de la Comisión de Derechos y Garantías dictaminar sobre derechos humanos, garantías constitucionales y temas que afectan a la defensa de consumidores y usuarios", por lo que debía avanzarse con los proyectos tal como estaba previsto.

También sumaron sus quejas el PRO -a través de Gabriela Michetti-, el interbloque del FAP-UNEN (la más enérgica fue Norma Morandini) y. desde el Peronismo Federal, a el puntano Adolfo Rodríguez Saá.

Lejos de admitir los pedidos opositores, desde el oficialismo Marcelo Fuentes advirtió que, además, los proyectos se iban a tratar en conjunto. Y, enseguida, Pichetto deslizó que el debate iba a continuar este mismo miércoles y que se iba a "evaluar la posibilidad de emisión de dictamen".

Finalmente, Pichetto emitió un comunicado pasadas las 21 descartando esta opción y asegurando que el debate "se prolongará hasta la semana que viene" y que la idea es "llevarlo al recinto la primera semana de septiembre".

Para mañana, además de representantes de organismos de consumidores y empresarios, está previsto que desembarquen en el Senado cuatro funcionarios del Gobierno: el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el secretario de Comercio Interior Augusto Costa, el ministro de Justicia Julio Alak y el secretario del área Julián Alvarez.

Por Gustavo Ybarra.

En un día cargado de tensiones, la Casa Rosada pasó de ordenarles a sus senadores avanzar con un trámite exprés al polémico proyecto de modificación de la ley de abastecimiento a dar marcha atrás y aceptar el acuerdo político al que había llegado el oficialismo con la oposición en el Senado, para permitir un debate más extenso de la iniciativa.

Si bien el debate del proyecto iba a iniciarse la semana próxima, tras la orden presidencial la discusión fue adelantada para hoy, a las 11. Sin embargo, la presidenta Cristina Kirchner dio marcha atrás a su decisión de emitir dictamen esta misma tarde y aceptó prolongar hasta la semana próxima el tratamiento de la iniciativa, que ayer fue rechazada en duros términos por la Unión Industrial Argentina (UIA).

"El oficialismo prolongará el debate de los tres proyectos esta semana y la próxima y se agotará en ese lapso el planteo de todos los sectores, con la idea de firmar dictamen la semana que viene para llevarlo al recinto en la primera semana de septiembre", confirmó anoche el jefe de la bancada oficialista, el senador Miguel Ángel Pichetto (Río Negro).

Para cumplir con la orden presidencial, el oficialismo apeló a una desprolija maniobra administrativa para quitarle el manejo del debate a la Comisión de Derechos y Garantías, que preside el radical Luis Naidenoff (Formosa), y ponerlo en manos del más confiable Marcelo Fuentes (Neuquén), al designar como cabecera a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que conduce el senador oficialista.

Al plenario de comisiones de esta mañana concurrirán el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el ministro y el secretario de Justicia, Julio Alak, y Julián Alvarez, respectivamente, y el secretario de Comercio, Augusto Costa.

KICILLOF NO IRÁ

El líder de los senadores radicales, Gerardo Morales (Jujuy), pidió la comparecencia también del ministro de Economía, Axel Kicillof, argumentando que, de sancionarse el polémico proyecto, el funcionario disfrutará de "poderes de superministro". Pero el oficialismo se negó a invitarlo.

También se estima que se invitará al debate a representantes de centrales fabriles y empresarias, de sindicatos y de entidades de defensa de usuarios y consumidores. La lista de convocados y los días que concurrirán al Senado recién se conocerá hoy.

La jugada oficialista de modificar la comisión cabecera del debate parlamentario mereció el rechazo unánime de los bloques de la oposición, que la calificaron como un atropello y una nueva ruptura de las reglas de juego por parte del kirchnerismo.

"Esto tiene por intención cercenar la discusión, limitar el tiempo de debate y cambiar las reglas preestablecidas", se quejó Naidenoff, quien reveló que la semana pasada la UCR había acordado con Pichetto otro régimen para el tratamiento del paquete de medidas enviadas por el Poder Ejecutivo.

El acuerdo implicaba que ayer comenzaría a discutirse el proyecto que crea el fuero judicial para dirimir cuestiones relacionadas con el consumo. Una vez agotado ese debate, las comisiones iban a definir el cronograma de invitados para analizar, a partir del martes próximo, los proyectos que crean el Observatorio de Precios y la polémica modificación de la ley de abastecimiento, fuertemente resistida por la oposición en el Senado.

La intervención de Naidenoff obligó a Pichetto a admitir que había dado su palabra a ese cronograma. Pero justificó el cambio de planes en el hecho de que los tres proyectos "hacen a una política del Gobierno y no pueden discutirse por separado".

Sin embargo, las explicaciones del jefe del bloque oficialista no conformaron a la oposición. Morales calificó la maniobra como "una falta de respeto". A la UCR se sumó la cordobesa Norma Morandini (FAP) quien aseguró que "en la defensa que de los proyectos hace el Gobierno hay una concepción autoritaria". Por su parte, el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) denunció que en el cambio de reglas dispuesto por el oficialismo subyacía la "pretensión de hacer un tratamiento exprés" del proyecto.

Horas después y minutos antes de la cadena nacional que ofreció la Presidenta a las 21, desde la Casa Rosada, el reclamo opositor surtió efecto y Pichetto anunció que el oficialismo aceptaría volver, en parte, al esquema original. Esto es, esperar hasta la semana próxima para avanzar con el polémico proyecto.

PICHETTO ESBOZÓ UNA CRÍTICA Y RECIBIÓ UN RETO

El jefe del bloque oficialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto (Río Negro), criticó ayer el proyecto de modificación de la ley de abastecimiento, rechazada por las centrales fabriles y comerciales.
"Tengo una mirada de capitalismo de mercado más abierto", afirmó Pichetto en un reportaje a Radio Mitre, del Grupo Clarín, con el periodista Marcelo Longobardi. Sus palabras generaron la reacción de la Presidenta, que apenas unos minutos después de su salida al aire lo llamó para ordenarle que avanzara con la aprobación de la iniciativa con un trámite exprés.
La orden provocó un nuevo foco de tensión con la oposición, lo que quedó reflejado en el plenario de comisiones celebrado ayer, en el inicio del debate del paquete de medidas económicas. La tensión cambió por la noche, cuando Pichetto obtuvo la luz verde para anunciar que el oficialismo recién firmará dictamen la semana próxima, luego de escuchar a todos los sectores.
Pese a sus diferencias, el senador justificó la intervención del Estado en la cadena de formación de precios y la necesidad de "tomar medidas para cuidar el mercado interno y a los consumidores".

Los empresarios de la industria, el comercio, la construcción, la Bolsa, los bancos y el campo rechazaron por unanimidad el proyecto de ley que intenta reinstalar la Ley de Abastecimiento con un exhaustivo control estatal sobre las empresas y se preparan para asistir hoy al debate en el Senado.

Luego de un encuentro organizado en la sede de la UIA, las cámaras agrupadas en el Grupo de los 6 (G6) insistieron en que la iniciativa va en contra de los objetivos que plantea el Gobierno de promover la inversión, el empleo de calidad y el crecimiento económico, y que en los países en los que prevaleció el intervencionismo discrecional, se profundizó el desabastecimiento, el deterioro del mercado de trabajo y el aumento de precios y costos, aseguró el establishment en un comunicado.

Asistieron al encuentro los presidentes de la Cámara de Comercio (CAC), Carlos de la Vega; de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss; de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi; la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Jorge Brito, y la Sociedad Rural (SRA), Luis Etchevehere. El anfitrión fue Héctor Méndez, quien estuvo acompañado por el secretario de la UIA y diputado por el Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren.

Durante la tarde, los dirigentes fueron convocados para hoy a partir de las 11 al debate que seguirá en el Senado, luego del cuarto intermedio de ayer. Expondrán públicamente sus argumentos en contra del proyecto e intentarán convencer a los legisladores sobre las consecuencias negativas que podría acarrear en la economía.

De la Vega llegó al encuentro del G6 algunos minutos tarde, ya que llegaba de una reunión con el secretario de Comercio, Augusto Costa, a quien le anticipó su oposición al proyecto, aunque aceptó discutir artículo por artículo. Frente a la actitud que habían adoptado los miembros de la UIA, esta predisposición fue valorada muy positivamente por el funcionario. “Valoro mucho la discusión con la Cámara que, a diferencia de la UIA que mantuvo una posición inflexible y se negó a tratar las reformas propuestas por manifestarse en contra del instrumento que es la propia Ley, la CAC recorrió artículo por artículo formulando sugerencias y consultando todas las inquietudes que tuvieron”, destacó Costa. En diálogo con El Cronista, De la Vega explicó que aceptó la discusión punto por punto porque, si la decisión es que la iniciativa sea convertida en Ley, “la idea es que salga lo mejor posible”.

Luego de dos horas de reunión, el G6 consensuó la redacción de un comunicado que cuestionó el objetivo del proyecto de “incrementar sustantivamente la intervención del Estado en toda la actividad privada” y planteó que “la experiencia internacional demuestra que las economías funcionan en los países donde el Estado no interviene en forma arbitraria”.

Por el contrario, en los pocos casos donde prevaleció el intervencionismo, “se profundizó el desabastecimiento, el racionamiento de bienes y servicios, y el desdoblamiento del mercado de cambios, creciendo exponencialmente el mercado informal. Esto terminó fomentando la competencia desleal, la caída de la inversión, el deterioro del mercado de trabajo y el aumento de precios y costos”.

Asistirán hoy al Congreso las cámaras que nuclean al G6, pero también las que integran el Foro de Convergencia, entre las que se destacan AEA, IDEA, ACDE, ABA y la SRA, que forma parte de ambos grupos empresarios. “Ojalá muchos legisladores de las provincias sean concientes de que van a tener que volver a sus provincias a rendir cuentas. Es muy importante estar presente para dar el debate”, señaló Etchevehere, quien puso como ejemplo de éxito la pelea dada para derribar la resolución 125 en el 2008.