LA INTENCION de algunos diputados de la Democracia Cristiana y Renovación Nacional por introducir modificaciones al protocolo de acuerdo sobre la reforma tributaria ha ocasionado malestar en algunos sectores oficialistas, pues ello podría devenir en la formación de una comisión mixta, lo que frustraría la expectativa política del Ejecutivo, que confía en la aprobación de este proyecto antes del 30 de septiembre, fecha tope para la presentación de la Ley de Presupuesto.

Las objeciones planteadas por los parlamentarios dicen relación con aspectos atendibles, como la inconveniencia de establecer una norma que permita el “blanqueo” de capitales, como otras disposiciones relativas a la elusión y los efectos del proyecto en la clase media. Senadores de la Nueva Mayoría y funcionarios de gobierno han preferido eludir el fondo del debate, y en cambio han exhortado a sus pares de la Cámara Baja para que estas observaciones sean incluidas durante la tramitación del proyecto en el Senado y evitar así su discusión en la Cámara, todo con el afán de “cumplir con el compromiso” de aprobar esta ley antes de que comience a discutirse el Presupuesto de la Nación. Ello incluso ha contado con el concurso de algunos diputados de la propia DC, que defienden la existencia de un compromiso con el Ejecutivo para su pronta aprobación. 

El prestigio legislativo se vería seriamente afectado si producto de un afán estrictamente político se acelera artificialmente la discusión parlamentaria y se evita una discusión en profundidad en la Cámara de Diputados. Aún está fresco el recuerdo de la lastimosa tramitación que esta reforma tuvo en la Cámara Baja, la cual fue despachada con escaso nivel de debate y obviando todos los cuestionamientos técnicos de que fue objeto. Tal circunstancia fue motivo de múltiples críticas, por su desprolijidad legislativa y por el precedente que se estaba sentando, sobre todo considerando recientes leyes de mucho menor complejidad y que han originado graves problemas y han requerido nuevas leyes que las reparen. Ello fue corregido en la Comisión de Hacienda del Senado, donde fue posible generar espacios de debate y análisis que si bien no lograron revertir aspectos profundamente dañinos para la economía, cuando menos fue posible introducir correcciones que evitaran un daño aún mayor. 

Los distintos sectores políticos, también el gobierno, han reconocido lo valioso que fue abrir el debate a consideraciones técnicas y acoger el principio de que cualquier reforma de esta envergadura necesita de un análisis detallado, que pondere adecuadamente sus múltiples alcances. Lamentablemente, el protocolo de acuerdo no logró zanjar todos los aspectos cuestionados, y son muchas las voces que siguen alertando que se trata de una reforma técnicamente defectuosa. Ello reafirma la necesidad de que la propuesta tributaria sea objeto de mayor análisis, y la Cámara de Diputados tiene ahora la oportunidad de hacer su propia contribución al país y resarcir el error que cometió al inicio. 

Los acuerdos reservados, o la intención de saltarse una comisión mixta, si bien pueden agilizar la tramitación legislativa, empobrecen la calidad del debate público y debilitan la acción del Congreso. Por lo demás, el plazo que se ha autoimpuesto el Ejecutivo para aprobar la reforma antes del 30 de septiembre responde a un asunto meramente político y no legal, pues la Ley de Presupuesto puede ser modificada en cualquier momento, por lo que no hay razón plausible para evitar la discusión parlamentaria.