Por José Hidalgo Pallares.

Más allá del impacto sobre las finanzas del gobierno federal, que ve cómo se le cierran las puertas de los mercados externos de capitales para cubrir su creciente déficit, el conflicto con los holdouts también afecta las maltrechas cuentas provinciales. Si el país no llega a un acuerdo con los fondos buitre, las provincias podrían enfrentar -según advierten distintos analistas- un aumento en las tasas de interés y en el tipo de cambio que derivarán en un mayor costo de los servicios de la deuda. En un contexto de ingresos estancados, la inversión pública será el gasto que recortarán.

Algunas consecuencias de la "saga de la deuda" sobre las finanzas provinciales, de hecho, ya se están haciendo sentir. "Para el próximo año provincias como Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y también la Capital Federal tenían previstas emisiones en moneda extranjera por alrededor de 1500 millones de dólares en conjunto. Esas emisiones han quedado totalmente suspendidas", dijo Walter Agosto, investigador principal del Cippec y ex ministro de Hacienda de Santa Fe. "Esos fondos se iban a dirigir a distintos rubros, pero la infraestructura, que ya se ha venido usando como variable de ajuste, iba a ser uno de los destinos prioritarios", añadió.

Agosto y el director del Área de Desarrollo Económico del Cippec, Lucio Castro, hicieron un estudio sobre los impactos de la saga de la deuda en las finanzas provinciales. Estos impactos no se limitan a la suspensión de nueva deuda en moneda extranjera, sino que las provincias deberán ajustar su gasto para poder seguir haciendo frente a obligaciones financieras cada vez más costosas.

El estudio señala que "en 2008, el 27% de las obligaciones provinciales estaba denominado en moneda extranjera; hoy esa proporción supera el 34%". Si bien hay grandes diferencias entre provincias (como ejemplo se menciona que en la Capital Federal casi toda la deuda es en moneda extranjera, mientras en Chaco es apenas el 15%), esa tendencia "incrementa la vulnerabilidad de las finanzas provinciales a los vaivenes de la política cambiaria".

Una variación importante en el tipo de cambio está entre los escenarios que los analistas proyectan si el país no soluciona el conflicto por la deuda en default. Para Castro, "en un escenario de ausencia de dólares financieros [mercados de capitales y organismos internacionales], el tipo de cambio actual es insostenible. La suba del blue muestra que el mercado espera una devaluación". Según el estudio, si el peso se devalúa 45% frente al dólar, en 2015 las provincias en su conjunto deberían alcanzar un superávit primario (antes del pago de intereses de la deuda) 6 veces mayor al proyectado para este año para mantener constante la relación deuda/producto y poder seguir haciendo frente a sus obligaciones financieras.

Aumentar el superávit, no obstante, se presenta poco probable, no sólo porque el resultado positivo proyectado para este año se explica en gran parte por las ayudas del gobierno federal a las provincias (transferencias y prórrogas de vencimientos), sino también porque, según Castro, éstas han aumentado mucho los impuestos en los últimos años, por lo que es difícil que sus ingresos sigan creciendo. De hecho, según el estudio, la elevada presión tributaria fue la que llevó a las provincias "a volver a los mercados voluntarios de crédito".

Otro escenario previsto en el estudio es una suba de las tasas de interés de referencia de 24% a 35%. Ese mayor costo de financiamiento obligaría a las provincias a triplicar su superávit primario en 2015 frente al proyectado para este año.

El director del Iaraf, Nadin Argañaraz, también cree que el conflicto con los holdouts podría derivar en una devaluación y una suba de las tasas de interés, que "tendrán claramente un impacto negativo sobre las finanzas provinciales". Aun sin considerar el conflicto, el experto proyecta que en la segunda mitad de este año las provincias deberían tomar $ 25.000 millones para refinanciar su deuda. Si aumentan las tasas y el tipo de cambio, advierte Argañaraz, las provincias deberán pagar más por la deuda en moneda extranjera y enfrentar un costo mayor por la nueva deuda que tomen.

En este escenario, Agosto no descarta que las provincias, para "hacer caja", incrementen la "deuda flotante", es decir, empiecen a postergar los pagos a sus proveedores.

Por: Pablo Ibáñez.

Tras el derrape jurídico en el Tribunal de La Haya, Cristina de Kirchner decidió llevar el expediente de los fondos buitre, con sus anexos críticos de la Justicia de Estados Unidos, al ring mayor de la política internacional: la ONU.

El Gobierno terminó de bosquejar el caso y está previsto que hoy, antes del mediodía, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, junto con el canciller, Héctor Timerman, y la consejera legal del Palacio San Martín, Susana Ruiz Cerutti, anuncien oficialmente que la Argentina llevará el tema buitre a la ONU.

Una semana atrás, este diario anticipó en la sección Charlas de Quincho que la alternativa ONU era analizada en el primer nivel del Gobierno. La letra chica y el detalle fino se conocerán hoy, pero la hora de ruta es puntual: la Argentina propone que la ONU discuta un tratado, de alcance internacional, para regular las renegociaciones de las deudas soberanas.

La semana pasada, tal como contó este diario, Timerman estuvo en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, y testeó voluntades para acompañar ese planteo. La Argentina logró en los últimos años que la ONU institucionalice dos tratados internacionales, uno sobre derechos humanos y otros sobre armas, y ese antecedente se agita ahora con el tema deuda sobre todo porque el país ejecutó una renegociación monumental y, al menos en la estadística, exitosa.

El eje de la acción del Gobierno, a priori, parece centrarse en la idea del tratado, pero la inclusión de Ruiz Cerutti en la mesa de portavoces que se organiza para este mediodía sugiere que podría haber algo más, quizá en la misma línea que lo actuado frente a La Haya, planteo que naufragó porque Estados Unidos lo desestimó de inmediato. Esa embajadora, la última y breve canciller de Raúl Alfonsín, fue la amanuense jurídica de las disputas diplomáticas de la década K, la más estruendosa, la del conflicto con Uruguay por la instalación de las pasteras sobre un río compartido.

Viajera

En el Gobierno insisten con la hipótesis de que Barack Obama pudo intervenir para impedir que la resolución del juez Thomas Griesa afecte no sólo las relaciones bilaterales, sino también que derrame su efecto sobre la economía criolla. De mínima, el Gobierno entiende que la Casa Blanca podría influir para que Griesa reponga el "stay" que le permitiría a la Argentina normalizar los pagos a los tenedores de bonos.

La Presidente tiene agendado participar de la cumbre de la ONU programada para la tercera semana de septiembre y lo hará, se anticipa, con la bandera retórica sobre el perjuicio que un fallo judicial que beneficia la especulación financiera puede tener sobre un país que no sólo tiene capacidad de pago, sino también, lo que conceptualmente es más importante, voluntad de pagar a todos los acreedores, según la explicación del Gobierno. Ésa fue la línea de acción y de discurso que llevó el ministro de Economía, Axel Kicillof, a la última reunión con representantes de los fondos buitre cuando les propuso ingresar al canje en las mismas condiciones que los tenedores que lo hicieron en 2005 y en la reapertura de 2010, mientras se exploraba una solución privada.

Por: Pablo Wende

Tras la apelación presentada por el Citibank el último jueves, se abre un período de casi un mes en el que tanto la Argentina como los buitres harán sus presentaciones ante la Justicia neoyorquina. En menos de un mes, exactamente el 18 de septiembre, será la audiencia clave en la que quedaría determinado cuáles son los verdaderos alcances del default selectivo en el que ingresó el país el 30 de julio.

La intención del banco, acompañada también por el Gobierno, es que los jueces dejen afuera del alcance de Thomas Griesa los bonos emitidos bajo legislación argentina. El juez había autorizado a pagar la deuda emitida también con ley local, pero aclarando que sería "por única vez". Así, dejó entrever que el próximo pago que se presente también podría resultar bloqueado.

El 30 de septiembre vence el próximo pago de intereses del bono Par, que en el canje 2005 se emitió tanto bajo ley Nueva York como local y europea. Se abren aquí tres situaciones distintas:

• La porción emitida bajo ley neoyorquina no se pagaría, quedando en el mismo estatus que los bonos Discount emitidos con esa misma jurisdicción. El Gobierno volvería a depositar el dinero en la cuenta local del Bank of New York Mellon (BoNY), pero éste se negaría a transferir los fondos.

Bonos a salvo

• La parte que se rige bajo legislación local quedaría, en cambio, pendiente de lo que resuelva la Cámara de Apelaciones tras la presentación del Citi. En caso de que la respuesta resulte negativa, esta deuda correspondiente al canje tampoco se pagaría. En cambio, si la respuesta judicial es favorable, esto dejaría a salvo no sólo a los bonos Par, sino también a los Discount emitidos con ley local.

• En cuanto a los Par colocados en euros, la situación es aún más compleja. Sucede que los Discount emitidos bajo ley inglesa no se pagaron, ya que Griesa le ordenó al BoNY que bloquee también esas transferencias. Esta decisión ya motivó una presentación de bonistas en la Argentina para que la entidad norteamericana libere los fondos. El argumento es que el dinero en ningún momento pasa por Nueva York, sino que desde Buenos Aires se gira automáticamente a Luxemburgo. Se realizaría, además, una ofensiva similar sobre el Citibank con el mismo objetivo.

Los únicos bonos que por el momento están totalmente fuera de una orden judicial de Griesa son los emitidos con ley local y que no estuvieron involucrados en los canjes de 2005 y 2010. Son el Boden 2015, el Bonar X y el Bonar 24. Sin embargo, los fondos buitre esbozaron en el pie de página de una presentación que, de acuerdo con su interpretación, también podrían solicitar la intervención judicial sobre estos pagos.

Planteos judiciales

Ninguno de estos planteos judiciales soluciona el problema de base, que es el incumplimiento en el que incurrió la Argentina sobre los bonos Discount, por el momento tanto en dólares como en euros. El 30 de septiembre se sumaría el bono Par a la lista y a principios de diciembre sería el turno del Global 2017, el otro título colocado bajo ley Nueva York en el canje 2010.

Cumplidos los 60 días del default, es decir el 30 de septiembre, arranca además otro proceso: un grupo de inversores que junten el 25% de cualquier serie de bonos podría solicitar la "aceleración" de los mismos, es decir dar por caídos los plazos y solicitar que se pague la totalidad del capital junto. Según estimó la consultora Quantum Finanzas, el monto total de la deuda bajo ley extranjera que podría quedar en estas condiciones suma unos u$s 29.000 millones. En este escenario, prácticamente se caerían los canjes de 2005 y de 2010, lo que daría lugar a una nueva reestructuración de la deuda, posiblemente con bonos emitidos en su totalidad bajo ley local.

Por Natasha Niebieskikwiat.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el canciller Héctor Timerman anunciarán hoy en la Casa Rosada que Argentina denunciará al gobierno de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Los funcionarios evitaron dar detalles de la presentación. Pero otras fuentes consultadas también señalaron que la presidente Cristina Kirchner planea llevar este reclamo a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, adonde debería estar entre el 24 y 27 de septiembre para dar su discurso en el plenario de jefes de Estado. Las sesiones comienzan el 16.

La presentación que harán Capitanich y Timerman hoy, confiaron fuentes oficiales a Clarín, va en la misma línea del juicio que intentó abrir el gobierno contra EE.UU.

ante la Corte Internacional de Justicia, de La Haya, el 7 de agosto. El texto del reclamo ante el máximo tribunal de justicia de la ONU indicaba que en el juicio de los fondos buitre contra el país, la justicia estadounidense había adoptado “decisiones que vulneran la determinación soberana” de reestructurar la deuda externa argentina. Pero en menos de 24 horas el gobierno de Barack Obama rechazó dirimir el tema de los holdouts ante las Cortes de La Haya bajo el argumento de que no era la jurisdicción apropiada para dirimir cuestiones de la deuda argentina. Que EE.UU. aceptara dicha jurisdicción para enfrentarse con otro país forma parte de las reglas de la CIJ.

A principios de agosto, el propio Capitanich señaló que quedaban “instancias” para hacer denuncias como La Haya, y la Asamblea de Naciones Unidas. Otras fuentes hablaron también ayer del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En junio pasado, cuando aún no habían naufragado las negociaciones con los holdouts, el ministro de Economía, Axel Kicillof se presentó ante el G-77+China, en las Naciones Unidas. Los 133 países del grupo respaldaron en forma unánime a la Argentina.

En esa línea de predisposición positiva y aprovechando la mala prensa internacional de los fondos buitre es que el Gobierno busca revertir su fracaso para abrir un juicio ante La Haya. Una fuente oficial contó que cuando buscaron abrir un juicio en La Haya se esperaban un rechazo de Obama pero “no tan rápido”. El Gobierno busca estirar los plazos hasta enero próximo cuando no rija más la cláusula RUFO que exige tratamiento equitativo a los bonistas que habían entrado a los canjes de bonos en default.

Pero por otro lado, la estrategia oficial ahora es polarizar la discusión por el default. En el ámbito internacional cuenta con cientos de apoyos de países. Ayer, la embajada argentina en Washington se sumó a las denuncias de la propia Cristina de que hay una campaña de desestabilización del país, desde el accionar de los fondos buitre al fallo en su favor del juez Thomas Griesa. En un comunicado de prensa, la sede diplomática que conduce la “kicillofista” Cecilia Nahón indicó que “los fondos buitre, detrás del Grupo de Tareas Estadounidense para Argentina, que tiene domicilio en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos en EEUU, abusan de los sistemas legales, acosan a países soberanos y dañan el sistema financiero internacional”.

Ahora, señalaron en referencia a la aparición de sus representantes en televisión y diarios, “están tratando de manipular a la opinión pública estadounidense”.